Las regalías mineras del país en el tercer trimestre, 34,99 millones de dólares, son menores a las captadas tan sólo por Potosí en similar periodo del año pasado, que llegó a 37,99 millones. Este desplome fue por los precios.
Los ingresos mineros para los departamentos productores siguen bajando, pues, en el tercer trimestre se desplomaron en 13,51 millones de dólares, comparando con el mismo periodo del año pasado.
En el periodo julio-septiembre del año pasado, las regalías de Potosí se desplomaron, pues, el descenso fue de 11,46 millones de dólares, que corresponden al 30 por ciento, comparando con el mismo tiempo del 2011.



La investigación Minería en las tierras bajas de Bolivia realizada por Alicia Tejada revela que las empresas transnacionales Orvana (Canadá), Votorantim (Brasil) y Glosobyk (capital inglés) controlan la actividad minera en tierras bajas, donde la presencia estatal con la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) sólo se limita a la administración del 4 por cien del total de las áreas cedidas para la explotación.
El Congreso de BCS se ha manifestado en contra de la minería tóxica a cielo abierto, por el contrario creen que la vocación es el turismo y ambas actividades no se mezclan.
Ejidatarios de esta comunidad realizaron una toma simbólica de la carretera Transpeninsular en reclamo por la supuesta afectación de sus tierras con el PDU de La Paz.
Un proyecto de ley remitido el 12 de diciembre al Congreso de la República busca fortalecer la fiscalización ambiental y plantea elevar las multas a las empresas que cometan infracciones ambientales de 10 000 UIT (S/. 36.5 millones) a 30 000 UIT (S/. 109.5 millones) para las faltas muy graves.
El dilema de la explotación minera y petrolera en Perú, Bolivia, Ecuador y El Salvador es similar al de Colombia: ¿hasta qué punto deben arriesgar los Gobiernos la estabilidad social, ambiental y de derechos humanos por un modelo de desarrollo económico?
Hostigados por las compañías mineras y los talamontes que explotan maderas preciosas que exportan a China, los habitantes de las comunidades de la sierra de Manantlán se cansaron de esperar y hace varias semanas pidieron al alcalde de Cuautitlán de García de Barragán la autorización para organizar sus propios cuerpos de seguridad. En ese ríspido encuentro también le exigieron a la autoridad localizar con vida al activista Celedonio Monroy, quien el pasado 23 de octubre fue sacado de su casa por un grupo armado.