El 5 de junio de 2009 –hace ya 8 años- el país amanecía con la noticia del violento desalojo contra los indígenas que tenían 53 días bloqueando la carretera Fernando Belaúnde en Bagua, Amazonas. Los enfrentamientos dejaron al menos 33 personas muertas y un desaparecido, entre Policías, nativos y mestizos. El «Baguazo» fue expresión de un movimiento indígena alzando la voz y pidiendo respeto, y de un sistema político que no estaba preparado para escuchar esa voz. ¿Hemos aprendido la lección?

A la luz de los hechos recientes, parece que no. El territorio amazónico sigue siendo asediado por todos los flancos, poniendo en riesgo la vida de las comunidades indígenas, así como la biodiversidad y, sin duda, el futuro del medio ambiente del cual dependemos todos y todas.

Tan solo la semana pasada, nuevamente el Gobierno peruano ha actuado en contra de la consulta previa. El Ministerio de Energía y Minas, PerúPetro y las empresas petroleras Pacific Stratus Energy y Maurel et Prom. han apelado la decisión judicial que obligaba a someter a consulta previa, libre e informada la concesión y exploración del Lote 116, en Amazonas. Argumentando formalismos, tanto el Estado como las empresas pretenden desconocer un hecho evidente: que la consulta es un derecho desde que Perú ratificó el Convenio 169 de la OIT en 1993, y que la concesión del Lote 116 no ha sido consultada. Precisamente la misma omisión que llevó al Baguazo, cuando el gobierno de García quiso imponer sin consulta un conjunto de decretos que afectaban la Amazonía para «adecuar» nuestra legislación al TLC con EEUU.

En la misma región, los pueblos awajun y wampis siguen enfrentando la presencia de otra empresa que opera sin consulta y pasando por encima las normas vigentes: la minera Afrodita, instalada en la megadiversa Cordillera del Cóndor. Pese a no contar con autorizaciones legales para ocupar el territorio indígena, la empresa aún no cumple con retirarse, atizando un conflicto que ya estaba activo en tiempos del Baguazo y que fue una de las razones que estuvieron detrás de la protesta de entonces.

A las amenazas extractivas hay que sumar la construcción de carreteras sin consulta, que incentivan la llegada de actividades ilegales de difícil control, como la tala y la minería ilegal. No ha bastado con el ejemplo de la sobrevalorada y corrupta carretera interoceánica sur, tras la cual la minería ilegal creció exponencialmente devastando la selva de Madre de Dios. Sin ir más lejos, muy recientemente el propio Congreso ha aprobado una Ley que declara de interés nacional la «conectividad» de la provincia de Purús, en Ucayali, respondiendo a una vieja iniciativa del congresista fujimorista Carlos Tubino para construir una carretera. Si bien la Ley se refiere a la «intermodalidad», no excluye la carretera, que podría conectar fácilmente a los mineros ilegales de Madre de Dios con la Reserva Comunal de Purús, una zona de gran biodiversidad.

Y ya que hablamos del Congreso, agreguemos que esta peligrosa Ley debería haber sido consultada a los pueblos indígenas, pero el proyecto para regular la consulta previa legislativa aún no avanza. Recordemos que el Convenio 169 obliga a consultar toda medida que pueda afectar a los pueblos indígenas, pero la Ley de Consulta sólo se refiere a los actos administrativos del Poder Ejecutivo. Es urgente que también el Congreso se sepa obligado a escuchar y dialogar con los pueblos indígenas buscando el consentimiento y el respeto a sus prioridades de desarrollo.

En Ucayali también es de gran preocupación la incontrolable tala ilegal. Hace tres años fue asesinado Edwin Chota junto con otros tres líderes indígenas de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto, quienes denunciaban el ingreso de madereros ilegales. Recordemos que una investigación destapó que hasta el 90% de la madera exportada por Perú a EEUU tendría origen ilegal. Pese a este escándalo, hace muy poco el propio MINCETUR avaló el envío a ese país de un cargamento de madera ilegal incautada en Iquitos y valorizado en más de S/1.6 millones. La lucha contra esta actividad que también devasta el territorio amazónico sigue arrastrando los pies.

Pero la problemática de los pueblos indígenas también ha llegado a la propia Lima, cuyas autoridades también han mostrado indolencia y falta de capacidad para escucharlos. Hoy, que está en cuestión la calidad de la obra del «by-pass» impuesto por la Municipalidad de Lima en la avenida 28 de Julio, no podemos olvidar que el mismo fue realizado sacrificando el proyecto de vivienda que iba a beneficiar a la comunidad shipiba de Cantagallo.

Pese a todas estas amenazas –e incluso a costa de su propia vida y de la criminalización y judicialización que enfrentan- los pueblos indígenas siguen organizándose con tenacidad. Comunidad por comunidad, cuenca por cuenca, región por región, siguen luchando por garantizar un futuro sostenible para sus pueblos, para sus hijos e hijas, y –por qué no decirlo- para la humanidad toda, que depende de la protección de la Amazonía para enfrentar el cambio climático.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/opinion/729-a-8-anos-del-baguazo

La Defensoría del Pueblo hace un registro mes a mes de los conflictos sociales, activos y latentes, que suceden en el país. Así, a partir de sus reportes mensuales se puede hacer un seguimiento permanente de los niveles de conflictividad, tanto a nivel nacional como de las regiones.

Haciendo un recuento de los últimos años, se observa picos de conflictividad social en el 2009 con 272 conflictos y en el 2012 con 245 conflictos. Luego, a partir del 2014 hasta marzo del 2017, los conflictos se mantuvieron sin mucha variación, alrededor de los 210 casos por mes en promedio. Sin embargo, en abril del 2017 se reportó una caída de 18 conflictos en un solo mes y en mayo nuevamente ha habido 7 conflictos menos: es decir, 25 menos en dos meses.

Esta caída atípica en relación a los años previos puede explicarse por varios factores. Una primera razón es la propia evolución de la conflictividad, reflejada a su vez en indicadores cualitativos y cuantitativos: por ejemplo, desde finales del año pasado algunos indicadores de intensidad, como el número de heridos por conflictos o protestas colectivas, habían mostrado una tendencia a la baja. No obstante, en el pasado una menor intensidad en los conflictos no necesariamente desencadenó en un menor número de conflictos.

Otro elemento que puede explicar esta tendencia a la baja en el número de conflictos es la emergencia declarada por «El Niño Costero» que sin discusión marcó la agenda nacional de los primeros meses del año: la movilización en los territorios afectados por el evento climático extremo y también en los menos afectados, ha sido -sobre todo- para hacer frente a la emergencia y no ha habido espacio para otro tipo de demanda.

También hay que considerar como otro factor la tendencia a la baja de la inversión minera como consecuencia de variables internacionales, especialmente, los menores precios de los metales y el poco respaldo financiero internacional para llevar adelante nuevos emprendimientos. Lo cierto es que las estrategias de las propias empresas mineras apuntan a procesos de maduración de sus inversiones a ritmos mucho más lentos que en el pasado.

Sin embargo, existe otra posible explicación de este cambio de tendencia: un posible ajuste metodológico en los propios informes de la Defensoría. ¿Qué podría estar pasando? Si se observa el cuadro siguiente, llama la atención que sólo en abril se hayan retirado 21 casos del registro de conflictos de la Defensoría cuando en los quince meses anteriores se había retirado entre 6 a 0 casos por mes. Igualmente, en abril y marzo del 2017, pasaron de conflictos activos a conflictos latentes, 15 y 10 casos, respectivamente, cuando en los últimos quince meses sólo se había pasado como latentes hasta un máximo de 6 casos por mes. Cabe señalar que metodológicamente, la Defensoría pasa a retirar un caso de conflicto de su registro cuando éste ha sido resuelto o cuando un conflicto categorizado como latente permanece varios meses sin reportar hechos.

Sería importante que la Defensoría aclare si se ha hecho ajustes en la metodología y haga públicos los criterios de la misma. De hecho, bajo la secuencia explicada en el párrafo anterior, posiblemente en los próximos meses haya nuevas disminuciones en el registro de conflictos. También es importante saber qué sucede con los conflictos que son retirados, ya que de acuerdo a los reportes de la Defensoría, el retiro del registro no significa que el conflicto haya sido resuelto, sino que éste no ha presentado hechos durante largo tiempo. Tampoco se sabe si la Defensoría tiene los recursos suficientes para monitorear los conflictos una vez retirados.

Finalmente, cuidado con los mensajes triunfalistas que se puedan estar preparando desde algunas instancias del Ejecutivo, sobre todo desde el viceministerio de Gobernanza Territorial, que -no hay que olvidar- fue creado recién en marzo de este año. Como muestran las estadísticas, la caída en el número de conflictos (35 menos) se inicia en el mes de febrero, antes de la creación del mencionado viceministerio y ha continuado en los meses siguientes. Habrá que observar qué pasa de aquí en adelante.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/opinion/731-esta-disminuyendo-el-numero-de-conflictos-sociales-en-el-pais-algunos-datos-para-el-debate