Unos 500 comuneros de los ejidos Cerro Gordo, Cedros, Las Mesas y Palmas Grandes bloquearon ayer el acceso principal a la mina de oro a cielo abierto Peñasquito, en el municipio de Mazapil, 300 kilómetros al noroeste de esta capital.

Los ejidatarios señalan que la empresa, propiedad de la canadiense Goldcorp, no ha cumplido con la construcción de una clínica-hospital, la pavimentación de la carretera interestatal Mazapil-Melchor Ocampo ni la modernización de la vía que conectaría la comunidad de Cedros con El Jagüey, entre otros compromisos que datan de 2009.

Una decena de patrullas con al menos 50 policías estatales entraron al complejo para resguardarlo, y fuera hay patrullajes de soldados, policías federales y ministeriales del estado.

Los baronesde la minería mantienen su riego tóxico a lo largo y ancho de la República perforada. Ahora fue Peñoles, del empresario “totalmente Palacio” Alberto Bailleres, consorcio que derramó 82 mil litros de solución rica en cianuro en una mina cerca de Caborca, Sonora y, como sucedió en agosto pasado en Cananea, con Grupo México (de Germán Larrea, otro magnate Forbes) fue la población y no el consorcio quien dio cuenta del venenoso suceso a la autoridad ambiental, la cual, de nueva cuenta, tardó en reaccionar.

Trabajadores del consorcio minero denunciaron que el citado derrame tóxico se registró el 23 de diciembre de 2014. La autoridad “responsable” entró en acción tardíamente, con un patrón similar al utilizado con Grupo México en el derrame de Cananea, cuando la Semarnat y la Profepa, más el gobernador Guillermo Padrés, se apuraron a dar cobertura al consorcio de Germán Larrea (el de Pasta de Conchos) y anunciar ridículas “multas” por el suceso.