Al presentar avances del proyecto de la mina de oro y plata en
Ixtacamaxtitlán, directivos de
Minera Gorrión destacaron que la misma autoridad federal ha reconocido que no hay en la zona comunidades indígenas sujetas a consulta.
Como empresa, se dio a conocer este miércoles en una rueda de prensa, ha buscado las posturas no sólo de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que está en el proceso de autorizarles o no un
Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) para construir la mina, sino de otras que tienen que ver con el impacto social.
De entre ellas se destacó la de la
Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México (CDI), hoy
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), que en septiembre del año pasado reconoció en una misiva que las localidades afectadas en un radio de distancia tienen presencia indígena más no son consideradas como comunidades indígenas, hecho que determinaría una consulta.
"Preguntamos, en la zona del proyecto, nos pueden por favor decir si en el municipio de
Ixtacamatitlán y fuimos durante todo el debido proceso para llegar a un resolutivo que nos dice, las comunidades que están en la zona del proyecto, en la zona de influencia, en la zona núcleo del proyecto ninguna ...
A fin de identificar el rol que la minería debería cumplir en la construcción del futuro en el Perú, la oenegé CooperAcción publicó el informe “Aristas del debate de la Ley Minera”.
El documento que propone una serie de puntos en torno al debate de la Ley Minera, toma en cuenta la propia Ley General de Minería plasmada en la Constitución del 1993 y recoge las referencias de tres legislaciones mineras de los países vecinos de Chile, Ecuador y Colombia.
En adelante, se presentan tres de los puntos más importantes que resumen el objetivo del informe:
En nuestro artículo de la semana pasada sosteníamos que la “licencia social” no se obtenía en los espacios de participación ciudadana organizados por SENACE, donde las empresas mineras presentaban sus Estudios de Impactos Ambientales-EIA, para recoger las preocupaciones sociales y ambientales de la población a modo de observaciones y que -en un plazo determinado- tiene la obligación imperativa de absolverlas a satisfacción de la persona, organización e institución que la realizó.
Decíamos que la “licencia social” por el contrario es la aprobación continua de la comunidad local y otros grupos de interés, aprobación continua o amplia aceptación social. Decimos que es continua porque en cualquier momento se puede perder y que no es otorgada a la empresa minera, sino a un proyecto específico. Es decir, una empresa minera puede tener licencia social para un proyecto y para otros no.
Un ejemplo de perdida de “licencia social” es el proyecto Quellveco de Anglo American que en un momento la tuvo y la perdió por una percepción de incumplimiento de sus compromisos relacionados con el empleo y compras locales.
Los elementos claves de la “licencia social” son legitimidad, credibilidad y confianza. No son concurrentes ...
El senador Guido Girardi, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y autor de la Ley de Protección de Glaciares, junto al doctor en Química, Francisco Javier Cereceda, afirmaron que “la actividad humana y la minería ya intervienen los glaciares y es imprescindible protegerlos si queremos contar con estas importantes reservas de agua para el futuro”.
Hace casi 25 años las comunidades de Río Blanco, Molleturo, San Pedro de Yumate y Cochapamba llevan compartiendo sus tierras con la industria minera metálica y son tres empresas distintas las que han llevado a cabo las etapas de estudio, exploración y explotación de los recursos mineros locales.
Estas comunidades vecinas y hermanadas por el tiempo y la distancia han vivido intensos meses y años que han transformado su dinámica y sobre todo sus relaciones sociales, quizás para siempre.
Primero, la quema del campamento minero de la empresa Ecuagoldmining en mayo de 2018, luego la suspensión temporal de las actividades de la empresa por parte del Tribunal de la Sala de lo Civil y Mercantil del Azuay, y el levantamiento de puntos de control por parte de los activistas antiminería.
Los moradores de la zona han venido reclamando que se vive una especie de estado de sitio sin plena libertad de tránsito y tocados por la imposibilidad de ingresar a sacar sus productos con total normalidad, todo acompañado de la incertidumbre de que “si se para o se continúa explotando el material”, como lo indica Segundo Ochoa, habitante de Río Blanco.
El Gobierno ...
Con agua concesionada a mineras se podría garantizar el derecho a este recurso de toda la población del estado.
El dato fue aportado por el investigador Federico Guzmán, en el programa Sound Politicón
■ La industria minera en la entidad tiene concesionados al año 55.7 millones de metros cúbicos de agua y de éstos 44 millones corresponden únicamente a la Peñasquito
Con el agua que la industria minera tiene concesionada al año se podría garantizar el derecho humano al vital líquido de toda la población del estado.
Este dato fue aportado por el investigador Federico Guzmán, durante su participación en el programa radiofónico Sound Politicón, transmitido por Radio Zacatecas y conducido por Carlos Galaviz y Raymundo Cárdenas.
Tan sólo con el agua que utiliza anualmente la mina Peñasquito, ubicada en el municipio de Mazapil, podrían tener acceso a este derecho un millón 200 mil zacatecanos.
El académico agregó esta precisión en el contexto de las protestas que está habiendo nuevamente en contra de esta explotación, entre otros temas, por el abatimiento de los mantos acuíferos de la región y las afectaciones que habitantes de comunidades como Cedros han denunciado.
En su intervención, ...
Las luchas por la defensa de los bienes comunes de la naturaleza están brotando desde las comunidades más humildes del país. Los pobladores y pobladoras han comprendido, porque lo viven día a día, que los bienes comunes de la naturaleza representan la vida de está humanidad cada vez más devastada ambientalmente.
A pesar de la criminalización y persecución que el Estado hondureño ha montado contra los luchadores y luchadoras que defienden el medio ambiente, las comunidades organizadas de varios municipios del país continúan con el proceso para evitar que estos proyectos de muerte se instalen y acaben con sus bienes naturales.
En el país más de 45 municipios, en las distintas regiones han realizado declaratorias contra los proyectos mineros e hidroeléctricos.
La declaratoria más reciente se realizó en el municipio de Santiago de Puringla en el departamento de La Paz, a través de un cabildo abierto donde decenas de comunidades indígenas lencas dijeron: No a los proyectos mineros e hidroeléctricos. La decisión se ratificará a través de una consulta que se desarrollará en los meses próximos.
Félix Vázquez, secretario general de la Unión de Trabajadores del Campo UTC, asegura que el cabildo ...
“El sector privado busca hacer el espacio más accesible, yendo más allá de lo que ha ido la NASA”, dijo en una entrevista a Efe el periodista y escritor Christian Davenport, en referencia a la agencia espacial estadounidense.
Paradójicamente, el importante uso de los mecanismos de participación ciudadana en la defensa de los bienes comunes ha intensificado la disputa por el verdadero sentido de la democracia durante los últimos años. Esto debido a que la fundamental participación de los pueblos en la defensa y la protección de los bosques, los suelos y las aguas ha desembocado en una reflexión sobre ¿qué es participar? ¿cómo se concibe la participación?, ¿cuál es su significado legal y/o legítimo en los territorios? Al mismo tiempo, estos pensamientos plantean retos importantes en cuanto a la concepción de las luchas ambientales más allá de lo jurídico, y presentan interesantes horizontes para la articulación de los actores en los territorios, en su diversidad y diferencias.
Recientemente, la Corte Constitucional ha emitido una serie de sentencias contradictorias frente al derecho de participación ciudadana que promulga la Constitución de Colombia (ej: T-342 de 2019), donde limita aún más la posibilidad de los municipios de decidir sobre la realización o no de actividades extractivas en sus territorios. Por esta razón, la Corte insta al Congreso de la República que defina mecanismos de participación ciudadana e instrumentos de coordinación y concurrencia ...
Negocios privados que festeja no solo Morales con las multinacionales. Los economistas de Fernández también se anticipan al futuro de corporaciones que ubican a la provincia y al país subordinado a un modelo extractivista.
La semana pasada el gobernador, Gerardo Morales, junto a una nutrida comitiva de funcionarios se hizo presente en la planta de la empresa Sales de Jujuy con motivos del anuncio de una inversión de 300 millones de dólares.
Los fondos que contarían con un financiamiento de 180 millones de dólares por parte del banco japonés, Mizuho Bank Ltd. , estarían orientados a ampliar la capacidad productiva de litio de 17.500 a 42.500 toneladas para el año 2021.
“Están trabajando con una mentalidad abierta al mundo y eso es lo que queremos, que nuestros productos y su valor agregado se exporten e inserten en los mercados mundiales”, indicó, por lo cual ratificó el rumbo y el compromiso provincial “para sostener este proyecto con todo nuestro empeño y energía”, afirmó el Gobernador durante el acto según publicó El Tribuno (22/9/19).
No es la primera vez que Morales habla en primera persona cuando se refiere a la actividad de extracción del ...