Dos tercios del total de las comunidades indígenas andinas en el Perú están afectados por la actividad minera. Desde que la dictadura de Alberto Fujimori impuso una nueva Constitución que recortó los derechos territoriales y dio todas las facilidades a la inversión minera, incluidos vergonzosos contratos de estabilidad tributaria, los sucesivos gobiernos han mantenido lo esencial de este modelo neoliberal extractivista.
Los conflictos socioambientales producto de la vulneración de derechos por la imposición de la minería se multiplican por todo el país. Los dirigentes son criminalizados. Y el problema amenaza agravarse: la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía ha anunciado inversiones por 41 mil millones de dólares en minería para los próximos diez años.
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Los altos precios y la demanda del oro, la plata y el cobre provocaron que la inversión minera se sextuplicara durante este sexenio, en comparación con el periodo anterior, según datos de la Cámara Minera de México.
En tres años, la producción de oro y plata en las minas de la región rebasa los mil millones de dólares. Actualmente 673 concesiones explotan yacimientos minerales, metálicos y no metálicos; principalmente en Mexicali y Ensenada
La investigación Minería en las tierras bajas de Bolivia realizada por Alicia Tejada revela que las empresas transnacionales Orvana (Canadá), Votorantim (Brasil) y Glosobyk (capital inglés) controlan la actividad minera en tierras bajas, donde la presencia estatal con la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) sólo se limita a la administración del 4 por cien del total de las áreas cedidas para la explotación.
El exministro de Minería y Metalurgia y actual Director de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), José Pimentel Castillo, sostuvo que hablar de la industrialización de los minerales en el país resulta ser una “gran frustración” debido a que no existe el conocimiento suficiente para desarrollar los diferentes planes y proyectos en esta actividad económica.
Pobladores de la comunidad Mallku Khota del Norte del Departamento de Potosí declararon prófugos de la justicia indígena originaria a dos técnicos de la empresa canadiense South American Silver, por no cumplir su sentencia de elaborar dos mil adobes, cada uno, tras ser descubiertos "espiando" en una reunión que realizaban los indígenas sobre por el problema de un yacimiento.
Los abogados de Caimanes quedaron absueltos por el Tribunal Oral de Ovalle tras las acusaciones que hizo la minera de los Luksic que había prevaricación, desórdenes públicos y asociación ilícita.
Dos tercios del total de las comunidades indígenas andinas en el Perú están afectados por la actividad minera. Desde que la dictadura de Alberto Fujimori impuso una nueva Constitución que recortó los derechos territoriales y dio todas las facilidades a la inversión minera, incluidos vergonzosos contratos de estabilidad tributaria, los sucesivos gobiernos han mantenido lo esencial de este modelo neoliberal extractivista.