El Jiliri Apu Mallku del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), Félix Becerra, informó este jueves que esa organización en coordinación con la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia elaboró el proyecto de ley Marco de Consulta para explotaciones y exploraciones de recursos mineros, hidrocarburiferos e hídricos.
"El proyecto de Ley que presentaremos a la Asamblea Legislativa tiene 8 capítulos y 45 artículos y su alcance está destinado a las explotaciones y exploraciones de recursos mineros, de hidrocarburos o recursos hídricos, en el marco del derecho de los pueblos indígenas", señaló según cita ABI.
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Las regalías mineras del país en el tercer trimestre, 34,99 millones de dólares, son menores a las captadas tan sólo por Potosí en similar periodo del año pasado, que llegó a 37,99 millones. Este desplome fue por los precios.
Comunicado de la 5ta Asamblea UAP
La investigación Minería en las tierras bajas de Bolivia realizada por Alicia Tejada revela que las empresas transnacionales Orvana (Canadá), Votorantim (Brasil) y Glosobyk (capital inglés) controlan la actividad minera en tierras bajas, donde la presencia estatal con la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) sólo se limita a la administración del 4 por cien del total de las áreas cedidas para la explotación.
Agnico Eagle Miners Limited invirtió 157 mdd Bloomberg
El Congreso de BCS se ha manifestado en contra de la minería tóxica a cielo abierto, por el contrario creen que la vocación es el turismo y ambas actividades no se mezclan.
Ejidatarios de esta comunidad realizaron una toma simbólica de la carretera Transpeninsular en reclamo por la supuesta afectación de sus tierras con el PDU de La Paz.
Un proyecto de ley remitido el 12 de diciembre al Congreso de la República busca fortalecer la fiscalización ambiental y plantea elevar las multas a las empresas que cometan infracciones ambientales de 10 000 UIT (S/. 36.5 millones) a 30 000 UIT (S/. 109.5 millones) para las faltas muy graves.
El dilema de la explotación minera y petrolera en Perú, Bolivia, Ecuador y El Salvador es similar al de Colombia: ¿hasta qué punto deben arriesgar los Gobiernos la estabilidad social, ambiental y de derechos humanos por un modelo de desarrollo económico?