El fondo marino es una reserva poco explotada con valiosos depósitos minerales. Pero, ¿cómo puede afectar la minería submarina a la vida en el océano? Para descubrirlo, nos acercamos a un barco de investigación en medio del Atlántico.
La industria minera está desarrollando tecnologías que permiten la extracción comercial de recursos del fondo marino a más de medio kilómetro de profundidad. El primer proyecto de este tipo está previsto para 2018. Y despierta mucha preocupación.
La firma internacional Barrick Gold Corporation anunció que tomó la decisión de avanzar en la explotación de la mina de oro y plata binacional Pascua-Lama, a través de la puesta en marcha de un plan estratégico del lado argentino que permita generar los recursos que serán destinados a concretar una parte de las obras medioambientales que requiere el emprendimiento en el sector chileno, donde la explotación se encuentra frenada por exigencias en ese sentido de parte de la justicia y que tiene el rechazo de las comundades de la región.
Fernando “Pino” Solanas, senador nacional de Proyecto Sur, denunció ante el Juzgado Federal N°1 de San Juan a la minera chilena Antofagasta Minerals por «instalar un megabasurero en territorio argentino con desechos mineros contaminantes violando el artículo 41 de la Constitución y la Ley de Residuos Peligrosos (N°24051)». «La minera chilena Antofagasta Minerals, instalada a pocos kilómetros de la frontera con Argentina, creó una escombrera de material contaminante en territorio sanjuanino, en el que arrojó unas 55 millones de toneladas de residuos peligrosos entre 2007 y 2012. Son casi 52 hectáreas, que un estudio privado concluyó que ya arrasó con algunas lagunas, secó vegas y contamina con drenaje ácido un curso de agua que alimenta al río San Juan (principal cuenca de la provincia)».
Un representante de la nación Uru Chipaya del departamento de Oruro, informó este martes que la falta de agua en la zona por el desvío del río Lauca, provocó una masiva migración hacia Chile, Argentina y otros países y advirtió que si el Gobierno no asume una política de protección, en poco tiempo más esa cultura habrá desparecido.
Ante una escasa presencia de medios de comunicación en una conferencia en el Salón Rojo de la Cámara de Diputados, el dirigente originario Esteban Perca explicó que los pocos habitantes lograron sobrevivir los últimos años, sin poder avanzar en las actividades agrícolas, porque el lugar donde viven es salino y no da opción a que la vegetación se reproduzca.
La oposición política lamentó este viernes que el Gobierno y los operadores políticos del MAS recién se hayan dado cuenta, diez años después, que las cooperativas mineras realizan operaciones de explotación al margen de la ley, sin considerar que durante ese tiempo, encubrieron todos los actos de ilegalidad y daños ambientales.
El senador opositor Carlos Pablo Klinsky (UD) dijo que Gobierno y cooperativas “fueron socios durante diez años y entonces no se denunciaba evasión de impuestos ni violaciones ambientales. Ahora que ya no están con el Gobierno empiezan a encontrarles delitos. Eso se llama dictadura”, declaró.
Una mina de oro que funciona desde hace tres años a un costado de la presa Picachos vierte desechos contaminantes al agua que es usada por el 70% de los habitantes de este puerto, denunció Sandra Guido, presidenta de la organización civil Conselva, Costas y Comunidades.
La ambientalista exigió a las autoridades investigar los trabajos de esta empresa minera, pues según habitantes de Las Iguanas, Juantillos, San Marcos y El Placer, asentados en las márgenes del embalse, funciona de manera ilegal. Dijo que los pobladores del puerto se abastecen en un 70 por ciento de la presa Picachos, por lo que solicitaron detener las prácticas de esta minera que opera en la zona serrana, pues ya cuenta con dos salidas para verter contaminantes.
Derivado del reportaje publicado hace unas horas por la Agencia Internacional de Noticias REUTERS, en el sentido de que la Minera Peñasquito, perteneciente a la transnacional canadiense Gold Corp e instalada desde el 2008 en el municipio de Mazapil, ha ocultado desde hace tres años los altos niveles de contaminación por selenio y otros metales, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) exige una investigación internacional a fondo tanto a la empresa como a las dependencias federales mexicanas, pues es claro que hay un contubernio y corrupción porque no se ha cumplido con el reglamento preestablecido en la Ley Ambiental.
Felipe Pinedo Hernández, a nombre de la CNPA y del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), aseguró que existe un contubernio histórico entre la transnacional y sus filiales en México con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y otras instancias encargadas de regular el medio ambiente.
Más de la décima parte del territorio nacional está concesionado a empresas mineras, señalan datos del cuarto Informe de gobierno de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con el documento, a junio de 2016 el Registro Público de Minería contó con un acumulado de 25 mil 425 títulos de concesión minera vigentes en el país, los cuales amparan una superficie de 22.3 millones de hectáreas, equivalentes a 11.4 por ciento del territorio nacional.
Para efectos comparativos el estado de Chihuahua –el más grande de México– tiene una superficie de 24.7 millones de hectáreas.
El nuevo gobierno de Perú afronta una herencia de 150 conflictos socioambientales vinculados a la industria extractiva, en un listado donde destacan los reclamos de la población que convive con el proyecto minero más grande de la historia del país: Las Bambas.
La mina de cobre a cielo abierto se emplaza en el distrito (municipio) de Challhuahuacho, en el sureño departamento de Apurímac y es operada por el gigante asiático MMG Limited, que encabeza la empresa estatal china Minimetals Corporation y que invirtió en su primer proyecto en América Latina más de 10.000 millones de dólares.
Perú, con una economía donde la minería tiene un peso determinante, es el tercer productor de cobre del mundo y el quinto de oro, y en Las Bambas, que entró en operación en enero, se proyecta una producción inicial de más de 400.000 toneladas anuales de concentrado cuprífero.
Un informe de campo sobre los impactos de las actividades mineras en la Reserva Comunitaria de Junín, iniciativa de varios pueblos de la zona de Intag en la provincia de Imbarura, que es uno de estos territorios preciosos de nuestro Ecuador. Fuente de agua y vida, sus cascadas, fauna y flora son partes de la zona de amortiguamiento de la Reserva Cotacachi-Cayapas, uno de los parques naturales más importantes del mundo. En la actualidad, estas riquezas y los territorios de Intag en general están amenazadas por las actividades de exploración minera del consorcio formado por la Enami (Empresa Nacional Minera) y la estatal chilena Codelco con su megaproyecto minero de cobre Llurimagua, como lo revela nuestra última visita en la zona.
Según la revista estadounidense Nature, a la cual difícilmente podemos tachar de nido de ecologistas infantiles, esta zona es hogar de numerosas especies endémicas y/o en peligro de extinción y una de las 25 zonas más megabiodiversas del mundo (2). En 2013, otra revista científica de renombre, Science, mostró que la Reserva Cotacachi-Cayapas es potencialmente más importante que el parque Yasuní en términos de biodiversidad y presencia de especies en peligro (3).