Comprender la situación de niños/as y adolescentes en zonas de conflicto socio-ambiental minero, demanda un ejercicio crítico que visibilice la urgencia de superar posturas reduccionistas de intervención, hacia procesos mancomunados, intersectoriales y basados en el enfoque de derechos sociales.
En esa línea va este esfuerzo que pretende demostrar que lo más valioso no es el oro que yace en el subsuelo, sino las comunidades de la superficie, opacadas y ensombrecidas por la fiebre del oro que ha contagiado a las instancias políticas del país, a quienes Antonio Machado les podría recordar que “es de necios confundir valor con precio”.
Ayer jueves 30 de agosto, nos reunimos nuevamente con la Comisión Presidencial de Derechos Humanos -COPREDEH-, los alcaldes municipales de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, las peticionarias y peticionarios ante la CIDH, y la empresa Montana Exploradora de Guatemala, S.A.. Del Gobierno se encontraban representantes de los ministerios de ambiente y recursos naturales, energía y minas, agricultura, secretaria privada de la presidencia de la república, Instituto de Fomento Municipal -INFORM-, entre otras.
Impulsada por el Intendente Lídoro Leiva y el Concejal Rodolfo Vallejo con la firma del Vice-Intendente Jorge Omar Rearte, en Junio de 2006 se dictó en Famatina la Ordenanza 972 y el 26 de julio de ese mismo año se dicta la Ordenanza 973 que amplía y perfecciona en 8 artículos la anterior. El 13 de septiembre de 2006 el Departamento Chilecito dicta la Ordenanza Nº 2695/06 con 18 artículos en ese mismo sentido. Lo propio hizo el Departamento Capital dictando el 14 de agosto de 2012 la Ordenanza Nº 4930 con 16 artículos. Las políticas del gobierno provincial y las de las multinacionales mineras siguen siendo la mentira, el ocultamiento, la persecución y el robo. Conociendo estas políticas nefastas y la verdad que difundimos las Asambleas, nuestra juventud creará los anticuerpos necesarios para ponerle el pecho a los que quieren robarnos nuestros recursos naturales, contaminar y destruir nuestras tierras y dejarnos sin agua.
Elementos del Ejército Mexicano y policías federales, estatales y municipales invadieron ayer la mina La Platosa y el ejido La Sierrita, en Bermejillo, Durango, para forzar a los trabajadores a regresar a laborar en la empresa Excellon Resources y reprimir las protestas emprendidas por los ejidatarios contra la compañía canadiense, por incumplimiento del contrato de arrendamiento firmado desde 2008, denunciaron el sindicato minero y la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc).
El gobernador de la provincia cajamarquina, Gregorio Santos, dijo que "no es suficiente con levantar el estado de emergencia, es necesario que se cancele el proyecto Conga". Uno de los sacerdotes que trabajó como mediador cree que puede ser el inicio del diálogo y solución a la crisis minera.
El conflicto en torno a Mina Conga va durando ya lo que dura el Gobierno del Presidente Humala y se ha tumbado a dos primeros ministros con sus gabinetes. Ha costado, además, 5 muertos, decenas de heridos y más de una centena de denunciados y procesados, y el gobierno sigue sin saber bien qué hacer al respecto, salvo mantener el Estado de Emergencia en Cajamarca para impedir que la resistencia se manifieste abiertamente.
Algunas lecciones para el gobierno para evitar la violencia, priorizar el agua y garantizar los derechos de los pueblos
Cinco heridos dejó como resultado la incursión del Esmad, el pasado 23 de agosto, al resguardo Inga de Condagua territorio de dialogo paz y convivencia, ubicado en el kilómetro 18 en la vía Mocoa – Pitalito, en el departamento del Putumayo.