20 Enero 2015
Por: Alejandro Bonada
A lo largo de la historia, Baja California no se ha caracterizado por ser un estado minero. Su extenso litoral, la diversidad de ecosistemas tales como el bosque, desierto, oasis y el privilegiado clima mediterráneo del noroeste de la península han sustentado las actividades humanas desde la época prehispánica.
Son pocos los proyectos que han intentado explotar los yacimientos minerales en el territorio. Para encontrar los casos más significativos es preciso remontarse a mediados del siglo XIX, en la época de la fiebre del oro en la cual varios exploradores y gambusinos de origen mexicano y estadounidense recorrieron la península para encontrar betas de oro.
Los planes se cristalizaron entre las décadas de 1870 y 1880, con los sitios de Real del Castillo y El Álamo, ambos el actual municipio de Ensenada. Aquel contexto respondía a los planes de colonización y activación económica del entonces Partido Norte de la Baja California.
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El día 20 de Enero miembros de la Policía Nacional del Perú en compañía de miembros de la empresa SECURITAS, empresa que brinda seguridad a la minera Yanacocha, irrumpieron en la vivienda de Máxima Acuña Chaupe, a pesar de que ya se ha dado un fallo judicial en el que se libera de culpa por usurpación de tierras a la familia de Máxima.
Sin mediar consulta previa, libre e informada, la Secretaría de Energía (SE) otorgó cinco concesiones a la empresa Minera del Norte, S. A. de C. V., para la exploración y explotación de hierro en siete comunidades del municipio de Santiago Yosondúa, perteneciente a la región Mixteca, denunció el presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), Maurilio Santiago Reyes.
A lo largo de la su historia y como parte de su cultura, los pueblos originarios han generado saberes esenciales para la conservación de la vida, gracias a un profundo conocimiento de su entorno, heredado de generación en generación.
En el marco de la conmemoración del 5 Aniversario de los asesinatos de las mártires ambientalistas, esta la posición del Arzobispo de San Salvador José Luis Escobar Alas sobre prohibición de minería en El Salvador.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación avaló la vigencia de la ley nacional 26.639 de protección de los glaciares y del ambiente periglacial, al revocar una medida cautelar que tenía frenada la aplicación de la norma en la provincia de Jujuy.
Esta publicación se propone generar debates. Plantea como problema inicial que nuestro mundo atraviesa una crisis civilizatoria que, a raíz de las lógicas capitalistas, patriarcales y profundamente coloniales que organizan la sociedad humana de hoy, amenaza la vida de las generaciones futuras, incluso la supervivencia de nuestra especie. El planeta es finito, y el modo de vida depredador de la Naturaleza que se nos presenta como “desarrollo” nos ha llevado a irrespetar estos límites.
La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) encontró fallas en el manejo ambiental en los tres proyectos mineros a cielo abierto encajados en el Corredor Biológico Mesoamericano.
Una nueva norma expedida el 6 de enero para impulsar la inversión en proyectos mineros afectaría derechos de las comunidades campesinas al modificar y hacer más débiles algunos requisitos y procedimientos.