La minera trasnacional Peña Colorada enfrenta una denuncia por las vías penal y administrativa bajo el cargo de despojo e invasión del rancho Los Potros, ubicado en la franja de conflicto limítrofe entre los estados de Colima y Jalisco.
Félix Monroy Rutilo, ejidatario nahua de la comunidad indígena de Ayotitlán, Jalisco, señaló que el pasado 5 de enero personal de la empresa se introdujo en el predio de su propiedad y con maquinaria pesada derribó árboles e inició trabajos encaminados a emparejar el terreno para utilizarlo como tiradero de los desechos de la extracción de hierro.
El escrito de denuncia, del que el reportero posee copia, fue dirigido a diversas autoridades de ese estado, entre ellas al gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz; la delegada de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Xóchitl Yin Hernández, y el fiscal general Jesús Eduardo Almaguer Ramírez, así como al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, y al presidente del Frente Regional Pro Manantlán y Cuenca del Marabasco AC, Jesús Hermenegildo García.
El caso que está en manos de la magistrada Gloria Ortíz, es una demanda que presentó el Polo Democrática en contra de los artículos 20, 49, 50, 51, 52 y 173 de la Ley 1753 de 2015 (Plan de Desarrollo) y el artículo 108 de la Ley 1450 de 2011.
El Ministro de Geología y Minas, Francisco Queiroz, consideró el viernes, en Luanda, las actividades mineras como las que más impacto tienen sobre el medio ambiente, debido a la actividad que desarrollan.
Pobladores e integrantes de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), anunciaron que la empresa minera Hochschild Mining, propietaria del proyecto minero Corazón de las Tinieblas que desde hace años se encuentra en fase de exploración de oro y plata principalmente, en La Montaña de Guerrero, desistió de su concesión al tener un juicio en su contra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que se ha retirado ya de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec.
La Corte Constitucional anunció este miércoles que asumirá una acción de tutela instaurada por comunidades indígenas y afro del río Atrato, en el departamento de Chocó, según la cual 37 niños habrían muerto en el último año en la región luego de que presuntamente consumieran agua contaminada con mercurio, químico que es utilizado en la minería.
La Corte Suprema tiene entre sus fallos pendientes un recurso presentado por vecinos de Andalgalá, Catamarca, que busca frenar los nuevos emprendimientos mineros para la región. Silvina Reguera, una andalgalense que vive en Buenos Aires, nos dio más detalles de este recurso. También hablamos de los desastres ambientales cercanos de Minas Gerais en Brasil y Jáchal en San Juan, y de algunos funcionarios locales y nacionales. La Asamblea del Algarrobo planea nuevas movidas.
«Frente a esta problemática común, los representantes de las comunidades señalaron que se organizan por la defensa de sus pueblos, porque nuestro territorio es arriba, encima, abajo, es el agua, madera, la tierra, árboles, pero también nuestros derechos”.
Las presidencias municipales de la Sierra Gorda y la Reserva de la Biosfera se sumarán a la lucha mundial contra la explotación del mercurio, por lo que se reunieron hace unas semanas con personal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y tendrán otro encuentro con la delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
El Gobierno de Luxemburgo ha mostrado su intención de invertir en la minería espacial, concretamente practicada en asteroides. Su intención es apoyar la I+D en tecnologías que harían posible esta práctica, así como invertir directamente en algunas empresas.
Durante este martes el alcalde de Ibagué, Guillermo Jaramillo, radicó ante el concejo de la ciudad el proyecto que buscará tramitar una consulta popular sobre la actividad minera en la capital de Risaralda.