Aunque la Constitución de México dicta lo contrario, la actividad minera sólo beneficia al sector privado, mientras afecta el derecho al agua, a la alimentación y al desarrollo integral y sustentable del país.
La forma en que actualmente se desarrolla la actividad minera, amparada por la legislación, es contraria a las disposiciones de la Constitución y a los derechos al agua, la alimentación y la autonomía. Es necesario reformar las leyes para ajustarlas a un verdadero interés nacional.
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