Una represa de una compañía minera colapsó en el sudeste de Brasil y al menos 15 personas resultaron muertas y otras 45 se encuentran desaparecidas, señalaron medios locales.
Según informa O Globo, «no se puede confirmar el número de víctimas todavía». Los equipos de la corporación de Bomberos, los agentes de la Guardia Municipal y la Defensa Civil están evaluando los daños.
La rotura de una presa que contenía agua y lodo contaminado con residuos minerales provocó este jueves la inundación de una región rural de la localidad de Mariana en el estado brasileño de Minas Gerais (sureste), donde 60 personas se encuentran desaparecidas o perdieron la vida.
El accidente se produjo esta tarde, cuando la presa de la empresa minera Samarco –que explota el mineral de hierro en la región- se rompió por causas desconocidas, y el agua y barro contaminado que contenía se esparció por el distrito rural de Bento Rodrigues, en la localidad de Mariana, donde viven unas 600 personas.
Más de un centenar de mujeres lideresas de 34 territorios a nivel nacional e integrantes de organizaciones de mujeres, con el apoyo de la no gubernamental Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local (Red Local), se dieron cita a fines de agosto para crear la llamada Alianza Nacional por los Derechos Humanos de las Mujeres para la defensa de sus territorios. Estos han sido asediados por las nuevas políticas de posesión de la tierra, amparadas en el marco legal nacional y apoyadas por el gobierno para la implementación de megaproyectos, que están tensionando la vida de las comunidades rurales a nivel nacional.
Lina Solano Ortiz, en representación de la Unión Latinoamericana de Mujeres ULAM y del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama de Ecuador, fue una de las participantes en la Primera Audiencia Regional sobre Criminalización a Mujeres Defensoras de los Territorio y el Medio Ambiente en las Américas, solicitada por una coalición de organizaciones, que se llevó a cabo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el viernes 23 de octubre de 2015.
En esta audiencia temática se expuso sobre tres de las formas identificadas como más recurrentes que están siendo utilizadas para atacar a las defensoras: la judicialización, la estigmatización y el hostigamiento.
La semana pasada circularon unos fotos mostrando una mancha color negro al costado del paredon del dique Caracoles. Un equipo de la Asamblea tomó muestras de agua y sacó más fotos desde otras perspectivas. El Estado Provincial minimizò, tergiversó y ocultó información sobre el derrame de tóxicos del pasado 13 de septiembre cuando Barrick Gold derramó un millón de litros de sustancias tóxicasL Descreen en la hipótesis “oficial” de que la mancha sea producto de grandes concentraciones de manganeso y hierro que el río arrastró. Un análisis serio de agua tarda entre 20 y 30 días o sea que es imposible que un par de horas el gobierno haya podido saber con exactitud de que se trataba la mancha.
Ver también: Apareció una mancha oscura en dos diques sanjuaninos, la población teme que sea de la minería
A pesar de no contar con pruebas contundentes, autoridades sólo se basan en la versión de los gobernadores de Celendín y Sorochuco.
Se realizó el juicio oral contra 16 pobladores de Sorochuco acusados por los gobernadores de Celendín y Sorochuco de haberlos secuestrado, golpeado y ultrajar a los símbolos nacionales.
Según Mirtha Vásquez, abogada de los 16 dirigentes ambientales, dijo que demostrará que la acusación del Fiscal de Celendín es ¨totalmente falsa¨. ¨Es verdad que los 16 inculpados y muchos pobladores de Sorochuco sí participaron en una reunión abierta y pública el 24 de abril del 2013 donde cuestionaron de manera pacífica la actitud de los gobernadores que tienen una posición a favor de la minería, particularmente en favor del Proyecto Conga, pero no hubo secuestro ni agresiones físicas a las autoridades¨, indicó.
Los pobladores de Cantumarca endurecerán sus medidas de presión una vez que pase la fiesta de Todos los Santos demandando que la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) firme un contrato con la empresa china Jungie Mining Industry SRL para el traslado de las colas del dique San Miguel. Así lo hizo conocer el concejal de Potosí-MOP, Eloy Relos.
En su condición de representante de Cantumarca, habló con los dirigentes de esa población quienes le explicaron que están cansados de la contaminación minera generada por la presencia de un dique que contiene al menos 3.5 millones de toneladas de cargas.
El miércoles 28 de octubre, los comunarios vaciaron algo de carga del dique en dos pisos del edificio de la estatal minera, argumentando que ellos viven hace 30 años en medio de ese material que demandan sea sacado de una vez de la zona.
Unas 25 personas de la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi), parroquia Tundayme en Zamora Chinchipe, realizaron ayer un plantón en las instalaciones de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) para exigir la suspensión del proyecto Mirador, concesionado a la empresa EcuaCorriente S.A.
Portando carteles y con gritos en contra de la minería, los comuneros de Cascomi y los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) insistieron en su denuncia de un desalojo supuestamente violento, el pasado 30 de septiembre.
Eduardo Manzanares Acuña, investigador de la Unidad Académica de Ciencias Nucleares de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), aseguró que hay población infantil contaminada con plomo (Pb) en huesos y sangre en las zonas mineras del estado, sin que las autoridades intervengan.
Explicó que el metal “proviene de las prácticas mineras, para la obtención de metales preciosos como la plata y el oro, mismos que tienen una aleación con el plomo, al obtenerse lo que se busca el resto se deja como desechos mineros y esta molienda contamina a la población”.
Una de las vías principales por las que se da el envenenamiento, detalló, es mediante las ropas de los trabajadores de las minas, quienes al volver a sus casas llevan consigo los restos del metal y dejan dentro de la casa restos de plomo que los niños, principalmente cuando gatean, se llevan a la boca.
El encuentro no contó con la presencia de representantes del Ejecutivo y finalizó con un acuerdo para conformar un comité técnico que de seguimiento al tema.
La reunión inició con consignas contra la minería por parte de los asistentes, la justificación de la legitimidad del cabildo como un espacio ciudadano, así como una explicación de la importancia de los páramos en el ecosistema local por parte de técnicos ambientales. Los concejales Iván Granda y Dora Ordóñez dirigieron el diálogo. Representantes de los jubilados, dirigentes barriales y parroquiales, catedráticos y colectivos ambientalistas como Yasunidos, se sucedieron en los discursos que coincidieron en criticar a la minería en Río Blanco y en Quimsacocha.