Al medio día de este domingo fue rescatado el cuerpo de una mujer en la mina ilegal de Santander de Quilichao, con la cual aumentan a 12 las víctimas mortales de la tragedia ocurrida el pasado miércoles. Se estiman que aún habrían cuatro personas desaparecidas.
Desde las 6:00 a.m. de este domingo se reactivaron los operativos de búsqueda de los cuerpos de los mineros que quedaron sepultados en un derrumbe en Santander de Quilichao, el miércoles pasado.
El pasado sábado, los organismos de socorro lograron el rescate de ocho cuerpos, que se suman a las tres víctimas mortales que fueron halladas el mismo día de la tragedia.
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No hay experiencia exitosa de monitoreos participativos o exitosos. En el Perú los estados y gobiernos débiles o sumisos lo hacen imposible.
Comuneros de la provincia de Sucre se encuentran marchando rumbo al nevado Ccarhuarazo, en la provincia de Sucre, Ayacucho, en protesta por el intento de la minera australiana Laconia South America SAC, que pretende depredar dicho nevado, ícono mayor de la belleza del paisaje en esta provincia, además de una considerable extensión de tierras en el lugar. Las comunidades ya habían rechazado las operaciones de la empresa y denegaron la licencia social con un rotundo 90% de votos, perola minera cuenta con el respaldo del ministerio de Energía y Minas, que incluso gasta los recursos de todos los peruanos viajando a la zona intentando convencer de este atentado contra el paisaje y el ambiente.
La familia Callejas, ampliamente conocida en el mundo de la minería, tuvo que solicitar la quiebra de la Minera Cerro Dominador. El 28º Juzgado Civil de Santiago resolvió que el síndico de quiebras, Enrique Ortiz D’Amico se haga cargo de manera provisoria del proceso. De acuerdo a medios regionales, como El Mercurio de Calama, la deuda alcanzaría los US$ 30 millones.
Hace más de 2 años que el Valle de Elqui está en la mira de una de las mineras más grandes del mundo. La gigante canadiense Teck Cominco inició, en la más absoluta reserva, una serie de sondajes y exploraciones al interior de Cochiguaz.
Ayer, comunidades Diaguitas recurrieron a la Corte Suprema para revertir el rechazo que sufrieron en la Corte de Apelaciones de Copiapó que consignó que la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto minero El Morro, de la firma canadiense Gold-corp, se realizó de acuerdo a la ley y respetando la normativa vigente, incluyendo el proceso de consulta indígena establecido por el Convenio 169 de la OIT.
“Aquí, cada tres días sale un viento horrible. La población se tapa con una nube de arena del relave y nosotros absorbemos todas esas partículas”, dice María Cortés en su casa del barrio Aeropuerto de Chañaral. Como ella, cientos de vecinos de la comuna de la Región de Atacama todavía sufren el impacto de la acumulación de relaves de cobre que por décadas fueron arrojados en la bahía.
Acordó con los ejiditarios pagarles cuatro onzas de oro por año por cada hectárea ocupada para la explotación de ese mineral, plata, zinc y cobre. Habían montado un campamento alrededor del acceso principal a la empesa desde el pasado primero de abril, cuando venció el contrato de arrendamiento de las tierras. Los pobladores vienen denunciando severos daños a la salud y sus producciones. Las actividades mineras se reiniciarán actividades este domingo a las 3 de la tarde.
El pueblo es el dueño de los recursos naturales y tenemos derecho a participar
Íntag está fracturada por la minería. En este valle, recostado a los pies de la cordillera del Toisán, en el norte de Imbabura, las actividades mineras polarizaron a sus moradores. Muchos son campesinos, colonos que llegaron desde mediados del siglo pasado, estimulados por la reforma agraria.