
La
realidad panameña ante el modelo extractivo minero en el 2016,
se enmarca en la corrupción y evidente continuidad del Gobierno Nacional, de ceder concesiones mineras en todo el territorio. Luego de la asunción por parte del presidente Juan Carlos Varela, se emprendió los esfuerzos para determinar los procedimientos para una reforma al Código Minero que data de 1968, sin embargo, el conflicto de intereses, manifestado por la clase empresarial – minera y la supuesta voluntad oficialista,
empantanó los esfuerzo de las organizaciones ecológicas y comunitaria rural por actualizar las leyes que otorgan operaciones para los proyectos mineros, como una estrategia para una moratoria que fulminará el fin de este modelo de desarrollo.
A la deriva queda el país, sin una regulación, a merced de las empresas concesionarias, para que haga y deshaga todo lo que no esté estipulado legalmente,
vulnerando el estado de derecho y posterior las normas en materia de derechos humanos y ambiente. Máxime, la funcionalidad de las instituciones con competencia en materia de comercio e industria, como de ambiente, que su misión y visión sobre la cuestión ambiental global, ha quedado rezagada o carente de programas de formación ...