Miguel Ángel Hernández Calvillo

Un proyecto de nueva ley minera se discute en el Congreso Federal. Se trata de un esfuerzo institucional que ha concitado la participación de organizaciones sociales y comunitarias afectadas por un tipo de actividad en esa industria que se ha manifestado como altamente depredadora de la naturaleza y de las relaciones sociales, al punto en que se puede plantear, sin mayores sobresaltos, de afectaciones socio-ambientales cuando se trata de inversiones que no toman en cuenta la opinión, costumbres y necesidades materiales de subsistencia de las poblaciones que habitan los lugares en donde se asientan este tipo de empresas. Particularmente nociva ha resultado la denominada “minería de tajo a cielo abierto”, por los impactos negativos que para la salud pública y la preservación de especies únicas de flora y fauna tiene esa modalidad de explotación minera.

El plan orientado a establecer impuestos adicionales al sector minero de México tendrá un impacto significativo en la industria y perjudicará las inversiones, dijo a BNamericas Héctor García, socio de PwC.

El proyecto de reforma tributaria, presentado por el gobierno, propone un impuesto adicional de 7,5% sobre las ventas a partir de actividades mineras, menos ciertos descuentos permitidos en el marco de la normativa del impuesto a la renta, y un gravamen de 0,5% sobre los ingresos brutos de la producción de oro, plata y platino.

El impacto de los impuestos "será muy dramático, pero no solo porque sea muy alto, sino que también por la fórmula para calcularlo, la cual no es justa", indicó García, puesto que la depreciación y pérdidas acumuladas no son deducibles.