La mañana del 14 de junio de 2014, la plaza de Cotacachi fue el punto de reunión de varias decenas de personas que tenían la intención de llegar a Junín, una de las comunidades del territorio conocido como Íntag, epicentro de un grave conflicto socioambiental que sacude a Ecuador.
Desde hace varias semanas –44 días en total– la policía nacional mantiene un fuerte dispositivo en Junín. Es un pueblo de 260 habitantes, a más de cuatro horas en autobús de la ciudad más próxima –Cotacachi u Otavalo, ambos cantones de la provincia de Imbabura, en el norte del país– y rodeado de una naturaleza subtropical, llena de ríos, como todo el valle de Íntag. Es el centro de la disputa porque en su subsuelo hay cobre que es codiciado por varias empresas desde hace veinte años.
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Los habitantes de los municipios de Vitichi, Caiza "D", Chaquí y Puna de la cuenca de La Lava en el departamento de Potosí masificaron hoy el bloqueo de caminos que se inició ayer en contra de la contaminación que genera la explotación minera en el agua de la región, informó la comunaria María Bonifaz.
Ambientalistas: ¿héroes o mártires? Casi mil activistas ambientales fueron asesinados en todo el mundo en la década que fue de 2002 a 2013, según una investigación de Global Witness que la propia ONG reconoce incompleta. Víctimas y culpables son siempre los mismos: ambientalistas, aborígenes, campesinos, grandes corporaciones, latifundios, gobiernos. Pero las condenas no llegan al 1% de los casos. Nadie hace nada.
Una quinta parte de la Sierra Norte de Puebla está en manos privadas para desarrollar proyectos mineros, hidroeléctricos y de explotación de hidrocarburos, el 73% de las tierras privadas pertenecen a la empresa canadiense Almaden Minerals, quien planea la construcción de una mina a cielo abierto en 122 mil hectáreas del municipio de Ixtacamaxtitlán, aseguró Tamar Ayrikyan, coordinadora de Investigación de la organización Poder. 
El paquete normativo, en gran medida, no permite establecer con claridad una relación causal entre el problema y las medidas propuestas. En razón de ello, tampoco existe un análisis costo beneficio de lo que se gana y de lo que se pierde. No se explicita, aunque se puede intuir, quiénes son los beneficiados y quiénes resultarán afectados con ellas. Es más, los afectados ni siquiera son visibilizados como tales y por lo tanto, sus derechos e intereses están ausentes en el diseño del proyecto de ley. Analicemos un ejemplo.
Ricardo Salinas Pliego está detrás del mega proyecto minero Los Cardones, asegura el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, anunciando que el próximo lunes 7 de julio marcharán, a partir de las nueve de la mañana, desde el Parque Revolución hasta las instalaciones de Tv Azteca Baja California Sur, “para hacérselo saber a la gente que no lo sabe y para hacerle saber a él que no vamos a aceptar un mega proyecto minero en nuestras zonas de recarga de acuíferos, como es la Sierra de la Laguna”.
COMUNICADO PUBLICO AGE ACONCAGUA
Al momento de utilizar un discurso de convencimiento a la sociedad respecto a temas sensibles, en este caso la muy cuestionada megaminería, impulsada como nunca antes por el actual gobierno del Ecuador, éste ha acudido a varios conceptos que por repetición se intenta lograr que sean aceptados por el ciudadano común.
En su calidad de presidente de la Comisión de Evaluación Ambiental, elintendente regional Emilio Rodríguez manifestó su intención de desistirse del recurso de apelación en la Corte Suprema, interpuesto contra la sentencia que dejó sin efecto la 
Concejal de Alto del Carmen denuncia presiones de Barrick y el abogado Lorenzo Soto por exigir información sobre el memorándum de entendimiento entre comunidades diaguitas y la transnacional canadiense impulsado por los abogados Lorenzo Soto y Alex Quevedo. Emplaza a los profesionales del derecho a entregar información sobre el acuerdo, y denuncia que la firma se hizo de forma inconsulta. Por lo que asegura, “se están vulnerando los derechos indígenas en el Valle del Huasco”.