La situación que vive la provincia de Espinar se torna preocupante. En menos de una semana se han conocido dos noticias que han generado inquietud en sus pobladores y autoridades. En primer lugar, la drástica reducción de las transferencias del canon minero, lo que significa un recorte de más del 90% de los ingresos programados para este año y por otro lado el pedido de diez años de prisión para el alcalde Oscar Mollohuanca y otros dirigentes sociales de la zona.
¿Qué está pasando? ¿Todo es una desafortunada coincidencia? Lo lamentable es que estos hechos le añaden tensión a una zona del país en la que la población y sus autoridades han estado haciendo un enorme esfuerzo para superar el escenario de conflicto que se presentó en mayo de 2012.
Sobre el tema del canon y la reducción de las transferencias, lo menos que se le debería pedir a esa “isla de excelencia del Estado peruano” (así es como se autocalifican), que se llama Ministerio de Economía y Finanzas, es una explicación de cómo así presentaron presupuestos de apertura con datos tan errados. ¿Qué les pasó? La transferencia programada para Espinar era de 65´531,309.00 millones de soles y van a recibir apenas 5´031,688.88 millones de soles.



Dirigentes de la Comunidad de Yanta, en la provincia de Ayabaca, Piura, denunciaron acciones de hostigación del personal de la empresa minera Río Blanco y de efectivos de la Policía Nacional del Perú.
El 28 de julio se cumplen dos años del gobierno de Humala. Dos años que parecen más. Hace 24 meses se inició el gobierno de Gana Perú en medio de una gran expectativa: pese a que la propuesta de la gran transformación se convirtió en la hoja de ruta en la segunda vuelta, las expectativas de cambios y reformas sustantivas fueron muy altas.