Más de 19.000 habitantes de los municipios de Vitichi y Caiza D, en la provincia Nor Chichas del departamento de Potosí, enfrentan los riesgos de insalubridad por la contaminación de las aguas y los suelos de la región, según el reporte de Radio Aclo de Erbol.
El representante de las comunidades contaminadas Santiago Condori manifestó que los habitantes ya están cansados de pedir la declaratoria de “zona de desastre”, porque necesitan agua limpia para proyectos productivos.
Marvin Choque, concejal de Caiza D, afirmó que “la Ley Marco de Autonomías le permite emitir un decreto departamental declarando zona de desastre a todas esa cuenca (…) pero está claro que el gobernador (Félix Gonzales) está al lado de los mineros que controlan porque tiene plata. Ya nos dijo en una ocasión el gobernador ‘yo no quiero meterme con el sector minero porque sería desestabilizar mi gobierno’”.
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Grupos ambientalistas anunciaron este lunes que solicitarán al gobierno que se instalará el próximo 1 de julio en Panamá que declare al país como libre de minería, mediante la revisión de leyes del sector.
Los gobiernos regionales en Perú no cumplen con la labor de supervisar a las personas y empresas dedicadas a la minería artesanal e ilegal en el país, ni reportan estas actividades a las entidades competentes, reveló un informe del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
Los pronunciamientos son cada vez más audaces. A los reclamos por los supuestos excesos en los trámites que enfrentan los inversionistas, voceros empresariales y algunos editoriales de la prensa han comenzado a mencionar que la culpa de todos los males la tienen algunos ministerios. El Ministerio del Ambiente (MINAM) es uno de los blancos principales.
El XIV Ayuntamiento de La Paz dio a conocer que independientemente de la resolución de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), respecto al proyecto minero Los Cardones, el Municipio no otorgará los cambios de uso de suelo.
Angloamerican podría dejar sin agua a El Melón.-
La organización Fundación Ciudadanos Independientes de San Juan—FuCI ha denunciado penalmente por incumplimiento de la Ley de Glaciares y de los deberes de funcionario público, al Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS)—Omar Judis y al Director del Instituto Nacional de Nivología, Glaciologia y Ciencias Ambientales (IANIGLA)—Ricardo Villalba, indicando que “hasta la fecha no se ha dado cumplimiento a Ley de Glaciares, pese haberse vencido todos los términos en ella estipulados.”
En noviembre de 2009, Mariano Abarca Roblero, representante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), en Chicomuselo, Chiapas, fue asesinado frente a su hogar, tras haber participado en una serie de enfrentamientos con trabajadores de una empresa canadiense que extraía minerales cerca de la zona. Sin embargo, hasta la fecha, ninguna persona ha sido sancionada conforme a lo que marcan las leyes mexicanas cuando se comete un asesinato, denunció José Luis Abarca Montejo, hijo del activista.
Alrededor de 600 integrantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes de la 28 de Octubre, el Frente Poblano en Contra del Autoritarismo y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua marcharon este martes en memoria de los caídos del "Halconazo" del 71 y contra proyectos mineros, hidroeléctrico y el Gasoducto Morelos.
En el dia de ayer la Camara de Apelaciones de Cordoba ha dictado un fallo a favor de la CNEA (Comision Nacional de Energia Atomica) por lo que se AUTORIZA A REINICIAR LOS TRABAJOS MINEROS en el proyecto de uranio de Las Cañas a 20 km de la ciudad de La Rioja.