“Esa tutela, que fue admitida el mismo día por el juzgado, resume la voz de por lo menos 75.000 afrodescendientes que están pidiendo que los gobernantes de Colombia se ocupen del desastre ambiental en la cuenca del río Atrato, en el Chocó”, cuenta El Espectador.
Y agrega que representantes de 180 consejos comunitarios, entre los que se encuentran el Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato (Cocomopoca) y el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomacia), acompañados de las abogadas Xiomara González y Carla Henríquez, de la ONG Tierra Digna, se sumaron al proceso jurídico que está enfocado en la protección de sus territorios.
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