Un colectivo de organizaciones sociales y dirigentes políticos de Guatemala pidió que se declare una moratoria sobre los proyectos mineros para adelantar un debate sobre el modelo de desarrollo que más le conviene al país.
De visita en la capital canadiense, Ottawa, la diputada Sandra Morán aseguró que es necesario que se adopte la moratoria y se evalúe claramente si algunos de los proyectos o licencias de explotación -que se otorgaron en los últimos años- hacen parte del carrusel de corrupción que afectó al país y que tiene en la cárcel a un ex presidente, su ex vicepresidenta y cinco ex ministros, entre otros.
Además, la diputada Morán –jefa de la bancada de la Dignidad en el Congreso Nacional de Guatemala- consideró necesario determinar lo que la minería –una gran parte de ella controlada por compañías canadienses- ha realmente dejado al país y los impactos que esa industria tiene en la vida de las comunidades.
Decenas de escritores, científicos y activistas firmaron una carta abierta a los presidentes de Canadá, Estados Unidos y México en la que advierten que la tala y la minería ponen en riesgo la reserva en la que habita la mariposa monarca durante el invierno, ubicada en la sierra al oeste de la Ciudad de México.
«Ante un Estado ecocida y criminal no nos quedo más que acudir a la ONU»
Las autoridades locales y regionales en Colombia podrán rechazar proyectos mineros en sus territorios, así lo decidió la Corte Constitucional al tumbar el artículo 37 del Código de Minas que les impedía a los mandatarios oponerse. El valle de Cocora sería una zona excluida para explotación minera, por pertenecer al Paisaje Cultural Cafetero.
PCM modificó denominación de Mesa de Desarrollo en Cotabambas. Se incluyó problemática ambiental como uno de los enfoques principales. Comuneros y dirigentes lo exigían desde inicio del diálogo.
En la Villa de Cloete, a un poco más de 100 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, donde en algún momento el gobierno planeó calles pavimentadas y parques verdes, el paisaje se viste de hoyos como cráteres, caminos que terminan en desfiladeros y unas cuantas casitas con riesgo de desmoronarse sobre barrancos perforados con palas mecánicas. Es el rostro que le dejó la actividad minera.
El Parque Nacional Canaima del estado Bolívar, en Venezuela, cumple este domingo 12 de junio, 54 años de haber sido fundado y 22 años declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. El presidente Nicolás Maduró decretó la creación del Arco Minero del Orinoco, con la finalidad de instalar un desarrollo minero en una amplia zona con monumentos naturales, y cuencas que están protegidas igualmente por leyes ambientales y convenios internacionales, que provee de las reservas de agua dulce más importantes del país.
El Estado estaría incumpliendo una serie de normas que están vigentes y que llaman a salvaguardar el lago Poopó, que hoy se ha secado y no existen acciones efectivas que reparen ese daño ambiental.
Una visita efectuada por la prensa al distrito minero de Colquiri la semana pasada evidenció la precaria infraestructura de vivienda que enfrenta la población que este 20 de junio celebra el cuarto aniversario de su nacionalización. El acceso a la población está dominado por los típicos campamentos mineros, con paredes de adobe color ocre. Se pudo comprobar que las viviendas muestran un acentuado deterioro, aunque hay modernas edificaciones civiles en el centro del poblado.
Un foro para rechazar cualquier intento de explotación minera, en el norte del departamento de Olancho, se llevó a cabo el fin de semana anterior en el municipio de La Unión.