A 10 años de los lamentables hechos ocurridos en Bagua y Utcubamba, la Defensoría del Pueblo pide al Poder Ejecutivo, implementar la consulta previa durante la evaluación de impacto ambiental y social de los proyectos de inversión que se ejecutan en el territorio nacional.

Si bien, hasta la fecha se han realizado 45 procesos de consulta previa, ninguno se ha realizado en el marco de la evaluación de los impactos socioambientales que afectan directamente a los pueblos indígenas. Es necesario que el  Ejecutivo habilite al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) para que integre la consulta previa al proceso de evaluación de los proyectos, conjuntamente con los mecanismos informativos y participativos.

La Defensoría del Pueblo saluda los avances logrados mediante las consultas previas realizadas por el Estado sobre áreas naturales protegidas o la elaboración de políticas públicas o planes nacionales, no obstante también observa que existen diversos procesos de consulta que no han cumplido lo establecido por el Convenio 169 de la OIT y nuestra ley vigente. “El problema principal es el momento inadecuado en el que se desarrollan los procesos de diálogo. Se realizan en etapas anteriores a la detección y evaluación de los impactos o en un momento posterior al momento en el que se debe dialogar sobre los cambios que incidirán en la calidad de vida de las comunidades indígenas” indicó, Alicia Abanto, Adjunta para el Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo.

Por su parte, la jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Nelly Aedo, sostuvo que, hace falta que el Ministerio de Cultura derogue una directiva que no se sujeta al marco legal y avala la falta de consulta de megaproyectos de inversión vinculados con la infraestructura de servicios públicos. “También, debe implementar el registro de facilitadores del dialogo intercultural, y promover mayor participación de las mujeres indígenas en estos procesos”, remarcó la funcionaria.

Hasta el momento, de los 55 pueblos indígenas identificados, 28 de ellos (amazónicos y andinos) han participado de procesos de diálogo o consulta con representantes del Estado, siendo necesario a criterio de la Defensoría que se mejore la calidad de los procesos de diálogo para lograr cada vez mejores acuerdos. Asimismo, el cumplimiento oportuno de los acuerdos logrados en los procesos de consulta también es otra tarea pendiente.

Al respecto, la Política Sectorial de Salud Intercultural y el Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe al 2021, contienen metas consensuadas con los pueblos indígenas que merecen una atención prioritaria. Por ello, la Defensoría expresa su preocupación ya que la Comisión Multisectorial creada para el seguimiento de los acuerdos no sesiona desde el año 2017.

También cuestiona que el Congreso de la República no haya adecuado su reglamento para implementar la consulta previa de las medidas legislativas. El Pleno del Congreso tiene pendiente esta tarea desde el año 1995.

Como se recuerda, la Defensoría presentó hace diez años un proyecto de ley de consulta previa, que sirvió de base para la determinación del contenido de la Ley N° 29785 y su reglamento vigente. Asimismo, en defensa de este derecho, ha promovido dos procesos constitucionales y emitido más de 50 recomendaciones a las entidades del Estado para garantizar el adecuado cumplimiento del derecho a la consulta de los pueblos indígenas.

Fuente:https://www.defensoria.gob.pe/pedimos-al-estado-cumplir-con-la-consulta-previa-en-la-actividad-minera-y-de-hidrocarburos/?fbclid=IwAR3O8XCdkwLoizJMy2COVVRr8oWhDMJLjQP9CTW0n0YvrGT_-WQ_BcdJzA4

Ayer en el centro poblado de Progreso, distrito de Asillo, provincia de Azángaro se desarrolló una audiencia pública descentralizada entre los dirigentes, pobladores afectados por la contaminación de la cuenca del río Ramis y autoridades del Gobierno Regional de Puno.

En la reunión participaron cientos de pobladores de los distritos de San Antón, Potoni, Crucero, Asillo, Azángaro, Orurillo y otros. Quienes mostraron su preocupación por la contaminación de la minería informal en la cabecera de cuenca, específicamente en el distrito de Ananea y sus sectores Chaquiminas, Ancocala, Pampa Blanca y Oriental.

Al término de la reunión se acordó que los funcionarios de la Dirección Regional de Energía y Minas de Puno ademas de la comisión de regantes Asillo – Progreso, de la provincia de Azángaro, se trasladen al distrito de Ananea, sector de Pampa Blanca, al ser una zona que genera contaminación mediante los relaves mineros.

“A través de la oficina de fiscalización de la DREM se realizará visitas inopinadas a las zonas donde se practica la minería artesanal y pequeña minería para vigilar que los relaves mineros no sean desechados a la cuenca del rio Ramis”, dijo el Gobernador Regional de Puno, Walter Aduviri.

Fuente:http://radioondaazul.com/puno-afectados-por-contaminacion-de-cuenca-ramis-piden-fiscalizar-la-mineria-ilegal-84575.html?fbclid=IwAR32OV7IPcGej-e6TqWStzH2dz7XU9juaPiRvUyVgqfL5jp3-nzWOuk1PeU

Con la firma de un acta de acuerdos culminó la reunión entre el gobernador Baltazar Lantarón con representantes de la empresa, mineros artesanales, autoridades y pobladores que desde hace nueve días estos últimos mantenían un paro indefinido exigiendo el cierre de la planta de procesamiento de mineral Usayma ubicada en el distrito de Vilcabamba, provincia de Grau, en Apurímac.

La reunión que se desarrolló en la sede del gobierno regional fue bastante tensa y en varios momentos del diálogo hubo intercambio de insultos entre pobladores y mineros artesanales, irónicamente de la misma localidad.

Según el acuerdo arribado, los propietarios de la planta de procesamiento tendrán ocho meses de plazo para desmantelar y reubicarla a otro punto de la región (no se precisó dónde) y continuar con sus actividades de procesamiento sin más conflictos.

Por su parte, los pobladores y autoridades de la localidad acordaron suspender la medida de fuerza y levantar el bloqueo de la vía, solicitando además el cese de la persecución a dirigentes y pobladores por parte del Ministerio Público y Policía.

Para el próximo 13 de junio será instalada la mesa técnica en Chuquibambilla donde se abordará la agenda pendiente, como la inclusión de la provincia de Grau en el área de influencia del proyecto minero Las Bambas, ampliación y asfaltado de la vía Abancay – Chuquibambilla – Challhuahuacho, entre otros puntos más.

En la campaña electoral pasada, como se recuerda, Baltazar Lantarón firmó un acta donde se comprometía ante la población de Vilcabamba cerrar la mencionada planta si ganaba las elecciones.

Esa firma lo puso contra la espada y pared los últimos días porque según el director de Energía y Minas, Alejandro Arones Castro, ésta cumplía con todos los requisitos para su funcionamiento. Luego vendría el acuerdo que dejó descolocado al citado funcionario.

Fuente:https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/ocho-meses-de-plazo-para-retirar-planta-de-minerales-de-vilcabamba-891903/?fbclid=IwAR0NGS018ogprXy6RyCH5_QCxDWcwkkfPwcd33P5x-3frDxqp3sUJ6GhYIo

La provincia de Grau, en la región Apurímac, ha suspendido hoy temporalmente un paro provincial indefinido que se desarrollaba desde el pasado miércoles 29 de mayo en demanda del cierre de 2 plantas procesadoras de minerales. Con motivo del paro generalizado, la vía que une a Vilcabamba hacia Abancay y Chalhuahuacho- Cotabambas estuvo restringida, según dijeron los manifestantes que insisten en la medida para hacer escuchar sus peticiones ante las autoridades regionales y nacionales.

La población de Vilcabamba, capital de la provincia, pide a las autoridades que atiendan sus reclamos respecto al retiro y cierre definitivo de las plantas procesadoras Santa María Perú S.A.C. – Usayma, ubicado a algunos metros de distancia del río de Vilcabamba del distrito del mismo nombre y la planta Esponda ubicada en el distrito de Curasco, debido a casos de contaminación del suelo y agua.

La plataforma de lucha se resume en 4 puntos: 1. Reubicación de la planta de Usayma. 2. Ejecución del estudio de la carretera de doble vía. 3. Estudio y construcción de un hospital provincial de Grau. 4. que la provincia de Grau vuelva a ser zona de influencia directa del proyecto minero Las Bambas.

La población reclama al gobernador regional de Apurímac Baltazar Lantarón Núñez que cumpla sus compromisos, pues habría firmó un documento con los pobladores de la zona, donde se comprometió que una vez electo apoyaría la reubicación de las plantas procesadoras de minerales. Según denuncian en su plataforma de lucha, la planta procesadora a solo tres kilómetros del pueblo ha tenido serios impactos no solo por las emisiones de gases sino también debido al centenar de volquetes que pasan cada 10 minutos durante todo el día, lo que afecta la tranquilidad de las viviendas cercanas a la vía.

El día martes 4 de junio se instaló una mesa de trabajo en la plaza de armas de Chuquibambilla entre las organizaciones sociales y frentes de defensa de los distritos de Grau y los catorce alcaldes de la provincia de Grau, el vice gobernador regional, los consejeros regionales de Andahuaylas y Grau, la prefecta de Apurímac, representantes de la PCM, la defensoría del pueblo de Apurímac, representantes de la Dirección regional de energía y minas de Apurímac, los representantes de la gerencia sub regional de Grau, los representantes de la red de salud de Grau, los directores de la UGEL Grau. Sin embargo esta mesa no llegó a buen puerto, pues no se pudo acordar el cierre de estas plantas.

Sin embargo la mesa continuó el día de hoy y según el acta firmada entre los representantes gubernamentales, autoridades locales y dirigentes sociales se acordó que se suspende la paralización pacífica, se da un plazo de 8 meses para la reubicación de la planta de Usayma, asimismo se acordó que el Gobierno regional elabore los expedientes técnicos para proyectos productivos y de tratamiento de aguas servidas, entre otros temas. La mesa se deberá reunir el próximo 18 de junio para evaluar los acuerdos.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/06/06/apurimac-provincia-de-grau-continua-en-paro-contra-empresas-mineras/

Durante la última reunión de los ronderos de las comunidades del distrito de Chugur, de la provincia de Hualgayoc, región Cajamarca, vinculados a la Federación de rondas campesinas del distrito; las y los ronderos alertaron al alcalde distrital, José Vargas Paredes, sobre la presencia de la Minera Anta Norte ubicada en zona denominada como el Sinchao. El Sinchao es una zona declarada en emergencia ambiental como consecuencia de la presencia de pasivos ambientales mineros dejados por empresas mineras pasadas como Cleopatra, y por la presencia de metales tóxicos en más de 57 personas, como señaló el alcalde José Vargas a la prensa regional.

A la actualidad, en el distrito de Chugur, donde pretende instalarse la empresa minera, existen aún 72 pasivos ambientales sin remediar, según el inventario actualizado de Pasivos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas. Hualgayoc, la provincia a la que pertenece el distrito de Chugur, es la provincia con mayor número de pasivos ambientales mineros en todo el país. Un total de 1067 pasivos mineros se registran en la provincia; y en toda la región, Cajamarca, se registran 1183 pasivos mineros.

Recordemos que en febrero del presente año, la población de la provincia de Hualgayoc realizó un paro de 8 días en protesta por la contaminación ambiental de la provincia, la falta de remediación de pasivos ambientales mineros dejados hace más de 50 años, y por la falta de atención especializada en salud a las personas contaminadas con metales tóxicos. Tras estas protestas, el ejecutivo se comprometió a atender estas legítimas y postergadas demandas.

Venta de tierras

La presencia de la empresa minera en la zona se debe también a que el presidente de la ronda campesina de Chugur, vendió ilegalmente varias extensiones de tierra de la comunidad a la empresa minera Anta Norte; por lo cual ha sido denunciado y la junta directiva de la ronda campesina se encuentra en reestructuración, según relataron ronderos de la comunidad.

Según lo establece el artículo 7° de la Ley N° 24656 –Ley General de Comunidades Campesinas-, las tierras de las comunidades campesinas son inembargables, imprescriptibles e inalienables; solo por excepción pueden ser enajenadas previo acuerdo de por lo menos dos tercios de los miembros calificados de la comunidad reunidos en Asamblea General convocada expresa y únicamente con tal finalidad, lo que es refrendado por la Ley N° 26505, la denominada “Ley de tierras”, en su artículo 11°.

En este contexto, la empresa minera Anta Norte ha solicitado el permiso al ministerio de Energía y Minas para instalar 23 plataformas y efectuar sus exploraciones, la cual está a pocos metros de la minera Coimolache-Tantahuatay, advirtió el alcalde José Vargas Paredes.

No a la minería

A la actualidad, los pasivos ambientales mineros de la zona el Sinchao, pertenecientes a Chugur, aún no han sido remediados. Según relata Nancy Fuentes, directora de la institución Grufides de Cajamarca, que es parte de la Red Muqui; la información de Activos Mineros SAC – la empresa del Estado para la remediación- hacia la población, es que todavía no inician la remediación de los pasivos ambientales por las condiciones climáticas de la región, pero que ya han planificado el inicio de las operaciones para la remediación.

“Los ronderos y ronderas de la comunidad campesina de Chugur señalan que no quieren más minería, y se han visto sorprendidos de que pretenda ingresar una nueva empresa cuando aún viven con los pasivos ambientales mineros dejados por empresas que ya se fueron abandonaron sus responsabilidades ambientales”, finalizó Nancy Fuentes de Grufides.

Finalmente, como hemos venido informando anteriormente, en la Comisión de Pueblos Andinos y Ecología se aprobó el dictamen para mejorar la ley 28271, que actualmente regula los pasivos ambientales de la actividad minera; sin embargo, el congresista Olaechea, mediante una maniobra política ha recabado firmas de un dictamen en minoría que impulsó y ha logrando mayoría sin que ello pase por la discusión de la propia Comisión, obviando los importantes elementos que habían sido colocados en el Dictamen anterior.

Desde la Red Muqui señalamos nuestra preocupación frente a este intento de la empresa minera Anta Norte de imponerse en Chugur, Hualgayoc, Cajamarca; y frente a la maniobra del fujimorismo para que la ley que regula los pasivos ambientales de la actividad minera no tenga ninguna mejora y sigamos en la misma situación de hace años.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/884-minera-anta-norte-pretende-instalar-23-plataformas-de-exploracion-en-cajamarca?fbclid=IwAR1p1ZvUbX5vu9ENKh-33Ee9JUO-E4iDhGA7rsVn2k-aoHV5hsdasDWKsZk

Este paro es en rechazo al proyecto minero Río Blanco.

Pese a existir una consulta vecinal donde la población se opone al proyecto minero Río Blanco, desde el gobierno central se pretende sacar adelante este proyecto, incluso con carácter de interés nacional.

Ante esta situación, la población de Ayabaca realizará un paro este 12 de junio para reafirmar su posición en contra de la minería, ya que argumentan contaminaría el medio ambiente en el que se encuentran. El agua se vería contaminada, afectando no solo a la población de las provincias de Ayabaca y Huancabamba sino a la región.

“El 19 de abril se tomó esta medida en función a que ya han pasado varios años desde le 2003 viene provocando a la población al aplicar estrategias, amenazando con la contaminación de nuestras aguas, tierras, el medio ambiente con el aval del Estado. Lo que queremos es que se respete loa consulta vecinal del año 2007”, sostuvo Manuel Zegarra, miembro del colectivo por Ayabaca.

Según Manuel Zegarra, la empresa minera se proyecta para el 2020 iniciar operaciones de explotación de los minerales. Para ello el congresista por la región, Herrnando Cevallos ha presentado el 10 de enero un proyecto de ley donde se señala que ante toda actividad minera debe respetarse la consulta vecinal.

Sobre la posibilidad de otra consulta no está en discusión, debido a que no amerita. Ya que el pueblo decidió en su momento. En todo caso, será evaluado por los propios dirigentes y pobladores.

Zegarra tildó de terco y necio al gobierno de turno al insistir con el proyecto minero. Debido a que los va a perjudicar con la contaminación ambiental que originaría Río Blanco.

“El querer el gobierno declarar de interés nacional Río Blanco está cayendo en la terquedad y necedad. Se sabe que hubo muertes, lesionados, juzgados y lo que menos queremos es que vuelvan a repetir eras cosas”, dijo el dirigente comunero.

Son cerca de 10 mil pobladores que saldrán a protestar. Lo que piden los vecinos de estas provincias es que, en vez de estar empeñados en sacar adelante la minería, debe asignarse un presupuesto que los ayude a avanzar con el sector agropecuario.

Fuente:https://www.radiocutivalu.org/mas-de-10-mil-pobladores-de-ayabaca-y-huancabamba-realizaran-paro-el-miercoles-12-de-junio/?fbclid=IwAR2rDlX2pycpkzBEZjhrbNJuu7zzhZkV5bgUQ54Xqp2zmtn713C8NoXvmI8

Tras cumplir 17 años de consulta vecinal donde dijeron NO al proyecto minero Manhattan.

El 02 de junio del 2002 Tambogrande realizó una consulta vecinal donde la población rechazó el proyecto minero que pretendía imponer la empresa transnacional Manhattan.

A 17 años de esta emblemática consulta, los comuneros y comuneras de Locuto y San Lorenzo reafirman su posición en rechazo a la minería por considerarla incompatible con la agricultura que es el principal medio de vida de la zona.

El presidente de la comunidad Apóstol San Juan Bautista de Locuto, Valeriano Márquez Nima, expresó que siguen en pie de lucha y “están atentos a este gobierno” pues saben que quieren invertir en el proyecto minero El Algarrobo, el cual busca la explotación de minerales como cobre, zinc y oro, en el distrito tambograndino.

“Rechazamos totalmente. Nuestra posición está definida queremos que el gobierno nos deje vivir tranquilos y en paz porque ya hemos tomado nuestra medida con la agricultura y queremos que el gobierno nos respete”, expresó el dirigente.

Fuente:https://www.radiocutivalu.org/pobladores-de-tambogrande-reafirman-su-posicion-de-rechazo-a-la-mineria/?fbclid=IwAR0Hg7Oy7GoQ7mP845_G7fkLd-jwoi7g-nU_1S4oHBfNrkGXTaHB7RTGIHQ

La primera sala penal de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, absolvió el pasado 26 de mayo, al dirigente social Milton Sánchez Cubas de los cargos imputados por la empresa Yanacocha por el supuesto delito de disturbios.

Mediante Resolución N° 30 – 2019 del Expte. N° 00106-2016-77-0603-JR-PE-01, se dio la conformidad de la sentencia emitida por el Juzgado Penal Unipersonal de Celendín que absolvió al imputado de los cargos presentados por la empresa Yanacocha. También se le exime de todo tipo de acusaciones y además de las pruebas presentadas.

EarthRights International (ERI), asumió la defensa legal de Milton Sánchez Cubas, defensor de derechos humanos, vocero y representante de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC) en el “Caso de las Mayas Metálicas de la Empresa minera Yanacocha”, cuyo caso inició en el año 2015.

“Hoy celebramos esta decisión de la Corte Superior de Cajamarca porque pone fin a la persecución y señalamiento infundado contra un líder social que defiende el territorio, reivindica la protección y defensa de los derechos de todas y todos y cuestiona la imposición del modelo de desarrollo extractivista que tanto daño le ha hecho al pueblo cajamarquino” destacó Juliana Bravo Valencia, Directora del Programa Amazonía de EarthRights International.

Este fue el proceso que el defensor ambiental llevó por más de 4 años sin que se pueda presentar alguna prueba o algún hecho que lo culpe de tales acusaciones. Cabe mencionar que el proceso tuvo una serie de irregularidades por la demora de las audiencias por parte de la Fiscalía y el Poder Judicial.

 “Estamos ganando en segunda instancia, pero tampoco termina ahí, la empresa minera puede seguir apelando. No sé si sentirme contento o impotente por haber sido víctima de un proceso judicial totalmente arbitrario”, declaró Milton Sánchez.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/05/31/cajamarca-absuelven-a-dirigente-milton-sanchez-frente-a-acusaciones-de-yanacocha/

El Frente de defensa de la provincia de Grau, en la región Apurímac, anunció que la población acata un paro provincial indefinido desde este miércoles 29 de mayo.

Entre los puntos de su plataforma, exigen el cierre de una planta procesadoras de minería artesanal que vienen operando en la zona de Vilcabamba, porque representa una amenaza al agua y la contaminación; asimismo demandan el mejoramiento de la carretera que conecta a la provincia con la ciudad de Abancay; igualmente la incorporación de las autoridades y dirigentes sociales de la provincia a las mesa de diálogo sobre el conflicto en torno al proyecto minero Las Bambas.

Piden una pronta intervención de las autoridades. Seguiremos ampliando la información.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/05/29/apurimac-inician-paro-indefinido-en-la-provincia-de-grau/

Larga espera. Southern levantó todas las observaciones para obtener su licencia de construcción. Sin embargo, en el valle de Tambo (Arequipa), aún se oyen voces de rechazo al proyecto.

El Gobierno no tiene otro camino que otorgarle la licencia de construcción a Tía María, el último requisito para iniciar este proyecto minero que prevé la explotación de dos minas de cobre en la árida costa de Arequipa. Esa luz verde no solo inyectará US$ 1.400 millones a la economía peruana, también puede reactivar un viejo conflicto social en el valle de Tambo, provincia de Islay, que en los años 2011 y 2015, provocó cinco muertes y millones de pérdidas económicas.

La coyuntura tiene el condimento del rumor. El miércoles por la mañana, las redacciones arequipeñas eran inundadas con versiones de un cierre del Congreso y la autorización para Tía María. Con las horas, la primera versión se desvaneció y, la segunda, ha cobrado cierta veracidad después de lo dicho por el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, en Arequipa. El viernes pasado, este alto funcionario señaló que el proyecto cumple un trámite legal para recibir una autorización “y ahí aplicaremos la ley”.

Este diario supo que la licencia de construcción está en la Dirección General de Minería. La compañía del grupo México, ante esta dependencia, levantó 14 observaciones, incluso las más enojosas: una superposición de derechos en el área para el campamento. La empresa Vania reclamaba ese territorio. La controversia ya está resuelta. No hay ningún impedimento para negar la autorización.

Si no se efectúa hasta agosto, el proyecto quedaría inhabilitado por la caducidad del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto.

El vicepresidente de Finanzas de Southern, Raúl Jacob Ruisánchez, señaló que en Tía María se ha invertido $ 334 millones en maquinaria y proyectos de relacionamiento social. Se sostiene con la caja de las unidades de Toquepala, Ilo y Cuajone. Obtenido el permiso, el plan inmediato no es iniciar la construcción de la mina. Se continuará profundizando las relaciones con los distritos del valle de Tambo ubicados en el área de influencia del proyecto. «Seguiremos trabajando en lo social con la certeza de que tenemos el permiso»

Los dirigentes Marilú Marroquín, Jesús Cornejo, el consejero regional Elmer Pinto, mantienen una postura de rechazo, pese a los programas sociales que implementó la compañía con Valle Unido. «La mina está reeemplazando la tarea del Estado y eso no debe ser así», dijo Marroquín.

El proyecto minero está a menos de tres kilómetros de los cultivos, los agricultores temen la contaminación. Jacob reitera que la operación será limpia sin relaves ni humos. Para garantizar la transparencia pidió a la población sumarse al monitoreo participativo que hará OEFA.

Después de las protestas de 2015, el gobierno tenía la obligación de mejorar las condiciones de vida de Islay cuya población alcanza los 50 mil. La tarea aún es deficitaria. Agua para la agricultura, saneamiento y salud son sus principales problemas.

Continúa pendiente la construcción de una represa que pondría fin a sequías y disputas con Moquegua por el agua para los sembríos. Paltuture era un proyecto de embalse encaminado pero las autoridades de Puno lo paralizaron con acciones judiciales señalando que la obra se ejecutaría «en su territorio y con sus aguas». Los alcaldes de Islay, en un reciente memorial, elevado al presidente Vizcarra le advierten que no puede haber un proyecto minero sin haber solucionado el problema hídrico.

Licencia social

En el 2017, Southern inauguró Valle Unido para curar las heridas del conflicto y plantear una nueva relación con Tambo. Este programa financió con S/ 3 millones los estudios para hospital nuevo en Alto Inclán y otro en Cocachacra.

Paralelamente, en los centros de salud, repartidos en el valle, la minera paga los sueldos del 35% del personal médico.

El agua potable y alcantarillado también es crítico. Solo disponen de 13 horas al día y en verano es peor. Los desagües se arrojan al aire libre sin tratamiento. Con un convenio firmado con el Ministerio de Vivienda, Southern desembolsó S/ 21 millones para un estudio destinado a mejorar y ampliar el servicio. Debe concluirlo en los próximos días y la obra costará S/ 900 millones. Pese a estos avances, la desconfianza aún es visible. Semanas atrás La República viajó al valle. Persisten las banderas con la consigna Agro sí Mina no. En estos días, pobladores ya realizan movilizaciones. Sin embargo, no hay liderazgos. Las cabezas visibles cumplen reglas de conducta por juicios Pero Marilú Marroquín dice la población se autoconvocará.

Las cifras

US$ 25 millones invirtió Southern en el relacionamiento social con el valle de Tambo.

9.000 puestos de trabajo generará el proyecto durante su construcción. Luego serán 4.800 durante su operación.