Conociendo las dificultades que el Proyecto Minero Las Bambas (localizado en las provincias de Cotabambas y Grau, en la región de Apurimac) ha tenido tras la muerte del comunero Quintino Cereceda Huisa, ocurrido el pasado viernes 14 de octubre de 2016, planteamos 7 condiciones que permitirían alcanzar una resolución sostenible al conflicto.
PRIMERO: Comprender que el conflicto involucra a tres partes principales que no pueden separarse o excluirse del mismo: las autoridades del Estado, los funcionarios de la empresa titular del proyecto minero, y los miembros de las comunidades campesinas o andinas donde se encuentra el yacimiento minero y su explotación. Si alguna de las tres partes no interviene en el proceso de resolución, el conflicto no se resolverá.
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A propuesta de Catamarca, donde la cámara de diputados trata el Proyecto de Ley de "Coherencia Minera" ya aprobado en el Senado provincial, que impide la distribución terciaria de los beneficios y/o utilidades de la actividad minera a municipios que la prohíban, ya fue incluido por el Gobierno nacional como política de Estado en su Art. 2.4 del borrador del Nuevo Acuerdo Federal Minero. Así lo indicó el senador provincial catamarqueño por el departamento Belén, Jorge Solá Jais. Apuntó: "y más duro aún porque imposibilita también a la provincia a invertir estos fondos en esos municipios que se oponen o prohíben la minería”.
La comunidad colla de Paiote de Atacama, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Copiapó contra la minera Kinros.
La minera chilena sabrá en noviembre si su financiamiento por parte del Estado será de 800 millones de dólares o variará. Mientras esto se decide, la cuprífera advirtió que no hará inversiones por falta de presupuesto.
Néstor Franco, director de la autoridad ambiental, afirmó que se hará una visita técnica al lugar donde Cementos Tequendama realiza su proyecto minero para determinar si se modifica la licencia ambiental.
En mayo de 2016, la CIDH requirió al Estado peruano proteger la vida e integridad de otras 14 personas afectadas por la contaminación causada por el Complejo Metalúrgico de La Oroya. Recién la semana pasada comenzaron las evaluaciones médicas y mediciones de la concentración de metales pesados en los beneficiarios.
Un reciente informe elaborado por el Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP, por sus siglas en inglés), bajo el título de “La marca canadiense”, refiere que la violencia generalizada es común y corriente en las actividades de las compañías mineras canadienses en países latinoamericanos.
La investigación, a cargo del profesor de la Escuela de Salud Pública (ESP) Dante Cáceres, midió la contaminación del aire en colegios y residencias de niños entre 6 y 15 años seleccionados al azar. "Los resultados son preocupantes porque si existe este tipo de material particulado, que tiene altos niveles de metales pesados, muchos de ellos pueden tener efectos en su salud a largo plazo", afirmó el académico.
La protesta de las comunidades cercanas a Las Bambas dejó un muerto hace dos semanas tras un fuerte enfrentamiento con la policía que intentó despejar la carretera en una zona andina del tercer mayor productor mundial de cobre.
El nuevo director de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, Rolando Luque, afirmó a Reuters que el Gobierno también está conversando con la Cruz Roja para crear un programa de entrenamiento policial para un mejor manejo de las protestas.