El intendente de Comodoro volvió a ratificar su rechazo a la explotación minera en toda la provincia.
El intendente de Comodoro Rivadavia y precandidato a gobernador de Chubut por el Partido Justicialista, Carlos Linares,
volvió a ratificar su rechazo a la minería en toda la provincia.
"Es el pedido de toda la gente: el no a la mina. Para mí es un tema terminado", dijo y agregó: "nunca estuve a favor, siempre estuve abierto al debate".
En diálogo con la prensa, sostuvo que "uno tiene que estar interiorizado a la hora de tomar decisiones. Hoy está más que claro
el rechazo después de todo lo que pasó".
"El Gobierno Provincial está auspiciando una campaña política con fondos mineros. Eso no habla bien de la actividad", cuestionó.
De esta manera, Linares se vuelve a diferencias de la postura del ex intendente Néstor Di Pierro quien es un férreo defensor de explotar la actividad.
TURISMO
Por otra parte anunció que "estamos gestionando
que la Secretaría de Turismo sea Ministerio de Turismo, porque en la zona de la comarca la gente lo necesita porque vive del turismo y necesitan un gran apoyo por lo mal que ...
¿La justicia que no encuentra en Perú, la encontrará en Estados Unidos? .
En setiembre del 2016, la campesina cajamarquina Máxima Acuña acudió a la justicia estadounidense para poner una denuncia contra la transnacional minera Newmont,accionista del proyecto Conga, por presuntamente haberla agredido a ella y a su familia a través de la seguridad privada y efectivos de la Policía Nacional.
Sin embargo, el Tribunal Federal de Delaware señaló que el caso debería verse en los tribunales peruanos y no en Estados Unidos (EEUU). Pero el último miércoles 20 de marzo, una buena noticia llegó para Acuña, su familia y la ONG EarthRights International, que los está asesorando. El Tribunal de Apelación ha pedido al Tribunal Federal que evalúe si el caso debe verse o no en EEUU.
A través de su página de Facebook, la ONG celebró esto como un "gran triunfo" al señalar que el caso ha "revivido" en EEUU.
La policía peruana arrestó hace unos días al líder y a los abogados de la comunidad indígena Fuerabamba que bloquea desde febrero la carretera por donde la mina Las Bambas transporta el cobre, una situación que afecta al sector clave para la economía local.
Aministía Internacional ha denunciado este jueves 22 de marzo las prácticas poco éticas de ciertos fabricantes de coches eléctricos por producir baterías con métodos intensivos con combustible fósil.
La ONG de derechos humanos argumentó que después de años de prácticas industriales no reguladas para la extracción de los minerales utilizados en las baterías de iones de litio, han conducido a "impactos perjudiciales para los derechos humanos y el medio ambiente".
"Encontrar soluciones eficaces a la crisis climática es un imperativo absoluto, y los coches eléctricos tienen un papel importante que desempeñar en este sentido", ha manifestado en un comunicado Kumi Naidoo, secretario general de Amnistía Internacional.
"Pero sin cambios radicales, las baterías que alimentan a los vehículos verdes seguirán estando contaminadas por abusos de los derechos humanos", añadió.
Por más de 30 años han habido operaciones mineras en Espinar, pero no se realizó nunca un proceso de consulta. Las comunidades originarias Huini Coroccohuaycco y Pacopata buscan cambiar eso.
Este lunes, ambas comunidades presentaron una demanda constitucional de amparo en referencia a la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) denominado Glencore Antapaccay Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco, de la minera Glencore Antapaccay, que las afecta directamente.
Ellos solicitan que el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) dé inicio a un proceso de consulta previa antes de la aprobación de la MEIA.
Además, se busca que sean consultadas “las comunidades que también podrán ser afectadas por los impactos acumulativos de las operaciones mineras en las fuentes de agua”, se lee en un comunicado publicado por las organizaciones IDL, Derechos humanos sin fronteras y CooperAcción, quienes están asesorando el caso.
Luego de que la 
La inclusión de un proyecto de explotación de oro aluvional en Epuyén aparece en el Boletín Oficial de la Provincia del Chubut del día 7 de diciembre de 2018. Sin embargo, la información toma estado público en forma masiva hace unos días. Durante todo el verano 2019 decir Epuyén significó pensar en hantavirus. El brote mantuvo aislada a su población durante todo el período estival lo que produjo un fuerte y negativo impacto en la comunidad y alrededores y puso en evidencia la precariedad y/o desatención de los mecanismos de prevención de la salud en Chubut. Al parecer, la presencia reiterada del tema en los medios masivos resultó en una importante contribución al ocultamiento de acciones que van a contramano del interés público, por ejemplo la minería de oro.
Los vecinos de Epuyén denuncian que se trata de la Mina Puma ubicada en la Sección JIII, Fracción B, Lotes 44 y 45 de la localidad y de acuerdo a lo que dicen los encargados de la mina “el proyecto sería una explotación de oro aluvional de manera artesanal en el marco de un proyecto turístico que el titular desea desarrollar en su predio. ...
Estudio de MinAmbiente señala que Bolívar es uno de los departamentos más afectados por la minería ilegal.
El día de hoy aparece en los medios como una noticia importante, la detención de dos abogados, los hermanos “Chávez Sotelo” junto a un dirigente social, Gregorio Rojas Paniura, de la comunidad de Fuerabamba- Apurímac. No solo los medios de comunicación, sino representantes del gobierno, como la Ministra de Agricultura, han salido a decir que se trata de “extorsionadores”, de “líderes de una organización criminal o banda delincuencial” que pide grandes sumas de dinero al Estado a cambio de no tomar la carretera.
El último Censo Nacional de comunidades, que incluye a nativas y campesinas, revela las disputas por la tierra: 30% de comunidades de la Amazonía y 37% de la costa y los andes manifestaron tener conflictos en sus territorios.
Los resultados de 2.703 comunidades indígenas de la selva y 6.682 comunidades campesinas forman parte del tercer Censo de Comunidades Nativas y el primero de Comunidades Campesinas, realizados en el marco del empadronamiento nacional del 2017 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
En el caso de las comunidades amazónicas, los mayores conflictos se producen con otras comunidades (44,8%), personas particulares (27,4%), comuneros de la misma comunidad (23,5%), empresas madereras (14%), empresas petroleras (7,3%), empresas mineras (5%) y mineros informales (1,6%).
De la misma forma, las disputas territoriales de las comunidades campesinas se presentan en un 56% de los casos con otras comunidades, un 29,6% con otros miembros de la comunidad, 26,8% con personas particulares ajenas a la comunidad, 11,6% con empresas mineras, ...