Los vecinos portan pancartas con mensajes como: “Casillas, presente en la resistencia por la defensa del territorio” y “Sí a la vida, no a la minería, pueblo Xinka”.
Pobladores de Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa solicitaron hoy a magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) que resuelva en definitiva y suspenda en definitiva el
proyecto minero El Escobal, propiedad de Minera San Rafael.
Kelvin Jiménez, abogado del Parlamento del Pueblo Xinka, explicó que están buscando que queden sin efecto dos licencias que se le otorgaron a esa empresa.
Provocaciones
Por aparte, los vecinos denunciaron que supuestamente han sido víctimas de provocaciones de parte de la compañía minera.
De acuerdo con Ángel Alvarado, originario de Santa Rosa de Lima, la empresa pretende deslegitimar la resistencia pacífica que mantienen los pobladores desde el pasado 6 de junio en Casillas, Santa Rosa, “con el ánimo de sustentar posteriormente que nosotros somos revoltosos”, aseguró.
Mientras tanto, Miguel Revolorio, de Mataquescuintla, Jalapa, aseguró que la minería no trae desarrollo para las comunidades, por eso exigió la suspensión en definitiva de las labores de explotación.
Resistencia
Desde hace más de 20 días, los vecinos de seis municipios ...
El Gobierno de Colombia ha asegurado que no ha autorizado ni autorizará la explotación minera en los páramos, principal reserva de agua dulce del país.
En concreto, el ministro de Ambiente colombiano, Luis Gilberto Murillo, aseguró que “no se está haciendo ni se va a hacer minería en los páramos”, a propósito de una polémica suscitada alrededor de un proyecto minero en las inmediaciones del páramo de Santurbán, en el departamento de Santander (al noreste del país).
El ministro subrayó que “en ningún momento se ha descuidado la protección del agua de los colombianos de Santander y Bucaramanga”.
Cabe resaltar que el conflicto surgió cuando el proyecto Minesa, que tiene como principal accionista al fondo Mubadala de Emiratos Árabes, pidió una licencia para desarrollar una explotación minera de extracción de oro en las inmediaciones del páramo, una región natural protegida que además provee de agua a los municipios próximos.
Según el representante del Gobierno del país latinoamericano, “el proyecto de Minesa está por fuera de ese páramo” y añadió que “no hay ninguna actividad ni proceso de licenciamiento en ningún área de la zona protegida”.
Por lo pronto, la Corte ...
Federico Guzmán López, investigador de la Unidad Académica de Estudios Críticos del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), advirtió que los megaproyectos mineros y otras actividades extractivas vulneran el derecho al agua de casi 12 millones de mexicanos.
En un foro que fue organizado por la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y otras organizaciones en esta ciudad, presentó su estudio “Vulnerabilidad del derecho humano al agua en México por Minería”, en donde explicó que el despojo hidríco en contra de 10% de la población del país es una problemática en varios estados, principalmente en donde hay minería, así lo informa 
Luego de que la sala plena de la Corte Constitucional decidiera dejar en firme la suspensión de las obras de la multinacional El Cerrejón sobre el arroyo Bruno, las comunidades de la Guajira aseguraron que harán respetar ese fallo teniendo en cuenta que el desvío del río, atenta contra el derecho al agua.
En repetidas ocasiones, las comunidades de la Guajira han manifestado que no fueron consultadas antes de que se empezará a hacer la desviación del arroyo Bruno, una proyecto que busca realizar la multinacional para expandir la producción de carbón en ese territorio. Para lograr esto, se ha venido denunciando la deforestación de varias zonas para permitir la construcción del canal que desvía el agua.
Diecinueve legisladores de la región Sur están en contra de que sea aprobado cualquier tipo de exploración o explotación minera en la región hidrográfica del río Yaque del Sur.Ayer la Cámara de Diputados conoció un proyecto de resolución que busca se declare y reconozca la Región Hidrográfica Yaque del Sur, que abastece de agua a las regiones El Valle y Enriquillo, como región deficitaria de agua y libre de todo tipo de minería metálica.
El diputado nacional Fidelio Despradel, autor de la pieza, dijo que en caso de llegar a obtener permisos de explotación, se afectarían los suelos productivos, la disponibilidad de recursos hídricos y la calidad de las aguas.
David Herrera, diputado perredeísta por San Juan y coautor de la resolución, señaló que tienen el apoyo de 19 legisladores del Sur por los daños que causaría a una región eminentemente agrícola.
Edward Gómez, diputado por Bahoruco, se preguntó que si eso no se va a explotar, para qué hacer estudios. “Solicitamos al presidente que elimine ipso facto ese proyecto. En Bahoruco tenemos temor que pase como en Cotuí, que prohíba los estudios y que no se permita minería en la ...
El Tribunal Administrativo del Quindío decidió, en un fallo de primera instancia, amparar el derecho fundamental a la participación ciudadana del Alcalde del municipio de Córdoba, Quindío, y de los habitantes del municipio que tenían programada para este domingo 3 de diciembre la consulta popular minera.
Durante la última semana, Tarso, Betulia y Concordia rechazaron la explotación de recursos y tratan de promover la economía tradicional local.
La justicia sanjuanina se apresta a archivar las causas penales por los últimos dos derrames en la mina Veladero, ocurridos en septiembre de 2016 y en marzo de este año. En el primer caso, el fiscal de Jáchal, Sohar Aballay, emitió un dictamen en el que consideró que “no produjo un perjuicio a la salud pública ni el medio ambiente”, y solicitó el cierre del caso ante la falta de delito. En el segundo, el juez Oritja aseguró que
“aunque faltan algunas medidas solicitadas, hasta ahora no hay pruebas de contaminación ni imputados”. El abogado de los asambleístas jachalenses, Marcelo Arancibia, dijo a este diario que “de la justicia de San Juan no se puede esperar nada. Después del primer derrame de 2015 donde se avanzó sobre los perejiles y no sobre los funcionarios que tenían que controlar ni sobre los empresarios, ha quedado en evidencia que la justicia de la provincia es funcional al gobierno y la empresa que no quieren que se determine el daño ambiental”, y aclaró que “por eso nos focalizamos en la causa que lleva el juez (Sebastián) Casanello por la violación a la Ley de Glaciares”.
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También expresan su preocupación por concesiones mineras. Representantes de organizaciones defensoras del medio ambiente, de varios municipios chontaleños, adoptaron un “Decálogo Ambiental del Agua y la Vida”, en el que se enumeran acciones para proteger los recursos naturales, especialmente dentro del contexto del cambio climático.
Los ciudadanos reunidos en el municipio de Santo Domingo, Chontales, este sábado reciente, centraron sus esfuerzos en la protección de la cubierta vegetal de sus montañas –y de las montañas mismas– como fuente para producir agua.
La calidad de esas aguas es otro de los problemas que más expresiones de preocupación generó entre los asistentes a la cita, convocada por la Plataforma Nacional por la Defensa del Agua y de la Vida.
La minera canadiense Dajin Resource anunció la firma de un acuerdo para operar en 90.000 hectáreas de las Salinas Grandes para explotar litio. Mantuvieron reuniones con los secretarios de minería de nación (Daniel Meilán) y de jujuy (Miguel Soler). No hubo ninguna participación de las 33 comunidades originarias que viven en el lugar, que rechazan el proyecto.
En Jujuy comenzó el relanzamiento de la megaminería en uno de los lugares más frágiles y de mayor conflictividad: las Salinas Grandes, una extensa planicie blanca que suele ser la foto más buscada de los turistas. Allí viven y trabajan desde hace generaciones los pueblos originarios Kolla y Atacama. Y es también una gran reserva de litio, mineral que se utiliza para baterías de teléfonos, computadoras y autos eléctricos. En esas tierras planean hacen una mina.
Desde hace al menos seis años se alinearon en la causa de esta explototación minera empresas multinacionales, gobiernos y científicos para extraer el litio, y entre todos ellos se han puesto de acuerdo para minimizar el impacto ambiental que traería como consecuencia la apertura de la mina, como son la afectación del salar y la contaminación del agua dulce.
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