Colombia

Nuevos obstáculos para la Consulta Popular en Cajamarca

Después de haber advertido del riesgo que suponían las elecciones atípicas a la alcaldía, el Comité promotor del NO en la Consulta Popular de Cajamarca, denunció la reducción de mesas de votación para la Consulta del próximo 26 de marzo, señalan que dicha modificación realizada por la alcaldía de Pedro Pablo Marín Cruz, impediría alcanzar el umbral necesario para hacer efectiva la Consulta.

El Comité promotor y los habitantes de Cajamarca han hecho un llamado público a la Registraduría, para que mantenga el número inicial de 36 mesas, puesto que la reducción a 18 mesas supone una falta de garantías para lograr los objetivos de la Consulta.

Son aproximadamente 5.500 personas las que deberán votar en la consulta, el Comité explicó que, con la mitad de las mesas y esa cantidad de votantes, cada persona “deberá demorarse al menos minuto y medio, situación que en la práctica no sucede”. Resaltaron además que, al estar sólo 18 mesas, se podrían generar largas filas y esperas entre 2 y 4 horas, “hay personas de la tercera edad que votarían y pueden durar más de 5 minutos votando”.

No están las garantías para la Consulta

Según el cambio, en el casco urbano de Cajamarca quedarían 16 mesas, 1 en Anaime y la otra quedaría en El Cajón. Por otra parte, el Código Nacional Electoral dispone en su Artículo 99 que: «La Registraduría Nacional,  fijará el número de ciudadanos que podrá sufragar en las distintas mesas de votación. Dicho número no podrá ser superior a 800 votantes en las mesas de censo ni a cuatrocientos 400 en las mesas de inscripción, el comité alertó que con la reducción de mesas «se están fijando 980 votantes por mesa».

Integrantes del Comité y defensores ambientales de diversas organizaciones, han manifestado que hay algunos intereses políticos y económicos del nuevo alcalde en relación al proyecto La Colosa de la empresa Anglogold Ashanti, “lo que supone nuevos retos y obstáculos para la defensa ambiental en Cajamarca”. 

Llamaron la atención sobre un pronunciamiento previo hecho por la comunidad, habían manifestado a la Alcaldía que no era conveniente “mezclar en un mismo mes las elecciones atípicas de alcaldía con las votaciones de la Consulta Popular”, sin embargo dichas recomendaciones no fueron escuchadas “y ahora nos preocupa que no estén las garantías”.

Por último, exigieron al nuevo alcalde que “brinde las garantías necesarias para el desarrollo de la consulta popular” programada para el 26 de marzo, y aseguraron que continuaran las movilizaciones, las marchas carnaval y demás actividades para que pueda hacerse efectiva la decisión de Cajamarca de decirle no a la minería.

Fuente:http://www.contagioradio.com/nuevos-obstaculos-para-la-consulta-popular-en-cajamarca-articulo-37976/

Mexico

Minería al límite: la pesadilla del mercurio en México

En el 2015 se reportó la intoxicación de casi todo un pueblo por su exposición a metales pesados en un municipio de Querétaro. Cerca de la localidad hay una minera que extrae artesanalmente mercurio y más cerca, en los traspatios, los pobladores tienen hornos para obtener el mercurio líquido

Querétaro, México. A contraluz, sobre el sendero, se ve la silueta de tres niños que vienen caminando a paso rápido. Han dejado 300 metros atrás la única escuela primaria que hay en el Llano de San Francisco, una localidad del municipio de Pinal de Amoles, uno de los cinco que conforman la Reserva de la Biósfera “Sierra Gorda”, la reserva más biodiversa de México.

Los niños saludan, y en un intercambio de líneas cortas me atrevo a preguntarles sobre sus intenciones profesionales, ellos solo ríen. Nos despedimos. Aún deben caminar cerca de media hora a paso normal para llegar a sus casas.

En el Llano hay también un centro preescolar y una secundaria comunitaria. Si los niños quisieran continuar sus estudios, tendrían que bajar a la cabecera municipal de Pinal de Amoles para estudiar el bachillerato, esto en taxi, de ride o caminando cerca de tres horas por la “vía corta”. No hay asistencia de transporte escolar y, a decir verdad, es de una suerte del diablo encontrar taxi por estos rumbos.

Ojalá hubiera obtenido una respuesta en lugar de risas: aquí no es común convertirse en profesional. Menos común es ver adolescentes en el bachillerato de Pinal de Amoles. En cifras de la Comisión Nacional de Pobreza, el 20 % de la población mayor de quince años del Llano San Francisco es analfabeta y solo el 45 % terminó la primaria.

En su mayoría, en el Llano de San Francisco las mujeres se dedican a labores domésticas —con o sin remuneración económica— y los hombres a la minería, a la extracción artesanal de mercurio.

Arsénico en el cuerpo

El 13 de junio del 2015, la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro comunicó haber atendido a 120 personas intoxicadas con arsénico en el Llano de San Francisco, “pacientes que no presentaban riesgo para la vida” —destaca el comunicado—. Aún con los análisis en mano, la Secretaría de Salud estableció de diagnóstico: sospecha de intoxicación crónica por arsénico. “Sospecha”.

Tiempo atrás, antes de llegar a ese diagnóstico, la unidad médica de la comunidad de San Gaspar había atendido paulatinamente a los vecinos del Llano, todos se quejaban de síntomas similares que no cuadraban con las enfermedades que estaban acostumbrados a tratar. Lesiones en la piel: ronchas, manchas, descamaciones y comezón. Infecciones respiratorias agudas, agotamiento, debilidad y pérdida de la fuerza en brazos y piernas.

Tras estos reportes, el 26 de mayo del 2015 la Subdirección de epidemiología localizó ocho casos agudos de intoxicación y trasladó a estas personas al Centro de Salud de Pinal de Amoles para hacerles unas muestras. Conforme a los registros de la Secretaría de Salud la sospechosa intoxicación crónica se encontró en 120 de 172 habitantes, los cincuenta y dos restantes fueron catalogados como asintomáticos. La mayoría de los afectados fueron niños de cinco a catorce años de edad.

Hoy, un año y nueve meses después, me encuentro con un grupo de serranas que niegan los hechos como si se tratara de un mito:

—¡No, no les crea! Aquí nada pasó, nada. Muchos nomás hicieron argüende porque ya no hallan ni qué inventar.

Argüende: así le dicen al escándalo, al chisme. Pregunté a mis interlocutoras si entonces había sido mentira que muchos se intoxicaran con arsénico. Su respuesta fue todo un eslabón:

—Mire ese viejito que viene caminando allá, es el señor José, él lleva toda su vida trabajando en la mina, tiene como ochenta años y está muy sano ¡Pregúntele para que vea!

En México desde 1994 no hay cifras oficiales sobre la producción de mercurio, por lo que no es posible ni determinar el número de minas activas. En 2011, al evaluar los suministros de mercurio en el país, la Comisión para la Cooperación Ambiental publicó el dato de que en el año de 1968 se tenían registrados al menos 1119 proyectos de explotación de mercurio por la Comisión del Fomento Minero. En 2010, con información de la Secretaría de Economía, solo se reportaron 314.

Para hablar sobre el mercurio mexicano los municipios de la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda son claves: según los registros del Servicio Geológico Mexicano en la década de 1970 dos de estos —entre ellos Pinal de Amoles—, colocaron a Querétaro como primer productor de mercurio a nivel nacional.

La extracción del cinabrio (sulfuro de mercurio) existe desde antes de la conquista española en el municipio de Pinal de Amoles, la prueba ideal para demostrarlo, de acuerdo con el Servicio Geológico Mexicano, es la existencia de minas de azogue.

Hasta el 2007 el mismo Servicio Geológico Mexicano identificó solo en Pinal de Amoles 11 mineras que se han dedicado por ciertos periodos a la extracción de mercurio como producción primaria, es decir, se han dedicado a extraer mercurio como actividad principal. Esto sin tecnologías novedosas, más bien con métodos artesanales.

Le pregunté al señor José Hernández Aguas su edad, y me pidió que la calculara porque no la sabía, lo que me dijo fue que nació en el año de 1936.

—¿Tiene ochenta y un años?

—Así me dijeron.

—¿Usted no se ha enfermado por la minería?

—Sí me enfermo, pero de otras cosas.

Es mediodía y casi todos los hombres del pueblo están “abajo”, en la mina la Soledad, una minera con potencial geológico de reserva de 9500 toneladas, estimación calculada por el Servicio Geológico Mexicano en el 2006. La Soledad es la minera más importante de extracción de mercurio del municipio de Pinal de Amoles, y es ahora la empresa que da trabajo a casi todos los hombres del Llano de San Francisco.

En el Llano de San Francisco me encontré con las mujeres y con el señor José Hernández Aguas porque se habían reunido para hablar sobre los programas de asistencia social del Gobierno de la República: “Prospera” y “65 y más”, dos programas que, en términos prácticos, ofrecen ayuda en dinero a grupos vulnerables. La reunión estuvo presidida por Natalia Hernández, una joven dotada de autoridad por haber hecho familia con el delegado del Llano de San Francisco.

A simple vista, creí que Natalia era una niña, calculé seis años menos de los que tiene; este año cumplirá 22. Natalia fue una de las intoxicadas por arsénico, pero al igual que las mujeres que nos rodean, le resta importancia:

—Pues es que algunos dijeron que les salieron granos, a mí no me salieron granos, ni nada, solo se me desmayaban las manos y los pies y me caía, no me salieron granos ni nada de eso, a la demás gente sí y se les puso la piel como negra. Pero a mí no.

Aún sin confirmarlo, se cree que la sospechosa intoxicación crónica de arsénico que sufrió la población del Llano tiene que ver con la mina la Soledad, con posibles vertidos de esta en el Cedral, un manantial que tiene ubicación muy cercana a la mina.

Le pregunté a Natalia si sabía la causa de su intoxicación y ella me contestó que sabía que tenía altos niveles de arsénico en su organismo, pero que no podía culpar a la minera la Soledad porque el personal de la Secretaría de Salud les dijo que también podía haber causado esa intoxicación el contacto con los hornos de calcinación de cinabrio que hay en los patios de sus casas, a unos cuantos metros, a unos cuantos pasos de sus habitaciones. Aunque la Secretaría de Salud solo difundió que la población estaba contaminada por arsénico, este no es el único metal en sus organismos; también tienen mercurio.

“Aquí todas las familias están trabajando con el mercurio, porque es una zona de ese mineral”, dice una mujer. “Es zona minera aquí, todo. Y sale mercurio por donde quiera”, interrumpe otra. “Todas las aguas están infectadas, entonces no podemos decir que es de la mina porque no”, una mujer más se suma a los argumentos de sus vecinas y sucede el remate: “Aparte, la mina está lejos, y nuestros señores ni se enfermaron, no les pasó nada a ellos”.

La defensa a la mina la Soledad por parte de las mujeres que se toman el tiempo de hablar conmigo es impecable. Incluso la población, en un aspecto generalizado rechaza la presencia de medios de comunicación por temor a que sigan ejerciendo presión para que cierren esa minera. Y es que en septiembre del 2015, tres meses después de la exposición pública del caso del Llano de San Francisco, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, clausuró las instalaciones de la Soledad por no tener almacenamiento seguro de combustibles, no tener estructura segura para depositar los residuos de la extracción —la mayoría expuestos, propensos a dispersarse, a trasladarse por ejemplo, con las lluvias—; y por no tener estructura para evitar contaminar las cuencas de agua cercanas.

A decir de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la mina la Soledad representaba un riesgo inminente de desequilibrio ecológico para la región.

Antes de la intoxicación, los pobladores del Llano de San Francisco consumían agua directamente del manantial del Cedral, pero no solo ellos: el Cedral se conecta con las cuencas Poza Verde y Golondrinas, y estas abastecen de agua a 17 comunidades, 16 de Pinal de Amoles y la restante del municipio vecino Arroyo Seco, también parte de la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda.

Una de las principales notas del 19 de agosto del 2015 en los medios locales fue la reunión que tuvo el personal de la Secretaría de Salud con la mayoría de autoridades de esas 17 comunidades afectadas, más que nada por preocupación de los pobladores, ya que veían gente de la Comisión de Aguas realizando estudios. En la reunión, el personal de la Secretaría de Salud les pidió a los presentes extremar precauciones al consumir esa agua. Ya habían pasado casi dos meses después de dar a conocer la intoxicación en la localidad del Llano de San Francisco.

El director de Minería del Ayuntamiento de Pinal de Amoles, Leonardo Herrera, precisa que desde la intoxicación, hay pipas (camiones cisterna) que llevan agua a la comunidad del Llano, y además fueron colocados seis filtros para metales pesados en algunas de las otras comunidades. Hay una obra en proceso que abastecerá de agua potable a la región, sin embargo, ésta apenas concluyó su primera etapa por lo que todavía muchas comunidades consumen agua de las cuencas que se conectan con el Cedral.

Entre sus documentos bien ordenados, el director de minas tiene copia de solicitudes de información que ha hecho a la Secretaría de Salud del gobierno del Estado de Querétaro y a la Comisión Estatal de Aguas. A ambos organismos, les ha pedido —sin obtener respuesta, aún— información sobre los estudios hechos en el Llano de San Francisco a raíz de la intoxicación; tanto en la población como en las cuencas hidrológicas del Cedral, Poza Verde y Golondrinas.

—Ellos creen que es un dicho —me explica Leonardo Herrera, director de Minería del Ayuntamiento de Pinal de Amoles— uno les dice: es que el mercurio te va a hacer mal, y ellos responden que sus papás, que sus abuelitos, que todos siempre han trabajado el mercurio y que si no se mueren de eso, se mueren de hambre, y dicen “no pues le sigo”. Ahorita al fin estamos en el punto de poder decirles: mira, aquí están los análisis de tus niños, de su orina, ¡estás mal!

Reserva de la Biósfera

Pinal de Amoles, Arroyo Seco, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros y Peñamiller son los cinco municipios que abarca la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda. El problema de la extracción artesanal de mercurio no está solo en el Llano de San Francisco, sino en otras localidades tanto de Pinal de Amoles, como de Peñamiller, principalmente.

En 1997 estos cinco municipios de la Sierra Gorda que conforman un área biogeográfica relevante a nivel nacional por sus ecosistemas no alterados, fueron nombrados Reserva de la Biósfera, y por Ley, deben ser conservados.

De acuerdo al inventario del Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, existen siete tipos de vegetación entre bosques, selvas y matorral xerófilo. Es el hábitat de 131 especies de mamíferos, 23 especies de anfibios, 72 de reptiles y 363 de diferentes tipos de aves. También es el hábitat de casi 2000 especies de plantas. De cada categoría se cuentan especies en peligro de extinción, amenazadas, raras y endémicas.


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Bolivia

Cedib alerta que las zonas central y norte de La Paz consumen agua contaminada por la minería

La principal fuente de agua que alimenta el centro y norte de la ciudad de La Paz está contaminada por el drenaje ácido acumulado a lo largo de 66 años de operaciones por la mina Milluni, alertó el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) que observó un insuficiente tratamiento del recurso hídrico para el consumo humano de la población urbana.

Basado en información científica, el investigador Óscar Campanini explicó que el drenaje ácido generado por la actividad minera se acumuló en el embalse Milluni Chico, que es el dique de colas de la mina, y los rebalses de éste al embalse Milluni Grande de donde se obtiene casi la mitad del agua para el centro y norte de La Paz.

El drenaje ácido que expulsa Milluni contiene sedimentos de casiterita, siderita, pirita, blenda, cuarzo, arsenopirita, marcasita, pyrrotita, galena, wolframita, etanita, hermatina, apatita, calcopirita, esfalerita; presencia de cadmio, zinc, arsénico, cobre, niquel, plomo y estaño; además de ph (acides y alcalinidad) de 2,8 a 2,4 en Milluni Chico y de 3 a 2,7 en Milluni Grande, que está por encima de los niveles permitidos.

Campanini señaló que la mina Milluni, dejó de operar hace 30 años, pero sigue generando impactos ambientales como efecto de los residuos pasivos que dejó a lo largo de su vida útil. Los metales pesados encontrados en el agua sobre todo arsénico, zinc y otros, persisten.

Milluni inició operaciones el año 1920 con la empresa Fabulosa Mines Consolidated, una de las más importantes minas de estaño de Bolivia que contaba con 500 trabajadores mineros y un centro poblado de más de 2.000 habitantes.

En 1965, por la resistencia minera a los  gobiernos dictatoriales, ocurrió la matanza de Milluni, y desde 1976 hasta la culminación de sus operaciones en 1986 estuvo a cargo de COMSUR de propiedad del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, ahora prófugo de la justicia boliviana.

El ingenio minero de Milluni llegó a procesar hasta 9 mil toneladas de concentrados al mes, y generó pasivos ambientales que superan el millón de metros cúbicos (m3) de relaves y desmontes.

Campanini lamentó que a pesar de las solicitudes formales a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) por conocer las concesiones mineras situadas cerca de fuentes de agua, esta entidad se negó a proporcionar información y respondió mediante una nota que el tema no es de “interés público”.

Dijo que a esta altura esta actividad extractiva contribuye a la pugna por el uso del agua que no sólo confronta en áreas rurales a comunarios y mineros, sino también a las ciudades.

Tratamiento y sus costos

El investigador Óscar Campanini explicó que los costos económicos por mejorar la calidad del agua que consumen las zonas central y norte de La Paz han sido muy altos, pues han requerido de procedimientos complejos.

El año 2010, por ejemplo, se tuvo que utilizar 2.415 toneladas de cal en la estación La Calera a 7 Km. de Milluni, 1.479 toneladas adicionales de cal utilizadas en la Planta de Achachicala además de 151 toneladas de sulfato de aluminio y 62 toneladas de cloro.

El 2011 para la obtención de 1.038 millones de litros, un 6% del total de agua fue captada por este sistema con un costo estimado de 15.800 bolivianos al día o 5,8 millones al año. Datos basados en el informe de Zamora Echenique, Zamora Mercado, & Gorritty.

Se pudo evidenciar que  el pretratamiento  para la neutralización de precipitación con cal en la estación La Calera, disminuyó la cantidad de metales, pero se mantienen por encima de los niveles permitidos para el consumo humano.

El investigador señaló que para disminuir la contaminación de las aguas de Milluni se mezcla con las de Janqo Khota y Choqueyapu, pero aún así mantienen niveles altos de hierro, zinc y manganeso.

Fuente:http://elpaisonline.com/index.php/2013-01-15-14-16-26/local/item/248822-cedib-alerta-que-las-zonas-central-y-norte-de-la-paz-consumen-agua-contaminada-por-la-mineria

Latinoamerica

La “OPEP del litio” languidece y las transnacionales sonríen

Casi dos años después de que un grupo de expertos del Grupo de Trabajo en “Energía y desarrollo” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) resaltaran la urgencia de crear una “OPEP del litio” para que Bolivia,

Argentina y Chile controlen los precios del mineral y avancen en proyectos de industrialización, la propuesta parece estancada.
El interés de Bolivia y Argentina en años anteriores ha sido no solamente explotar y exportar el litio y sus derivados directos (carbonato de litio y cloruro de potasio), sino el de dar el salto tecnológico hacia la fabricación comercial de baterías, para lo cual la integración es vital, más allá de las diferencias de fondo respecto a cómo estos países están encarando la industria.
Pero estas diferencias son precisamente algunas de las principales dificultades para dicha integración. Una traba particular en los anteriores años fue la visión de Chile, que quiere  exportar la materia prima en su estado purificado (99,6% “grado batería”), buscando controlar el precio y el mercado, pues ya es el principal exportador del mundo de carbonato (seguidos por la Argentina), y no muestra intenciones de realizar la batería.
Un experto del grupo de trabajo de Clacso considera además que, por esta razón, a Chile no le interesa conformar la “OPEP del litio”, y que su postura está más cerca del libre mercado que tanto interesa a las transnacionales.
Por su parte, el investigador chileno Manuel Salazar Salvo, en un reciente artículo para la revista Punto Final de ese mismo país, muestra una abrumadora presencia transnacional, entre las que predominan la SQM y la Sociedad Chilena del Litio, filial de Rockwood Lithium.

SQM es controlada en Chile por Julio Ponce Lerou, quien, según Salazar, es “sindicado como uno de los principales financistas de la política a través de pagos irregulares y presuntos sobornos y cohechos”.
Esta empresa extrae el litio desde el Salar de Atacama por concesiones obtenidas en 1992. El economista e investigador argentino, Julián Zícari, advirtió que la presencia de SQM ya deprimió el precio del litio en un 40% en la década de los 1990s.

Chile: extraer y exportar
Junto a SQM, Rockwood es el otro productor de litio en Chile, mediante los contratos de arrendamiento que mantienen con Corfo en el Salar de Atacama. SQM ya ha ocupado el 55% del contrato que mantiene con la corporación estatal. En enero de 2016 Rockwood selló un acuerdo con Corfo que le permitirá subir su producción de 24 mil toneladas anuales hasta 80 mil toneladas.
Según Salazar, dicho convenio elevará las regalías pagadas por Rockwood, que deberá además entregar aportes a la investigación y desarrollo por un valor de entre 6 y 12,4 millones de dólares al año. El gobierno chileno espera recaudar desde la entrada en vigencia del acuerdo hasta la fecha de término, en 2043, unos 2.700 millones de dólares.
La presencia transnacional se amplía el interés de tres empresas chinas (Vision Group, Kanhoo Group y MTL Shenzhen Group) junto a empresarios coreanos por levantar una planta de litio con un aporte inicial de 500 millones de dólares y una inversión final de 2.000 millones de dólares.
Las empresas Worley Parson, Posco, la Abu Dhabi Investment Authority y el equipo económico de la embajada de Francia también se han reunido con autoridades del Ministerio de Minería de Chile.
La australiana Lithium Power ya se está asociando a empresarios locales para extraer el mineral en el Salar de Maricunga, en la alta cordillera de Atacama mediante la inversión de 360 millones de dólares.

Ejecutivos de Tianqi, la principal empresa estatal china en el negocio del litio, también han acudido al Ministerio de Minería y visitado el Salar de Atacama, al igual que  Ganfeng Lithium, otra importante productora china.
Este paisaje, plagado de transnacionales interesadas en explotar el litio con la finalidad de exportarlo es una de las principales trabas que impiden que los países del triángulo del litio coordinen esfuerzos.

La “chilenización” de la visión argentina
Si hace 7 años el gobierno argentino tenía, al igual que el boliviano, perspectivas más ambiciosas sobre la industrialización, hoy en día las cosas parecen apuntar más hacia la exportación sin industrialización. El viraje argentino se constituye así en otro golpe para la posibilidad de crear la OPEP del litio.
Si bien en Argentina ya comenzaron a participar las transnacionales hace algunos años (por ejemplo Toyota ingresó en el proceso de explotación del mineral en Argentina desde 2012), con la llegada de Mauricio Macri se eliminaron los controles cambiarios y de capital, así como un impuesto a la exportación de minerales, con el propósito de atraer inversionistas extranjeros y afianzarse como exportador mundial de carbonato de litio, abandonando la intención de fabricar baterías.
Ante las ventajas otorgadas por Macri, la fiebre del litio se sigue contagiando entre las transnacionales: SDIC, de China; Posco, de Corea del Sur; Galaxy y Orocobre, de Australia; Eramet, de Francia; FMC Lithium, de EE.UU; y Mitsubishi, de Japón, informaron al gobierno de Macri su decisión de profundizar su “interés” en los salares de la puna.
A tal punto el interés, que el director ejecutivo de SQM (sí, la de Chile) Patricio de Solminihac, afirmó: “nos parecen excelentes los cambios que están teniendo lugar. Ahora Argentina es mucho más atractiva”.
En síntesis, las numerosas empresas transnacionales interesadas en el litio le han prometido a Macri más de 20 mil millones de dólares en inversiones dentro de los próximos cinco años, según informa Salazar.
Todo esto está enmarcado en el “Plan Belgrano” de Mauricio Macri para desarrollar el norte argentino.
Para el analista Atilio Boron, este plan “forma parte de una iniciativa de Estados Unidos para apropiarse de los recursos naturales de Sudamérica y, especialmente, de esta parte del continente. El noroeste es una región muy rica en litio, para los norteamericanos uno de los recursos estratégicos del siglo XXI”.
Boron ha insistido en que si este plan se materializa “habrá una fuerte presencia militar y de agencias estadounidenses en la región y, probablemente, se avance en la instalación de una base militar en la Triple Frontera”, donde converge el acuífero guaraní, una de las mayores reservas de agua dulce del planeta.

Bolivia por la industrialización,
pero aún no avanza
Bolivia parece ser el único país para el cual todavía es más importante industrializar el lito agregándole valor y lograr la fabricación de las baterías de forma local, que sólo exportarlo en forma de carbonato de litio y cloruro de potasio para exportación.
Pero el proyecto piloto del litio, lanzado por Evo Morales en abril de 2008, ha producido hasta el momento resultados “bastante limitados”, en palabras del experto Juan Carlos Zuleta.
Recién en 2012 comenzó a operar la planta semiindustrial de cloruro de potasio instalada por el gobierno. La publicidad gubernamental indica que cuando se concluya la planta industrial de este compuesto, se producirá un millón de toneladas anuales, y que, teniendo en cuenta un precio por tonelada de 600-700 dólares, se podría generar un ingreso bruto por ventas de aproximadamente 600 millones de dólares al año.
Sin embargo, Zuleta aclara que la capacidad de la planta industrial de cloruro de potasio “será de solamente 350.000 toneladas”, y que el precio actual del compuesto químico en el mercado internacional “sería de apenas 215 dólares por tonelada, por lo que una vez que la planta industrial en proceso de construcción por la cuestionada firma china CAMC alcance el máximo de su capacidad de producción podrá generar a lo sumo alrededor de 75 millones de dólares”.
En lo que respecta al carbonato de litio, su precio efectivamente es favorable internacionalmente: una tonelada de carbonato de litio estaba estable en alrededor de 6 mil dólares hasta el 2015. Se estima que su valor en 2016 subió en 17%, por lo que se tuvo un precio promedio de 7.625 dólares por tonelada, y para 2017 se elevó la estimación en 9%, proyectando 7.375 dólares por tonelada. Se cree que el precio se mantenga o que se vuelva a estabilizar en 6.000 dólares en 2018.
El experto argentino Julián Zicari indicó antes que para fabricar una batería con la tecnología y valor actuales, “se requiere entre 7 y 15 kilos de litio, siendo esto un costo que oscila, apenas, entre los 42 y 90 dólares por vehículo. Pero el valor final de una batería se encuentra entre los 10 mil y 20 mil dólares”.
De ahí lo interesante de buscar fabricar baterías y no quedarse sólo en el proceso de carbonato de litio. Pero Bolivia está con problemas para siquiera concluir su planta industrial de este compuesto.
En agosto de 2015 el gobierno boliviano firmó un contrato, a través de la Comibol, para el proyecto de ingeniería a diseño final con la firma alemana K-UTEC, a tiempo de poner de manifiesto que dicho diseño final tendrá como base el proceso tecnológico desarrollado por técnicos de la gerencia nacional de recursos evaporíticos y que el tiempo de entrega del proyecto a diseño final es de 10 meses.
Sin embargo, dicho contrato ya lleva más de 6 meses de retraso, y según Zuleta, “sin la menor justificación por parte de las autoridades correspondientes”.
Sobre este aspecto, el experto ha indicado que debido a los “magros resultados en la fase piloto” del proyecto de litio, K-UTEC “de hecho podría verse forzada a empezar de cero para llegar al proceso adecuado a ser escalado para la fase industrial del proyecto, lo que explicaría la falta de cumplimiento de plazos por la empresa alemana”.
Hasta la fecha no se conoce si la empresa K-UTEC entregó el diseño final del proyecto en septiembre de este año y si completará las obras de ingeniería básica hasta marzo de 2017.
El carbonato de litio es insumo fundamenta para la fabricación comercial de baterías, por lo que esta última fase industrial está aún más retrasada.
Pese a ello, todavía valdría la pena apostar por las baterías, aunque quizá la ventana de oportunidades del actual boom del litio está empezando a reducir su tamaño.
La reflexión de Rodolfo Tecchi, exdirector de la Agenciad e Promoción Científica y Tecnología del Ministerio de Ciencia dela Nación de Argentina, puede ser un buen resumen de lo que debiera ser prioritario en la industria del litio. Y de lo que habrá que hacer si es que Bolivia pierde el tren.
Porque para Tecchi, no vale la pena explotar el litio sin industrializarlo en baterías de alto valor agregado.
“No llegará el desarrollo a nivel local. Si lo único que queda de la explotación del litio son las regalías mineras y unos pocos puestos de trabajo, va a ser preferible preservar los salares para alguna otra actividad futura”, sentencia.
Habrá que ver si la anunciada creación de la empresa Yacimientos del Litio Bolivianos
(YLB) logra finalmente encausar estos procesos.

Fuente:

Ejecutivos de Tianqi, la principal empresa estatal china en el negocio del litio, también han acudido al Ministerio de Minería y visitado el Salar de Atacama, al igual que  Ganfeng Lithium, otra importante productora china.
Este paisaje, plagado de transnacionales interesadas en explotar el litio con la finalidad de exportarlo es una de las principales trabas que impiden que los países del triángulo del litio coordinen esfuerzos.

La “chilenización” de la visión argentina
Si hace 7 años el gobierno argentino tenía, al igual que el boliviano, perspectivas más ambiciosas sobre la industrialización, hoy en día las cosas parecen apuntar más hacia la exportación sin industrialización. El viraje argentino se constituye así en otro golpe para la posibilidad de crear la OPEP del litio.
Si bien en Argentina ya comenzaron a participar las transnacionales hace algunos años (por ejemplo Toyota ingresó en el proceso de explotación del mineral en Argentina desde 2012), con la llegada de Mauricio Macri se eliminaron los controles cambiarios y de capital, así como un impuesto a la exportación de minerales, con el propósito de atraer inversionistas extranjeros y afianzarse como exportador mundial de carbonato de litio, abandonando la intención de fabricar baterías.
Ante las ventajas otorgadas por Macri, la fiebre del litio se sigue contagiando entre las transnacionales: SDIC, de China; Posco, de Corea del Sur; Galaxy y Orocobre, de Australia; Eramet, de Francia; FMC Lithium, de EE.UU; y Mitsubishi, de Japón, informaron al gobierno de Macri su decisión de profundizar su “interés” en los salares de la puna.
A tal punto el interés, que el director ejecutivo de SQM (sí, la de Chile) Patricio de Solminihac, afirmó: “nos parecen excelentes los cambios que están teniendo lugar. Ahora Argentina es mucho más atractiva”.
En síntesis, las numerosas empresas transnacionales interesadas en el litio le han prometido a Macri más de 20 mil millones de dólares en inversiones dentro de los próximos cinco años, según informa Salazar.
Todo esto está enmarcado en el “Plan Belgrano” de Mauricio Macri para desarrollar el norte argentino.
Para el analista Atilio Boron, este plan “forma parte de una iniciativa de Estados Unidos para apropiarse de los recursos naturales de Sudamérica y, especialmente, de esta parte del continente. El noroeste es una región muy rica en litio, para los norteamericanos uno de los recursos estratégicos del siglo XXI”.
Boron ha insistido en que si este plan se materializa “habrá una fuerte presencia militar y de agencias estadounidenses en la región y, probablemente, se avance en la instalación de una base militar en la Triple Frontera”, donde converge el acuífero guaraní, una de las mayores reservas de agua dulce del planeta.

Bolivia por la industrialización,
pero aún no avanza
Bolivia parece ser el único país para el cual todavía es más importante industrializar el lito agregándole valor y lograr la fabricación de las baterías de forma local, que sólo exportarlo en forma de carbonato de litio y cloruro de potasio para exportación.
Pero el proyecto piloto del litio, lanzado por Evo Morales en abril de 2008, ha producido hasta el momento resultados “bastante limitados”, en palabras del experto Juan Carlos Zuleta.
Recién en 2012 comenzó a operar la planta semiindustrial de cloruro de potasio instalada por el gobierno. La publicidad gubernamental indica que cuando se concluya la planta industrial de este compuesto, se producirá un millón de toneladas anuales, y que, teniendo en cuenta un precio por tonelada de 600-700 dólares, se podría generar un ingreso bruto por ventas de aproximadamente 600 millones de dólares al año.
Sin embargo, Zuleta aclara que la capacidad de la planta industrial de cloruro de potasio “será de solamente 350.000 toneladas”, y que el precio actual del compuesto químico en el mercado internacional “sería de apenas 215 dólares por tonelada, por lo que una vez que la planta industrial en proceso de construcción por la cuestionada firma china CAMC alcance el máximo de su capacidad de producción podrá generar a lo sumo alrededor de 75 millones de dólares”.
En lo que respecta al carbonato de litio, su precio efectivamente es favorable internacionalmente: una tonelada de carbonato de litio estaba estable en alrededor de 6 mil dólares hasta el 2015. Se estima que su valor en 2016 subió en 17%, por lo que se tuvo un precio promedio de 7.625 dólares por tonelada, y para 2017 se elevó la estimación en 9%, proyectando 7.375 dólares por tonelada. Se cree que el precio se mantenga o que se vuelva a estabilizar en 6.000 dólares en 2018.
El experto argentino Julián Zicari indicó antes que para fabricar una batería con la tecnología y valor actuales, “se requiere entre 7 y 15 kilos de litio, siendo esto un costo que oscila, apenas, entre los 42 y 90 dólares por vehículo. Pero el valor final de una batería se encuentra entre los 10 mil y 20 mil dólares”.
De ahí lo interesante de buscar fabricar baterías y no quedarse sólo en el proceso de carbonato de litio. Pero Bolivia está con problemas para siquiera concluir su planta industrial de este compuesto.
En agosto de 2015 el gobierno boliviano firmó un contrato, a través de la Comibol, para el proyecto de ingeniería a diseño final con la firma alemana K-UTEC, a tiempo de poner de manifiesto que dicho diseño final tendrá como base el proceso tecnológico desarrollado por técnicos de la gerencia nacional de recursos evaporíticos y que el tiempo de entrega del proyecto a diseño final es de 10 meses.
Sin embargo, dicho contrato ya lleva más de 6 meses de retraso, y según Zuleta, “sin la menor justificación por parte de las autoridades correspondientes”.
Sobre este aspecto, el experto ha indicado que debido a los “magros resultados en la fase piloto” del proyecto de litio, K-UTEC “de hecho podría verse forzada a empezar de cero para llegar al proceso adecuado a ser escalado para la fase industrial del proyecto, lo que explicaría la falta de cumplimiento de plazos por la empresa alemana”.
Hasta la fecha no se conoce si la empresa K-UTEC entregó el diseño final del proyecto en septiembre de este año y si completará las obras de ingeniería básica hasta marzo de 2017.
El carbonato de litio es insumo fundamenta para la fabricación comercial de baterías, por lo que esta última fase industrial está aún más retrasada.
Pese a ello, todavía valdría la pena apostar por las baterías, aunque quizá la ventana de oportunidades del actual boom del litio está empezando a reducir su tamaño.
La reflexión de Rodolfo Tecchi, exdirector de la Agenciad e Promoción Científica y Tecnología del Ministerio de Ciencia dela Nación de Argentina, puede ser un buen resumen de lo que debiera ser prioritario en la industria del litio. Y de lo que habrá que hacer si es que Bolivia pierde el tren.
Porque para Tecchi, no vale la pena explotar el litio sin industrializarlo en baterías de alto valor agregado.
“No llegará el desarrollo a nivel local. Si lo único que queda de la explotación del litio son las regalías mineras y unos pocos puestos de trabajo, va a ser preferible preservar los salares para alguna otra actividad futura”, sentencia.
Habrá que ver si la anunciada creación de la empresa Yacimientos del Litio Bolivianos
(YLB) logra finalmente encausar estos procesos.

Fuente:http://elpaisonline.com/index.php/2013-01-15-14-16-26/local/item/247166-la-opep-del-litio-languidece-y-las-transnacionales-sonrien

Argentina

Los vecinos de Esquel festejarán el 14vo. aniversario del triunfo del NO A LA MINA

Durante esta semana los vecinos de Esquel realizarán varias actividades para celebrar el 14vo. aniversario del triunfo del NO A LA MINA en la consulta popular del 23 de marzo de 2003 y el Día Mundial del Agua que se celebra el 22. El largo y masivo camino de lucha esquelense ya es patrimonio de todos los chubutenses. Aquél plebiscito del 2003 definió la negativa rotunda al proyecto minero cercano a la ciudad e inició el camino del actual masivo rechazo a la minería a gran escala en la provincia de Chubut. Y no solo eso, ya que esa movilización social motiva a organizarse a casi un centenar de comunidades de trece provincias para defender el territorio de la voracidad de las empresas.

Por Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel por el NO A LA MINA

La población de Esquel  inició en el año 2002 una lucha perseverante y firme que mostró su masividad en centenares de marchas y con el resultado de la consulta popular del 23 de marzo de 2003 donde el 82% de los sufragantes pusieron la boleta del NO para rechazar el proyecto minero Cordón Esquel para extraer de oro, plata y otros metales.

En ese momento, el emprendimiento era impulsado por la canadiense Meridian Gold mediante su subsidiaria Minera El Desquite, con el activo acompañamiento de los gobiernos nacional, provincial y municipal y los partidos mayoritarios.

Lo que nadie imaginó, es que ante la desigualdad de fuerzas, esa lucha horizontal con asambleas de vecinos, campañas de información y difusión con bases científicas y lenguaje accesible, junto a movilizaciones que aún hoy se concretan cada día 4, inspiraran a casi un centenar de otas comunidades en todos los rincones de Argentina para hacer frente a emprendimientos similares.

Las experiencias asamblearias de los años 2001/2002 por la crisis política y economíca en el país, junto a los ejemplos de padecimientos y luchas contra la megaminería en otros países de Latinoamérica, África y Oceanía, fueron algunos de los antecedentes y motivos que apuntalaron el movimiento social.

Estos catorce años no fueron sencillos para los vecinos de Esquel porque el poder empresario y político pretendió todo tipo de artimañas para torcer la voluntad popular. Planteos judiciales que no prosperaron, intentos de modificar la legislación a favor de las mineras que fracasaron, el ninguneo a la Iniciativa Popular para prohibir la minería metalífera y de radioactivos impulsada por las asambleas chubutenses, hasta el reciente descubrimiento de la utilización del aparato de inteligencia del Estado nacional en connivencia con fiscales y policías provinciales para espiar y fichar a vecinos y comunidades originarias que investiga en la actualidad la justicia federal, además de la flamante inclusión en Radio Nacional Esquel de un programa a cargo del gerente de comunicaciones de Yamana Gold.

Sin embargo, los esquelenses dan testimonio cotidiano de su voluntad ante el conflicto minero. Renuevan tácticas, se esfuerzan en continuar la difusión y la información, salen a la calle los días 4 de cada mes y las veces que son necesarias, pueblan autos, comercios y casas con afiches del NO A LA MINA, visten remeras alusivas y se enorgullecen de una lucha donde mezclan determinación con alegría.

Fuente:http://www.noalamina.org/esquel/item/17006-los-vecinos-de-esquel-festejaran-el-14vo-aniversario-del-triunfo-del-no-a-la-mina

Bolivia

MUJERES INDIGENAS Y CAMPESINAS EN CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION Y ACCIÓN POR LA DEFENSA DEL AGUA, LOS TERRITORIOS Y LOS DERECHOS

La Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra y, el Colectivo CASA con el apoyo de FAU-AL, en el mes de marzo articulando la defensa de los derechos de las mujeres y el vinculo sagrado con el agua, realizan la campaña de sensibilización y acción por la defensa del agua,  los territorios y los derechos de las defensoras de la Madre Tierra.

En diferentes reuniones de diálogo colectivo y a través de videos artísticos de motivación, han logrado promover espacios de intercambio de experiencias y de saberes, desde las resistencias de las mujeres que cuestionan el modelo extractivista minero. Ellas plantean los problemas de escasez y contaminación del agua y, a la vez presentan alternativas, desde una perspectiva femenina, para la defensa conjunta de los derechos de los pueblos y de la Vida. Esta campaña de sensibilización está siendo realizada durante todo el mes de marzo con intercambios y reuniones en diferentes comunidades del departamento de Oruro en Bolivia.

AGUA PARA LA VIDA, NO PARA LA MINERÍA

Es uno de los mensajes más fuertes que expresan las y los Regantes de Challapata, tras 24 de años de resistir a la actividad minera y aprendiendo de experiencias de contaminación, es que no se quiere la devastación de los territorios, el deterioro de las condiciones de vida, la generación de violencia medioambiental contra las mujeres, ni la vulneración de derechos fundamentales como el derecho humano al AGUA. Por lo que se ha acordado de forma conjunta, impulsar la aprobación de la propuesta de ley de aguas elaborada por las organizaciones sociales el año 2012 en la que se defiende este recurso como un bien común.

EL CHORO LIDERAZGO DE MUJERES PARA LA DEFENSA DE LOS TERRITORIOS

Después de un intercambio de experiencias entre lideresas, líderes, autoridades originarias y población en general de la comunidad de El Choro y la exposición de videos artísticos, nace una demanda de fortalecer los liderazgos femeninos de la comunidad e impulsar, de forma conjunta; la protección del territorio, recuperar las fuentes de agua y ejercer los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas.

El agua dulce que corre por las venas de la Madre Tierra nos une como mujeres, nos da vida y sólo en su defensa será posible el cumplimiento de nuestros derechos.

Oruro- Bolivia,  Marzo de 2017

Fuente:http://oiedc.blogspot.cl/2017/03/mujeres-indigenas-y-campesinas-en.html

Perú

Las Bambas, sus modificatorias y la necesidad un EIA integrado

Cuando apenas se iniciaba la construcción del proyecto Las Bambas, éste fue reconfigurado. Se reemplazó el medio de transporte del mineral (de mineroducto a carretera), se trasladaron las plantas de procesamiento del molibdeno y filtros de la provincia de Espinar (Cusco) a la provincia de Cotabambas (Apurímac), se redefinió la zona de influencia, entre otros cambios. Para ello utilizaron dos instrumentos:

La modificatoria del Estudio del Impacto Ambiental

                                                                       Los Informes Técnicos Sustentatorios

El primer instrumento debe usarse para cambios importantes y su aprobación tiene un trámite similar a la aprobación de un EIA, que incluye mecanismos de participación ciudadana y opiniones técnicas de otras entidades públicas. Los segundos, debe usarse para cambios que no se consideran significativos y su aprobación es rápida (15 días), no requiere de mecanismos de participación ciudadana ni de opiniones técnicas de otras entidades públicas.

Hasta la fecha se han realizado dos modificatorias del EIA y se han aprobado cuatro ITS en el caso Las Bambas, el último de los cuales se aprobó el año pasado. El traslado de las plantas de molibdeno y filtros se hicieron con este instrumento.

Los cambios realizados generaron malestar en la población el año 2015. Sobre las modificatorias del EIA señalaron que no tuvieron conocimiento de mecanismos de participación ciudadana y cuestionaron la validez de los eventos informativos que aparecían registrados en los expedientes. Denunciaron que las listas de asistencia que se consignaban tenían nombres de niños, de personas fallecidas y en algunos casos, de personas que aseguraban no haber participado en ningún evento. En relación a los ITS señalaron que tenían un desconocimiento total de los mismos.

Como la construcción del proyecto ya se encontraba avanzada, los dirigentes de las organizaciones sociales demandaron en el espacio de diálogo constituido contar con una opinión técnica independiente que les permita saber cuáles serían los reales impactos negativos de los cambios realizados, para que luego se pueda solicitar, de ser el caso, la adopción de las medidas necesarias para mitigar o prevenir esos impactos y evitar riesgos para sus actividades económico-productivas y sus propias vidas. El gobierno de Humala respondió con un rotundo «no». Las razones esgrimidas eran que se estaba planteando una revisión de la aprobación de las modificatorias del EIA y de los ITS cuando no se apelaron en su momento y que ya no era posible. Además, implicaba para el gobierno poner en duda sus propias decisiones, que las consideraban correctas.

Para los pobladores de Cotabambas esas afirmaciones no les satisfacían debido a que la realidad las cuestionaba. El ejemplo más claro era el transporte minero por carretera, sus impactos en cultivos, pastizales y en las propias personas (polvo, ruido, vibración, congestión vehicular, huecos ocasionados por el transporte pesado, etc.) no habían sido adecuadamente determinados y dimensionados en la modificatoria del EIA y por lo tanto, la medida de mitigación (regado) era a todas luces insuficiente.

Posteriormente, y en el ánimo de facilitarles las cosas al Estado, y teniendo en cuenta la normatividad vigente, los dirigentes de Cotabambas plantearon la necesidad de una opinión técnica independiente y la realización de una actualización del EIA o la formulación de un EIA integrado. Frente a ello no hubo respuesta.

Sobre la actualización del EIA, el Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las actividades de explotación, beneficio, labor general, transporte y almacenamiento minero aprobado por D.S. 040-2014-EM, en su artículo 128 señala:

«El estudio ambiental aprobado, debe ser actualizado por el titular minero al quinto año, contados a partir de la fecha de inicio de la ejecución del proyecto y de manera consecutiva en periodos iguales, en los componentes que lo requieran, de acuerdo con lo dispuesto en las normas del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. La actualización comprende: el análisis de los impactos reales de la operación en curso en los recursos agua, aire, suelo, fauna y flora y otros aspectos ambientales y sociales, contenidos en el estudio, sobre la base de los reportes de monitoreo u otra fuente de información, a fin que de ser necesario, se propongan mejoras en la estrategia de manejo ambiental aprobada. En función a la información antes señalada, se deberá actualizar el estudio ambiental, en los componentes que correspondan, y presentar una versión integrada del mismo, considerando todas las modificaciones realizadas en las operaciones en el periodo de la actualización. (…)».

La opción de un EIA integrado se apoya en la primera disposición complementaria final de la norma citada que señala:

«1. Los titulares mineros que respecto de una misma unidad minera cuenten con dos o más estudios de impacto ambiental aprobados y modificaciones a éstos; y/o Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y estudios de impacto ambiental; deberán integrar el contenido de los planes de todos estos documentos y actualizar su plan de manejo ambiental, de conformidad a los respectivos Términos de Referencia que apruebe el MINEM, con la opinión favorable del MINAM, de tal forma que cuenten con un solo instrumento de gestión ambiental para su unidad minera. Esto sin perjuicio de las sanciones y responsabilidades ambientales que pudiesen imponerse, en caso de incumplimiento de los instrumentos ambientales a integrar.
2. Para este efecto, se deberá presentar un Estudio Ambiental Integrado, conteniendo las condiciones actuales ambientales de la operación minera.

En octubre del 2016 estalló un nuevo conflicto en torno a la problemática de la carretera por donde se realiza el transporte minero. El conflicto social hizo que el espacio de diálogo fuera dejado de lago y con él su agenda. En el proceso se incorporaron otros actores y las demandas se multiplicaron. El nuevo gobierno ofreció en diciembre del año pasado, a través del vicepresidente de la República, Martín Vizcarra, un plan de desarrollo para Cotabambas. Y sobre el EIA dijo que habría una modificatoria. ¿Pero esto qué decir? ¿Incluía las demandas planteadas los dirigentes de Cotabambas?

Hace unos días, la ministra del Ambiente, Elsa Galarza, informó que en marzo la compañía MMG presentará la tercera modificación al estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto minero Las Bambas: «Ya se han hecho varias reuniones en las que se les ha explicado este procedimiento, certificado sus términos de referencia y ahora estamos en la última etapa, en la espera de recibir el documento que ellos mismos han mencionado que lo enviarán este mes de marzo». Informó también que una vez presentadas las modificaciones del EIA, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) las evaluará durante cinco meses, plazo en el cual habrá un proceso de participación ciudadana.

¿Gato por liebre?

Lo anunciado por la Ministra Elsa Galarza es una nueva modificatoria del EIA que acarrea nuevos cambios, los cuales se suman a los ya realizados.

El Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las actividades de explotación, beneficio, labor general, transporte y almacenamiento minero, en su artículo 130, se refiere a la Modificación del estudio ambiental señalando que:

«Todos los cambios, variaciones o ampliaciones de los proyectos mineros o unidades mineras, que pudiesen generar nuevos o mayores impactos ambientales y/o sociales negativos significativos, deben ser aprobados previamente. Para este efecto, el titular de la actividad minera debe iniciar el procedimiento administrativo de modificación correspondiente ante la autoridad ambiental competente».

Es decir, el proyecto Las Bambas sigue cambiando. Todo indica que las demandas de la población han sido dejadas de lado. Aunque si hubiera voluntad política de la empresa y del gobierno, podría utilizarse la nueva modificatoria para plantear una actualización del EIA. Al respecto, el artículo 128 del mencionado Reglamento señala que:

«(…) En el caso que los titulares mineros modifiquen sus estudios ambientales, antes del vencimiento del plazo de cinco años, podrán incluir en su modificación, la actualización del estudio de conformidad con el presente artículo, la que deberá contener la matriz de identificación y evaluación de impactos reales actualizados de toda la operación de la unidad minera. En este supuesto, el plazo de la siguiente actualización se computará desde la fecha de inicio de actividades de la modificación aprobada. Sin perjuicio de lo señalado en el presente artículo, la actualización del estudio ambiental se desarrollará de conformidad con la normativa y documentos orientadores que el MINAM apruebe».

Finalmente, cabe una reflexión. ¿Es conveniente para nuestro país que un proyecto se reconfigure por partes, mediante modificatorias o ITS? ¿A través de esta vía se pueden dimensionar adecuadamente los impactos y sus sinergias, así como establecer las medidas de manejo más idóneas? ¿Se puede realizar cambios significativos a un proyecto, inmediatamente después de que el EIA ha sido aprobado? ¿Qué conductas estamos incentivando con ello? ¿Acaso estamos incentivando que los titulares de proyectos presenten EIA con un determinado contenido solo para lograr su aprobación y luego lo cambien? ¿Qué tipo de minería queremos?

Fuente-.http://cooperaccion.org.pe/main/opinion/700-las-bambas-sus-modificatorias-y-la-necesidad-un-eia-integrado

Bolivia

Videos y cortos animados: Violencia medioambiental contra las mujeres y alternativas frente al despojo minero del agua

En el mes de las Mujeres y del  Agua, la alianza entre  la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra – RENAMAT , el Colectivo CASA y el fondo de Acción Urgente FAU-AL, tienen el agrado de poner a disposición de todo publico una serie de videos reportaje  y cortos animados,  denominados Artemetraje: Resistiendo a la Violencia Medioambiental contra las mujeres,  para la reflexión, información y educación sobre los impactos de la minería en el agua y la afectación en los derechos de las mujeres.

En esta ocasión les presentamos el corto Violencia medioambiental contra las mujeres que nos explica que al afectar los derechos de las mujeres ya Sea por contaminación, escasez o sobre explotación de los Recursos Naturales se pone en riesgo su vida.

A manejar de reportaje presentamos  la experiencia de la comunidad de El Choro en el departamento de Oruro – Bolivia, en el cual las mujeres realizan la cosecha del agua como alternativa frente  al despojo minero del agua.

1. Violencia medioambiental contra las mujeres

2. El Choro: cosecha del agua una alternativa desde las mujeres frente al despojo minero de agua

Latinoamerica

La “Marca Canadiense”: La violencia y las compañías mineras canadienses en América Latina

El Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP, por sus siglas en inglés) ha
documentado inquietantes incidentes de violencia relacionados con las compañías mineras canadienses en América Latina. En general, ni el gobierno canadiense ni la industria están monitoreando o reportando tales incidentes.

Lo que hemos hallado sobre el grado de violencia y criminalización entre 2000 y 2015
El presente informe documenta incidentes corroborados por al menos dos fuentes independientes:

  • incidentes en que aparecen involucradas 28 compañías canadienses;
  • 44 muertes, 30 de las cuales clasificamos como “selectivas”;
  • 403 personas heridas, de las cuales 363 lo fueron durante protestas y confrontaciones;
  • 709 casos de “criminalización”, incluyendo órdenes de arresto, detenciones y presentaciones de cargos; y
  • una amplia distribución geográfica de violencia documentada: las muertes ocurrieron en once países; resultaron heridas personas en trece países; la criminalización se produjo en doce países.

Adicionalmente, nuestra investigación muestra que las compañías canadienses que cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto no incluyen reportes de violencia en sus divulgaciones obligatorias sobre el desempeño corporativo. Entre 2000 y 2015:

  • las compañías que cotizan en bolsa reportaron solo 24% de las muertes y 12,3% de los heridos relacionados en este informe; y
  • las compañías más grandes propendieron a informar sobre los incidentes de forma general, empleando términos ambiguos, mientras que las más pequeñas lo hicieron con mayor detalle.

 

¿En qué radica la importancia de este estudio?

Este informe sobre la violencia y la criminalización relacionadas con la industria minera canadiense en América Latina es el primero que:

  • compila información sobre los incidentes reportados a lo largo de un período de 15 años;
  • menciona los nombres de las compañías involucradas, y busca sus comentarios sobre los incidentes; y
  • brinda los detalles y las fuentes de los incidentes, de manera que terceras partes puedan reproducir nuestros resultados.

Los incidentes documentados en este informe parecen ser solo la punta del iceberg. En el curso de la realización de nuestro estudio nos encontramos con que no podíamos incluir muchos reportes de muertos, heridos y casos de criminalización, porque no podían ser corroborados mediante dos fuentes independientes. No nos resultaba posible incluir amenazas de muerte, quema deliberada de cosechas y destrucción de propiedades, desplazamientos forzosos, intentos de asesinato sin heridas reportadas, enfermedades causadas por la contaminación ambiental, o traumas sicológicos provocados por la violencia, debido a que hubiera sido necesario examinar un excesivo número de fuentes para documentar estos casos. La violencia que se reporta es solo la ocurrida en América Latina, y no comprende la que se relaciona con las minas canadienses en otras partes del mundo.

El mundo está fijando su atención en las compañías canadienses, no precisamente por su importancia comercial, sino por su indebido comportamiento Canadá ha sido criticado internacionalmente por su falta de supervisión de las compañías mineras canadienses. Se señala a Canadá por el hecho del gran número de compañías mineras que están domiciliadas en este país en vez de en otros. El 41% de las mayores compañías mineras que operan en América Latina son canadienses.

  • Cuatro órganos de las Naciones Unidas han pedido a Canadá que haga responsables a las compañías canadienses por sus operaciones en el extranjero.
  • La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha celebrado tres audiencias sobre la responsabilidad de las compañías canadienses, y ha solicitado a Canadá que adopte medidas para prevenir “múltiples violaciones de los derechos humanos”.
  • En junio de 2016, 180 organizaciones latinoamericanas enviaron una carta al Primer Ministro Trudeau, en la que demandan acciones sobre las promesas de un mecanismo de responsabilidad corporativa y estatal.

Las actuales políticas del gobierno canadiense no están enfrentando el problema

El gobierno de Canadá continúa promoviendo la “Marca Canadiense”, que se basa en normas voluntarias, no obligatorias, de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) para evaluar la conducta de las compañías. Las dos principales instancias responsabilizadas con la RSC son la Oficina del Consejero en Responsabilidad Social Corporativa para el Sector Extractivo (Consejero RSC), y el Punto Nacional de Contacto (PNC), que responde a la intergubernamental Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Estas dos instancias no realizan investigaciones ni tienen poder para sancionar a las compañías directamente o para compensar a las víctimas; únicamente están autorizadas para recomendar la retirada de la financiación por parte del gobierno canadiense, y el apoyo de las embajadas.

No hay referencias de que se realice una sistemática evaluación del comportamiento de las compañías, y no existe información disponible que indique que el actual Consejero RSC haya respondido a los informes de violencia o considerado la retirada del apoyo de una embajada canadiense.

 

No hay evidencia de que el gobierno no tenga capacidad para atender más reclamaciones

La comunidad internacional demanda un mecanismo más firme de exigencia de responsabilidades al Estado y a las compañías, pero quienes se oponen argumentan que el gobierno no tiene capacidad para manejar las reclamaciones. Sin embargo, nada indica que el actual Consejero RSC tenga un exceso de casos que atender, como tampoco lo tiene el PNC:

  • La Oficina del Consejero RSC se creó en 2009, y solo ha atendido seis reclamaciones hasta la fecha.
  • El sitio web del actual Consejero no muestra indicaciones de alguna investigación, mediación en disputas, realización de diálogos o cualquier otra participación en conflictos específicos.
  • La oficina del actual Consejero RSC no ha presentado un informe anual, y las únicas publicaciones que ha realizado son notas de prensa sobre seis discursos pronunciados por el Consejero desde su nombramiento en 2015.

Por su parte, el PNC solo ha atendido un caso en 2015, y cinco en total desde 2011.

Fuente:http://movimientom4.org/2017/03/la-marca-canadiense-la-violencia-y-las-companias-mineras-canadienses-en-america-latina/

Mexico

El saqueo del territorio mexicano: la megaminería y el TLCAN

¿Cuáles son los signos vitales de la megaminería en México en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)? Este es un tema que debe tratarse abordando otra pregunta que ayuda a guiar la discusión: ¿Cómo se transformó el territorio mexicano con la megaminería a partir de la apertura comercial?

Durante los 34 años del periodo neoliberal del sistema capitalista, la etapa en la que se presentó un punto de inflexión en la megaminería fue a partir de 1994, con la puesta en marcha del TLCAN, que conllevó la privatización del territorio mexicano, expresado en incrementos acelerados de la superficie concesionada para la industria minera y de la inversión extranjera directa destinada a dicho sector, con incidencia directa en el agotamiento de los recursos naturales.

Este análisis se presenta como respuesta a la necesidad de ofrecer una contribución mexicana a las discusiones que, a nivel global, se tienen sobre las alternativas de transformación social que surgen desde los conflictos sobre la minería; y que además sirva como referencia empírica para la comparación internacional de resultados en otros estados nacionales con presencia de esta actividad empresarial: la megaminería.

El artículo se divide en tres partes, en la primera se analiza el comportamiento de la superficie del territorio mexicano concesionado a la industria minera, en la segunda el seguimiento a la inversión extranjera directa en la minería, y en la tercera se revisan los signos vitales de la megaminería en el marco del agotamiento de los recursos naturales.

Las concesiones mineras en el territorio mexicano

La megaminería a cielo abierto en México ha generado, durante el periodo 1982-2016, impactos sociales mediante el desplazamiento de las comunidades y la sobreexplotación del trabajo; así como afectaciones ambientales en los territorios donde se agotan los mantos acuíferos y se generan altos volúmenes de residuos sólidos. Por ello se sostiene que la megaminería a cargo del capital privado transnacional no ha generado desarrollo en las comunidades mexicanas donde está presente la extracción de metales preciosos.

La institucionalidad que brinda soporte a las empresas mineras de capital transnacional presentes en territorio mexicano es principalmente el gobierno federal de México que, mediante reformas al Artículo 27 de la Constitución y el Artículo 6 de la Ley Minera, ha facilitado la expropiación de tierras consideradas de utilidad pública para destinarlas a la extracción de minerales, por considerarse en términos legales como preferentes sobre cualquier otro uso de las tierras. Mediante dichos mecanismos, el Estado mexicano ha subordinado sus decisiones en respuesta a la presión lobbística de la Cámara Minera de México, la Embajada de Canadá en México y el Comité de Minería de la Cámara de Comercio de Canadá.

En México, de acuerdo con el Artículo 15 de la Ley Minera, se otorgan concesiones mineras por un periodo de 50 años con derecho a prórroga por otros 50 años. De esta manera, la legislación minera vigente ha permitido, a mes de marzo de 2016, la privatización de 112’82 millones de hectáreas, el equivalente al 57’4% del territorio mexicano durante el periodo neoliberal del sistema capitalista (1982-2016). Durante estos años se observó una tendencia general de crecimiento pero, con el fin de realizar un análisis más riguroso, vemos que dicho espacio temporal se presenta en dos subperiodos: el tiempo previo al TLCAN (1982-1993) en el que se concesionaron 9’46 millones de hectáreas; y el periodo posterior, en el que fueron 103’36 millones de hectáreas de territorio las concesionadas a la industria minera durante los 23 años del TLCAN (1994-2016).

Tales cifras también indican que en los 12 años previos a la entrada en vigor del TLCAN se concesionaron en promedio 0’78 millones de hectáreas por año, mientras que desde la irrupción del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, se han concesionado 4’49 millones de hectáreas de suelo mexicano por año, es decir seis veces más (véase gráfica 1).

La dinámica del capital privado transnacional en la minería en México

Desde el Estado mexicano se ofrece un discurso pro-minería resaltando que la industria extractiva de la megaminería utiliza tecnología de vanguardia en sus procesos de exploración, explotación y beneficio de los minerales; que entre 2010 y 2016 México lleva seis años consecutivos posicionado en el primer lugar mundial de producción de plata; o que en 2013 México se ubicó como el séptimo productor de oro a nivel mundial. De acuerdo con información de la Secretaría de Economía del gobierno federal, la inversión extranjera directa en minería captada en México durante el periodo 1982-2015 fue de un total de $24.118’8 millones (de dólares estadounidenses), equivalente al 4’7% de los $504.816’7 millones de inversión extranjera directa total captada en México durante el mismo periodo.

Al desagregar dicha información en dos subperiodos, previo y posterior al TLCAN, vemos que en la primera fase (1982-1993) se captaron únicamente $348 millones de inversión extranjera directa en minería, cifra que contrasta con los $23.770’8 millones que han entrado durante el periodo del TLCAN (1994-2015) (véase gráfica 2). Dichos datos también indican que en los 12 años previos a la entrada en vigor del TLCAN se recibió un promedio de $29 millones por año y se obtuvo un 822’3% de incremento durante dicho periodo, equivalente al 68’5% de incremento anual. Mientras que en los 22 años del TLCAN se han recibido, en promedio anual, $1.080’5 millones y un 3.725’8% de incremento, equivalente al 169’3% de incremento promedio anual, es decir 2’5 veces más que en el periodo previo.

Agotamiento de los recursos naturales. México territorio de sacrificio en América del Norte

Al ir a fondo del problema e indagar cómo se distribuye esa riqueza y qué impactos genera en el desarrollo nacional y en las comunidades donde se instalan los megaproyectos mineros, se observa que la tendencia al saqueo de recursos naturales por parte de la megaminería irá en aumento en los próximos años. Esto se debe a que en esa lógica existen puntos de coincidencia entre la CAMIMEX, que representa los intereses del capital minero en México, y las instancias como ProMéxico, que desde el gobierno federal mexicano “se encarga del fortalecimiento de empresas transnacionales a través del cabildeo para la mayor cantidad de inversión extranjera directa en México, así como posicionar a empresas mexicanas en el mercado exterior” (ProMéxico, 2015).

Ambas instancias públicas y privadas se convirtieron en negociadores de primer orden con el objetivo de facilitar el control del territorio mexicano para beneficio de los empresarios que han invertido en la megaminería, y que ahora cuentan también con la protección del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico liderado por Carlos Pavón Campos.

Los datos sobre el agotamiento de recursos naturales, indican que el principal territorio de sacrificio en la región de América del Norte es México, que durante el periodo 1982-2014 tuvo un promedio anual acumulado de agotamiento de su riqueza natural del 4’8%; cifra que contrasta con el 2’6% de Canadá y el 0’9% de Estados Unidos para el mismo periodo. Otro aspecto sustantivo que se desprende de los datos de la gráfica anterior, es que durante el periodo 1982-1994 en los tres países se registró una tendencia decreciente en cuanto al agotamiento de los recursos naturales.

Sin embargo, a partir del año 1994, con la entrada en vigor del TLCAN que implicó la apertura de los mercados y la privatización de los bienes comunes, se observó un punto de inflexión en la tendencia creciente de agotar los recursos naturales, algo que se dio en los tres países; aunque dicha tendencia de incremento se registró de manera asimétrica. Mientras que para el caso de Estados Unidos se trató de un aumento marginal, para el caso de Canadá, y sobre todo de México, el saqueo de materias primas fue más drástico. Otro elemento que se desprende es que a partir de la crisis de 2008, y de manera reciente cuando se produjo la caída del boom de las commodities, se observó una ligera tendencia decreciente en cuanto al agotamiento de los recursos naturales.

A partir de los datos anteriores, se aprecia la necesidad de reflexionar colectivamente y diseñar una estrategia nacional frente a la megaminería en México, que ponga en el centro el desarrollo de las comunidades y los municipios con presencia de la industria extractiva y contaminante. Algo que debe trabajarse mediante una sinergia donde intervengan los niveles de gobierno federal, estatal y municipal; los legisladores federales y locales; las universidades y centros de investigación; las organizaciones civiles ambientalistas; y las comunidades afectadas y los sindicatos mineros, tomando como parámetros de referencia lo que se está decidiendo en otras regiones del mundo y de América Latina en materia de distribución de la renta minera y de cargas fiscales por contaminación ambiental. Por ello, resultaría necesario promover una consulta pública nacional a la población mexicana para abordar el tema de la megaminería y el desarrollo, en línea con la que se hizo recientemente en Costa Rica. De esta manera, se conocería la opinión y la decisión de los mexicanos sobre estos asuntos de interés público nacional. Pero, además de ello, deberían emprenderse una serie de acciones colectivas, algunas de ellas ya en proceso:

1) Organizar un foro de análisis sobre megaminería. Dicho marco de debate y análisis se realizara en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión bajo el nombre “Megaminería: revisión de la legislación y distribución de la renta minera en el marco de una posible renegociación del TLCAN”. Deberían considerarse como puntos centrales del debate las propias concesiones mineras y el homologar los salarios de los trabajadores mineros de América del Norte, ya que actualmente por una jornada de ocho horas, en México, se percibe un salario de 20 dólares, mientras que un trabajador minero canadiense o estadounidense percibe un salario promedio de 40 dólares por hora.

2) Realizar una mesa de trabajo sobre la institucionalización del “impuesto de responsabilidad ambiental”, también llamado “impuesto ecológico estatal” en las entidades federativas con presencia de industrias extractivas y contaminantes, para discutir sobre el papel de los gobiernos estatales y municipales mexicanos en la captación y aplicación de recursos públicos derivados del impuesto ecológico estatal y del reparto de la renta minera. Dicha mesa será organizada por la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), tomando como punto de partida el decreto gubernativo que implementó en 2017 de manera novedosa, en el Estado de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, Gobernador de Zacatecas y Coordinador de la Comisión de Minería de la CONAGO; situación a tono con el análisis del Banco Interamericano de Desarrollo, presentado en 2016, para revisar las fuentes de ingreso de los gobiernos subnacionales de América Latina.

3) A 100 años de la promulgación de la Constitución de 1917 en México, resulta necesario promover una reforma constitucional para incorporar los derechos de la naturaleza, como ocurre en el capítulo séptimo “Derechos de la naturaleza” en la Constitución del Ecuador; impulsado por instituciones académicas y organizaciones ambientalistas.

4) Promover reformas y adiciones a la Ley Minera, especialmente al Artículo 6 de dicha ley, para que la minería en México deje de ser una actividad pública preferente y otorgue la posibilidad para que, por leyes de carácter federal y estatal, la federación, los estados y los municipios con presencia de proyectos mineros puedan establecer contribuciones que graven estas actividades.

Fuente:http://movimientom4.org/2017/03/el-saqueo-del-territorio-mexicano-la-megamineria-y-el-tlcan/