El rechazo a los proyectos de inversión se da en todos los sectores y a todo nivel. Aunque la frase, que se repite entre empresarios y ejecutivos, tiene mucho de cierta, hay algunos matices.
Hoy existen en el país proyectos que suman unos US$70 mil millones que están en riesgo por temas sociales, lo que ha encendido las luces de alarma en el sector empresarial y también en el gobierno, que está buscando fórmulas para destrabar estas inversiones mediante un apoyo directo y decidido a su concreción.
Entre las principales inversiones paralizadas o en riesgo están HidroAysén, con un costo de US$7.888 millones -sumando las centrales y la línea de transmisión- la planta de Agrosuper en Freirina (US$480 millones), Pascua Lama (US$8.500 millones), la central termoeléctrica Barrancones (US$5.000 millones), Castilla (US$4.400 millones), planta Paine, de CCU (US$300 millones) y más recientemente el proyecto minero El Morro, que implica una inversión por US$3.900 millones.
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OCRN 27/14
La violencia policial desproporcionada, los crímenes cometidos por policías que detienen arbitrariamente, golpean, torturan, hieren y hasta matan en Cajamarca no es un hecho aislado. El reciente asesinato de Ivan Flores por resistirse a un desalojo que contaba con orden judicial sólo es la muestra de una política y leyes que permiten que los policías que cometen actos criminales queden en la impunidad.
Los empresarios mineros saben que para ganar plata hay que controlar a los cholos. Toda su política de responsabilidad social se trabaja en la perspectiva de cooptar al dirigente, para ello los ofrecimientos de dinero, de trabajo para él y sus familiares y convertirse en empresario que ofrece servicios a la mina constituye parte de sus políticas. Con el tiempo notaron que estas herramientas son insuficientes, para completar esta responsabilidad social basada en corromper, transitaron a manejar servicios de inteligencia que les proporcione información sobre la organización social y la acumulación de descontento, esto les permitía adelantarse con políticas clientelares, de represión con la siempre útil acusación de subversivo. El peso represivo los llevo a instalar comisarias al interior del campamento minero, de firmar acuerdos con la policía a cambio se suculentos beneficios pecuniarios y carta blanca para las empresas de seguridad. Sin embargo tener policías a disposición no infundía miedo ni atenuaba las protestas, para ello se requiere una propuesta más sofisticada. Que responsa a la organización social con organización social minera, que los discursos de reclamo sean enfrentados por “el dialogo” ...
En el mundo entero y de forma particular en America Latina evidenciamos que el extractivismo y la violencia contra la mujer van de la mano.
En la ciudad de Oruro en fecha 13 y 14 de noviembre del año 2014, se llevó a cabo el Ampliado Ordinario de la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Contaminación Minera y Protección del Medio Ambiente de Bolivia (CONAMPROMA), que luego de un análisis y deliberación sobre la realidad ambiental de las comunidades, Territorios Indígenas Originarios Campesinos, Ayllus y Markas afectadas por la contaminación minera en los diferentes departamentos de Bolivia, emite las siguientes conclusiones:
Comunidades de El Magistral y Chupaderos denunciaron casos de pobladores con heridas en la piel provocadas por el contacto con el agua de los ríos Pánuco y Charcas, a pesar de que las autoridades sanitarias de Sinaloa afirman que no hay contaminación por el derrame de jales mineros que ocurrió el mes pasado.
Hoy 19 de noviembre inicia la votación del Public Eye Award, el premio a la peor empresa del mundo.
Muchos vecinos siguen resistiendo el avance de la minería y se han realizado muchas movilizaciones en toda la provincia para repudiar las modificaciones de las leyes que y la defensa del agua. Dos de ellas tuvieron como escenario el departamento, como la de Ruta Nacional 143 Norte y La Olla, en Real del Padre, y otra en la Ruta Provincial 202, en la zona de Jaime Prats.