El acuerdo logrado el pasado 22 de agosto entre el gobierno y las organizaciones de mineros informales, ha provocado una ola de críticas desde diferentes sectores que perciben que el Ejecutivo vuelve a ceder frente a un sector que no desea entrar a un real proceso de formalización.
Representantes del gobierno han señalado que las interdicciones no se han suspendido y que los plazos definitivos tampoco han sido prorrogados, aunque si se reconoce que algunos plazos intermedios han sido modificados.
Al margen de la especificidad de los acuerdos logrados y si los plazos han sido ampliados o no, lo cierto es que existe la sensación que el proceso de formalización no logra consolidarse y los diferentes sectores del Estado no se presentan articulados para hacer frente a la problemática.
A continuación planteamos algunos elementos para el análisis:
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Recurso revocaría el acto de aprobación unánime del CEA, respecto al proyecto minero, luego que el informe del Servicio de Evaluación Ambiental así lo recomendara.
Mientras unos celebran la renegociación del contrato con las megamineras Barrick Gold y Gold Corp, otros, las más de 3,600 personas que viven en los alrededores de Pueblo Viejo, no la califican de epopeya. Ellas experimentan una muerte lenta, fatigosa y dolorosa; silente para el resto del país.