La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), denunció este martes que el pasado 18 de junio la empresa minera canadiense Endeavour Silver Corp, recibió autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para la construcción de una presa de relaves, en su proyecto de la mina de plata y oro Terronera, ubicada en Jalisco.
Esta autorización, advierte la organización, pone en evidencia que a pesar de que recientemente se designó como titular de la Semarnat a un prestigiado académico e investigador mexicano, Víctor Toledo, las políticas públicas en el sector minero y medio ambiental siguen al servicio de los grandes capitales.
“El neoliberalismo sigue totalmente vigente por más frases mediáticas que nos impongan, queda en evidencia el estrechísimo margen de maniobra que tiene el actual secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el maestro en ciencias Víctor Toledo Manzur”.
Es claro advierte la REMA, que “con esta nueva autorización otorgada por quienes se supone cuidan el ambiente, al cambiar de bosques por minería, se ratifica el alineamiento de las instituciones, leyes y procedimientos a favor de los capitales ...
La Red Iglesias y Minería convoca a delegadas y delegados nacionales, representantes de los grupos de trabajo, miembros del Grupo impulsor y entidades fraternas a la IV Asamblea General que tendrá lugar en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, durante los días 20, 21 y 22 de agosto del presente año.
El extractivismo y las comunidades afectadas por la minería, será el tema central a partir del cual habrá reflexión y definición de acciones desde las iglesias.
Nuestra América Latina experimenta uno de los períodos más convulsionados vividos en la región. Desde principios de esta década, sufrimos una escalada de ataques a los procesos democráticos; reversión de las pequeñas conquistas sociales logradas entre 2002 y 2010; aumento de las tasas de deforestación y del número de sequías e inundaciones; así como una creciente persecución, criminalización y muerte de defensores/as de derechos socioambientales. 2018 marcó, en términos globales, el pico de los riesgos del calentamiento global.
Los consensos extractivistas de nuestros gobiernos, el aumento de las desigualdades, la escalada de la violencia y fragilización del aparato de protección ambiental, sea en términos de las legislaciones nacionales o
de los órganos públicos de defensa y protección, indican los enormes ...
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1200 policías, 1200 militares y 20 fiscales se movilizaron a la parroquia La Merced de Buenos Aires del cantón Urcuquí, provincia de Imbabura, en la madrugada del martes 02 de julio. El operativo se da luego de que el gobierno de Moreno declarara el estado de excepción para el “control territorial” y la “seguridad ciudadana”, tras los conflictos generados a causa de la minería, calificada por el Estado como “ilegal”.
La ministra del Interior, María Paula Romo, explicó que este tipo de minería ha desencadenado más de 10 delitos (homicidios, explotación sexual, explotación laboral, trata de personas, evasión fiscal, lavado de activos, extorsión, intimidación, contrabando, tenencia de armas y explosivos, y tráfico de combustible).
De acuerdo con el
decreto N°812, en el primer semestre de 2019 se han registrado 27 hechos violentos, entre los cuales se encuentran muerte violenta por arma de fuego, muerte violenta por arma blanca, fallecido por deslizamiento de tierra, herido por una riña, entre otros.
Los problemas no son nuevos, iniciaron hace dos años. Según el gobierno, a partir del 2018 emprendió un plan para contrarrestar estas actividades y como resultado se ha desarticulado 92 grupos delictivos y ...
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Los conflictos sociales vinculados a la minería no son iguales. Por ejemplo, mientras que Las Bambas es un típico conflicto de coexistencia -allí las comunidades no se oponen a la minería, la aceptan pero buscan que la empresa los respete y el Estado los proteja-, el caso del proyecto minero Tía María es un típico conflicto de resistencia o rechazo a la minería. En el Valle de Tambo, los agricultores perciben al proyecto de la empresa Southern Perú Copper Corporation (SPCC) -y al resto de empresas que tiene concesiones en la provincia de Islay-, como una amenaza a su principal actividad económica, sus formas de vida y el intento de convertir esa zona como una nueva área de expansión minera.
Dicho esto, lo cierto es que en la última década Tía María ha estado en más de una ocasión en el ojo de la tormenta de la conflictividad social en el país. Por lo menos han sido dos capítulos previos de extrema tensión que se vivió en la zona del Valle de Tambo, en la provincia arequipeña de Islay y todo indica que estamos entrando a un tercer momento.
Los capítulos previos ...
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Existen diferentes procesos constitucionales contra el andamiaje institucional que promueve la criminalización de la protesta social en el Perú. Se trata de un esfuerzo por cuestionar la constitucionalidad de los diferentes componentes de éste, con la finalidad de que se dejen sin efecto. Sería bueno que los funcionarios del Estado comprendan que la respuesta a estas protestas no debe ser fundamentalmente punitiva, penal y represiva sino política. Deben diseñar e implementar políticas públicas de protección de los derechos afectados que generan estas protestas.
Presentamos varios casos:
La Semarnat tiene dos meses para definir si avala o no la propuesta de mina a cielo abierto para extraer oro y plata en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, realizada por la canadiense Almaden Minerals. Durante el proceso, la empresa ejerce presión en el pueblo
En las playeras amarillas leían “Sí al proyecto Ixtaca”. Era una sesión informativa y pública realizada por la Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el municipio de Ixtacamaxtitlán. Una minera canadiense, Almaden Minerals, pretende pasar de fase de exploración a la más destructiva: explotación del oro de este pueblo; quienes portaban la playera con esta frase no eran pobladores de la comunidad, si no acarreados llevados por la empresa canadiense desde Veracruz.
El foro público de la Semarnat del 25 de junio se enmarca en el proceso de evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que entregó la empresa canadiense para poder modificar el permiso que tiene y pasar conseguir pasar a la fase de explotación.
La empresa canadiense entró al municipio el 24 de enero de 2019 con una filial mexicana, Minera Gorrión, directamente a la comunidad más afectada: Santa María Zotoltepec. ...
El próximo 31 de julio se cumplen cinco años desde que el Gobierno recibió el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto cuprífero de 
Por dos votos a favor y uno en contra, el Tribunal Ambiental resolvió que no hay antecedentes nuevos en el proceso que permitan modificar la prohibición del uso de tronaduras bajo la cota 100 metros sobre el nivel del mar, lo que impide extraer cerca del 98% de las reservas mineras del yacimiento.
Glencore Antapacay, con su nuevo proyecto Coroccohuaycco, está cometiendo una serie de irregularidades pese a que existe un proceso de consulta iniciado por el Estado. “Son más de 37 años de actividad minera en Espinar y las cosas no han cambiado mucho.
En una reunión sobre empresas y derechos humanos, en la embajada de Suiza, estaban los representantes de algunas empresas mineras que hablaron sobre las buenas prácticas de sus empresas. ¿Buenas prácticas para quiénes?”, se pregunta la abogada del Área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del IDL, Maritza Quispe.
Lo que ocurre en esa provincia alta del Cusco es que el Estado no quiere consultar los instrumentos de gestión ambiental, en concreto, la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Coroccohuaycco. Por otro lado, la empresa minera está comprando tierras de las comunidades campesinas y coaccionando a la población con amenazas. Por ejemplo, es usual que los funcionarios de la empresa les digan:“Si no me vendes tus tierras, nos vamos a retirar, no tendrán trabajo y le quitaremos las becas a sus hijos”.
Maritza Quispe tiene más cuestionamientos: “¿Acaso no están aprovechándose de la necesidad de la población que ...
Si bien se cita frecuentemente a la moral en muchas cuestiones controversiales de la vida pública, como los extractivismos, las cuestiones de género o la corrupción, la realidad es que no todos están dispuestos a abrazarla. Muchos esgrimen categorías de la moral pero huyen de sus significados, y la convierten en eslóganes publicitarios, mientras que en la realidad la van recortando, encogiendo y restringiendo.
Están muy lejos de apaciguarse las polémicas alrededor de emprendimientos extractivistas como la minería en el sur o el petróleo en la Amazonía, discusiones en las que una y otra vez aparecen argumentaciones morales. Los defensores de los extractivismos insisten en que son buenos y necesarios. Algunos incluso acusan a quienes alertan sus impactos, por ejemplo campesinos o indígenas, como inmorales agentes que impedirían el progreso.
De una manera u otra hay una moralidad que defiende a los extractivismos como algo bueno y correcto, y a quienes denuncian sus efectos negativos los etiqueta como malos o ignorantes ¿Son tan buenos los que promueven explotaciones mineras o petroleras?, ¿Son tan malos los que protestan por la contaminación?
En realidad, la apelación moral en estos debates refleja los intentos de ...