Perú

Policía mató a joven en protestas mineras en Chala, confirma jefe de la PNP

24 julio, 2025

El comandante general Víctor Zanabria confirmó que el disparo que mató a Alexander Checa fue realizado por un agente policial. El Ministerio Público ya abrió investigación.
15/07/2025

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, confirmó que fue un policía el autor del disparo que provocó la muerte de Alexander Checa Montalvo, de 27 años, durante las protestas mineras registradas el pasado viernes en el distrito de Chala, provincia de Caravelí, Arequipa. En entrevista con RPP TV, Zanabria indicó que ya se iniciaron las diligencias para identificar al agente responsable mediante pericias y análisis fílmicos.

Según la necropsia del Instituto de Medicina Legal, el joven murió a causa de una hemorragia masiva por impacto de arma de fuego en el tórax. Las protestas, protagonizadas por mineros informales que exigían un nuevo proceso de formalización, se tornaron violentas: se usaron llantas quemadas, dinamita y hubo bloqueos en la Panamericana Sur. Durante el operativo, 18 policías resultaron heridos y se arrestó a ocho personas, actualmente en detención preliminar por siete días.

Zanabria aseguró que las imágenes de drones ubican a Alexander Checa en una zona elevada desde donde, presuntamente, se lanzaban ataques contra las fuerzas del orden. “Tenemos video donde él recibe el posible impacto del disparo”, sostuvo. Sin embargo, la familia de la víctima niega esa versión. Su tío, Juan Chipana, afirmó que Checa no era minero, sino taxista, y calificó la muerte como un abuso: “Era un joven trabajador e inocente”.

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Caravelí, ya abrió una investigación preliminar por homicidio. Mientras tanto, más de 3,000 agentes continúan desplegados en la región para controlar los disturbios y garantizar la circulación en vías clave como el corredor vial sur. El caso pone nuevamente en discusión el uso de la fuerza por parte de la policía durante manifestaciones sociales y la falta de garantías en los derechos de civiles.

Policía mató a joven en protestas mineras en Chala, confirma jefe de la PNP

Chile, Litio

Ahora le dicen minerales críticos: ¿de qué Dignidad estamos hablando?

24 julio, 2025

11/07/2025
Corría julio de 1971, y tras décadas de lucha del pueblo chileno, el cobre fue finalmente nacionalizado, siendo arrebatado de las manos de capitales foráneos en un proceso histórico clave para los movimientos sociales. Sin embargo, aquella búsqueda por la soberanía tuvo un quiebre irreparable tras el inicio de la dictadura civil-militar. En consecuencia, los gobiernos de la postdictadura, iniciando un proceso de reprivatización y desnacionalización que se profundiza y mantiene hasta la actualidad.

Así, tras 54 años de la nacionalización del cobre, hoy la frontera extractiva se expande a merced del mercado financiero, de los grandes capitales nacionales y transnacionales, del aseguramiento de la “cadena de suministro” de las potencias globales y el manoseado escenario de transición energética corporativa. Esto, mientras la administración del Gobierno de turno coloca la música y abre las puertas del país a una inversión descriteriada y depredadora, que sofoca resistencias y defensas de los territorios.

En este sentido es que aparecen los llamados “minerales de la Transición” o “minerales críticos”, un nombre bajo el cual el empresariado y los gobiernos aglutinan a diversos bienes comunes naturales que tributan a una transición energética definida por los países industrializados del Norte Global, y fuertemente anclada a la mercantilización y el abultamiento de los mismos bolsillos que nos han empujado a esta crisis climática.

Cobre, litio, renio, molibdeno y tierras raras, para la transición energética, o potasio y boro para la seguridad alimentaria; todo sirve para darles el tributo de “críticos”, y Chile -con un extractivismo cada vez más agudizado- es una fuente de múltiples de estos bienes comunes, por lo que las garras de estos conglomerados buscan apropiarse lo más rápido posible.

Así, a esta extensa franja entre cordillera y mar se le ha designado empresarial y políticamente el rol de “salvador del planeta” para lo cual debería ser explotado en pos de una supuesta lucha contra la crisis climática. Sin embargo, los mismos que buscan explotar a Chile son quienes definen estos minerales como “crítico”, pero para el beneficio de sus economías y su transición energética del Norte Global, mientras que para nosotros y nosotras debieran ser considerados como “estratégicos”, en pos de cuidar la integridad de los territorios y las comunidades.

Y para esto, no escatiman en gastos. Un focalizado e intenso lobby, frenar o intervenir para que no exista una transparencia integral, presionar para la aceleración de la tramitación ambiental pregonando la llamada “permisología” y la criminalización de defensoras y defensores ambientales forman parte de la batería de estrategias que hoy desatan los capitales foráneos y nacionales.

Como hemos dicho en ocasiones anteriores, la Dignidad no cabe en un bolsillo empresarial. La transición energética, y su mandato moral climático revestido de verde e impulsado por la manipulada alianza público-privada, empuja, amplía y fortalece el extractivismo mientras también profundiza la lógica de privatización y desnacionalización de bienes comunes minerales. Esa matriz, que hoy aplaude la agenda político-empresarial, está lejos de aquella Dignidad que se materializó hace 54 años.

De lo contrario, ¿de qué Dignidad estamos hablando?

Ahora le dicen minerales críticos: ¿de qué Dignidad estamos hablando?

Chile, Litio

CChEN aclara qué es el Litio Metálico Equivalente y se conocen implicancias para las comunidades

24 julio, 2025

La Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN) ha autorizado cuotas en el acuerdo entre Codelco y SQM para la extracción de litio en el Salar de Atacama

Medio Ambiente /Pueblos /Portada /Litio Chile
CChEN aclara qué es el Litio Metálico Equivalente y se conocen implicancias para las comunidades
14/07/2025
La Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN) ha autorizado cuotas en el acuerdo entre Codelco y SQM para la extracción de litio en el Salar de Atacama. Sin embargo, el permiso fue otorgado en base a una métrica técnica poco comprensible para las comunidades: el Litio Metálico Equivalente (LME). Esta fórmula impide, en la práctica, entender con claridad cuánta agua y salmuera se extraerá tras el aumento de la cuota autorizado. Hoy, gracias a nuevas respuestas entregadas a El Ciudadano, este punto puede comenzar a esclarecerse.

Por Bruno Sommer

Bajo el sol del litio: el precio oculto del agua
En el corazón del desierto más árido del planeta, el Salar de Atacama grita. Las bombas extraen sin cesar salmuera desde su subsuelo, dejando tras de sí lagunas agonizantes, acuíferos deprimidos, flora amenazada y comunidades privadas del acceso al agua. Mientras tanto, empresas como SQM, amparadas por permisos estatales, continúan operando bajo un modelo extractivo que muchos califican de insostenible y que también se apropió del agua de la zona inscribiendo «derechos».

Más allá de los impactos económicos o contractuales del acuerdo Codelco-SQM, el verdadero conflicto se oculta en cómo se mide la extracción. Tanto el volumen de carbonato de litio comprometido como las toneladas de litio metálico equivalente esconden un daño potencial profundo al equilibrio hídrico del salar y a la vida en el norte de Chile.

¿Qué es el Litio Metálico Equivalente (LME)?
Luego de la aprobación del permiso solicitado, El Ciudadano consultó directamente a la CChEN para entender el verdadero significado del LME. Este organismo, encargado de autorizar la producción de litio en Chile por su posible uso nuclear, explicó que:

“La extracción de litio autorizada en un proceso productivo se expresa en Litio Metálico Equivalente (LME), calculado con base en un factor de conversión. Si el objetivo es obtener, por ejemplo, 330.000 toneladas de carbonato de litio al año, aplicando el factor 0,1878714 se autoriza la extracción de 61.997 toneladas de LME.”

De hecho, la CChEN fue enfática: las 2.500.000 toneladas autorizadas entre 2031 y 2060 corresponden al contenido total de litio presente en la salmuera antes de ser procesado, no a litio metálico final.

Para fiscalizar esta extracción, la comisión indicó que se utiliza una fórmula técnica basada en los siguientes parámetros- que los otorga la empresa-:

Bombeo total de salmuera (litros por segundo)

Concentración de litio (ppm)

Densidad (toneladas por m³)

Tiempo de extracción (T)

La fórmula utilizada es:

Litio contenido = BS × CL × D × T

¿Cuánta agua representa esto?
La cifra autorizada por la CChEN equivale, en términos prácticos, a la extracción de 8.334 piscinas olímpicas de salmuera por año, es decir, unas 22,8 piscinas diarias, cada una con 2,5 millones de litros.

Este volumen no tiene precio para las comunidades, pero su valor ambiental y ecológico es incalculable. En un ecosistema híperárido, cada litro cuenta. Y lo que se extrae no es solo litio: es agua, vida, equilibrio.

¿Qué más se obtiene a partir del LME?
Del procesamiento de las salmueras se obtienen diversos productos, entre ellos:

Cloruro de Litio (LiCl) – Producto principal para baterías

Cloruro de Potasio (KCl) – Fertilizante de alto valor

Sulfato de Potasio (K₂SO₄) – Fertilizante premium

Carnalita (KCl·MgCl₂·6H₂O) – Fuente de potasio y magnesio

Cloruros y sulfatos de magnesio – Subproductos

Ácido bórico (H₃BO₃) – Subproducto valioso en salmueras con boro

entre otros….

El litio se va, los impactos se quedan
Al igual que los concentrados de cobre que salen del país sin ser fundidos ni refinados localmente, el litio extraído se exporta en gran parte sin valor agregado más que el de carbonato de litio y algo de hidróxido, aumentando su huella de carbono y dejando atrás los impactos. La cadena de suministro empieza en el salar, pero rara vez vuelve a mirar hacia él.

A menos que el Presidente de la República intervenga directamente, serán las comunidades -hoy en medio de procesos de consulta marcados por presiones para obtener su visto bueno en tiempo récord- quienes tendrán que defender el territorio.

Como se ha conocido recientemente, Minera Tarar SpA deberá presentar una actualización del Informe de Evaluación de Recursos y Reservas del Salar de Atacama. Para operar plenamente, requerirá además una nueva Resolución de Calificación Ambiental, que expertos consideran debería implicar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Lo que se presenta como una fórmula técnica —LME— encierra una verdad incómoda: detrás de los números, se esconde una afectación ambiental profunda y poco comprendida. Y mientras Chile se prepara para liderar la transición energética global, el norte sigue pagando con agua un progreso que no lo incluye.

Mientras en el mundo de los negocios ligados a lo metálico, LME es entendido como la cotización internacional oficial del metal correspondiente, la CChEN le da una conceptualización diferente, tal vez por temas de transparencia y para contratos y papeles debiese cambiar su nombre.

Por Bruno Sommer, El Ciudadano
https://www.elciudadano.com/especiales/litio-chile/cchen-aclara-que-es-el-litio-metalico-equivalente-y-se-conocen-implicancias-para-las-comunidades/07/14/

Bolivia, Litio

Viceministro: Si no se industrializa el litio ahora, perderemos una oportunidad más

24 julio, 2025

11/07/2025
(ABI). – Si no se aprueban los contratos para industrializar el litio, Bolivia perderá una gran oportunidad y más adelante se cuestionará el por qué no se actuó a tiempo, alertó este viernes el viceministro de Energías Alternativas, Álvaro Arnez.

“Creo que es fundamental entender que el Gobierno tiene la responsabilidad de planificar y anticiparse al incremento del precio del litio previsto para 2030. Si no se industrializa ahora, perderemos una oportunidad más”, afirmó en una entrevista con radio Fides, refiere un reporte del Ministerio de Hidrocarburos y Energías.

Por ello, instó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a considerar el contexto económico global y anticiparse al incremento del precio del litio, proyectado en más de $us 30.000 por tonelada en 2030 (actualmente alrededor de $us 9.000) y viabilizar los contratos firmados con Uranium One Group de Rusia y CBC de China.

Arnez recordó que este proceso comenzó en abril de 2021 con una convocatoria internacional que generó una importante expectativa, y remarcó que no se trata de una aprobación “a la salida” del Gobierno, sino de un paso dentro de los procedimientos de la convocatoria.

“Se necesitan al menos entre tres a cinco años para construir y poner en marcha una planta industrial”, explicó.

El viceministro aseguró que los contratos firmados con empresas Uranium One Group de Rusia y CBC de China no solo responden a afinidades geopolíticas —por ser ambos países miembros de los BRICS que representan cerca del 40% del PIB mundial— sino también a las capacidades técnicas avanzadas que poseen para la industrialización del litio.

“Más allá de la afinidad política, estamos hablando de capacidades técnicas reales. En el caso de CATL, que forma parte del consorcio CBC, estamos frente al mayor productor mundial de baterías de litio”, sostuvo.

Subrayó que, al tratarse de contratos a rango de ley, estos brindan la seguridad jurídica que requieren las empresas internacionales para ejecutar sus inversiones.

“Una planta tarda entre tres a cinco años en estar operativa. Si no se aprueban ahora, el proceso tendría que reiniciarse y eso tomaría años”, expresó.

Arnez también alertó que algunos candidatos anunciaron públicamente su intención de anular los contratos si llegan al poder. Frente a esa incertidumbre, enfatizó que “quien tiene la llave y el candado es la Asamblea Legislativa para anularlos”, y que las empresas exigen leyes como garantías jurídicas para invertir en el país.
Rdc/Jfcch/Afbs
https://abi.bo/index.php/economia2/66356-viceministro-si-no-se-industrializa-el-litio-ahora-perderemos-una-oportunidad-mas

Perú

José De Echave: “El Congreso va a discutir más que la aprobación de la Ley Mape, una nueva ampliación del Reinfo”

24 julio, 2025

Para el exviceministro de Gestión Ambiental, los mineros informales ven una coyuntura favorable para avanzar en su agenda frente a la debilidad del Ejecutivo. Si persiste la falta de consenso sobre la Ley Mape, el Congreso optaría por seguir extendiendo el Reinfo.
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José De Echave conversó con La República sobre la problemática minera en el país y los desafíos de la Ley Mape. Foto: Kevin García/La República
Foto del autorDaniel Tapia
Este viernes 25 de julio volverá a sesionar la mesa de diálogo entre los representantes del gobierno, instituciones del Estado y mineros informales. Para, José De Echave, investigador de CooperAcción, la Confemin tiene una posición maximalista y aprovecha la fragilidad del Poder Ejecutivo para avanzar en su plataforma de lucha que comprende: reponer a los mineros excluidos del Reinfo, evitar las interdicciones y aprobar una Ley Mape a la medida de sus intereses.

Si bien una renovada Comisión de Energía y Minas del Congreso deberá decidir el futuro de esta norma, De Echave ve poco probable que en esta próxima legislatura se de luz verde a un texto consensuado. En su lugar, las fuerzas parlamentarias buscarían ampliar nuevamente el fracasado proceso de formalización minera.

-¿Cómo analiza el proceso de diálogo entre los representantes del gobierno, instituciones del Estado y los gremios de mineros artesanales?

-Ojalá que se puedan lograr acuerdos para salir un poco del entrampamiento. Sin embargo, viendo las distintas posturas, se me hace difícil que esto pueda ocurrir. Yo creo que, por el lado del gobierno, veo poca capacidad, poca voluntad y creo que no hay muchas iniciativas de su parte. En el caso de las organizaciones que representan a la minería artesanal, la sensación que tengo es que todavía hay una posición maximalista de puntos y temas que son bien difíciles que puedan a llegar a buen puerto.

-Una de las principales preocupaciones de los gremios como la Confemin es que se anule la exclusión de los más de 50.565 mineros del Reinfo, que habían sido suspendidos por no cumplir los requisitos de ley. ¿cree que se atienda su plataforma de lucha?

-A mi lo que me preocupa es su agenda maximalista de las centrales de mineros como la Confemin y otras federaciones. Ellos, en la práctica, demandan muchas cosas que se parecen a las exigencias históricas de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). Dicen que el Perú es ancestralmente minero y eso siempre lo señaló la SNMPE. Además, quieren hacer minería en áreas de conservación, lo cual, creo que es inaceptable. Pretenden hacer minería en la Amazonía, tener beneficios tributarios y no cumplir con instrumentos de gestión ambiental rigurosos. Es decir, muchos de sus puntos coinciden. El Perú sí necesita una pequeña minería fuerte, responsable, seria, pero diferenciándose de la ilegal, que avanza de manera violenta y que afecta los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y la naturaleza.

-¿Coincide con algunos especialistas en que desde que se creó la mesa de diálogo y este subgrupo que debe revisar las normas en cuestionamiento, el Ejecutivo está cediendo a las presiones de los mineros informales?

-Es posible. Estamos hablando de un gobierno tremendamente débil y que tiene muy poca legitimidad, frente a una organización social que ha crecido y que posee una enorme capacidad de movilización. Además, tienen recursos y claramente, una influencia política. Entonces, sí me da la impresión que la lectura de las centrales de mineros es que hay una coyuntura favorable para avanzar en su agenda. Esta agenda máxima puede ser aprobar una Ley Mape que responda a sus intereses, como lo han intentado hacer en la Comisión de Energía y Minas. O también, lograr algunos puntos como evitar las interdicciones y reponer a los mineros que salieron del registro.

Minem optó por camino fácil
-Se reveló un chat en el que el ministro Jorge Montero compartía mensajes y publicaciones con los mineros informales. ¿Cómo analiza esta información a la que él ha justificado en base a razones académicas?

-Mi principal observación y crítica al señor Montero es que, desde que asumió el ministerio de Energía y Minas, cuidó el puesto y le ha dejado la tarea de plantear una nueva Ley Mape a la Comisión de Energía y Minas, sabiendo lo que significa. Entonces, creo que ha optado por el camino fácil de no proponer una iniciativa, de no discutir seriamente y de no plantear propuestas sobre el tema. Le ha dejado un espacio para que la influencia que hoy en día tienen las centrales mineras en la política, se desenvuelva sin mayores problemas. Ahora, sin duda, en un grupo de WhatsApp, hay varios temas que él ha planteado y que ahora, no reconoce.

-Hasta diciembre tiene plazo el Congreso para resolver el futuro de la Ley Mape, que no pudo ser aprobada en la Comisión de Energía y Minas. Con la disolución del Bloque Magisterial, otra bancada presidirá este grupo de trabajo. ¿cómo ve este cambio de presidencia y de miembros para orientar el debate?

-Vamos a ver cómo se reconfigura la Comisión de Energía y Minas. Pero, estamos hablando del mismo Congreso. Entonces, no es que vayan a darse cambios sustantivos. Honestamente, se me hace difícil pensar que un Parlamento con esas características vaya a poder producir una Ley Mape que responda realmente a los intereses del país. Por lo tanto, tenemos esta segunda legislatura que acaba en diciembre y no creo que se pueda producir un marco legal que permita un avance importante. En ese mes ya estaríamos en un contexto electoral y lo que vamos a tener, es un escenario en el cual, el Congreso seguramente va a discutir más que la aprobación de la Ley Mape, una nueva ampliación del Reinfo.

-Una carta bajo la manga que podría aparecer es un proyecto de ley del congresista Sánchez que busca ampliar el Reinfo hasta el 2026 mientras no se apruebe la Ley Mape. ¿Esta es una iniciativa que va acorde con la problemática de la minería artesanal?

-Lo menos que podemos decir es que el riesgo existe. Yo me pregunto, si de cara al escenario electoral que se viene, habrá alguna fuerza política dentro del Congreso que se animará a decir si acaba el Reinfo. Creo que, si no se llega con una Ley Mape aprobada en la Comisión de Energía y Minas y en el Pleno del Congreso, lo más probable es que se plantee una nueva ampliación del Reinfo. Ya ha pasado varias veces anteriormente. Entonces, no me sorprendería. Yo no me imagino una fuerza política dentro del Congreso que va a estar, además, buscando algún nivel de de espacio electoral, trayéndose abajo el Reinfo.

Mineros van por agenda máxima
-Algunos puntos críticos de la propuesta de Ley Mape era la inclusión de la servidumbre minera y la exención de responsabilidad penal. ¿Cederá la Confemin a estos puntos que defiende?

-Hasta el momento, cuando uno escucha a sus voceros, la sensación que queda es que están yendo por la agenda máximo. Su lectura es que hoy en día tienen las condiciones de poder sacar la gran mayoría de puntos de su agenda porque están frente a un Ejecutivo débil y un Congreso que está dispuesto a trabajar con ellos. Aquí hay un margen de error, pero me imagino, una segunda legislatura en la que no se va a poder producir una Ley Mape, y con esta situación de impase a fin de año, lo que va a quedar es la posibilidad de ampliar nuevamente el Reinfo. Entonces, la tarea de definir esta Ley Mape será del próximo Parlamento, donde seguramente la Confemin y otras federaciones van a esperar tener una mayor representación política.

-La Confemin señala que uno de los problemas centrales que impiden la formalización de la minería artesanal es la acreditación de un contrato de explotación. ¿coincide con ellos?

-Yo creo que es un punto importante y un asunto que el país necesita discutir seriamente. A inicios de la década del 90, el Perú tenía 2 millones 300.000 hectáreas concesionadas. En algún momento, llegó a tener 26 millones de hectáreas concesionadas. Hoy en día, estamos en alrededor de 20 millones y sin duda, ha habido un proceso de acaparamiento. ¿Quiénes pueden pagar los derechos mineros vigentes? Básicamente, las grandes empresas. Pataz es un ejemplo de eso. Si uno ve su territorio, la Mina Poderosa tiene cerca del 20% de las concesiones en las zonas con mayor riqueza geológica. Yo creo que ese es un tema a discutir de la manera más seria posible. Revisemos las experiencias internacionales donde ha habido ajustes a la política de concesiones mineras, para dejar espacio a que la pequeña minería se pueda desarrollar.

-En el reporte del Observatorio de Conflictos Mineros, se menciona que hay un giro en la conflictividad social con nuevos actores y territorios, a diferencia de lo que ocurría en años anteriores. ¿cuáles son los argumentos que sustentan esto?

-Efectivamente, la matriz de conflictividad social ha cambiado. Hasta hace un tiempo, los conflictos eran entre las grandes empresas y las comunidades que defendían sus territorios. Hoy en día, el principal conflicto es entre las grandes empresas y la pequeña minería. Después de 30 años, yo creo que sí hay que comenzar a pensar qué tipo de gobernanza necesita la minería para los próximos 20 o 30 años. Hemos tenido una ley general que tiene casi 30 años de vigencia. Claramente, el escenario de tensión social muestra que muchos de esos aspectos se han agotado. Esta no es una discusión exclusivamente de los empresarios mineros, sino de la clase política, del sector académico, de la sociedad civil, de los trabajadores y productores mineros. Ojalá que, en la agenda electoral, se puedan discutir y lograr algunos puntos de consenso.

Caída de la producción minera formal
-¿La caída de la producción formal de oro y cobre se debe a la expansión de la minería informal, como atribuyen algunos gremios de la gran minería?

-Es cierto que hay una caída de la producción de oro desde hace un buen tiempo. Pero, esto no se debe exclusivamente al avance de la pequeña minería. Lo que está ocurriendo en el Perú es que los grandes yacimientos de oro se están agotando. Básicamente, el 60% de la cartera son proyectos de cobre y solamente, el 12% son auríferos, y ninguno es de gran minería. Entonces, lo que va a predominar es la producción de la pequeña minería. La obligación de las centrales de mineros es diferenciarse de los ilegales.

-¿Qué expectativas tiene del Mensaje a la Nación de Dina Boluarte? ¿Podría haber algún anuncio referido a la problemática de la minería en el país?

-Debería haber. Seguramente, se darán algunas menciones, pero de ahí a que pueda tener alguna expectativa de que algo interesante se anuncie, yo creo que no.

-¿Seguirá insistiendo el gobierno en iniciar la construcción de Tía María para este año, pese a la oposición de la población de Valle de Tambo?

-Hay una voluntad de los agricultores de decirle no a la minería. Ellos perciben además que no es una posición únicamente contra Tía María. Ven el mapa de concesiones mineras y por lo menos, 10 empresas tienen concesiones en su territorio. Entonces, sienten que este proyecto es el inicio de la reconversión del territorio del Valle de Tambo en una zona de expansión minera. Entonces, la información que tengo es que no es viable y que la gente sigue preocupada por la posibilidad de que el proyecto se desarrolle.

-Una de las posiciones que dejaba entrever el ministro era que valoraba la posibilidad de que el BCRP compre oro a los mineros artesanales. ¿Cómo evalúa esta propuesta?

-En primer lugar, no hay muchas experiencias a nivel internacional en donde un Banco Central de Reserva pueda encargarse de esa labor. Discutir que haya algún otro espacio dentro del Estado para que se haga esa tarea, se puede pensar, pero no es algo que se vaya a resolver de la noche a la mañana. Estamos en una época en la que la cotización del oro es alta, pero también ha habido periodos bajos. Es un tema que hay que analizarlo con mucho cuidado.

https://larepublica.pe/economia/2025/07/24/exviceministro-jose-de-echave-el-congreso-va-a-discutir-mas-que-la-aprobacion-de-la-ley-mape-una-nueva-ampliacion-del-reinfo-hnews-1879951

Bolivia, Litio

CEDIB sobre la industrialización del litio: “Nos hemos limpiado la boca antes de comer”

15 julio, 2025

Imagen ilustrativa tomada de internet
13/07/2025
El investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Jorge Campanini, advirtió que el país ha avanzado en el proyecto de industrialización del litio sin contar con información técnica ni planificación adecuada. “Nos hemos limpiado la boca antes de comer, hemos hecho el desarrollo sin conocer”, afirmó en entrevista con el programa Hagamos Democracia de la red Erbol.

Campanini señaló que Bolivia emprendió el camino hacia la industrialización del litio sin datos precisos sobre las reservas existentes, sin una política sólida y con decisiones improvisadas que hoy ponen en duda la viabilidad del proyecto. “Seguimos avanzando sin tener precisión de datos exactos que nos puedan ayudar a apuntar con mayor efectividad un proyecto tan importante para el país y un sueño tan importante para Potosí”, expresó.

El investigador explicó que el país ingresó al negocio del litio a través de Yacimientos del Litio Boliviano (YLB), instalando incluso una planta de cloruro de potasio entre 2018 y 2019, pese a no haber concluido la planta de carbonato de litio ni contar con una certificación clara de reservas. Según advirtió, esta situación impide a las empresas que firmaron convenios con el Estado desarrollar una certificación técnica propia, lo que contraviene normas específicas y deja en evidencia la ausencia de una estrategia estatal coherente.

Campanini detalló que actualmente existen 14 convenios con distintas características jurídicas y administrativas, lo que complica aún más el panorama. A su juicio, el proyecto de industrialización atraviesa “un momento bien difícil, bien complicado”, y está generando presión incluso sobre los actores políticos nacionales.

En contraste, citó el caso de Brasil que, sin ser un productor relevante de litio como Chile o Argentina, ya cuenta con una industria de baterías impulsada por empresas automotrices globales. “Ahí hay mercado, capacidades tecnológicas y científicas. En Bolivia ni siquiera hemos desarrollado ese campo”, lamentó.

Agregó que el país está “tocando con la realidad”, pues ni siquiera puede concentrar carbonato de litio de manera eficiente, y no cuenta con una normativa clara para procesos como la Extracción Directa de Litio (EDL), tecnología a la que Bolivia intenta incorporarse en reemplazo del sistema de piscinas de evaporación.

En ese contexto, señaló que Bolivia enfrentará presiones externas en un escenario geopolítico cada vez más competitivo por el control del litio por la producción en China, Rusia y Australia. Recordó que países como Estados Unidos han triplicado sus reservas en menos de cinco años y que Europa ya aprobó 47 proyectos vinculados a materiales críticos, 18 de ellos relacionados directamente con el litio. “También les interesa lo que ocurra en Bolivia porque de ello dependerán los mercados y las cadenas de abastecimiento global”, afirmó.

Campanini indicó que el CEDIB ha puesto énfasis en el debate ambiental que rodea al litio y en la necesidad de evaluar los riesgos de los nuevos modelos de explotación. Subrayó que la transición hacia tecnologías como la EDL sin un marco claro de planificación es otra muestra de la improvisación estatal. “Es momento de discutir qué ganamos y qué perdemos con estos modelos extractivos”, concluyó.

NO HAY CERTIFICACIÓN SIN PROYECTOS

La no aprobación de los contratos de litio en la Asamblea Legislativa representa un riesgo directo para la certificación de reservas en Bolivia.

Según explicó Alfonso Pérez, gerente de Operaciones de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), el país cuenta con 21 millones de toneladas de litio certificados como recursos en el Salar de Uyuni y otros dos millones en Coipasa y Pastos Grandes, pero para que estos puedan ser clasificados como reservas, se requiere que exista un proyecto vigente y en explotación. Sin esa condición, los recursos no pueden consolidarse como reservas oficialmente reconocidas a nivel internacional, lo que limita el desarrollo del sector y la atracción de inversiones, indicó el pasado 7 de julio.

Este estancamiento legislativo compromete la posibilidad de convertir los recursos en activos estratégicos para la economía boliviana. “Es necesario realizar una serie de estudios de factibilidad y contar con proyectos operativos en marcha, como los propuestos en los contratos de litio, para que estos recursos puedan ser considerados reservas certificadas”, advirtió Pérez en entrevista con la red Erbol.

Aunque YLB continúa avanzando con otros proyectos, la falta de aprobación de estos contratos impide que Bolivia dé un paso clave en su proceso de industrialización con respaldo técnico y financiero.
https://erbol.com.bo/econom%C3%ADa/cedib-sobre-la-industrializaci%C3%B3n-del-litio-%E2%80%9Cnos-hemos-limpiado-la-boca-antes-de-comer%E2%80%9D

Internacional

Excavadoras masivas que extraen metales preciosos del fondo del océano amenazan pradera marina del tamaño de Suiza

10 julio, 2025

Ian Urbina 09/07/2025
Hasta el fondo del océano está llegando la minería y decenas de empresas están llevando retroexcavadoras gigantes a un área que alberga una importante pradera marina del tamaño de Suiza: el Banco Saya de Malha. Científicos advierten que esta actividad será desastrosa para el ecosistema.
Durante la última década, la industria minera ha argumentado que el fondo oceánico es una frontera esencial para los metales preciosos necesarios en las baterías utilizadas en teléfonos móviles y ordenadores portátiles.

A medida que las empresas buscan los mejores parches de océano para encontrar los preciados sulfuros y nódulos, conocidos ampliamente como «trufas del océano», las aguas cercanas al Banco Saya de Malha—una meseta sumergida del tamaño de Suiza en el Océano Índico, entre Mauricio y las Seychelles—han surgido como un objetivo atractivo.

La mayor parte del Banco es demasiado poco profunda para ser un candidato probable para este tipo de minería. Pero algunas de las aguas que rodean el Banco, en particular las que están fuera del área de las hierbas marinas en la meseta más amplia de Mascarene, alcanzan profundidades superiores a los 2.700 metros y son muy adecuadas para la minería.

Esta es una de las razones por las que varias empresas ya han firmado contratos de exploración a largo plazo para minar la zona en busca de metales preciosos, entre ellos titanio, níquel y cobalto.

Para extraer los preciados nódulos, se requiere una extracción industrial mediante excavadoras masivas.

Generalmente 30 veces el peso de las excavadoras normales, estas máquinas son levantadas por grúas sobre los costados de los barcos y luego bajadas a varios kilómetros bajo el agua, donde se desplazan por el fondo marino, succionando las rocas, triturándolas y enviando una mezcla de nódulos pulverizados y sedimentos del lecho marino a través de una serie de tuberías hasta el barco de arriba.

Después de separar los minerales, los barcos mineros devuelven al mar las aguas procesadas, los sedimentos y los “finos” mineros, que son las pequeñas partículas del mineral de nódulo triturado.

Metales preciosos bajo el mar
En 1987, estudios en la Cuenca de Mascarene, una zona del Océano Índico que incluye el Banco Saya de Malha, encontraron depósitos que posiblemente contenían cobalto sobre un área de aproximadamente 11.500 kilómetros cuadrados.

Corea del Sur posee un contrato de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, la agencia internacional que regula la minería del fondo marino, para explorar los respiraderos hidrotermales en la Dorsal Central del Índico, a unos 400 kilómetros al este del Banco Saya de Malha.

Este contrato comenzó en 2014 y finalizará en 2029, y las exploraciones en la zona ya están en marcha. India y Alemania también tienen contratos de exploración para un área situada a unos 1.300 kilómetros al sureste del Banco Saya de Malha.

Toda esta actividad podría ser desastrosa para el ecosistema del Banco, según los investigadores oceánicos. La actividad minera y de exploración levantará sedimentos del fondo marino, reduciendo el acceso de las hierbas marinas a la luz solar de la que dependen.

Las nubes de sedimentos provenientes de la minería pueden viajar cientos o incluso miles de millas, lo que podría interrumpir toda la red alimentaria en la columna de agua y afectar a especies importantes como el atún.

El fondo marino en sí también se recupera lentamente de la actividad minera. En 2022, científicos enviaron un dron submarino frente a la costa de Charleston, en Carolina del Sur, y encontraron que aún eran visibles las huellas de una prueba de minería en el fondo marino que se había realizado allí medio siglo antes, según un informe del Post and Courier, un periódico local.

Las áreas entre las huellas estaban desprovistas de peces, esponjas o nódulos. Una investigación publicada en 2023 encontró que un año después de que se realizara una prueba de minería del fondo marino que perturbó el lecho marino en aguas japonesas, la densidad de peces, crustáceos y medusas en las áreas cercanas se redujo a la mitad.

Los defensores de la minería en el fondo marino profundo destacan la creciente necesidad de estos recursos. En 2020, el Banco Mundial estimó que la producción global de minerales como el cobalto y el litio tendría que aumentar en más de un 450 por ciento para 2050 para satisfacer la creciente demanda de tecnología energética limpia.

Carrera minera y detractores
“Es una carrera entre países para adelantarse unos a otros en tecnologías emergentes y de vanguardia”, dice Arvin Boolell, exministro de Relaciones Exteriores de Mauricio, agregando que, con tales recursos agotándose en tierra, “el fondo marino se ve como la próxima frontera”.

Sin embargo, los escépticos de la industria sostienen que la tecnología de baterías está cambiando tan rápidamente que las baterías que se usen en un futuro cercano serán diferentes de las que se utilizan ahora.

También afirman que las empresas pueden confiar en recuperar y reciclar baterías usadas. Otros críticos ven la minería como una especie de esquema Ponzi destinado a atraer inversión de capital de riesgo, pero que en realidad tiene pocas posibilidades de generar ganancias a largo plazo.

Estos escépticos dicen que debido a las largas distancias de transporte y las condiciones corrosivas e impredecibles en el mar, el costo de la minería de nódulos en el mar será mucho mayor que el precio de hacerlo en tierra.

Además, muchas de las mayores compañías de automóviles y tecnología han declarado públicamente que no están interesadas en los minerales del fondo marino.

Un mejor diseño de productos, el reciclaje y la reutilización de metales ya en circulación, la minería urbana y otras iniciativas de economía ‘circular’ pueden reducir considerablemente la necesidad de nuevas fuentes de metales, dijo Matthew Gianni, cofundador de Deep Sea Conservation Coalition.

En julio de 2024, un grupo de investigadores oceánicos presentó una queja ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. alegando que The Metals Company, el principal accionista de la minería en el fondo marino, había engañado a los inversores y reguladores.

Más recientemente, The Metals Company ha comenzado a alejarse de su enfoque en las baterías y, en su lugar, afirma que los metales son necesarios para misiles y fines militares.

Pacto petrolero
Algunos políticos de Mauricio están ansiosos por aprovechar la oportunidad financiera que parece representar la minería del fondo marino.

En 2021, Mauricio organizó un taller con la Unión Africana y Norad, la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo, para explorar las perspectivas de la minería en el fondo marino.

Los funcionarios del gobierno de Mauricio y Seychelles han dicho que están adoptando un enfoque “precautorio”hacia la minería en el fondo marino profundo, pero aún así siguen adelante con la búsqueda de recursos en sus aguas a pesar de las advertencias sobre una catástrofe ecológica.

En septiembre de 2024, los dos países acordaron un pacto para iniciar la exploración de petróleo en los alrededores del Banco Saya de Malha, una región que gestionan conjuntamente.

En todo el mundo, el escepticismo sobre este tipo de minería ha aumentado. Más de 30 países pidieron una moratoria o una pausa precautoria sobre la minería en el fondo marino profundo, según Deep Sea Conservation Coalition, un colectivo de organizaciones no gubernamentales e institutos de políticas que trabaja para contrarrestar las amenazas al fondo marino.

En 2021, Greenpeace, miembro de la coalición de conservación, eligió el Banco Saya de Malha como el lugar para la primera protesta subacuática contra la minería en el fondo marino.

Como parte de esa protesta, Shaama Sandooyea, una bióloga marina de 24 años de Mauricio, se sumergió en las aguas poco profundas del banco con un cartel que decía «Youth Strike for Climate» («Huelga Juvenil por el Clima»).

Ella tenía un mensaje simple: que la búsqueda de minerales del fondo marino, desentendiendose de las consecuencias, no era el camino hacia una transic

Excavadoras masivas que extraen metales preciosos del fondo del océano amenazan pradera marina del tamaño de Suiza
Ian Urbina 09/07/2025
Hasta el fondo del océano está llegando la minería y decenas de empresas están llevando retroexcavadoras gigantes a un área que alberga una importante pradera marina del tamaño de Suiza: el Banco Saya de Malha. Científicos advierten que esta actividad será desastrosa para el ecosistema.
Durante la última década, la industria minera ha argumentado que el fondo oceánico es una frontera esencial para los metales preciosos necesarios en las baterías utilizadas en teléfonos móviles y ordenadores portátiles.