14/02/17 |  Por Fundavida
El superlativo quizás suene exagerado, pero de algún modo hay que llamarlos.. Los modelos de minería que se están practicando en Perú y Chile, y que ahora amenazan Argentina, están llevando los métodos extractivos a niveles exponenciales, desconocidos hasta el presente en la cultura humana.
La amenaza para nuestro país se transparentó luego de la reciente reunión mantenida entre autoridades nacionales y representantes provinciales de Mendoza del sector minero, empresarios nucleados en la Cámara de Empresarios Mineros (CAMEN) que eufóricos, luego del encuentro, declararon “fue lo más importante de los últimos años y un impacto gigantesco en el tema minero”. (Telam -11/02/17)

Los países que controlan la minería en nuestro continente, EEUU y Canadá, a pesar de ser poseedores de enormes reservas de minerales, se cuidan muy bien de mantener en sus territorios modelos restringidos de extracción, por razones estratégicas y ambientales. Por el contrario, los modos aplicados en Sudamérica se caracterizan por una falta absoluta de respeto por la naturaleza y la vida, en especial la humana, las permisionarias presionan y obtienen ventajas inauditas de gobiernos de la región frágiles a las coimas multimillonarias que pagan las mineras a los funcionarios responsables de autorizarlas y controlarlas.

En Perú las empresas mineras son dueñas y señoras de los territorios que les interesan, expulsan a sus pobladores originarios a los bordes de las carreteras, sin ninguna clase de compensación, constituyéndose en un espectáculo dantesco de miseria extrema donde pueden verse a los costados de la carretera conocida como Panamericana Sur, que une Tacna con Lima, miles de cubículos de dimensiones mínimas: 2,

La magnitud de los volúmenes extractivos son inéditas, directamente destruyen cerros y cadenas montañosas para luego depositar en cualquier parte el material triturado que no les interesa. Solamente Chuquicamata, en Chile, ha generado una gigantesca montaña artificial de residuos contaminados de más de quince kilómetros de largo, trescientos metros en la base y doscientos de altura, en promedio. Además las compañías mineras arrojan al ambiente millones de litros de substancias peligrosas como el ácido sulfúrico, utilizadas en sus procesos.
Esta es la amenaza a nuestro país en la actualidad. El camino lo habilitó la Ley Nº 24.196, conocida como la Ley de Minería sancionada en la última década del siglo pasado.

Dicho instrumento legal concedió a los inversores mineros las mismas facilidades que les son otorgadas en Chile y Perú, exenciones impositivas totales, energía a precio subsidiado, facilidad de importar equipos sin gravámenes, etc., etc.
El actual gobierno ratificó las políticas diseñadas por sus predecesores y se ha lanzado a una campaña para instalar la Ultra-Mega Minería en nuestro país.

Las amenazas actuales son de magnitud insospechada, por ejemplo, el desalojo total de la ciudad de Andalgalá para extraer los minerales que yacen en su subsuelo. O la demolición completa de la cadena de Cerros del Aconquija, que divide Catamarca de Tucumán, que también está en los planes de las compañías mineras. Total, como les dijo un ex gobernador de Catamarca a los habitantes de Andalgalá “…No pasa nada, todo queda igual, sólo se trata de desarmar los cerros y armarlos en otro lado.”

# Los vertidos del parque industrial

Si cualquiera de nosotros advierte que se está cometiendo un crimen tiene el deber moral y social de denunciarlo, la Justicia de investigarlo y su eventual responsable/responsables tendrán que ser juzgados por su eventual delito.
Sin embargo existen situaciones en las que algunos tipos de crímenes son permitidos por la sociedad, que los contempla como si no fueran tales, aunque se trate de hechos que pueden provocar enfermedades graves, incluso la muerte para las víctimas.
Generalmente los delitos ambientales entran en esta categoría, probablemente por dos razones, la primera es que las agresiones ambientales muchas veces no son advertidas inmediatamente como tales, porque todos vamos aprendiendo de las consecuencias de determinados procesos antrópicos cuando las comenzamos a sufrir, luego que estos han sido tolerados inicialmente, por falta de información o directamente por omisión deliberada por parte de quienes ganan dinero con el ocultamiento.

La segunda, porque para alguien es negocio envenenarnos y gasta parte de sus utilidades en mentir y sobornar a quienes podrían evitarlo.
El caso del glifosato es paradigmático: Monsanto, la empresa que lo instaló como parte del proceso productivo agrario, durante años nos mintió descaradamente asegurándonos que era inocuo, inofensivo y que desaparecía inmediatamente de la naturaleza una vez aplicado.
Tuvieron que pasar muchos años y el trabajo científico de abnegados investigadores para que descubriésemos que en realidad era una poderosa y cancerígena sustancia sintética que nos está envenenando. Claramente su uso es un crimen porque alguien o algo que enferma y mata está atentando contra el valor más alto de nuestra escala: la vida humana. Sin embargo el crimen se sigue cometiendo cotidianamente ante la indiferencia de una parte importante del conjunto social, la justicia y las autoridades responsables de defendernos de estas situaciones.
Con los efluentes de las empresas radicadas en nuestro parque industrial pasa lo mismo. Cuando fue diseñado, hace muchas décadas, no se conocían en profundidad las graves consecuencias que podrían tener los vertidos industriales sobre las personas. De todos modos se previó una planta de tratamiento, manifestando de este modo que los efluentes debían ser procesados antes de volcarlos al exterior para evitar daños fuera de los límites del complejo industrial.

La planta finalmente resultó insignificante frente a la magnitud de los vertidos y también incompleta porque básicamente fue pensada para detritus orgánicos. El Parque creció y la variedad de empresas radicadas se multiplicó; no sólo se instalaron alimenticias, sino también de actividades químicas de distinta naturaleza y complejidad, pero todas con un denominador común: los cuantiosos efluentes finalmente irían a la Cañada de Melgar luego de un paso simbólico por la completamente ineficaz Planta de Tratamiento del PIG. Para, luego hacer irrespirable el aire en lo que debería ser un bucólico paraje suburbano -el Barrio Don Pedro- pasar al arroyo Gualeyán y de ahí al río Gualeguaychú, justo antes de la toma de agua para la ciudad en la planta de potabilización que no está en condiciones de neutralizar o eliminar los componentes más peligrosos de estos efluentes.
El crimen que se comete cotidianamente es flagrante, los responsables y las víctimas evidentes, pero nadie actúa con la presteza y decisión que requiere la grave circunstancia.

Los que ganan dinero arrojando sus efluentes a la naturaleza y la sociedad son los responsables y deben hacerse cargo. La justicia debe tomar inmediata carta en el tema y obrar de acuerdo a las leyes que defienden la vida en general y la humana en particular.
Seguimos esperando.

http://www.diarioelargentino.com.ar/noticias/172963/Nos-amenaza-la-ultra-mega-miner%C3%ADa

Asambleístas de Jachal aseguran que hay un testigo clave que no había hablado mientras se realizaba la primera investigación.
por MDZ Sociedad
4 de Febrero de 2017
(Foto National Observer)
A partir de un testigo clave, los asambleístas de Jáchal exigen a la justicia de San Juan reabrir la investigación sobre el derrame de cianuro ocurrido en la mina de oro de Barrick Gold en Veladero, en septiembre de 2015, ya que un ex gerente de la empresa denunció haber sido despedido luego de advertir sobre los riesgos ambientales del proyecto.
«El juez Oritja no permitió ni a los vecinos ni a la Asamblea ser querellantes en la causa, está en sus manos reabrir la investigación y tomar declaración de Ramán Autar, ex gerente de Barrick Gold, quien en marzo de 2015 presentó un informe que demostró que Veladero era un proyecto a bajo costo», dijo a Télam Marcelo Arancibia, abogado representante de los asambleístas de Jáchal No Se Toca.

Ramán Autar aseguró haber trabajado como gerente global de mantenimiento de la minera canadiense entre enero de 2013 y marzo de 2014; según consta en la demanda que presentó ante la Corte Suprema de Ontario, fue despedido luego de visitar Veladero e informar sobre el mal estado de la planta, los inaceptables niveles de polvo y el incumplimiento de las normas de seguridad.

«Es absolutamente falso que los trabajos de Raman Autar tuvieran alguna conexión con los incidentes en el Valle de Lixiviación de Veladero, ni es cierto que los haya anticipado a la compañía», dice un comunicado oficial de la Barrick.

La minera afirmó que «su despido no tuvo nada que ver con el planteo de preocupaciones acerca de la operación en Veladero».

«Autar nunca fue empleado de Barrick Argentina», sostiene.

La demanda de Autar contra Barrick, presentada en marzo de 2015, fue publicada por el diario canadiense National Observer.

Respecto a la imputación de nueve operarios realizada por el juez Oritja, el abogado de los asambleístas afirmó que «la denuncia de Autar comprueba que el derrame de septiembre de 2015 no se debió a la negligencia de un trabajador ni a que el frío congeló la válvula».

En la causa, la empresa alegó que un empleado «no se dio cuenta que la compuerta de contención estaba abierta», agregó el abogado.

La imputación a los operarios fue apelada, y el expediente está ahora en la cámara de apelaciones provincial; mientras tanto, la investigación sobre los efectos contaminantes del derrame fue cerrada.

«El juez dictaminó que no hubo contaminación e imputó a nueve operarios que no tiene capacidad de dirección, pero no investiga a los empresarios ni a los funcionarios que deberían haber controlado a la empresa», afirmó Arancibia.

Y concluyó: «El caso Autar pone fin al slogan de minería responsable de la Barrick y al de minería controlada del gobierno provincial, los funcionarios tendrían que haber visto lo que vio Autar».

http://www.mdzol.com/nota/717436-piden-reabrir-la-investigacion-por-el-derrame-de-cianuro-de-barrick/

16/02/2017 – Clarin.com
La empresa hará un estudio de prefactibilidad del lado argentino. Busca generar menos impacto ambiental.
Barrick analiza hacer subterránea la mina Pascua Lama
En la mina sanjuaninta Veladero, la empresa tuvo dos accidentes con cianuro. Foto: Delfo Rodriguez
La canadiense Barrick -que sufrió dos derrames de cianuro en su mina Veladero en San Juan- informó que iniciará un estudio de pre-factibilidad para evaluar si es posible desarrollar Lama (la parte argentina del proyecto argentino-chileno Pascua-Lama) como una mina subterránea (en lugar de a cielo abierto). «Esto es resultado de una revisión detallada de las múltiples opciones orientadas a optimizar el desarrollo de Pascua-Lama», indicó la compañía en un comunicado.
El estudio evaluará la utilización de diversos métodos de minería, como hundimiento de subniveles y de bloques, diseñados para alcanzar mineral de mayor valor en el lado argentino en las etapas iniciales de operación.

“Estamos muy motivados con los trabajos en Lama. Avanzar con un estudio de pre-factibilidad es una gran noticia y representa un hito importante para el nuevo diseño subterráneo que estamos evaluando para el proyecto. De todas formas, debemos ser prudentes. Pondremos todo nuestro esfuerzo y dedicación durante los años 2017 y 2018 en cumplir cada una de las etapas de evaluación”, afirmó George Bee, vicepresidente Senior Distrito Frontera de la firma.
Conceptualmente, en este nuevo esquema, el mineral sería procesado utilizando al principio sólo una de las tres líneas de proceso parcialmente construidas en Lama con una capacidad inicial aproximada de 15.000 toneladas por día que, más adelante, con la infraestructura existente, podría ampliarse hasta 25.000 toneladas por día. Este desarrollo de una mina subterránea permitiría una reducción de la huella superficial de la mina y estaría menos sujeta a interrupciones de producción por factores climáticos en la temporada invernal.

Si el estudio de pre-factibilidad es positivo, el proceso de obtención de permisos podría iniciarse en el 2018, dijo la empresa. Y el comienzo de la producción dependería de la obtención de permisos, conseguir los fondos y la decisión de avanzar con el proyecto.

En Pascua, el trabajo este año se centrará en adelantar avances conceptuales del proyecto en paralelo con el estudio en Lama con la intención de pasar a un estudio a nivel de pre-factibilidad en el 2018.

http://www.clarin.com/ieco/economia/barrick-analiza-hacer-subterranea-mina-pascua-lama_0_BkHH_4XFe.html

El Ministro de Minería de la provincia, Alberto Valentín Hensel, como vicepresidente Primero del COFEMIN participó en la redacción.
viernes, 10 de febrero de 2017
Luego del trabajo de un año y de reuniones mensuales con asistencia casi perfecta de todas las Provincias, durante los últimos dos días de intenso debate, el Consejo Federal de Minería (COFEMIN) integrado por representantes de las provincias mineras que integran el COFEMIN, y la Secretaría de Minería de la Nación, pusieron punto final a la redacción de la propuesta de Acuerdo Federal Minero. El documento así consensuado será remitido al Poder Ejecutivo Nacional y a los Poderes Ejecutivos Provinciales para su consideración final y firma.

El COFEMIN ha sido el ámbito natural para lograr el indispensable fortalecimiento institucional del vínculo entre las Provincias y la Nación, tomando como base la unión, el diálogo, el debate y el consenso para elaborar la base de una Política de Estado equilibrada que concilie los aportes que una minería responsable puede hacerle al país en su conjunto y a las regiones en las que se desarrolla; aplicando en sus comunidades los beneficios de la actividad, mejorando los ingresos para las provincias dueñas del recurso y estableciendo instrumentos de política y gestión ambiental que garanticen el cuidado y preservación de la casa de todos.

Del último encuentro fueron invitados a participar, en diferentes bloques, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, el presidente de la Comisión de Energía y Minería del Senado, el ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren, y la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA).

El Acuerdo Federal Minero, que oportunamente deberá ser firmado por el Presidente de la Nación y los Gobernadores Provinciales, para ulteriormente ser ratificado por el Congreso de la Nación, busca afianzar una política de Estado Federal para homogeneizar y racionalizar los instrumentos de política minera, creando así una nueva plataforma de despegue de la actividad, en un ámbito que cuente con la debida licencia social, promueva la responsabilidad ambiental y optimice los beneficios económicos de la misma; ofreciéndole a los inversores y a las comunidades las garantías de confianza y previsibilidad que solo los marcos legales ofrecen.

http://www.tiempodesanjuan.com/politica/2017/2/10/concretaron-propuesta-acuerdo-federal-minero-165611.html