Costa Rica

Minería, entre los principales conflictos ambientales del país

La minería, extracción de materiales de construcción, biomasa y conflictos de tierras, combustibles fósiles, gestión del recurso hídrico, infraestructura y construcción forman parte de los conflictos ambientales del país.

Así lo dio a conocer el nuevo sitio web del Fundación Neotrópica, en donde muestra un mapa que visualiza los 15 conflictos que presenta Costa Rica en temas ambientales.

Se trata del Mapa de Justica Ambiental Accesible que consta de un Atlas Mundial de Justicia Ambiental, y pretende aproximar datos a toda la población para asegurar el acceso de la información.

Además, el público podrá reportar conflictos ambientales que considere merecen incluirse a través de un formulario que se debe llenar en línea.

La información sería recibida por la Fundación Neotrópica que dará seguimiento y administrará el mapa.

Este servicio tiene carácter gratuito para consulta y uso público de los usuarios.

“Además de promover mayor participación ciudadana, transparencia, colaboración, apropiación y uso de Datos Abiertos para la toma de decisiones, el mapa servirá para visibilizar desequilibrios sociales y económicos, casos de éxito, desafíos actuales y acciones por parte del gobierno frente a las diferentes disputas ambientales en el territorio nacional”, indicó Fernando Mora, viceministro de Aguas, Mares, Costas y Humedales.

Hasta el momento, en el sitio se ven conflictos como El Diquís, Proyecto Hidroeléctrico San Rafael, Uso del Agua en Playa Potrero, Crucitas, Aleteo de Tiburones, entre otros.

Fuente:https://www.larepublica.net/noticia/mineria-entre-los-principales-conflictos-ambientales-del-pais

Colombia

MinMinas: algunos gobernantes “hacen la vista gorda” ante minería en su territorio

El 30% del territorio colombiano tiene presencia de minería ilegal o explotación ilícita de minerales.

La proliferación de la minera ilegal sobre el territorio colombiano causa preocupación a la Asociación Colombiana de Minería – ACM. Santiago Ángel Urdinola, presidente del gremio, advierte que el 30% del suelo nacional es víctima de esa actividad criminal que causa contaminación a los cuerpos de aguas, por lo que exigen que el Gobierno Nacional apruebe la ley que penaliza con más fuerza ese delito.

“La información que nosotros tenemos, que presentamos en el Congreso Nacional de Minería, es que cerca del 30% de Colombia tiene presencia de minería ilegal, explotación ilícita de minerales, lo cual nos debe llamar mucho la atención, mucha atención con preocupación en cuanto a la contaminación de nuestros ríos, el impacto ambiental sobre nuestra la población. Es un llamado urgente a que se establezcan unas penas importantes“, apuntó Urdinola.

En el Congreso de la república hay un proyecto de ley presentado por el Ministerio de Minas, Justicia, Medio Ambiente y Defensa para combatir ese flagelo. Esa iniciativa legislativa busca tipificar toda la cadena delictiva porque hoy son delitos ambientales y excarcelables; “cogen un tipo con una draga y lo llevan un fin de semana a la estación de Policía, pero eso no es un tipo penal, toca definir eso para que se pueda judicializar y combatir esa actividad“, indicó el ministro Arce.

Esa iniciativa legislativa, según el sector minero, debe tramitarse antes de finalizar el primer semestre del año; “nuestro llamado es para que antes del 20 de junio se debata ese proyecto de ley en el Congreso de la República, donde ya existe ese marco normativo. Ahora tenemos que darle celeridad en la votación para que sea una ley de la República“, indicó Urdinola

“Hay gobernantes que hacen la vista gorda, no puede meterse una maquinaria de 10 toneladas sin que nadie las vea, es imposible. Hay autoridades locales que deberían estar levantado las alertas de cómo llegan las dragas que nos estamos encontrando, por ejemplo en la mitad de las selvas del Chocó“, indicó Arce Zapata.

Para el Ministerio de Minas no es posible establecer los recursos que se mueven en las actividades extractivas ilegales; “como son ilegales, no pagan impuestos, no están en el reportes de ingresos, no están el reportes de regalías (…) las cifras son de empresas legales, los ilegales no van a mi oficina. Lo que nosotros aprobamos es una actividad que se hace con un título minero y con un permiso ambiental“.

Fuente:http://www.lafm.com.co/nacional/minminas-gobernantes-hacen-la-vista-gorda-ante-mineria-territorio/

Internacional

California lidera demanda de cuatro estados contra la minería de carbón

El Procurador General de California, Xavier Becerra, presentó el miércoles 10 de mayo una demanda en una corte federal que protegería a los residentes del estado de la contaminación de la minería del carbón.

La demanda esta diseñada para revisar la decisión del Departamento del Interior (DOI por sus siglas en ingles) de reanudar el arrendamiento federal del carbón en terrenos públicos, según un comunicado emitido el miércoles por la oficina de Becerra.

Los Procuradores Generales de Nuevo México, Nueva York y Washington también se han unido a la demanda, según informó el comunicado.

Las emisiones de carbón tienen repercusiones en la salud de aquellos que resultan expuestos a estos gases en California debido al transporte del carbón desde los puertos de Long Beach, Los Ángeles y Stockto. Estas son muy peligrosas ya que pueden causar cáncer, bronquitis o asma en comunidades próximas a estas zonas, según expertos.

Según un estudio realizado por Mark Jacobson, profesor de Ingeniería civil y medioambiental de la Universidad de Stanford en California, más del 30 por ciento de las 1,000 muertes debido a cada aumento de grado Celsius causado por el dióxido de carbono ocurrió en California, que tiene una población de alrededor del 12 por ciento de los Estados Unidos. Esto indica un efecto mucho más alto del calentamiento inducido por dióxido de carbono sobre la salud de California que el de la nación en su conjunto.

“California Interfaith Power & Light agradece que nuestro procurador general Xavier Becerra esté desafiando las decisiones del Departamento del Interior de Estados Unidos para reiniciar el arrendamiento federal de carbón en terrenos públicos y terminar sin completar una revisión ambiental importante del programa”, dijo a MundoHispánico Will Scott, director del Programa California Interfaith Power and Light.

“Las personas de fe en California están profundamente preocupadas por la crisis climática y saben que la minería, el transporte, el almacenamiento y la quema del carbón ponen en peligro la salud y la seguridad de nuestras familias, vecinos y el planeta”, continuó Scott. “De San Diego a Eureka nuestras congregaciones, seminarios, monasterios y escuelas miembros están adoptando la energía renovable y la eficiencia energética, trabajando para una transición justa y abogando por la justicia ambiental”.

La Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA, por sus siglas en inglés) requiere que DOI considere los impactos del cambio climático y del impacto ambiental del programa de arrendamiento de carbón, indicó el comunicado.

“El Presidente Trump está contorneando la ley y amenazando la salud de los californianos. Debemos proteger el aire que respiramos y el agua que bebemos, no despreciar el medio ambiente “, dijo Becerra. “La Administración está poniendo en peligro innecesariamente vidas. Seguiremos luchando contra las políticas erróneas del gobierno federal que amenazan nuestro aire y el agua y la salud de los californianos”.

Fuente:http://mundohispanico.com/ciudades/los-angeles-california/california-lidera-demanda-de-cuatro-estados-contra-la-mineria-de-carbon

Colombia

Minminas quiere modificar consultas populares

El ministro Germán Arce dice que tiene lista una propuesta y calificó las consultas de “trampas”.

Un día después de la consulta minera en Cajamarca (Tolima), en la que el 98% de los votantes le dijeron No a la explotación de oro en su territorio, el ministro de Minas Germán Arce dejó claro que no estaba de acuerdo con lo que estaba ocurriendo. Esta mañana, en entrevista a Blu Radio, reveló que tiene lista una propuesta para “llenar los vacíos normativos” que dejaron en “el limbo algunas situaciones del sector”.

El anuncio coincidió con la reunión en Cartagena de la Asociación Colombiana de Minería y cuando están pendientes alrededor de 39 nuevas consultas populares en todo el territorio colombiano.

Para Arce se debe crear un mecanismo para manejar lo que él llama “la paternidad compartida entre el suelo y el subsuelo… si somos capaces de construir una regla que nos permita sentarnos y decidir qué hacer en el territorio le vamos a dar salida a esta trampa de las consultas populares”.

Arce argumentó que el dinero proveniente de regalías mineras en todo el país aporta el 50% de la inversión territorial y criticó que algunos municipios se quieran beneficiar de esos recursos pero no estén dispuestos a que se ejecuten las actividades de las que provienen.

Aunque en ocasiones anteriores ya había dejado claro su inconformidad con las consultas populares, en la entrevista de esta mañana volvió sobre el mismo tema: “la consulta es un instrumento de participación pero no puede cambiar la ley. Este no puede ser un instrumento político, pagado por el Estado, para que algunos actores pongan preguntas de si y no. Soy respetuoso de que las comunidaes definan como se quieren desarrollo pero aquí estamos hablando de recursos de todos los colombianos. Estamos hablando de derechos generales sobre particulares”.

En la entrevista, Arce intentó descalificar las consultas diciendo que “hay grupos montando campañas para generar estas emociones de petroleo versus agua, que son muy populares pero ponen en jaque las actividades legales que se pueden hacer de manera responsable”.

Fuente:http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/minminas-quiere-modificar-consultas-populares-articulo-693492

Colombia

En Pijao, Quindío aprueban pregunta para realizar consulta popular minera

Aprueban la realización de una consulta popular minera en el municipio de Pijao, Quindío similar a la que se realizó en Cajamarca, Tolima.

El Tribunal Administrativo del Quindío aprobó la pregunta que presentó el alcalde del municipio de Pijao, Quindío Edison Aldana y un grupo de ciudadanos que buscan proteger, el territorio, el agua, el paisaje y la vida de explotaciones mineras.

Mónica Flórez líder de esta iniciativa en diálogo con Caracol Radio manifestó “la pregunta que aprobó el tribunal es ¿Está Usted de acuerdo, sí o no, con que en el Municipio de Pijao se desarrollen proyectos y actividades de minería de metales? Este es el resultado de un esfuerzo que viene desde el 2009 cuando nos dimos cuenta en el riesgo que estaba nuestro municipio por la minería, ahora nos toca a todos los ciudadanos de Pijao responder en las urnas y rechazar esos proyectos de minería”

Agregó que se espera que en dos meses la alcaldía y el concejo del municipio de Pijao convoque a la realización de la Consulta Popular Minera.

Argentina

Para la Justicia, Barrick Gold actuó con «negligencia» en la mayor minera aurífera del mundo

La solución con cianuro que hace más de un mes provocó el último escándalo de Barrick Gold en Argentina seguía brotando a borbotones de una de las tres inmensas tuberías averiadas de la mina Veladero, en los Andes. Aunque el cianuro -que se usa para extraer el oro de las rocas- no llegaba a salir del valle de la mina porque caía dentro de una malla de contención, fue el tercer derrame en un año y medio llevó a las autoridades a suspender parte de las actividades de la mayor minera aurífera del mundo.

El juez que investiga el último incidente acaecido a fines de marzo y un funcionario de la provincia de San Juan, donde está Veladero, dijeron que luego del segundo derrame en septiembre del 2016 la empresa desoyó advertencias sobre los riesgos de otro accidente.

Por la reincidencia, las autoridades podrían decidir una multa histórica mayor a los casi 10 millones de dólares que tuvo que pagar Barrick por el primer derrame ocurrido en el 2015, cuando contaminó ríos cercanos. También podrían establecer penalidades para ejecutivos e incluso funcionarios locales.

Después del segundo derrame, efectivos de la policía especial que vigila a las mineras, «habían exigido el cambio de una cañería porque estaba exudando, en principio. Habían advertido algunas pérdidas dentro del valle de lixiviación», aseguró a Reuters el juez penal de Jáchal -una de las ciudades más cercanas a la mina, en San Juan- Pablo Oritja.

«Si se hubieran cambiado esos caños como habían exigido, en principio el desacople (de los tubos) no se hubiera producido», dijo el juez.

El magistrado tiene en su poder tres actas -labradas entre diciembre y febrero por la policía minera de la provincia- que fueron incumplidas y que dieron pie a un proceso administrativo para sancionar a Barrick Gold.

La empresa dijo que se trata de un trabajo en curso.

«En todas las minas hay siempre procesos en marcha para responder e implementar acciones regulatorias que llevan tiempo completar, e involucran discusiones en desarrollo con los reguladores», explicó el portavoz de Barrick, Andy Lloyd.

En un correo electrónico, Barrick dijo que también se le solicitó que elevara la barrera -conocida como berma- que impide que la solución con cianuro escape de Veladero, la construcción de desniveles y el añadido de cámaras de monitoreo, entre otros puntos cumplidos por la empresa.

Veladero, la tercera mina de oro de Barrick a nivel mundial, produce más de 540.000 onzas de oro al año, que representan exportaciones por casi 700 millones de dólares.

Por el momento, la Justicia prohibió a Barrick agregar cianuro a la solución ya existente en el valle de lixiviación -donde se separa el oro de las rocas-, que continúa circulando en un circuito cerrado, pero con los ductos aún sin reparar.

Esta medida detuvo parte de la operación de Veladero.

TAREAS PENDIENTES

El Gobierno de San Juan aseguró que después del segundo incidente se le exigieron a Barrick medidas urgentes.

«Lo que se le pidió es que se hiciera una evaluación del estado de la cañería. Eso quedó pendiente de cumplimiento», señaló el ministro de Minería de la provincia de San Juan, Alberto Hensel, en una entrevista con Reuters, que supervisa el cumplimiento de las regulaciones.

Lloyd de Barrick explicó que ese estudio se completó, pero recién «en el último par de semanas» y se presentó al Gobierno de San Juan.

Una fuente del Ministerio de Minería provincial que prefirió el anonimato, dijo que en el pasado directivos de Barrick y hasta funcionarios del Gobierno provincial desoyeron advertencias de los empleados de Veladero y de la policía minera, que conocían los problemas de infraestructura que llevaron a derrames previos.

PLAN DE OBRAS

Barrick, que acaba de vender por 960 millones de dólares el 50 por ciento de su participación en Veladero a la china Shandong Gold, presentó a fin de abril un plan de inversiones por 500 millones de dólares como parte de las reformas que, tras el derrame de marzo, pidió el Gobierno de San Juan para permitir que la mina vuelva a operar normalmente.

«Este monto es el capital estimado necesario para sostener las operaciones en la mina por los próximos cinco años, incluyendo la próxima fase del valle de lixiviación», dijo Barrick a Reuters.

Sin embargo, el plan aún debe ser aprobado por autoridades de San Juan, quienes tienen la última palabra porque los recursos subterráneos de la provincia están bajo su jurisdicción. Esta semana se espera un veredicto, que podría consistir en permitir la operación normal de la mina, paralizarla por completo o darle más plazo a la empresa para presentar otro plan.

«No alcanza con que Barrick presente el proyecto o el plan integral, sino que ese plan integral debe ser ejecutado de acuerdo con las exigencias que hemos nosotros impuesto (…) Si no hacen las obras que nosotros les exigimos no hay ninguna posibilidad de que Barrick vuelva a operar», dijo Hensel.

«NEGLIGENCIA»

Veladero es tan monumental como las montañas que la rodean: situada a 4.000 metros de altura en medio del árido paisaje de los Andes, solo se comunica con las poblaciones cercanas a través de un camino privado de ripio de 150 kilómetros, por el que Reuters vio llegar a la mina camiones con cianuro.

Tras iniciar sus operaciones en el 2005, se esperaba que Veladero tuviera una vida útil de 13 años, que luego se extendió hasta el 2024.

«Este es un proyecto que estuvo diseñado para una cantidad de años acorde en aquel entonces cuando se puso en marcha a las reservas que se tenían cuantificadas», dijo el ministro Hensel.

«El potencial geológico minero de la provincia de San Juan ha permitido extender la vida útil de la mina. Lo que hay que hacer es acondicionar la mina a ese tiempo de extensión de la vida útil. Esto qué significa: nuevas cañerías, mejores sistemas de monitoreo, nuevas membranas», añadió.

Luego del último derrame, funcionarios del Ministerio de Ambiente de la Nación viajaron a Veladero para monitorizar las condiciones de trabajo y el estado de las instalaciones. La cartera presentó una denuncia penal ante la Justicia de San Juan por posible contaminación, que fue descartada.

«Cuando subimos para ver el incidente verificamos que hay cosas pendientes que la empresa tiene que hacer. Cómo guarda el residuo peligroso, cómo lo manipula. Eso no está en condiciones», dijo a Reuters el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, quien pidió detener la actividad de Veladero.

Parte del equipo de Bergman fue testigo de que los residuos peligrosos están a la intemperie y el personal los manipula sin protección, irregularidades que constituyen infracciones.

San Juan es una de las provincias argentinas más amigables con la minería, por lo que el incidente de Barrick podría afectar a todo el sector, que intenta combatir la fuerte resistencia cultural a la actividad que hay en el país.

En la principal ciudad cercana a la mina, Jáchal, se puede ver en los suburbios grafitis con la leyenda «Fuera Barrick» acompañada de una calavera con dos huesos cruzados.

Muchos de los 21.000 habitantes de la ciudad exigieron el cierre de la mina en protestas tras el primer derrame.

Los vecinos dijeron que han detectado un total de 10 derrames de la mina. Un estudio que encargaron a la Universidad de Cuyo reveló que, en uno de los ríos de la zona, creció exponencialmente la presencia de metales pesados, que pueden causar daños al sistema nervioso y problemas reproductivos.

El juez que investiga los derrames ordenó tomar muestras de sangre de los vecinos para ver si han sufrido problemas de salud relacionados con el derrame de cianuro.

Barrick niega que haya afectado el medioambiente o la salud de los pobladores. «La reiteración de incidentes implica negligencia», dijo Bergman.

Fuente:http://www.eleconomistaamerica.com.ar/empresas-eAm-argentina/noticias/8343359/05/17/Para-la-Justicia-Barrick-Gold-actuo-con-negligencia-en-la-mayor-mayor-minera-aurifera-del-mundo.html

Argentina

Minería nuclear: Odarda pide informes a Energía

La multiplicidad de rumores sobre el desarrollo de la la minería nuclear en Río Negro, motivaron a la senadora Magdalena Odarda (CC-ARI) a elevar un pedido de informes al Secretario de Energía de la provincia, Sebastián Caldiero, para que brinde precisiones por las actividades que se estarían desarrollando en el Área Protegida Bajo Santa Rosa y bajo Trapalco, y la instalación de una planta nuclear en Sierra Grande.

Odarda manifestó su rechazo a estas iniciativas y dijo que ambos proyectos ponen en estado de alerta a las organizaciones sociales y ambientalistas rionegrinos y de la Patagonia que, históricamente, han manifestado su oposición a este tipo de proyectos –megaminero y nuclear- debido a las consecuencias catastróficas que conllevan en la realidad socio ambiental de las regiones.

En ese sentido, la senadora adelantó que pedirá al funcionario provincial que informe “qué empresas mineras operan en la zona y exploran o explotan minerales de primera categoría, según Código de Minería de la Nación (razón social, minerales que están autorizados a extraer, métodos y químicos que utilizan)”.

Solicitará además estudios de impacto ambiental de cada uno de los yacimientos mineros en explotación en las zonas mencionadas; información respecto a qué tipo de organismos públicos intervienen en la aprobación de esta actividad como así también cuáles son las actuaciones administrativas que hasta el momento fueron emitidas por organismos del estado.

Respecto a la Planta Nuclear, la senadora requerirá a Caldiero que indique “con qué tipo de información cuenta el gobierno provincial respecto al desarrollo de la planta Nuclear en Sierra Grande; qué actuaciones se han llevado adelante desde la Secretaría; si se han firmado convenios entre la nación y/o la provincia respecto al emplazamiento de la Planta Nuclear; en qué lugar exacto se encuentra la zona donde se pretende la instalación de la planta mencionada; qué tipo de actuaciones se han llevado adelante en el marco de la aplicación de la ley General del Ambiente 25675, y de las leyes ambientales provinciales”.

Fuente:https://www.adnrionegro.com.ar/2017/05/mineria-nuclear-odarda-pide-informes-a-energia/

Mexico

Las megaminas del candidato de Morena en Coahuila

Un ex perito de la Secretaría de Economía anda vendiendo bienes de la nación a empresas privadas. En 2009, la compañía Macocozac, de la que es socio Armando Guadiana Tijerina, candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, le compró tres concesiones mineras: una en Zacatecas y dos en Sonora.

Poco antes, Jenaro Garza Guerra adquiró 28 títulos de concesión, mismos que fue traspasando a diversos consorcios. Entre 1999 y 2007 se desempeñó como perito minero, por lo que tuvo acceso a las condiciones de los polígonos que compró para luego vender.

La Constitución mexicana establece que las concesiones mineras (un permiso para explorar y explotar minerales en el subsuelo) deben otorgarse a empresas o particulares que las utilicen en beneficio de la nación. Pero los particulares, que muchas veces no tienen la capacidad económica para montar una mina, las están pidiendo —explica Mayra Montserrat Eslava Galicia, coautora del libro El mineral o la vida— para después venderlas, en un sistema que funciona como una especie de apartado del subsuelo, para luego lucrar con él.

El contrato de compra-venta de los tres títulos de concesión adquiridos por la empresa de Armando Guadiana Tijerina, obtenidos vía transparencia por este equipo de investigación, muestran que Jenaro Garza Guerra le traspasó a la compañía Macocozac, que forma parte del grupo Materiales Industrializados, propiedad de la familia Guadiana, los lotes Concha I, con una superficie de 16 mil 709 hectáreas, ubicado en el municipio de Mazapil, Zacatecas, y dos ubicados en Pitiquito, Sonora: Aguirre, con superficie de 3 mil 639 hectáreas, y El Viejo, con 16 mil 23 hectáreas.

El ex perito Garza Guerra es la segunda persona más beneficiada, por extensión, con títulos de concesión minera en el sexenio de Vicente Fox, aunque también obtuvo permisos durante la administración de Felipe Calderón. Tan sólo los tres títulos juntos que le vendió a Macocozac abarcan 36 mil 368 hectáreas, un área similar a la de siete delegaciones en la Ciudad de México: Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y Benito Juárez.

Los tres lotes tienen potencial para oro, plata y cobre. El precio del traspaso de las concesiones fue suprimido en la copia del contrato, pero la cantidad abarca dos renglones y medio.

Miguel Ángel Mijangos, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), da un ejemplo de la cantidad de dinero que podría moverse en una operación de este tipo. “Una persona pide la concesión, hace en el lote un proyecto de exploración menor, en el que invierte un millón de pesos. Resulta que el pedacito donde exploró tiene buen potencial, entonces le ofrece a una empresa vendérselo en 10 millones de pesos. La empresa hace dos estudios más de exploración para comprobar el potencial y se hace una transmisión de la concesión”.

¿Y el Estado cuánto gana de eso? Mijangos calcula que Garza Guerra debió pagar, de acuerdo con los impuestos vigentes para concesiones mineras entre 2007 (cuando entró en vigencia) y 2009 (cuando la vendió), 613 mil 552 pesos por la concesión de 16 mil 709 hectáreas, ubicada en el municipio de Mazapil, Zacatecas, que luego transfirió a Macocozac.

El candidato comprador

El candidato minero nos recibe con camaradería en su oficina de Materiales Industrializados, el grupo empresarial del que forma parte Macocozac. Dos medios nacionales quieren entrevistarlo en plena contienda por la gubernatura. Luce contento, relajado, cordial.

Guadiana Tijerina es consejero y fundador de Claridad y Participación Ciudadana, una asociación civil que pugna por la transparencia. Su frase de batalla es: “Alto total a la corrupción y a la impunidad”, misma que acompaña con un manotazo en el escritorio. Sin embargo, tanto Macocozac como Materiales Industrializados y Compañía Minera Caopas, empresas de las que es socio, han enfrentado juicios fiscales e investigaciones judiciales por presuntos vínculos con el narcotráfico.

—¿Usted le compró a Jenaro Garza títulos de concesión minera en Sonora y Zacatecas?

—No, nosotros tenemos diversas concesiones mineras tanto en metálicos como en los no metálicos. Pero me interesa más hablar de la problemática del proceso electoral en el que estamos inmersos para Coahuila. Eso me interesa más ahorita —responde, al tiempo que su semblante pierde el gesto de amabilidad.

—Pero, siendo usted un empresario minero, queremos que nos ayude a entender por qué hay particulares con títulos de concesión y por qué las empresas se los compran.

—Bueno, si yo quiero transmitir los derechos de una concesión [minera] particular o de una sociedad, se hace con el permiso de la Secretaría de Economía, que se maneja a través de la Coordinación Minera y la Dirección General de Minas, regulado [todo] por la Ley Minera.

—¿Eso no genera como un sistema de “apartado” de la tierra para luego venderla?

—Pero así está la ley, y si no, le negarías el derecho… acuérdate que cualquier ciudadano puede denunciar un área que esté libre, o una compañía, para que la actividad minera se desarrolle. Pero sí se pueden propiciar algunas de las cosas que tú mencionas.

El perito vendedor

La primera vez que Jenaro Garza Guerra pidió un título de concesión fue en 1995, aunque se lo otorgaron hasta el año 2000. Desde esa primera fecha y hasta 2011 obtuvo 28 títulos de concesión en Zacatecas, Sonora, Durango y Coahuila. Al mismo tiempo que obtenía concesiones, se desempeñó —de 1999 a 2007— como perito con registro de la Secretaría de Economía, como consta en el listado de estos funcionarios publicado en esos años en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Miguel Ángel Mijangos, de Rema, explica que un perito minero hace los primeros estudios dentro de un polígono solicitado a la Secretaría de Economía para obtener un título. En ninguna parte de la ley dice que alguien con esta figura no puede solicitar concesiones, pero, por su actividad, tiene el conocimiento e información necesarios para pedirlas en terrenos redituables, “lo cual supone, por lo menos, un conflicto de intereses”.

De los 28 títulos que Garza Guerra obtuvo, tres se los vendió a Macocozac, 12 aparecen en las tarjetas de registro del Sistema de Administración Minera (SIAM) como cancelados, nueve los tiene todavía en su poder (cuatro en sociedad con otras personas), tres los cedió a Carbonífera La Esperanza, empresa de la que él es socio, y tiene uno más a su nombre, el 221233, que aparece como cancelado y sustituido por el 225181, aunque cuando se busca éste en las tarjetas de registro del SIAM resulta que no existe en el sistema.

Pero el título existe. Este equipo de investigación ubicó su rastro, en el manifiesto de impacto ambiental del tajo (mina a cielo abierto) El Cometa, presentado por la empresa Minerales Monclova, hoy MIMOSA, de Grupo Acerero del Norte (GAN).

El documento asienta que el título 225181 es propiedad de Jenaro Garza Guerra y que la empresa, después de explorar las áreas de El Cometa, en Abasolo, Coahuila, encontró buen potencial económico. Minerales Monclova estimó extraer 3 mil 640 toneladas de carbón, con una mina a cielo abierto, cuya inversión ascendería a 76 millones de dólares.

El proyecto, asienta el manifiesto de impacto ambiental, permitiría cubrir la demanda de carbón de la planta siderúrgica Altos Hornos de México, SA de CV (AHMSA), ubicada en Monclova, Coahuila. En el mismo documento se asienta que a Jenaro Garza Guerra se le otorgarían 6 mil 699 dólares por regalías (por una concesión de sólo 500 hectáreas).

Durante nuestra visita a Coahuila tratamos de ubicar a Garza Guerra para entrevistarlo, pero no logramos encontrarlo. Este equipo de investigación lo buscó más tarde vía telefónica, al cierre de esta edición, pero no atendió llamadas.

La asociación civil Familia Pasta de Conchos registra a Carbonífera La Esperanza (la empresa de Jenaro Garza, a quien en 2007 la Secretaría de Economía le canceló su registro como perito por no haber hecho ningún trabajo pericial en años) en la lista de mineras que obtienen lo que ellos llaman “carbón rojo”, extraído por empresas clandestinas, ilegales, o que aun siendo legales ponen en riesgo la salud y la integridad física de los mineros con tal de obtener un mayor margen de ganancias.

Este reportaje fue realizado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS y el sitio digital Pie de Página (PdP)

 

Fuente::http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-investigacion/2017/05/10/las-megaminas-del-candidato-de-morena-en-coahuila

Perú

Comunidades de Yaguas alertan que mineros ilegales buscan desinformar a población

Líderes de diversas comunidades indígenas de la región Loreto alertaron que representantes de mineros y madereros ilegales buscan desinformar a la población de esa zona para evitar el desarrollo del proceso de consulta previa.

En la región Loreto se realiza un proceso de consulta previa de la categorización de la Zona Reservada Yaguas, ubicada en las provincias de Putumayo y Mariscal Castilla.
De acuerdo a los dirigentes de las comunidades indígenas estas personas desinforman a la población y al Estado con el fin de desarrollar actividades ilegales en Yaguas, como son: tala ilegal, minería ilegal y cultivo de coca.
En declaraciones a la Agencia Andina, el presidente de la Federación de Comunidades Nativas Fronterizas del Putumayo (Feconafropu), Benjamín Rodríguez, explicó que el aspecto más preocupante resulta ser que dentro de esta desinformación, se indicó que el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) está militarizando la zona de Yaguas con el envío de Fuerzas Armadas (FF.AA.), dato que es falso.
«Es un sector muy importante porque es un lugar que creemos debe ser un espacio para poder darle la forma que científicamente están manejando. Es un lugar especial porque ahí se van a reproducir animales que hoy están en extinción», resaltó.
Añadió que en la Zona Reservada Yaguas existen recursos muy importantes que determinan al lugar como una zona especial. Rodríguez denunció, además, que la actividad minera ilegal ha contaminado las aguas de la zona, afectando la salud de familias y niños con la presencia de mercurio.
Comentó que el problema se acentúa dado que dirigentes como Edwin Vásquez Campos, de la Coordinadora de las Organizaciones de la Cuenca Amazónica (Coica), buscan detener el proceso de consulta previa por intereses personales como lo son la tala ilegal de árboles, la minería ilegal y la coca. «Mientras más se demora este proceso, más tiempo tienen para continuar con estas actividades ilícitas», aseveró.
Finalmente, Fernando Alvarado Sangama, fiscal indígena del Bajo Putumayo (Fecoibap), en compañia de Liz Chicaje Churay, presidenta de las Comunidades Nativas de la cuenca del río Ampiyacu (Fecona), solicitaron al Estado mayor presencia en la zona, como también programas y promociones de trabajo para la cuenca del Putumayo y los diversos pueblos, ya que se consideran olvidados por el Gobierno.
Fuente:http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-comunidades-yaguas-alertan-mineros-ilegales-buscan-desinformar-a-poblacion-666362.aspx
Chile

Intendente de Coquimbo niega presiones tras rechazar proyecto minero Dominga

Autoridades de la región de Coquimbo rechazaron presiones para influenciar su voto negativo al proyecto minero Dominga.

El principal sindicado por éstas, el intendente Claudio Ibáñez, recalcó que no estaban obligados a aprobar el proyecto tras la recomendación de sí hacerlo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

Además de Ibáñez, los seremis de Energía, Marcelo Salazar y Oscar Pereira, fundamentaron su rechazo debido a que la evaluación realizada por el SEA no consideró las externalidades marítimas.

No obstante, el UDI Sergio Gahona, indicó que las respuestas no dejan claro si se ejercieron presiones y que las respuestas no aclaran la situación.

El proyecto tendrá una nueva oportunidad de ser analizado por el Comité de Ministros, si se acepta el recurso presentando por la minera Andes Iron.

Fuente:http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/05/09/intendente-de-coquimbo-niega-presiones-tras-rechazar-proyecto-minero-dominga.shtml