Estimados y estimadas, les hacemos llegar informe que elaboró la CNDDHH, denominado «Las Bambas: Violaciones de Derechos Humanos y Protesta Social» a propósito de la misión tras el conflicto en Las Bambas sobre la situación de derechos humanos durante y posterior al conflicto.
El informe fue generado en Noviembre de 2015 por Mar Pérez y César Bázan.
Aqui lo encuentran: http://derechoshumanos.pe/wp-content/uploads/2015/12/Informe-Las-Bambas-sin-im%C3%A1genes-PDF.pdf
Mucho se ha analizado sobre los cuestionamientos al modelo de desarrollo y reales cambios efectuados por los gobiernos progresistas o de sensibilidad de izquierda que han dirigido nuestro subcontinente en los últimos años. Sin embargo, en algunos de estos países el panorama nos muestra que la derecha neoliberal y conservadora comienza a lograr triunfos significativos, como ya sucedió con la elección presidencial de Mauricio Macri en Argentina y la derrota del chavismo en las últimas legislativas en Venezuela.
No obstante, e independiente de los gobiernos de turno en la región, hay un dato que no miente: En Latinoamérica los ingresos provenientes del sector extractivo -que incluye la explotación minera y petrolera- se han incrementado 20 veces durante la última década. Una situación que ha ocasionado la propagación de un sinnúmero de conflictos socio-ambientales a lo largo de la región y la consiguiente violación de derechos sociales, ambientales, económicos y culturales de millones de latinoamericanos.
Despuntaba la década de los años noventa cuando los venezolanos se enteraron de la llegada de los garimpeiros al sur del país. Estos mineros artesanales provenientes de Brasil habían traspasado la amplia frontera amazónica entre ambos países atraídos por la fiebre del oro, abriendo fosas en medio de la selva para extraer el preciado metal. Estas actividades ilícitas afectaron el frágil equilibrio del ecosistema amazónico, la salud y modo de vida de las poblaciones indígenas y criollas, e incluso amenazaron el potencial hidroeléctrico del país sudamericano. En ese momento, las fuerzas armadas venezolanas contaron la llegada de estos exploradores ilegales en cerca de mil individuos, expulsando al menos a la mitad de ellos.
Hay en México muchos ejemplos de personas que enfrentan poderes fácticos y económicos para defender su dignidad, territorios, bienes y sus derechos humanos. Entre ellos se cuenta la lucha y resistencia del líder nahua-otomí del poblado Potros, Félix Monroy Rutilo, quien desde el pasado 5 de enero ha visto intensificados los ataques en su contra por una de las dos minas de hierro más grandes del país: el Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada SA de CV, filial de la multinacional minera italo-argentina Ternium, de negro historial en el ámbito de los derechos humanos. Su resistencia y lucha se enmarcan en el conflicto histórico y jurídico, del que ya tiene conocimiento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre los gobiernos de Jalisco y Colima, por el control del territorio limítrofe, del que ya he dado cuenta en otras ocasiones (La Jornada, 18/1/14).
Las autoridades encargadas de negociar el TTIP, TPP, CETA, TISA… ignoran el sistema internacional de los derechos humanos y privilegian los tratados y acuerdos de comercio e inversiones. Están reformando el sistema jurídico internacional por la vía de los hechos y profundizando en la fragmentación del Derecho Internacional.
El control de legalidad de estos tratados y acuerdos implica analizar el procedimiento de elaboración, la forma de aplicación y su posible colisión con el sistema internacional de los derechos humanos; también supone estudiar sus impactos en la función reguladora de los Estados para proteger y garantizar los derechos civiles, sociales, económicos, culturales y medioambientales.
Ayer en la mañana el vocero regional de la agrupación Alerta Isla Riesco, Gregor Stipicic, presentó un recurso de reposición en las oficinas del Servicio de Evaluación Ambiental (Sea) de Magallanes. El documento pretende revocar la decisión, emanada desde el Sea, de no incluir la participación ni consulta ciudadana en relación al proyecto de incorporación de tronaduras como método de extracción en la Mina Invierno.
El pasado 13 de enero, la institución ambiental resolvió no abrir el proceso de inclusión ciudadana porque el proyecto minero “no genera cargas ambientales para las comunidades próximas, no cumpliéndose, por lo tanto, los requisitos establecidos en el artículo 30 bis de la Ley Nº19.300”.
“Con este recurso la idea es que se pueda invalidar lo expresado por la autoridad y poder participar. Tenemos expertos que nos están ayudando para así hacer observaciones en estos temas. Es lamentable e indignante que no podamos participar, pues es lo mínimo”, con estas palabras Stipicic se refirió al objetivo que persigue el recurso de reposición.
Para seguir avanzando en analizar y mitigar los distintos impactos que ha generado la contaminación del agua a causa de las faenas de la minera El Toqui, de la empresa Nyrstar, se llevó a cabo la mesa tripartita mensual donde se reunieron personas del sector público, representates de la empresa, así como pobladores, además dirigentes campesinos y vecinales.
Cabe recordar que el conflicto comenzó cuando dos vacas murieron en el sector, lo que derivó en una investigación cuyos resultados arrojaron la presencia de metales pesados en el agua como arsénico y plomo. Análisis de laboratorio posteriores revelaron la presencia de altos índices de arsénico en una familia completa del sector.
La minería ilegal en Buriticá, occidente de Antioquia, produciría 60 mil onzas de oro al año causando un impacto ambiental 10 veces mayor al habitual, según voceros de Continental Gold, propietaria de los títulos mineros en este municipio.
Las empresas mineras ilegales estarían usando mercurio para la explotación, metal prohibido en esta actividad, según un estudio ambiental realizado por la empresa de Gestión y Servicios Ambientales GSA y el Laboratorio Antek, afirmó el Coordinador Ambiental de Campo de Continental Gold, Gustavo Valencia.
Además, las aguas efluentes, es decir, las aguas residuales del proceso minero, se estarían vertiendo en algunas quebradas del municipio como La Cueva y Los Chorros, siendo esta última la más afectada, encontrándose en ella plomo y hasta residuos de heces fecales.
La comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de diputados citó para “confrontar”, como textualmente fue planteado por el diputado Leopoldo Pérez, a la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Hecho gatillado por la intervención extraordinaria de representantes de la Coordinación de Territorios por la defensa de Glaciares en dicha instancia, donde se dio cuenta que el informe anual del INDH 2015, plantea la vulneración de derechos en que incurre el proyecto de glaciares.
Al respecto, la vocera de la Coordinación de territorios por la defensa de los glaciares, Stefanía Vega, señala: “Nos parece que esto es un fiel reflejo de la liviandad y la poca rigurosidad con que se está legislando en el caso de los glaciares. Somos los territorios afectados los que hemos tenido que incluir en la discusión algo tan fundamental como la vulneración a los Derechos Humanos que esta ley produce”.
La compañía minera involucrada en la fatal ruptura de dos diques de lodos tóxicos el año pasado en Brasil dijo que su presidente y jefe de operaciones se separaron temporalmente de sus cargos. El presidente de Samarco, una empresa conjunta de los gigantes mineros Vale y BHP Billiton, Ricardo Vescovi y el jefe de operaciones Kleber Terra pidieron dejar sus puestos para preparar su defensa.
Ver también: Mineras que matan un río
Los ejecutivos han sido instruidos de cargos y Samarco enfrenta miles de millones de dólares en multas a causa de la ruptura de dos presas el 5 de noviembre en una mina de hierro en el estado céntrico de Minas Gerais.
Al menos 17 personas murieron cuando una enorme avalancha de lodo con deshechos mineros arrasó virtualmente una comunidad cercana. El lodo contaminó vías fluviales en dos estados del sureste brasileño, devastando la fauna y la flora.