
Se ha convertido en lugar común en el discurso de la clase política, cuando de pueblos originarios se trata, repetir como conjuro mágico: ¡
Se cumplirán los Acuerdos de San Andrés
! Si en verdad éste fuera uno de los objetivos del próximo gobierno, ¿qué significaría semejante paso, más allá de la retórica que omite contextos históricos y realidades estructurales, o se limita a formalismos jurídicos intrascendentes?
Precisamente, en el plano legislativo, tendrían que ser derogadas las reformas constitucionales que han permitido la recolonización de los territorios de los pueblos originarios, concebidos como los espacios geográfico-simbólicos de su reproducción como entidades socio-étnicas colectivas, empezando, obviamente, por la reforma salinista al artículo 27 constitucional, que fue una de las causas de la rebelión de los mayas zapatistas de 1994, que autorizó la privatización de tierras ejidales.
Esto obligaría a derogar, asimismo, varias leyes derivadas de las
reformas estructurales
, en particular, la devastadora ley minera, que, en su artículo 6, otorga carácter preferente a la exploración y explotación mineras,
sobre cualquier otro uso de la tierra
, sin mencionar las que han permitido la privatización del agua y la desregularización ambiental, entre otras.
Igualmente, ...
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