La minería en Guatemala viola los derechos humanos porque "se les impone un modelo económico y social que rompe su propio tejido social y los expone a graves riesgos por la contaminación que esta industria (la minera) provoca", según un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) presentado hoy en la capital guatemalteca.
Las violaciones a los derechos humanos se dan en el contexto de un estado débil, fragmentado y signado por la impunidad, indica el estudio "La industria extractiva en Guatemala: políticas públicas, derechos humanos y procesos de resistencia popular en el período 2003-2011".
Según la coordinadora de la investigación, Semona Yagenova, a las comunidades guatemaltecas "se les impone un modelo económico y social que rompe su propio tejido social y los expone a graves riesgos por la contaminación que esta industria (la minera) provoca".
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Inversionistas retomaron el controvertido proyecto minero Concordia, ahora bajo el nombre Los Cardones, que busca operar una mina de oro a cielo abierto en la zona de la Reserva de la Biosfera Sierra de la Laguna, en Baja California Sur.
La iniciativa proponía perfeccionar la institucionalidad a cargo de la fiscalización y las normas que regulan la seguridad minera.Por 50 votos a favor, 40 en contra y 10 abstenciones, la Cámara rechazó el proyecto (boletín 7848) sobre seguridad e institucionalidad minera, al no alcanzar el quórum necesario de aprobación. El texto legal creaba una Superintendencia de Minería y el Servicio Geológico de Chile.
Iniciativas suman inversiones por cerca de US$ 285 millones: Se trata de un yacimiento de hierro y un terminal portuario de US$ 185 millones que también atendería a otros productores.
Está claro que el caso Conga ha entrado a una nueva etapa, en la que se esperan decisiones importantes de los principales actores involucrados en el conflicto. Algunos hasta se animan a decir que estamos en un escenario post Conga.