Una quinta parte de la Sierra Norte de Puebla está en manos privadas para desarrollar proyectos mineros, hidroeléctricos y de explotación de hidrocarburos, el 73% de las tierras privadas pertenecen a la empresa canadiense Almaden Minerals, quien planea la construcción de una mina a cielo abierto en 122 mil hectáreas del municipio de Ixtacamaxtitlán, aseguró Tamar Ayrikyan, coordinadora de Investigación de la organización Poder. Durante una rueda de prensa el pasado jueves con Leonardo Durán, del Consejo Tiyat Tlali; Esmeralda García Moreno, representante del Comité de Defensa del Territorio de Ixtacamaxtitlán; Ignacio Carmona Cruz, juez de paz de Loma Larga, y Fortunato Luna, presidente del Consejo de Vigilancia de Almeya, la organización Poder dio a conocer que el 13% del territorio serrano está en manos de Almaden Minerals para desarrollar un proyecto más grande que el de Caballo Blanco en Veracruz.
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El paquete normativo, en gran medida, no permite establecer con claridad una relación causal entre el problema y las medidas propuestas. En razón de ello, tampoco existe un análisis costo beneficio de lo que se gana y de lo que se pierde. No se explicita, aunque se puede intuir, quiénes son los beneficiados y quiénes resultarán afectados con ellas. Es más, los afectados ni siquiera son visibilizados como tales y por lo tanto, sus derechos e intereses están ausentes en el diseño del proyecto de ley. Analicemos un ejemplo.
Ricardo Salinas Pliego está detrás del mega proyecto minero Los Cardones, asegura el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, anunciando que el próximo lunes 7 de julio marcharán, a partir de las nueve de la mañana, desde el Parque Revolución hasta las instalaciones de Tv Azteca Baja California Sur, “para hacérselo saber a la gente que no lo sabe y para hacerle saber a él que no vamos a aceptar un mega proyecto minero en nuestras zonas de recarga de acuíferos, como es la Sierra de la Laguna”.
COMUNICADO PUBLICO AGE ACONCAGUA
Al momento de utilizar un discurso de convencimiento a la sociedad respecto a temas sensibles, en este caso la muy cuestionada megaminería, impulsada como nunca antes por el actual gobierno del Ecuador, éste ha acudido a varios conceptos que por repetición se intenta lograr que sean aceptados por el ciudadano común.
En su calidad de presidente de la Comisión de Evaluación Ambiental, elintendente regional Emilio Rodríguez manifestó su intención de desistirse del recurso de apelación en la Corte Suprema, interpuesto contra la sentencia que dejó sin efecto la 
Concejal de Alto del Carmen denuncia presiones de Barrick y el abogado Lorenzo Soto por exigir información sobre el memorándum de entendimiento entre comunidades diaguitas y la transnacional canadiense impulsado por los abogados Lorenzo Soto y Alex Quevedo. Emplaza a los profesionales del derecho a entregar información sobre el acuerdo, y denuncia que la firma se hizo de forma inconsulta. Por lo que asegura, “se están vulnerando los derechos indígenas en el Valle del Huasco”.
DECLARACIÓN PÚBLICA CONCEJAL DE ALTO DEL CARMEN Y DIAGUITA
La Asamblea Popular por el Agua, volvió a rechazar la idea que tiene el Gobierno provincial de reactivar el proyecto San Jorge, de explotación de cobre y oro en la mina ubicada a 45 kilómetros de Uspallata.
El Gobierno proyecta atraer inversiones con la reducción de impuestos en la importación de equipos destinados a la minera, ante los escasos proyectos de prospección y exploración en el sector. "Tiene que haber una seguridad jurídica que permita que los operadores mineros inviertan con la seguridad que corresponde", informó el viceministro de Política Minera, Eugenio Mendoza.