Chile

Mineras y eléctricas en tela de juicio

En estos días pasados le han llovido las críticas a la Minera Cerro Bayo y a Edelaysen. Igual ocurre con las eléctricas de más al norte. Mientras se ven poco auspiciosas las perspectivas en la mina Delia II y encontrar con vida a Jorge Sánchez y Enrique Ojeda  sería un milagro, vale recordar que la Minera Cerro Bayo –ex Fachinal , tiene más de algún problema con el agua, inundando sus minas y contaminando la Laguna Verde.

Por cierto, expresamos nuestra solidaridad con los familiares de los mineros, amigos y comunidad de Chile Chico. Y a ver si las propietarias de esas mineras, actualmente Mandalay Resourses (Canadá.) y antes Coeur D’Alene (USA) se hacen cargo de lo que ahí ocurre. Y no solo ellas, mal que mal existe una institucionalidad que debiera velar porque estas tragedias humanas y ambientales no ocurran. De verdad asombra cuando se lee que el Subdirector Nacional de Minería reclama que cuando se autorizó esa mina la empresa nada informó de que había ahí una laguna.

¿Y ellos porque no fueron a mirar lo que estaban autorizando?  No sería la única vez en que la autoridad no va a cerciorarse al lugar de los hechos; está claro que la ética empresarial últimamente deja harto que desear.

La Minera Fachinal inauguró el sistema de estudios de impacto ambiental en la región con su proyecto a comienzos de los 90’s. La entonces Directora de Conama asumió que el estudio no era muy bueno y en él se aseguraba que la Laguna Verde es endorreica y sin vida, por lo cual el que se filtrase los relaves a ella no tenía mayor importancia. Muchos años después, Andrés Gillmore asegura que en esa laguna sí había vida y se observaban patos y flamencos. La cuestión es que ahora sí que la laguna está muerta o más bien fue asesinada. Y si se filtra esa agua contaminada hacia el lago General Carrera nunca ha sido estudiado. Sin duda, una deuda ambiental.  Durante el funcionamiento de la Fachinal, años atrás, un colega en venganza de un contrato que perdió ahí, nos denuncio varios problemas graves que se estarían cometiendo, lo cual dimos a conocer con tono de escándalo en nuestro programa de radio “Explorando la Esperanza».

La empresa reaccionó y mediante otro colega nos invito a ir a constatar las denuncias, las cuales resultaron ser falsas. Sin embargo constatamos otra irregularidad, el traslado de un arroyo sin autorización, la que denunciamos. También constatamos que ninguna de las denuncias tuvo el más mínimo eco en la autoridad respectiva. Y también aprendimos que esa minera era muy amiga del entonces Senador Zaldívar, que un día que fuimos a conversar con él, se jactaba que venía volviendo de Estados Unidos bien invitado por la Coeur D’Alene.  La minera esa y su sucesora cumplen para los gobiernos de turno un importante rol de empleadores en una provincia con escasas fuentes laborales. A tanto, que para la mina El Furioso que tuvo 80 empleos durante dos veranos, la construcción del camino de acceso fue financiado con 600 millones de fondos regionales. Un subsidio regional a una empresa transnacional.  Y si bien es cierto que esa minera da empleo directo a unas 200 personas, apenas cae el precio del oro y la plata, suele finiquitarlos.  Igualmente, en Chile Chico se escuchan hartas críticas hacia esa empresa, de que ahí queda poco “chorreo” y provoca bastantes problemas sociales.  En resumen, la responsabilidad social empresarial deja harto que desear por ahí.

Y en cuanto a minas inundadas, unos días antes de aquella de la Delia II, cual premonición, Patricio Segura denunciaba la forma irregular en que pretendían sacar el agua de la mina Javiera en la zona de Bahía Jara, afectando un área de prioridad para la conservación de la biodiversidad. Tenemos entendido las minas Delia II y Javiera no son la únicas en que tienen problema con el agua. Y por nuestra parte tenemos nuestras aprehensiones respecto a la calidad esas aguas y a donde van a parar finalmente, que por lógica es el Lago General Carrera.

En cuanto a las eléctricas,  harto dramático se tornó para muchos el corte de suministro hasta por varios días a causa del precario servicio que entrega Edelaysén. Esta empresa no hace mucho, con la primera nevada y cortes, arrasó con cuanto árbol se encontraba cerca de sus líneas (los arbolitos siempre pagan el pato por todo) y sin embargo, con la próxima nevazón los cortes fueron mucho peores.  Pensar que hay quienes pretenden eliminar la leña como combustible, cuando en esta ocasión prácticamente todos los sistemas de su reemplazo no pudieron funcionar. La moraleja parece ser: diversidad, como en todo. Y en lo posible la autonomía.

A propósito del mal servicio de Edelaysen y posible explicación a la falta de prevención, un amigo encontró en la Wikipedia la información de que los accionistas dueños de Saesa-Edelaysen, el Fondo de Pensiones de los Profesores de Ontario, Canadá, perdió en 1997 cerca de cien millones de dólares en una mala inversión en la minera Bre-X; todo un escándalo en esa época. O sea, esa AFP canadiense desde entonces necesita recuperar sus platas a como sea, por lo que no es bien visto que las empresas donde tienen sus fondos se los gasten o bajen sus tarifas.

Fuente:http://www.eldivisadero.cl/redac-43575

Argentina

Acuerdo Minero: Enunciados renovados y palabras bonitas para seguir extrayendo y llevándose

El Nuevo Acuerdo Federal Minero introducirá un conjunto de nuevas instituciones y normativas entre la Nación y las provincias como la conformación de un Catastro Minero Unificado; un Centro Nacional de Información Minera, así como un nuevo régimen de participación de las empresas provinciales, hasta el destino a los que se deberían orientar los ingresos por regalías y fondos de infraestructura.Fuente: Inversor Energético y Minero.

Así se desprende del documento de unos 30 puntos consensuados por la Nación y las provincias tras año y medio de discusión en el marco del Consejo Federal Minero (Cofemin), que hoy firmará el presidente Mauricio Macri con los gobiernos provinciales, a excepción de Chubut y la Pampa, para impulsar y dar un nuevo marco institucional al desarrollo de la actividad minera en todo el país.

El acuerdo será remitido al Congreso nacional y a las legislaturas provinciales para su aceptación o rechazo, pero la sola suscripción de las autoridades ejecutivas de cada distrito tendrá un valor normativo que se explica bajo la figura de “Federalismo de Concertación” y que tiene medidas que pueden ser de inmediata aplicación.

Entre las modificaciones que impulsa el acuerdo y que deberá traducirse en la modificación del Código de Minería, en su artículo 264, refiere a la pérdida del derecho de propiedad minera en manera simultánea con el cierre definitivo del establecimiento por las circunstancias ya vigentes vinculadas a temas ambientales, contractuales o por inoperatividad, situación para la que actualmente debe mediar un plazo de al menos 4 años.

Al mismo, tiempo se mantiene inalterable que las concesiones duren mientras haya recursos minerales para explotación, y la garantías de las condiciones fiscales durante 30 años, lo que permite asegurar el retorno de las inversiones que tienen un 97 por ciento de mortandad entre las tareas prospectivas y de exploración, hasta que se concreta el efectivo desarrollo y productividad de la mina.

Otro de los puntos acordados para generar una Política de Estado Minera sustentada en el federalismo es la sistematización, organización, estandarización y provisión recíproca de información para la conformación de un Centro de Información Minera nacional.

Las Provincias compartirán con la Secretaría de Minería la información sobre la actividad minera en sus respectivos territorios, y referencias de índole geológica, socio-ambiental, catastral minera, económica y de proyectos.
Con el fin de estandarizar, a nivel nacional, los sistemas y procesos de registración de derechos, propiedades y trámites mineros, su presentación en forma gráfica y la digitalización de los respectivos expedientes instrumentarán un Sistema de Registro y Catastro Unificado.

Nación y provincias también coordinarán desde el COFEMIN, junto con el Consejo Federal de Medio Ambiente (“COFEMA”) la aplicación de protocolos de buenas prácticas; análisis y gestión de riesgos; sistemas de control ambiental; y protocolos de acción ante la ocurrencia de incidentes.

En esa línea, se acuerda la creación de un denominado “Equipo Consultivo de Gestión Ambiental Minera” (“ECGAM”) para generar insumos tecnológicos y técnicos para fortalecer la gestión ambiental y generar conocimiento a través de la investigación y desarrollo de las mejores prácticas de gestión socio-ambiental, incluyendo comparación a nivel internacional.

Otro punto innovador es el desarrollo de fuentes de energía renovable y de la adopción de prácticas de eficiencia energética como parte integral de los proyectos mineros, para lo cual se fomentará el uso de fuentes limpias en emprendimientos presentes y futuros y promover la adopción de prácticas de ahorro y eficiencia energética que lleven a la reducción del consumo.

En el marco del impacto social y ambiental de la actividad minera, otro de los compromisos será el fortalecimiento de los procedimientos de consultas o audiencias públicas en los procesos de evaluación de los proyectos a instalarse.
Como parte de la búsqueda de promover la pequeña minería y la minería artesanal, las provincias se proponen articular acciones conjuntas con el Banco Nación, el Consejo Federal de Inversiones y otras eventuales entidades crediticias la generación de herramientas de financiamiento para las Pymes del sector.

Otras herramientas previstas en ese sentido se mencionan programas específicos de carácter regional con apoyo técnico del Servicio Geológico Minero de la Nación, la disposición de tarifas diferenciadas y bonificadas de estudios, análisis y generación de proyectos, así como esquemas que prioricen la formación de PYMES locales que provean insumos mineros a la industria.

Con una voluntad similar se promoverá el trabajo con el Consejo Federal Agropecuario y el Ministerio de Agroindustria para generar “clusters” en ubicaciones estratégicas para la provisión de insumos minerales, como también el uso compartido y complementario de recursos naturales o la elaboración de estrategias de encadenamiento productivo.

Finalmente, para asegurar la transparencia, responsabilidad y competitividad las empresas públicas provinciales serán, a partir del acuerdo, entidades independientes del Estado provincial, tendrán su propio patrimonio -sujetas a auditoría y contralor-, podrán actuar en los términos previstos en el Código de Minería y no podrán tener ningún tipo de influencia o participación en el procedimiento de otorgamiento de permisos, licencias o autorizaciones.

 Fuente:http://noalamina.org/argentina/item/36520-acuerdo-minero-enunciados-renovados-y-palabras-bonitas-para-seguir-extrayendo-y-llevandose
Perú

Las relaciones clientelares en las zonas mineras

Acabo llegar de una zona minera, un lugar que tiene más de 30 años de minería1. Ya había ido antes y siempre la sensación que me deja es la misma: una cierta tristeza, confundida con desazón.

En esos lugares se vive la fragmentación como uno de los mayores problemas. Sabemos que toda convivencia modifica la vida de los actores, más cuando existe entre ellos mucha diferencia de poder, dinero, información, etc. En esos casos, cuando los problemas se presentan casi nunca se resuelven, se «arreglan». Si son públicos se convierten en privados, se le pone precio y se negocia. Aparecen voces que señalan que solo los afectados directos deben intervenir. Además, para muchos es difícil resistirse a los planteamientos de la empresa minera porque es su empleador, o contrata a su empresa comunal o les da cada cierto tiempo algún beneficio como gesto de su responsabilidad social. Los disidentes, los que están en desacuerdo, no reciben esos beneficios y ello se extiende a su familia. Además son aislados y difamados como antimineros, antidesarrollo, que «están pagados por ONGs» y que hasta sirven a intereses internacionales de países que compiten con el Perú. Si el conflicto escala y existen estallidos violentos, son los primeros que serán denunciados.

Alguien me contó que su sector debía ser reubicado desde hace varios años porque un estudio financiado por la empresa encontró selenio en el agua que utilizaban. Al enterarse protestaron y se celebró un convenio para la reubicación. Pero cuando se preparaba el proceso, la versión impresa del convenio desapareció. Nadie en el sector la tenía. Me contó que hacía poco habían conseguido un ejemplar y me lo dio a leer. El problema que tenían ahora era que quienes debían activarlo no lo querían hacer. Me dijo que se lo pidió a su presidente comunal pero éste se mostró contrariado porque es trabajador de la empresa minera.

Tengo la impresión de que en zonas mineras las relaciones clientelares, que siempre han existido en el Perú, se refuerzan. Es paradójico que empresas transnacionales, que se supone son expresión de la modernidad, se vean envueltas en esas prácticas. Me parece que ocurre por un tema de pragmatismo. Es decir, ir por el atajo es menos costoso que construir un camino seguro y las empresas quieren maximizar sus ganancias y los tiempos cuentan. Cuando observo estas cosas me pregunto qué es peor: ¿el deterioro ambiental o el social? Pese a ser ambientalista no tengo una respuesta clara. Todo ello me lleva a pensar que estos lugares solo tendrán futuro cuando se logre romper la lógica de un relacionamiento en torno a lo económico y a los favores que se reciben, pasando a una lógica de sujetos de derechos que se preocupan por el bienestar común y la mejor manera de lograrlo. Creo que las empresas deberían pensar en ello.

20 de junio de 2017

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/opinion/734-las-relaciones-clientelares-en-las-zonas-mineras

Argentina

«Secretaría de Ambiente debió rechazar instalación de minera»

Tras fracasar la conciliación, desde el Club Andino cuestionan al organismo oficial por emprendimiento en Los Gigantes.

Por el emprendimiento de la mina de Nacar en la zona de Los Gigantes, el Club Andino Córdoba junto a la Federación Cordobesa de Montaña y Escalada y el ecologista Ricardo Suárez, interpusieron un recurso de amparo en contra del proceso de evaluación de impacto ambiental que inició la Secretaría de Ambiente, el cual fue aceptado por Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación.

El abogado del Club Andino Córdoba, Juan Smith, informó en comunicación con Cara y Cruz por radio Universidad que el jueves pasado se realizó sin éxito una audiencia de conciliación en la que participaron el Secretario de Minería de la Provincia, la Procuración del Tesoro de la Provincia, el abogado de la Secretaría de Ambiente y los amparistas.

“La principal objeción es que hay una normativa ambiental en la provincia que debió servirle a la Secretaría de Ambiente para no iniciar y rechazar de oficio el procedimiento de evaluación de impacto ambiental que coloca a los habitantes de la zona y afectados en una situación de indefensión”, añadió Smith.

Fuente:http://www.cba24n.com.ar/content/secretaria-de-ambiente-debio-rechazar-instalacion-de-minera

Internacional

La NASA da los primeros pasos hacia la minería espacial

Es un esfuerzo que tiene fuerte apoyo del sector privado y los asteroides son una fuente extraordinaria de minerales.

La NASA está «dando los primeros pasos» en el camino a la minería espacial -en un esfuerzo que tiene fuerte apoyo del sector privado- dado que los asteroides son «una fuente extraordinaria de minerales» e incluso Titán, la luna más grande de Saturno, tiene la mayor fuente de hidrocarburos del sistema solar, afirmó la directora del Programa de la Ciencia de la agencia espacial, Adriana Ocampo.

La geóloga planetaria afirmó durante una entrevista con Télam que explorar «es algo innato del ser humano», y que esta necesidad de ir siempre más allá ha llevado a la especie, hoy en día, a «poder salir de nuestra cuna, el planeta Tierra, a ser realmente una especie interplanetaria que puede ir más allá de la Luna».
«Podemos ir al planeta rojo, Marte, y tenemos dentro del programa que yo manejo -que se llama Nuevas Fronteras- Nuevos Horizontes, la misión que fue a Plutón; Juno, que fue a Júpiter; y Osiris Rex (lanzada en septiembre de 2016), que es muy interesante», enumeró la investigadora.
«Y el sector minero de asteroides observa muy de cerca, porque (Osiris REx) va a ir a Bennu (de unos 500 metros de diámetro), a recoger una muestra y retornar a la Tierra en 2023», siguió.
«Entonces, estamos dando los primeros pasos y el ser humano siempre busca una forma de hacerlo viable, y eventualmente comercializar lo que potencialmente está en el futuro: que se va a poder hacer minería espacial, de asteroides», vaticinó la científica.
Ocampo sostuvo que «los asteroides son extraordinarios, son una fuente increíble de minerales. Y no solamente los asteroides: la luna más grande de Saturno, Titán, tiene la fuente más grande en todo el sistema solar que hemos descubierto hasta el momento de hidrocarburos», continuó, y exclamó: «Es increíble, ¿no?, que haya petróleo».
«¿El petróleo es de origen biológico?», requirió Télam. «No sabemos, pero es una muy buena pregunta que queremos seguir investigando, aunque hasta el momento no, y hay formas de crearlo sin que sea biológico», contestó Ocampo.
En esta línea, la científica afirmó por ejemplo que «Europa, una de las lunas de Júpiter, tiene 100 veces más de agua que nuestro planeta, y es un elemento que va a ser cada vez más importante».
Según aseguró, todos estos esfuerzos tienen el apoyo del sector privado, un punto que la NASA quiere profundizar aún más. «Queremos que haya más cooperación del sector privado en la exploración espacial, incluso a muchos de ellos se los está apoyando no sólo técnicamente, en todo aspecto», señaló, y puso los ejemplos de las empresas SpaceX y Blue Origin.
Esta última fue fundada en el año 2000 por Jeff Bezos, también fundador de Amazon y dueño del diario estadounidense The Washington Post, para el transporte aeroespacial con vuelos suborbitales y orbitales, y cohetes reutilizables con descenso controlado.
En tanto, SpaceX fue creada por el emprendedor Elon Musk, también fundador de la fábrica de autos eléctricos Tesla Motors.
«SpaceX ha acelerado la fecha para amartizar (la nave reutilizable) ‘Dragon’, y estamos asesorándolos técnica y financieramente muchísimo para que tengan éxito», aseguró.
El interés de la agencia espacial por estas empresas privadas surgió después de llegar a la conclusión de que la flotilla de los transbordadores había cumplido su función, y necesitaba desarrollar «un sistema más poderoso para poder viajar a sistemas interplanetarios», explicó Ocampo.
Fuente:http://www.diariouno.com.ar/afondo/la-nasa-da-los-primeros-pasos-la-mineria-espacial-20170619-n1419250.html.

 

 

Mexico

Red Mexicana de Afectados por la Minería reprocha informe de la ONU por “solapar” al gobierno

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) reprochó el informe y análisis que el Grupo de Trabajo sobre derechos humanos y las empresas transnacionales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentó ante el consejo de esta organización, al asegurar que es “condescendiente” y “solapa” las instancias de gobierno.

Mediante un comunicado, la red que agrupa a comunidades, organizaciones e interesados de los impactos ambientales y sociales de la minería denunció que el documento del organismo internacional -del pasado 8 de junio- no refleja las violaciones a derechos humanos que cometen las empresas, y por el contrario, minimiza las consecuencias negativas de estas actividades.

Fuente:http://www.proceso.com.mx/491691/red-mexicana-afectados-la-mineria-reprocha-informe-la-onu-solapar-al-gobierno

Internacional

Europa avanza hacia la prohibición total del uso de cianuro en minería

La reciente Resolución del Parlamento Europeo sobre la aplicación de la Directiva sobre residuos mineros (2006/21/CE), que contó con 566 votos a favor y tan sólo 8 en contra, insta de manera inequívoca a la Comisión Europea a prohibir la utilización de tecnologías mineras a base de cianuro en la UE, lo que evitaría operaciones extractivas como la que en su momento se pretendió llevar a cabo en la parroquia de Corcoesto (Cabana de Bergantiños, A Coruña), o la que actualmente se desarrolla en labores de galería en El Valle-Boinás (Belmonte de Miranda, Asturias).

La Directiva 2006/31/CE, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas, se adoptó a partir de dos desastres ambientales con vertido de residuos peligrosos, el accidente y el vertido de cianuro en la mina de oro de Baia Mare (Rumanía, 1998) y el sucedido en Kolontár (Hungría) con un vertido de lodos tóxicos en 2010.

Según el informe de aplicación elaborado por expertos y origen de la Resolución citada del Parlamento Europeo, la Directiva 2006/31/CE debe ser actualizada e implementada, al resultar de especial interés para las comunidades locales «que viven en las inmediaciones de los proyectos mineros a gran escala que utilizan sustancias peligrosas», pues la actual aplicación práctica de la Directiva «puede no garantizar el nivel de seguridad previsto originalmente por el legislador», utilizando un enfoque que «puede pasar por alto el Principio de Cautela y la participación real de las poblaciones locales, lo que impide una evaluación realista de los costes y los riesgos generados por la minería moderna a cielo abierto».

Entre otras medidas, el Parlamento Europeo hace un llamamiento a la Comisión «para que proponga la prohibición total en la Unión Europea lo antes posible del uso de tecnologías mineras que empleen cianuro», tal y como se había solicitado en la Resolución del 5 de mayo de 2010.

Es necesario recordar que en la Resolución P7_TA(2010)0145, ahora citada por el Parlamento Europeo queda patente que el cianuro de sodio utilizada en la minería del oro «es una sustancia química altamente tóxica» que está clasificado en la Directiva Marco del Agua «como uno de los principales contaminantes» y puede tener «un impacto catastrófico e irreversible en la salud humana y el medio ambiente y, por ende, en la diversidad biológica».

Además, afirma el texto, «el uso de cianuro en minería crea poco empleo» pero «puede provocar enormes daños ecológicos transfronterizos que, por lo general, no son reparados por las empresas explotadoras responsables, que suelen desaparecer o declararse en quiebra, sino por el Estado correspondiente, es decir, por los contribuyentes».

Por eso, para la Plataforma Salvemos Cabana, la nueva Resolución del PE, aprobada por una rotunda mayoría el pasado mes de abril, supone un paso definitivo para la prohibición total del uso de cianuro de sodio en tecnologías mineras, en aplicación del Principio de Cautela o Precaución, considerado como uno de los pilares rectores de la política europea y sin duda uno de los instrumentos más eficaces para la protección de la salud humana y el medio ambiente a nivel continental.

Fuente:https://www.iagua.es/noticias/espana/salvemos-cabana/17/06/20/europa-avanza-prohibicion-total-uso-cianuro-mineria

Latinoamerica

ESPECIAL: Consulta indígena legaliza despojo de los pueblos

La consulta indígena, prevista por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), está cada vez mas presente en el discurso de los Estados y empresas, incluso es requisito para que se logre financiamiento de las instituciones internacionales, como el BID y el Banco Mundial, que se jactan en sus relatorías e informes publicitarios de respetar el derecho de decisión de los pueblos indígenas.

Mientras en muchos rincones de América Latina, pueblos invocan el Convenio 169 y su derecho a ser consultados sobre la implementación de megaproyectos, para la OIT está claro: los pueblos no tienen derecho a veto, o sea, no se respeta la autodeterminación de los pueblos.

El equipo de este reportaje recorrió el sur de México y los países de Centroamérica continental y registró diferentes estrategias de empresas y gobiernos para implementar megaproyectos en territorio indígena. La consulta es una de ellas.

Este trabajo reporta cómo las consultas están llegando a los territorios de pueblos indígenas en dos países, Costa Rica y Honduras, cuáles son las implicaciones y conflictos generados. Son localidades que están en fases distintas de implementación de la consulta. En Costa Rica, hay un proceso nacional de construcción de un protocolo de consulta. En Honduras se está finalizando las votaciones por el Congreso Nacional de una ley para regularizar el proceso.

Fuente:http://avispa.org/2017/06/12/especial-consulta-indigena-legaliza-despojo-los-pueblos/

Latinoamerica

Lecciones para la defensa del agua

A finales de marzo, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en legislar una prohibición a la minería metálica en todas sus formas. Así, este pequeño país centroamericano declara, frente al mundo y las empresas mineras transnacionales, que el agua y la vida valen más que el oro.

Las noticias en los medios han reconocido el papel de las comunidades, las organizaciones, los legisladores, los gobernantes y la iglesia católica en El Salvador en esta decisión importante. Pero, en el norte del país, en donde el largo y difícil camino hacia este momento empezó hace más de 12 años, son las vidas de personas como Marcelo Rivera las que se han estado recordando y honrando.

Marcelo fue un educador popular muy querido en su comunidad. Fundó la Casa de la Cultura en la municipalidad de San Isidro en el departamento de Cabañas. Allí fue donde la empresa minera canadiense Pacific Rim Mining inició sus intentos de abrir una mina de oro en 2002. Los agricultores, al poco tiempo, mostraron su desacuerdo con su presencia ante los impactos de la exploración minera en sus fuentes de agua, además de sentirse agredidos por la actitud de la compañía.

Con base en estas experiencias, Marcelo y muchos más en el departamento de Cabañas trabajaron incansablemente junto con los agricultores y los pobladores de la zona rural para informarse y aprender de otras experiencias de lucha contra la minería de oro en Guatemala y Honduras, en donde estaba operando otra minera canadiense, Goldcorp. También consultaron a especialistas en la materia sobre la propuesta emitida por la empresa Pacific Rim.

En poco tiempo, estos esfuerzos locales se consolidaron en la conformación de la Mesa Nacional frente la Minería Metálica. Esta coalición, además de otros grupos, emprendieron investigaciones sobre la contaminación ambiental por la minería, así como sobre los posibles riesgos que enfrenta El Salvador por la existencia de proyectos mineros en Guatemala y Honduras que están sobre una cuenca hidrográfica que abarca los tres países. Se evidenciaron los grandes riesgos vinculados al agua para este país densamente poblado, que depende de una sola cuenca hidrográfica, y donde ya hay escasez de la misma.

Los trabajos emprendidos fueron la base para impulsar el proceso de prohibición para la minería metálica en el país que, desde 2009, logró una moratoria efectiva sobre la actividad.

Sí es posible enfrentar a tan poderosos intereses… y ganar

Durante este proceso, tal como ha sucedido en muchos lugares de América Latina en donde se trata de imponer la minería sin el consentimiento del pueblo afectado, la presencia de la empresa Pacific Rim generó conflicto, creando división social y violencia. A finales de junio de 2009, el cuerpo sin vida y con señales de tortura de Marcelo Rivera fue encontrado en un pozo. Seis meses después, dos ambientalistas más de la zona, Ramiro Rivera y Dora Alicia Soto, fueron asesinados. Al momento de su muerte, Dora estaba embarazada y a punto de dar a luz. En 2011, Juan Francisco Durán, también parte del movimiento local en contra de la minería, fue asesinado. En un contexto de altos niveles de impunidad para este tipo de crímenes, los citados nunca han sido plenamente investigados. Pero, en Cabañas y en todo El Salvador, Marcelo, Ramiro, Dora y Juan Francisco han seguido muy presentes.

Unos meses antes de que Marcelo fuera brutalmente asesinado, la empresa Pacific Rim inició una demanda multimillonaria en contra del gobierno de El Salvador, argumentando que el Estado tenía la obligación de otorgarle el permiso para explotar reservas de oro, a pesar de que la empresa nunca cumplió con los requisitos legales para ello.

En este contexto, es importante destacar que actualmente, a nivel global, hay más de 3.000 tratados y acuerdos que protegen la inversión extranjera, lo que permite a empresas como Pacific Rim demandar en tribunales internacionales –como el Centro Internacional de Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones (CIADI) del Grupo del Banco Mundial– a los países cuando toman decisiones que podrían afectar a sus ganancias. No importa que estas empresas no hayan cumplido con las leyes locales, mucho menos que hayan violentado los derechos humanos o generen daños a la salud o al medio ambiente de las comunidades en donde operan.

Unos meses antes de que Marcelo fuera brutalmente asesinado, la empresa Pacific Rim inició una demanda multimillonaria en contra del gobierno de El Salvador

Durante siete años, la demanda en contra de El Salvador congeló cualquier intento para aprobar la prohibición de la minería metálica. Desde finales del 2013, la empresa minera australiana y canadiense OceanaGold asumió esta demanda al haber comprado Pacific Rim –al borde de la bancarrota–, y continuó con el proceso.

El pasado octubre, el CIADI del Grupo del Banco Mundial falló unánimemente en contra de OceanaGold y le ordenó pagar ochos millones de dólares de costos legales al Estado salvadoreño, aunque estos habían sido superiores a los 13 millones. La empresa no ha realizado el pago dictado en la sentencia y aún no se sabe si lo harán, a pesar de que a finales de marzo recibió un nuevo recordatorio del tribunal indicando que su deuda aún estaba pendiente.

La decisión en contra de OceanaGold fue el punto de inflexión que El Salvador necesitaba para tomar el control de su propio destino. El 80% de la opinión pública estaba, según algunas estimaciones, a favor de la prohibición de la minería metálica en el país. Y su deseo se convirtió finalmente en ley.

El caso pone de relieve que el agua es un tema de vida o muerte en este país centroamericano. Es así en El Salvador, y otras muchas partes de la región y del mundo en las que el resultado de la minería metálica a gran escala ha significado la ruptura del tejido social, la destrucción de bosques y de fuentes hídricas, así como el desplazamiento y despojo de comunidades enteras, perjudicando o eliminando otras actividades económicas vinculadas al territorio y trastocando las diversas formas de vida basadas en lazos identitarios y culturales.

Además, cuando las poblaciones afectadas han dicho no a la minería metálica por los impactos negativos que conlleva, como en el caso de El Salvador, en demasiadas ocasiones han sufrido la violencia y la persecución legal, además de las demandas en contra de los países en los casos en donde se han logrado poner algunos límites a esta actividad como en Costa Rica, Colombia, Ecuador y Rumanía, entre otros.

El Salvador enfrentó cada uno de estos desafíos para hoy decirle al mundo que su soberanía no está en venta, y que la protección de su entorno, ya de por sí frágil y muy vulnerable, vale más que el oro. Dentro de un contexto internacional tan asimétrico para quienes defienden sus ríos, cerros, bosques, formas de vida y culturas, esta victoria reivindica la lucha de muchas poblaciones afectadas por la minería en el mundo, y sirve de inspiración: sí es posible enfrentar a tan poderosos intereses… y ganar.

Jen Moore es de MiningWatch Canadá, una iniciativa que tiene como objetivo atender la necesidad de una respuesta de interés público coordinada ante las amenazas a la salud pública y a los intereses comunitarios causados por las políticas y prácticas irresponsables de minería en Canadá y en todo el mundo.

Fuente:http://www.remamx.org/2017/06/lecciones-para-la-defensa-del-agua/

Mexico

México, paraíso minero | Reporte Indigo

México está en oferta; para este año la Secretaría de Economía (SE) del gobierno mexicano contempla la ejecución de 874 proyectos para la extracción de metales preciosos e industriales, son permisos que en su mayoría fueron otorgados a empresas extranjeras que cuentan con el aval para la explotación del subsuelo por periodos de hasta 50 años.

Las beneficiarias del programa minero nacional son 267 compañías provenientes de 11 países, la mayoría de capital canadiense y norteamericano, que en suma mantienen el control del 89 por ciento de los permisos de exploración y explotación minera vigentes para este año.

Las empresas canadienses prácticamente se han convertido en las dueñas del subsuelo mexicano, al contar con 76 por ciento de los proyectos de exploración y extracción de metales, en tanto que las norteamericanas cuentan con permisos de propiedad en el 13 por ciento de los proyectos en el país. Las firmas chinas cuentan con 4 por ciento de los proyectos autorizados.

El resto de las concesiones, un 7 por ciento, se distribuye entre compañías provenientes de países como Australia, Japón, Argentina, Italia, Perú, India, Inglaterra, Holanda y Nueva Zelanda, que han aprovechado los incentivos que ofrece el gobierno mexicano, derivados de la Reforma Energética, para su instalación en suelo nacional, en donde resalta la devolución de impuestos y facilidades para la renovación de los permisos al término del periodo establecido.

Como resultado de esos incentivos, actualmente el gobierno de Canadá se mantiene en tensión con el gobierno mexicano, al abogar por la devolución de más de 360 millones de dólares que empresas de ese país merecen de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Las compañías canadienses no son las únicas que se han beneficiado con la devolución de impuestos del Valor Agregado o Sobre la Renta de parte del gobierno mexicano, pues este beneficio es generalizado para todas las personas morales, al que se han acogido la mayoría de las mineras establecidas en el país.

A la fecha, no existe información pública de parte de la SHCP sobre las empresas mineras que se han hecho acreedoras a la devolución de impuestos, pero fuentes de la dependencia federal confirmaron a Reporte Indigo que la mayoría de las asentadas en México se han beneficiado con los incentivos de devolución de impuestos, vigentes desde el 2010.

La devolución de impuestos para las mineras, que se estima en por lo menos 80 millones de dólares al año, se otorga sin considerar los beneficios económicos logrados por esas firmas, al tener el control absoluto en la explotación del subsuelo, principalmente en la extracción de oro, plata, cobre, zinc, plomo, hierro y molibdeno.

De acuerdo al informe 2016 de la Cámara Minera de México (Camimex), el valor de los metales preciosos e industriales que extraen anualmente las mineras del subsuelo nacional, se mantienen en un valor promedio de los 13 mil 432 millones 626 dólares, en donde sólo la extracción de oro representa una utilidad neta para estas por el orden de los 4 mil 321 millones 352 mil dólares anuales, en promedio.

El segundo metal que más utilidades deja a las mineras extranjeras asentadas en el país es el cobre, cuya extracción se cuantifica en un promedio anual de los 2 mil 466 millones 822 mil dólares, seguido de la utilidad que deja la extracción de plata, que se estima en un valor promedio anual de 2 mil 361 millones 901 mil dólares.

Aun así, con esos beneficios económicos, las empresas mineras extranjeras que operan en México no tienen empacho en reclamar la devolución de impuestos, tal como se los permite la legislación tributaria nacional, lo que hace que México sea uno de los paraísos mineros más importantes del mundo.

Dueños de nada

Pese a que la totalidad de la extracción de metales preciosos e industriales en realidad es propiedad de las empresas transnacionales, el Gobierno federal presume a México como el primer país productor mundial de plata, el tercero en producción de bismuto, el quinto en cadmio, molibdeno y plomo, el sexto en zinc, el séptimo en cuanto a la extracción de oro y el noveno en obtención de cobre.

La realidad es que la producción minera en México se encuentra en manos de compañías extranjeras, ni siquiera en manos de empresas mexicanas, las que tiene una participación muy baja, con apenas el 0.7 por ciento, en las concesiones otorgadas para nuevos proyectos extractivos en el país.

Las principales compañías mineras de capital mexicano que participan dentro del reparto de permisos para la instalación de minas de metales preciosos e industriales, son Grupo México, de German Larrea; Industrias Peñoles, de Alberto Bailléres; Minera Frisco, de Carlos Slim y Altos Hornos de México, de Alonso Ancira.

En la mayoría de los proyectos mineros que operan estas empresas mexicanas, casi siempre van de la mano como subsidiarias de empresas trasnacionales, principalmente canadienses y norteamericanas, que son las que se llevan gran parte de los beneficios económicos que representa la explotación del subsuelo mexicano.

Eso es lo que ha hecho posible que la producción de oro, plata, cobre, plomo, zinc y molibdeno, entre otros, venga en ascenso desde 1995, cuando se dio la apertura minera a las empresas de capital extranjero, que se ha visto fortalecida con la entrada en vigor de la Reforma Energética, promulgada en noviembre del 2013.

Los niveles de extracción de oro, hasta antes de la citada reforma, estaban por debajo de las 100 mil toneladas por año, pero a partir del 2014 han ido en franco crecimiento; en el 2014 fueron 117 mil 771 toneladas de oro, en el 2015 fueron 134 mil 759 toneladas, en el 2016 el tope récord de oro en México llegó a 145 mil 388 toneladas y se espera que en este 2017 se llegue a una producción de más de 160 mil toneladas.

Fuente:http://www.remamx.org/2017/06/33737/