El Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, junto con la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas de 2007, es reconocido como la principal herramienta jurídica internacional para garantizar los derechos de los pueblos, incluso el derecho a la consulta libre, previa e informada. Pero la forma cómo dicha herramienta ha sido implementada por los países ha causado descontentos en pueblos de diferentes partes de Latinoamérica.
La interpretación más obvia para entender estos descontentos gira alrededor de que los Estados Nación son los responsables por la tergiversación del significado y del uso de la consulta indígena, promoviendo procesos de consultas dudosos para facilitar la entrada de empresas a sus territorios.
Esta interpretación obvia se ha desmoronado cuando los mismos altos funcionarios de la OIT declararon, recientemente, que la Consulta no confiere a los pueblos el derecho al veto. O sea, un reglamento internacional que, en la interpretación del propio órgano que lo creó, no garantiza la autonomía de los pueblos.
Un documento obtenido por Avispa Midia permite ir un poco más adelante en el entendimiento sobre las reales intenciones de la OIT ...
Documento obtenido por Avispa Media devela la postura de la OIT sobre la Consulta Indígena
El Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, junto con la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas de 2007, es reconocido como la principal herramienta jurídica internacional para garantizar los derechos de los pueblos, incluso el derecho a la consulta libre, previa e informada. Pero la forma cómo dicha herramienta ha sido implementada por los países ha causado descontentos en pueblos de diferentes partes de Latinoamérica.
La interpretación más obvia para entender estos descontentos gira alrededor de que los Estados Nación son los responsables por la tergiversación del significado y del uso de la consulta indígena, promoviendo procesos de consultas dudosos para facilitar la entrada de empresas a sus territorios.
Esta interpretación obvia se ha desmoronado cuando los mismos altos funcionarios de la OIT declararon, recientemente, que la Consulta no confiere a los pueblos el derecho al veto. O sea, un reglamento internacional que, en la interpretación del propio órgano que lo creó, no garantiza la autonomía de los pueblos.
Un documento obtenido por Avispa Midia permite ir un poco más adelante en el entendimiento sobre las reales intenciones de la OIT ...
El 21 de julio se reunirán en Santa Cruz del Rincón, Malinaltepec, representantes de 350 localidades de 10 municipios de la región y de la Montaña, para acordar las acciones contra la nueva ley, informa el presidente del Consejo Regional de Autoridades Agrarias, Miguel Santiago Lorenzo
Después de cerrar un trato con un fabricante chino de baterías en 2016, James Brown pensó que los banqueros estarían ansiosos por financiar su nueva mina de litio. Altura Mining corría para enviar la materia prima desde Australia al mercado de vehículos eléctricos más grande del mundo a medida que aumentaba la demanda.
En cambio, mientras los precios del litio seguían subiendo, Brown pasó unas vacaciones navideñas llamando a los prestamistas y haciendo vuelos por todo el mundo para recaudar el dinero. Eventualmente, Castlelake, una firma de capital privado con sede en Minneapolis, ayudó a conseguir $ 110 millones en bonos. Pero hubo una trampa: una tasa de interés del 15%, o casi el doble de lo que los bancos normalmente cobran por las empresas mineras más convencionales.
El ministro de Mauricio Macri, bisnieto del fundador de Supermercados La Anónima, expresó una vez más su desprecio por la postura de la población de Chubut en defensa del agua y en rechazo a la contaminación, la corrupción y el saqueo mineros. El gobierno de CAMBIEMOS intenta concretar así un liso y llano chantaje a los chubutenses, en el contexto de la gravísima crisis económica que atraviesa la Provincia.
Con una respuesta enmarcada en referencias al fantasmagórico “Proyecto Patagonia” anunciado a principios de 2017 por el presidente Macri, el ministro coordinador de gabinete Marcos Peña Braun, insistió en sugerir la puesta en marcha de proyectos mineros en la provincia.
La infame “propuesta” fue pronunciada en respuesta a la intervención del senador por Chubut Alfredo Luenzo (ChuSoTo) solicitando colaboración del gobierno central para aliviar la crisis financiera de la Provincia, durante la sesión de la cámara alta el pasado miércoles 27 de junio en la que el jefe de gabinete macrista brindó su segundo informe de gestión.
Declaró también Peña Braun que desde el gobierno nacional “no compartimos la sensación de que, en un país que se rige por la Economía de Mercado, ...
La Autoridad Regional del Medio Ambiente (ARMA), visitará a fines de Julio el sector minero de 
En 13 días, en Colombia y Antioquia deberá estar eliminado por completo el uso de mercurio en la minería, según la meta que se trazó el Gobierno Nacional con la Ley 1658 de 2013.
Pero el objetivo está lejos de cumplirse. Dora Balvín, secretaria de Minas de Antioquia, aseguró que este es el departamento que más ha avanzado en la sustitución de este material, pero reconoció que la meta aún no se ha logrado.
“En los mineros formales —los que tienen título de explotación— los avances son muy grandes. En junio nos reunimos con ellos y de 1.300 sólo 8 continuaban usando mercurio. Pero nuestra gran preocupación es la minería informal, sin título, ancestral, que no tiene muchas alternativas para reemplazarlo”, dijo.
Según los cálculos de la Secretaría de Minas, hay 15 proyectos en ejecución para hacer más responsable la minería, y con ellos se dejarán de emitir 7,2 toneladas de mercurio cada año. A la fecha, 1.000 mineros del departamento se han formalizado para acceder a estas nuevas tecnologías.
Pero Rubén Darío Gómez, secretario general de la Confederación Nacional de Mineros de ...
"NOS ESTÁN MATANDO", UN DOCUMENTAL SOBRE EL ASESINATO DE LIDERES SOCIALES.
Mientras el país estaba concentrado en el Mundial, en el Congreso se jugaba un partido que buscaba la aprobación, casi a pupitrazo, de leyes en un legislativo que está en sus últimos días. Una de esas fue la ley “gestión integral de páramos”, la cual está pendiente de la sanción presidencial.
Aunque en general la ley está planteada para conservar estas áreas protegidas de los usos de la minería, hay varios artículos que generan polémica ya que para los ambientalistas y para las Corporaciones Autónomas Regionales se trata de “micos”.
El más cuestionado es el artículo 26 que establece que el recaudo al impuesto al carbono se destinará al Fondo Colombia en Paz (FCP). Según la ley, el 90 % del recaudo del impuesto nacional al carbono irá a este fondo para la sostenibilidad ambiental y desarrollo rural sostenible en zonas afectadas por el conflicto.
“Estos recursos se entregarán, entre otros, al manejo de la erosión costera, a la conservación de fuentes hídricas y a la protección de ecosistemas de acuerdo con los lineamientos que establezca el Ministerio de Ambiente”. Además, “el 10% se destinará a la conservación de páramos” ...
“En Chile hay 5.748 glaciares que cubren más de 22 mil km2. En la zona central, adelgazan dos metros por año y el volumen de hielo es 30% menor que las primeras estimaciones”, explica Gonzalo Barcaza, exjefe de la Unidad de Glaciología y Nieves (UGN) de la Dirección General de Aguas (DGA).
Para Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, hoy los glaciares están desprotegidos debido al retiro del apoyo del gobierno al proyecto de ley que buscaba su conservación.
“Es preocupante que se retire una moción parlamentaria que obtuvo patrocinio del gobierno anterior y que responde a una inquietud de la sociedad chilena. Es una mala señal”, dice.
Pero desde el Ministerio de Medio Ambiente, la ministra Marcela Cubillos afirma que la protección de los glaciares sí es una prioridad para el gobierno. “La moción que estaba en discusión en la Comisión de Hacienda de la Cámara no otorgaba una eficaz protección a los glaciares y así lo manifestaron no solo sus autores, sino el informe de la Corte Suprema y también del actual contralor y diversas ONG ambientalistas”, explica.
La ministra agrega que la manera más conveniente de procurar una protección adecuada ...
