En octubre de 1999 el complejo minero Cerro Verde ubicado a 30 kilómetros de la ciudad de Arequipa, pasó de manos de una multinacional a otra como parte de una transacción en el exterior, sin conocimiento y autorización del Estado peruano, requisito indispensable para mantener congelados los beneficios tributarios de los que gozaba desde 1994 cuando sus primeros dueños firmaron un convenio de estabilidad jurídica. Convoca.pe confirmó que, además de los 500 millones de soles en regalías que la Sociedad Minera Cerro Verde dejó de pagar entre los años 2008 y 2013, el Estado olvidó por negligencia y falta de control un compromiso que hubiera reportado más de dos millones de dólares por el pago de impuestos a los dividendos surgidos de las utilidades anuales de la empresa.
En noviembre de 1993, una de las empresas del grupo Cyprus tomó el control de la mina a tajo abierto de cobre operada por la estatal Minero Perú, luego de ganar una licitación internacional impulsada por las entidades COPRI y la CEPRI, hoy Proinversión.
Cyprus Minerals Company fue la única que presentó una propuesta monetaria para adquirir Cerro Verde —US$ 34 millones por el 91% de las acciones— de las 19 sociedades que se presentaron a la buena pro. Tras una planificada fusión entre compañías vinculadas al grupo minero de capitales estadounidenses, la sociedad ganadora cedió sus derechos a Cyprus Climax Metals Company, otra empresa vinculada, para operar la mina según se señala en el Acta del comité especial de Minero Perú.
Cuatro meses después de que la empresa extranjera se hiciera del control de la Sociedad Minera Cerro Verde (SMCV), el 18 de marzo de 1994, Cyprus Climax Metals Company firmó con el Estado un Convenio de Estabilidad Jurídica, — un contrato ley inmodificable por el plazo que se establezca—para estimular la inversión en el sector minero que por esos años no superaba los US$ 22 millones debido a la inestabilidad económica y la violencia subversiva.
El convenio firmado con la CONITE (Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras) contenía once cláusulas que apuntaban a garantizar beneficios por un plazo de diez años, con una inversión de casi US$ 34 millones en la mina de tajo abierto de cobre.
El punto más importante para Cyprus Climax, la dueña de Cerro Verde, era la cláusula terceraen la que figuraba que no se aplicaría —amparado en el artículo 25 del decreto legislativo 774, Ley de Impuesto a la Renta de 1993— un impuesto a la distribución de sus utilidades y a las remesas enviadas al exterior que correspondían al inversionista.
La cláusula octava establecía claramente que la minera no tenía derecho a ceder las acciones total o parcial de la mina a terceros en los siguientes diez años, sin antes obtener la autorización oficial de la CONITE. Su incumplimiento determinaría la resolución de todos los beneficios estipulados en el convenio, incluido los tributarios.
Mala memoria
En 1999, cinco años después de haberse firmado el convenio, y oficialmente vigente hasta 2004, Phelps Dodge Corporation —establecida en Phoenix, Arizona— compra en el exterior los activos de Cyprus Amax Minerals Company, la matriz de Cyprus Climax Metals Company, en una operación que costó US$ 1.8 billones. Tal como aparece en su reporte anual del mismo año con la adquisición del grupo Cyprus, Phelps Dodge pasó a ser dueña del 82% de las acciones de Sociedad Minera Cerro Verde.
Tal como se estipuló en el convenio del 18 de marzo de 1994, esta operación millonaria, requería previamente una comunicación y permiso del Estado. Este permiso no figura en los archivos de las autoridades pertinentes.
Convoca.pe solicitó a las autoridades, por medio de un pedido de acceso a la información pública, detalles de la autorización que Cyprus Climax debió pedir a las entidades encargadas como la CONITE (hoy Proinversión) y el Ministerio de Energía y Minas.
El 5 de febrero pasado, el Ministerio de Energía y Minas respondió que “debían denegar el pedido de información (solicitado por Convoca.pe) por no contar con dicho documento (la aprobación del Estado peruano en esta operación comercial) y no tener la obligación de producirlo.”
Similar consulta se trasladó a Proinversión, entidad que reemplazó a la CONITE y responsable de canalizar esa información referente a los convenios suscritos en los años 90. El 12 de febrero, la entidad respondió por escrito que el documento de autorización del Estado “…aprobando la cesión de Cyprus Climax Metals Company en favor de Phelps Dodge que usted solicita no obra en nuestros actuados.”
Convoca.pe también se comunicó con representantes de los dueños actuales de Cerro Verde, Freeport-Mcmoran Inc. desde el 23 de enero del 2019, vía correo electrónico, de manera presencial en sus oficinas en San Isidro y por vía telefónica. La única respuesta que se obtuvo al cierre de esta edición y con respecto a la autorización referida, fue que “Sociedad Minera Cerro Verde desea precisar que Phelps Dodge Corporation nunca ha sido accionista de la empresa minera.”
El reporte anual de Phelps Dodge Corporation de 1999 señala, sin embargo, lo contrario a la breve respuesta de Freeport-Mcmoran Inc: la empresa sí pasó a ser dueña del 82% de las acciones de la Sociedad Minera Cerro Verde, al adquirir Cyprus Amax Minerals Company, matriz de Cyprus Climax Metals.Co. Esta falta de precisión en la información entregada por Cerro Verde no fue aclarada a Convoca.pe a pesar de haber efectuado nuevas consultas en los días siguientes.
Las respuestas tanto de las autoridades peruanas como de la empresa sugieren que el convenio fue ignorado para asumir otros acuerdos con el Estado más adelante. Consultado el abogado tributarista, David Bravo, señaló que en caso no exista esta autorización demostraría un acto de “negligencia” por parte del Estado por no haberse puesto en conocimiento sobre esta transacción de las acciones para defender el interés público.
En julio del 2017, en la Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema tuvo lugar el pedido de nulidad de sentencia, que obligaba a Cerro Verde a pagar a la Sunat alrededor de S/. 500 millones en regalías para Arequipa desde 2008; el abogado de la entidad tributaria, Francisco Eguiguren, explicó a los jueces que la minera suscribió en 1998 un nuevo contrato de estabilidad aun cuando existía uno firmado en 1994 . “Han llegado a coexistir dos convenios», señaló el abogado.
La defensa de Cerro Verde, Luis Rodrigo Prado del estudio Rodrigo, Elías & Medrano Abogados en su descargo señaló públicamente que el convenio de 1998 “subsume y reemplaza a la primera con conocimiento de las autoridades mineras y la Sunat”; lo cual sugiere que el primer compromiso con el Estado de 1994 fue ignorado posteriormente.
En el litigio judicial por las regalías no pagadas del 2008 al 2013, Cerro Verde solo hace referencia a contratos de Garantías y Medidas a la Promoción de la Inversión —firmados el 16 de marzo de 1994, 13 de febrero de 1998 y julio del 2012—, un tipo de acuerdo que contempla la ejecución de un proyecto de inversión específico acompañado de beneficios tributarios como la reinversión de utilidades. No mencionan en ningún momento el primer compromiso, el Convenio de Estabilidad Jurídica suscrito el 18 de marzo 1994.
Y es que al ignorar o dar por resuelto el Convenio de estabilidad jurídica, Cerro Verde estaba sujeta al pago de los impuestos vigentes al menos desde 1999 cuando la mayoría de acciones pasaron a control de la multinacional Phelps Dodge. Entre ellos el pago de dividendos y las remesas al exterior de los montos que correspondan al inversionista.
Si bien el régimen tributario de los años 90 no contemplaba gravar los dividendos repartidos por las mineras que empezaron a operar en el Perú, esta situación se modificó en 2003 cuando el gobierno mediante la ley 27804, art. 22, aplica el pago de impuestos a los dividendos con una tasa de 4.1 %. Por lo tanto, la minera debía pagar los períodos fiscales correspondientes a los años 2003 y 2004, ¿lo hizo?
Tal como se ha señalado anteriormente, tanto Proinversión como los operadores actuales de Cerro Verde no respondieron a Convoca.pe si hubo una autorización para el traspaso de acciones a Phelps Dodge en 1999.
Al revisar los estados financieros del 2003 de la empresa, se observa que se efectuó la repartición de los dividendos a los accionistas producto de los US$ 43 millones obtenidos ese año en utilidades netas. El directorio de la minera comunicó que el primer pago de dividendos a sus accionistas fue por un monto de US$ 15 millones. Los accionistas eran en ese entonces la extranjera Phelps Dodge Corporation, con el 82% de acciones, la peruana Minas Buenaventura con 9.7%, y los trabajadores y terceros con 8.3%. La decisión del directorio de distribuir se explicaba, a juzgar por el análisis de la empresa, al incremento de la producción y exportación de más de 87 mil toneladas de cobre fino exclusivamente a su empresa norteamericana vinculada, y al incremento de las ganancias que pasaron de US$118.6 millones en 2001 a US$158 millones en 2003.
Así, Cerro Verde debió retener a Phelps Dodge —por ser principal accionista y una empresa no domiciliada en el Perú—, el 4.1% de los millonarios dividendos repartidos con la peruana Buenaventura, y declararlos a la Sunat. Es decir, medio millón, producto de los US$ 12.3 millones de los dividendos que le correspondía según el porcentaje de participación.
El estado financiero de Cerro Verde de ese año solo señala la retención de la renta anual obtenida. No figura la retención relacionada a dividendos.
En un anexo de la memoria anual de la minera figura, según el auditor contratado, que la empresa estaba autorizada según “los contratos de estabilidad jurídica suscritos con el Estado a transferir el íntegro de sus capitales y dividendos al exterior”. El convenio de estabilidad señala efectivamente eso, pero solo si estaba vigente el Convenio de Estabilidad Jurídica.
En el documento financiero del 2004 publicado en la Bolsa de Valores, Cerro Verde reporta US$ 87.6 millones en utilidades, poco más del doble de lo conseguido el año anterior. En este documento elaborado por la empresa, no se menciona una distribución de utilidades a los principales accionistas.
Sin embargo, el accionista minoritario, Minas Buenaventura en su memoria anual del 2004, declara que recibió US$ 4.8 millones en dividendos producto de su 9.8% de acciones en la minera arequipeña lo cual confirma que Cerro Verde también repartió dividendos en 2004 a Phelps Dodge. Dado que la multinacional estadounidense tenía el 82% de las acciones, sus dividendos alcanzaban US$ 44 millones. Según la ley 27804, Cerro Verde debió retener para la Sunat, el 4.1%, de esos dividendos repartidos el 2004 es decir, alrededor de US$ 1.8 millones. Sumado al medio millón del año 2003, Cerro Verde debió retener aproximadamente más de 2 millones.
Consultada la Sunat, esta no se pronunció respecto a los impuestos a los dividendos que Cerro Verde pudo haber pagado esos años. Sin embargo, la entidad respondió mas bien que no hubo «un pronunciamiento de la autoridad competente» sobre la nulidad de ese convenio suscrito, y que habría generado una fiscalización tributaria.
El consultor y expresidente de Petroperú, César Gutiérrez, calificó como “falta grave” la omisión de la autorización de parte del Estado, siendo evidente para él que las acciones de Cerro Verde fueron transferidas de manera indirecta a otra empresa extranjera no domiciliada en el Perú. Señaló que no está prohibido que se realicen este tipo de transferencias, sin embargo el Estado debe conocer la magnitud de la empresa que se hará responsable de Cerro Verde.
El convenio firmado entre el Estado y Cyprus, formó parte de los 257 acuerdos firmados entre 1993 y 2000, que habrían generado -según un análisis de la Sunat elaborado en 2002 sobre su impacto en la recaudación- una pérdida que fluctuaba entre S/. 238 millones y S/. 282 millones.
La incapacidad del Estado para fiscalizar los convenios que eximían del pago de impuestos también es recogido por el ciudadano Dante Martínez, quien denuncia desde hace 13 años a Cerro Verde por “simular la vigencia del contrato de garantías y medidas de promoción a la inversión” (1998) y a la SUNAT, por “fraude procesal administrativo y judicial”. A mediados del año 2018 presentó un informe dirigido al presidente Martín Vizcarra, en el que expone su denuncia que lleva por título: “La millonaria defraudación tributaria cometida por Sociedad Minera Cerro Verde S. A. A. en complicidad de SUNAT”.
A inicios de este año, Martínez presentó una denuncia formal a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la misma que la remitió al Ministerio de Energía y Minas. Esta última entidad respondió que los contratos suscritos no se podían resolver, lo cual Dante Martínez considera un “informe tendencioso”.
No es la primera vez que la empresa Cerro Verde está envuelta en controversias con entidades del Estado. A fines del año pasado, Convoca.pe publicó el especial Juego de precios en el que se pone en evidencia cómo la minera a partir de intercambios comerciales con empresas vinculadas redujo de su renta más de 156 mil dólares, esto bajo el concepto de “comisiones de venta”, concepto que no pudo acreditar ante la sala de un Tribunal Fiscal. En este caso la empresa tampoco respondió con respecto al litigio que tiene con Sunat ante el tribunal.
En 2013, el investigador Manco Zaconetti hizo la siguiente reflexión en el marco de un análisis que publicó sobre los beneficios tributarios obtenidos por la minera Cerro Verde en los últimos años: “Se debe reconocer que los contratos de estabilidad jurídica y tributaria estaban justificados cuando el país era percibido como un paria en el mundo financiero y las inversiones mineras no superaban los 22 millones de dólares anuales (1991), explicables en parte por la violencia terrorista, la inestabilidad económica y el populismo irresponsable que vaciaron las arcas fiscales.” Lo que no se explica ahora es cómo las autoridades del Estado han sido tan negligentes con los compromisos que ellos asumieron y debían hacer cumplir hasta el final a los inversionistas, y que probablemente por esa desidia se ha dejado de pagar a las arcas fiscales.
Fuente:http://convoca.pe/investigacion/cerro-verde-y-el-compromiso-tributario-olvidado?fbclid=IwAR25QiQ4DJKVahhuUjy_ZTAaCtB46LBbwxdu5Utvnktou1z1J1rN-OjVOIg
Hoy salió en el Diario El Peruano el DECRETO SUPREMO Nº 075-2019-PCM, que instala el “Espacio de Diálogo y Cumplimiento de Compromisos”, iniciativa del Ejecutivo que saludamos, pero que al mismo tiempo nos deja con ciertas dudas.
Este lunes volvieron a suspender la audiencia contra diecinueve procesados del caso Las Bambas. Esto debido a que el representante del Ministerio Público no asistió a la audiencia, por lo que el juez de la Subsede judicial de Cotabambas resolvió postergar la audiencia para el día veintidós de mayo. Por otro lado la defensa de los comuneros ha solicitado a las autoridades judiciales la presencia de intérpretes pues la mayoría de comuneros son quechua hablantes.
El Presidente del Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la Provincia de Cotabambas, Victor Limaypuma Ccoricasa, presentó una demanda constitucional de amparo ante el juez del Juzgado Civil Mixto de Tambobamba contra el convenio que existe entre la minera 
El
El presidente de Consejo de Ministros, Salvador Del Solar; cuatro ministros de Estado, los representantes de las comunidades y organizaciones sociales de la provincia de Cotabambas, del distrito de Progreso de la provincia de Grau y la empresa minera llegaron a algunos acuerdos, partiendo de la instalación de una “Mesa de cumplimientos” que se realizará en la mencionada provincia de la región Apurímac.
A las 09:00 horas de este jueves 11 de abril iniciará la mesa de diálogo entre los pobladores de Fuerabamba, representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros y representantes de la minera MMG Las Bambas, a fin de ponerle fin al bloqueo del Corredor Minero del Sur, que lleva 64 días interrumpido.
Ayer, 10 de abril, el secretario general del Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la Provincia de Cotambambas –Víctor Limaypuma Ccoricasa– presentó una demanda de amparo, en Apurímac, contra el convenio celebrado entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y Minera Las Bambas S.A. A través de esta acción legal –con el patrocinio del Instituto de Defensa Legal, EarthRights International, la Asociación Pro Derechos Humanos y CooperAcción– se exige que se deje sin efecto el convenio de servicios policiales extraordinarios suscrito entre la PNP y la empresa minera.
En julio, el dirigente del valle de 
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) dejó sin efecto el estado de emergencia que había ampliado en parte del corredor minero del sur y el distrito de Challhuahuacho, en la provincia apurimeña de Cotabambas.