Boletín de prensa
Fortuna Silver Mines y Minera Cuzcatlán realizan exploraciones mineras en límites ejidales sin el permiso de nuestras asambleas comunitarias.
Comunidades zapotecas y campesinas de Ejutla y Ocotlán prohíbimos exploración y explotación minera en nuestros territorios.
Exigimos la cancelación de las concesiones mineras otorgadas por la Secretaría de Economía.
Desde inicios de 2015, la empresa minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines ha realizado trabajos de exploración minera en los límites ejidales de San José del Progreso, Monte del Toro y San Martín de los Cansecos, sin el consentimiento de nuestras asambleas comunitarias.
Las razones de esta baja serían tanto el escaso aumento de la producción de cobre como la drástica caída del precio internacional del metal rojo en el último tiempo.
Un centenar de personas, entre productores agropecuarios y estudiantes universitarios, realizaron una marcha-caravana bajo la consigna, “agua si, oro no,” en la que expresaron su rechazo a una eventual explotación de la mina de oro y cobre que hay en la cuenca alta de esta provincia.
En Chile el Gobierno, la Constitución y las leyes han propiciado un régimen de extractivismo minero. Mientras, los indígenas de Tarapacá utilizan su patrimonio arqueológico y cultural como medio para negociar y permanecer viviendo como lo hacían ancestralmente.
Comunidades campesinas de los distritos de Ejutla y Ocotlán exigieron la cancelación de las concesiones mineras otorgadas a la empresa Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, porque ha realizado trabajos de exploración en su territorio sin el consentimiento de las asambleas comunitarias.
Aseguran que no han recibido beneficio alguno por dejar tierras de cultivo para la explotación de oro
RED MUQUI, se dirige a la opinión pública nacional e internacional para manifestar lo siguiente:
El sacerdote Alejandro Solalinde visitó este miércoles el Congreso local para exigir a los diputados el cierre de la mina Buenavista del Cobre, y declarar zona de desastre al municipio de Cananea. Acompañado por damnificados por el derrame y activistas sociales, también solicitó que el Congreso aplique la consulta ciudadana en marzo de 2017 en los 72 municipios del estado, para detener o regular la expansión de la minera Grupo México.
En febrero se fugó por una falla mecánica de uno de los 10 tanques de lixiviados en la falda del cerro El Limón, afirma. Los vecinos sufren enfermedades debido a la contaminación del aire y del agua mediante 10 escurrimientos, denuncian. Las instancias a las que acuden en busca de ayuda terminan cooptadas por la minera, la Semaren recibió 50 millones de pesos, aseguran.