Titular de la SVS, Fernando Coloma, dijo ayer que en seis meses el caso podría ser derivado al Ministerio Público
La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) tiene seis meses, a partir del 6 de septiembre pasado, para decidir si sanciona o absuelve a Julio Ponce Lerou y otros tres altos ejecutivos del grupo SQM por infracciones a las leyes de mercado de valores y de sociedades anónimas. Una vez terminada esa fase, y si se ratifican las imputaciones, el caso podría ser derivado por la SVS al Ministerio Público para su análisis penal. El titular de la SVS, Fernando Coloma, fue claro ayer al respecto: “cuando se dicte la resolución final que tenga la superintendencia, y si ahí se confirma la sanción, entra la investigación del Ministerio Público”.
Entre los cinco cargos formulados contra Julio Ponce, dos son delitos que se sancionan con penas de cárcel de hasta 10 años: las infracciones al artículo 53 por efectuar transacciones ficticias y transar o inducir a transar valores por mecanismos engañosos o fraudulentos.
El Código Procesal Penal da un plazo de 24 horas a los funcionarios públicos a que denuncien hechos que pudiesen ser constitutivos de delitos. La Ley de Mercado de Valores, sin embargo, establece en su artículo 58 que ese plazo se contará una vez que la SVS haya “efectuado la investigación correspondiente que le permita confirmar la existencia” de esos hechos. A ello alude Coloma con el cierre de la investigación administrativa, aún en curso.
Ese plazo, no obstante, no se cumplió en otro caso: La Polar. Fernando Coloma presentó una denuncia ante el fiscal regional metropolitano el 17 de junio de 2011, 10 días después de estallar el escándalo y semanas antes de formular cargos contra los involucrados. Abogados que han seguido el asunto cascadas dicen que lo que ocurrió en el caso La Polar fue excepcional, que la SVS actuó cuando el Ministerio Público ya había activado una investigación y que lo hizo en otro contexto, con una presión y urgencia muy distintas.
Como sea, la arista penal podría abrirse antes del plazo de los seis meses, creen juristas involucrados en la causa. Ello puede ocurrir por dos vías. La primera es que algún minoritario presente nuevas querellas basadas en la resolución de la SVS.
La segunda es que alguno de los fiscales que investigan causas ligadas a SQM pidan a Coloma la documentación.
Las dos causas
Una investigación penal está en manos del fiscal Felipe Díaz, quien indaga una querella interpuesta por un accionista minoritario, Roberto Lobos Cerda, por transacciones ficticias con títulos de SQM intermediados por Linzor Capital. El fiscal Díaz declinó comentar ayer si pedirá la resolución a la SVS, pero dijo que durante todo el proceso ha estado pidiendo antecedentes al regulador.
La segunda causa la lleva el fiscal Ezio Braghetto, por la querella de Julio Ponce contra Moneda. Braghetto pidió una audiencia para el lunes 23 de septiembre en el 4to Juzgado de Garantía de Santiago para reabrir la causa, que había sido sobreseída. Una fuente ligada a la Fiscalía Oriente dijo que por ahora no le pedirán a la SVS su investigación.