Todo régimen constitucional prevé que las sustancias minerales que se encuentran dentro de un territorio son bienes de dominio público y directo del Estado que ejerce jurisdicción sobre el mismo, pudiendo ser extraídas por dicho Estado o por terceros, mediante concesiones otorgadas por el primero, siendo estas actos administrativos que modifican la situación jurídica de los concesionarios al conferirles derechos intransferibles, sin la debida autorización del Estado otorgante.

SAN SALVADOR - La noticia de que el pasado 2 de agosto del 2010, el tribunal del CIADI[i] había resuelto rechazar las objeciones presentadas por El Salvador para abortar la demanda millonaria que la empresa minera Pacific Rim había impuesto en contra del Estado salvadoreño,  ha generado cierto sinsabor en la opinión pública y ha sumado más dolores de cabeza al de por sí agobiado primer gobierno de izquierda en El Salvador.La demanda de Pacific Rim se enmarca en una etapa bastante avanzada de un proceso largo y conflictivo, entre la empresa en cuestión, el Gobierno y las comunidades afectadas por la empresa minera.