El Salvador

La explotación minera ha encontrado férrea oposición

Aunque la empresa insiste en que la dejen explotar la mina, sus intenciones ha hallado resistencia.

La polémica generada a raíz del intento de explotación de la mina El Dorado por parte de la empresa canadiense Pacific Rim ha desatado una férrea oposición desde la Presidencia de la República, Iglesia Católica hasta las comunidades que se verían afectadas por esa explotación mineral.

Tanto el Presidente de la República, Mauricio Funes, como su antecesor Elías Antonio Saca; expresaron sus intenciones de no autorizar la explotación minera que ponga en riesgo la salud de los salvadoreños. En junio pasado, el presidente Funes reiteró su decisión de no dar permisos para extraer el oro y la plata de la referida mina y en ese sentido dijo que, «El Salvador, ni mi gobierno no van a apoyar ni autorizar ningún proyecto de exploración y explotación minera que ponga en peligro la salud del país y que deteriore más nuestro medio ambiente».
La cúpula de la iglesia Católica también se ha unido a las voces que claman la prohibición de la explotación minera en el país por considerar que los químicos a utilizar para la extracción de los minerales, van a contaminar el medio ambiente y por lo consiguiente afectaría la vida de los centenares de residentes en las comunidades ubicadas en los contornos de los 75 kilómetros cuadrados en los que Pacific Rim pretendía trabajar. El intento de esa empresa también ha encontrado resistencia entre los residentes de las comunidades aledañas a la misma.
El arzobispo de San Salvador, José Luis Alas Escobar, detalló en su oportunidad que la explotación de la minería es peligrosa en Centroamérica por los métodos que se utilizan para la separación del oro y la plata del resto de materiales y para ello se tiene que usar el cianuro de sodio, considerado como altamente contaminante.
Las muertes de al menos cinco ambientalistas de la zona de San Isidro, Cabañas, fueron consideradas como consecuencia de esa oposición a la empresa minera.
Organizaciones ambientalistas aseguraron que los asesinatos de sus compañeros se habían derivado del hecho de oponerse a la explotación minera por parte de la transnacional canadiense.
Al final, la Policía y la Fiscalía esclarecieron los homicidios y los vincularon a problemas personales que existían entre las víctimas y los acusados.