Chile

Ministra Marcela Hernando anuncia cierre de caserón Gaby en Mina Alcaparrosa

Se definirán planes de control y de reparación del daño ocasionado al medio ambiente y su impacto en la calidad de vida de las personas.
09/10/2022
MINERÍA CHILENA
“El sector de los caserones Gaby, que están directamente relacionados con la subsidencia, están cerrados definitivamente y nunca más se podrán explotar”, fue la categórica afirmación de la ministra de Minería, Marcela Hernando, tras la mesa técnica intersectorial que lidera su cartera, como una manera de dar transparencia a los procesos investigativos y reparatorios emanados de este proceso.

Reuniones con sindicatos, trabajadores de la entidad minera responsable y los organismos de la mesa técnica asociados a la subsidencia o socavón en Tierra Amarilla, fueron parte de las actividades desarrolladas por la secretaria de Estado, quien explicó que desde el ministerio están trabajando en avanzar en transformaciones que la actividad minera requiere en todas sus escalas, para responder a los desafíos propios de una minería sostenible y responsable con el entorno donde se emplazan sus faenas.

“Acabamos de terminar la mesa intersectorial y para tranquilidad de la ciudadanía, los acuerdos son importantes. Durante el mes de octubre esperamos que sean ingresadas todas las solicitudes de financiamiento de estudios de los diferentes servicios de la mesa técnica al Gobierno Regional, para ser revisados y que esperamos inicien en diciembre próximo. Eso nos va a permitir descartar absolutamente si se efectúa actividad minera debajo de la población, a una profundidad suficiente”.

Ocurrido el evento, Sernageomin resolvió el cierre parcial de la faena y, desde el Ejecutivo, esperan retomar las actividades en los sitios de dicha faena donde existan condiciones para hacerlo, “nuestra idea es que nadie pierda su fuente de trabajo y que no haya ninguna necesidad de hacer eso. Y para eso estamos haciendo todos los esfuerzos de coordinación necesario”, sostuvo.

Respecto al acuífero dañado, la ministra Hernando manifestó que “nos interesa recuperar 1.300.000 metros cúbicos de agua que están en este minuto estancados en la profundidad. Nuestra intención es devolverlos al acuífero, para lo cual estamos estudiando diferentes alternativas, las consecuencias medioambientales son graves y somos enfáticos en señalar que esta situación no es aceptable”.

Fomento a la educación técnica y la pequeña minería
El itinerario en la región del Desierto Florido, también contempló la asistencia de la autoridad ministerial al lanzamiento del Curso de Seguridad Minera, que impartirá Sernageomin junto a la Seremi de Educación, aportando a la empleabilidad de más de mil estudiantes en empresas mineras de la zona, para luego ser parte de la entrega de recursos del programa FNDR Apoyo Productivo a la Pequeña Minería Región de Atacama, que incluye asistencias técnicas y geológicas, muestreo de leyes y financiamiento para el avance en labores mineras, en una iniciativa de la seremi de Minería junto al Gobierno Regional, que beneficia a 77 productores mineros, con una inversión de $385.000.000 millones.
https://www.mch.cl/2022/10/09/ministra-marcela-hernando-anuncia-cierre-de-caseron-gaby-en-mina-alcaparrosa/

Argentina, Litio

Argentina va camino a convertirse en el segundo productor mundial de litio

Hay diez proyectos en desarrollo que llevarían al país en esta mismo lustro a producir más de 260 mil toneladas al año.
Ignacio Ortiz 09/10/2022
Télam
La minería de litio en la Argentina tiene en desarrollo 10 proyectos, en distintas etapas de avance, que permitirán incrementar progresivamente la producción hasta las 262.000 toneladas anuales, y convertir al país en 2025 en el segundo proveedor global de este mineral.

Con dos proyectos en operación comercial, Salar de Olaroz, en Jujuy de la empresa australiana Allkem (fusión de Galaxy Resources y Orocobre); y Fénix en Catamarca, de la estadounidense Livent, la Argentina es en la actualidad el cuarto productor mundial de litio (LCE), detrás de Australia, Chile y China; y por encima de Brasil y Zimbabue.

Con una proyección para fines de 2022 de 60 mil toneladas de carbonato de litio destinadas al mercado externo, el país podría incrementar progresivamente su producción hasta las 262.000 toneladas anuales en 2025, período en el cual se espera ingresen en operación las ampliaciones de los dos emprendimientos que ya se encuentran en funcionamiento y los otros ocho en etapa de construcción.

Además existen 35 proyectos en etapas de factibilidad, pre factibilidad, evaluación económica preliminar y exploración avanzada, cuyo ingreso en construcción y producción, aunque sea parcial, generaría un impacto económico exponencial en producción, exportaciones y empleo

El relevamiento de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y de la Secretaría de Minería, también contempla una escalada del precio empujado por políticas que incentivan la movilidad eléctrica, acrecentando la demanda de baterías.

El litio no es un commodity, sino que su precio se define en contratos privados donde factores como la pureza determinan su precio de venta. Hace dos años era de US$ 7.000 y en la actualidad se ubica en torno a US$ 70.000, una suba exponencial que también incluye el encarecimiento de la logística.

En la Argentina, por el tipo de recurso disponible, luego de un importante período de exploración y estudio de factibilidad, un proyecto demanda 2 a 3 años en ser construido, y una vez en producción, otros 3 años en alcanzar la plena capacidad, lo que permite proyectar la entrada en operación de cada emprendimiento.

En ese cronograma, la primera novedad se espera para diciembre de este año en Caucharí-Olaroz, en Jujuy, donde avanza la construcción del proyecto que llevan adelante la firma china Ganfeng Lithium y la estadounidense Lithium Americas, con un capex estimado en US$ 741 millones para la producción de 40.000 toneladas de LCE.

Ya para 2023 y 2024, se espera la entrada en funciones de las ampliaciones de los dos proyectos actualmente en producción.

Se trata de el Salar de Olaroz, que con la entrada en funcionamiento de su segunda etapa en desarrollo, permitirán alcanzar una inversión total de US$ 330 millones para incrementar la producción de 20.000 a 50.000 toneladas de LCE.

La segunda ampliación en marcha es la Fénix que en etapas sucesivas avanzará de las 20.000 toneladas actuales a un rango de entre 40.000 y 60.000 toneladas anuales en 2025, con una inversión de US$ 640 millones.

A esta última iniciativa se suma la posibilidad de concretar una planta de hidróxido de litio que elevaría la inversión por encima de los US$ 1.000 millones.

El cuarto proyecto destacado es el de Centenario Ratones, en la provincia de Salta, cuya reactivación a cargo de la empresa francesa Eramet se concretó este año con la construcción de la planta, con una inversión de US$ 600 millones y una proyección de producción de 24.000 toneladas de LCE.

En Catamarca, el proyecto Sal de Vida de la minera Allkem, ya avanzó en la adjudicación de contratos a empresas locales para movimiento de suelo y construcción de piletas de nueva planta para extracción y refinamiento de litio, con una inversión inicial de US$170 millones y 25.000 toneladas de litio disponibles tras su puesta en marcha.

También en Catamarca, se destaca el proyecto Tres Quebradas de la minera china Zijin Mining Group que en conjunto con la argentina Saxum Engineered Solutions, prevé el desarrollo del salar homónimo con una inversión de US$ 370 millones y estimaciones progresivas de producción de 20.000 a 40.000 toneladas anuales.

Luego Salta se posiciona con cuatro proyectos en inicio de construcción, dentro de los 10 más avanzados del denominado triángulo del litio.

El primero de ellos es el proyecto Mariana de la minera Ganfeng Lithium, compañía que prevé desarrollar a la par de producción de 20.000 toneladas de litio iniciales, un parque solar fuera de la red de 120 Mw y 288 Mw de almacenamiento en baterías, y ampliaciones a 150Mw y 360 Mw, con una inversión anunciada de US$ 600 millones.

También en Salta, la minera coreana Posco inició la construcción de planta a lo que sumará próximas fases de energías renovables con inversiones por US$ 800 millones y una producción de 25.000 toneladas de hidróxido de litio por año, con la posibilidad de elevarla en una segunda y tercera fase a 100.000 toneladas.

En Salta, asimismo, en el Salar de Rincón, la minera estadounidense Rio Tinto, avanza con el desarrollo de una inversión de US$ 190 millones para desarrollar una planta piloto y posterior planta comercial para una producción proyectada de carbonato de litio 25.000 toneladas.

Por último, también en Salta, la australiana Argosy Minerals avanza con el proyecto Rincón Litio que avanza con su planta piloto pensando en producir a futuro 10.000 toneladas iniciales de carbonato.

Todos estos proyectos buscarán satisfacer una demanda creciente del mineral, en particular de Asia (China, Japón, Corea del Sur) como principal centro de consumo, que actualmente explica casi el 70% del litio a nivel agregado, y más del 90% si se considera solo lo usado para la fabricación de baterías.

Al cierre del primer semestre del corriente año, el destino de la producción argentina de litio se orientó en un 33% a China, 24% a Japón, 14% a Corea y 7% a Estados Unidos.
https://infonews.com/argentina-produccion-de-litio-mineria.html

Perú, Sin categoría

QUELLAVECO, EL AGUA Y EL VALLE DEL TAMBO


Conflicto Relacionado: Quellaveco-Moquegua-Anglo American-Tacna

10/10/2022
Los pobladores del valle de Tambo, en la provincia de Islay, Arequipa, han expresado su preocupación sobre los derechos de agua otorgados a la mina de Quellaveco (Moquegua). Como se recuerda, a mediados de septiembre, agricultores de este valle protestaron por la autorización otorgada por la Autoridad Nacional del Agua a Quellaveco.

Además, el pasado 25 de septiembre el Ministerio de Energía y Minas formalizó la autorización de inicio de la operación comercial de Quellaveco. Esto motivó que, el martes 4 de octubre, autoridades de la provincia de Islay y legisladores de Arequipa se reunieran en Palacio de Gobierno con la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Patricia Ocampo, y asesores del presidente Castillo. Lo que ha trascendido es que se ha acordado un plazo de una semana para evaluar la situación y que el Gobierno pueda tomar una decisión.

Como se sabe, Quellaveco ha sido ha sido el proyecto en construcción más importante en estos últimos años, con una inversión de US$ 5300 millones. Se estima que producirá 300 mil toneladas métricas de cobre en promedio por año (en los primeros 10 años de operación). El proyecto es propiedad de la empresa anglo-sudafricana, Anglo American (60%) y de la japonesa Mitsubichi (40%) y una vez en operación será una de las cinco minas de cobre más grandes en el mundo.

Cabe señalar que el tema del agua es muy sensible en toda la zona de influencia de Quellaveco, incluido el valle de Tambo en la vecina región de Arequipa. Toda esta zona presenta una situación recurrente de estrés hídrico en el país. La empresa ha anunciado que, para operar la mina, requiere un volumen de agua de 22 millones de metros cúbicos, que será cubierto por el río Titire y será transportado a través de una tubería de 88 kilómetros hasta el proyecto. Además, la operación minera tomará agua de la presa Vizcachas, que tiene una capacidad de 60 millones de metros cúbicos para captar agua en la época de lluvias y que, según información de la empresa, también estará a disposición de la actividad agrícola para Moquegua y el vecino valle de Tambo.

Precisamente, agricultores del valle de Tambo han expresado su temor que su actividad se vea afectada por los impactos ambientales de la operación de Quellaveco, ya que los ríos Titire y Vizcachas son afluentes del río Tambo que llega al valle. Por los antecedentes de la zona, un monitoreo verdaderamente independiente del sistema hídrico de la operación de la mina es necesario, sobre todo si la empresa quiere establecer una relación con las comunidades vecinas, donde la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas sea lo que predomine en el trato cotidiano.

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 cooperaccion@cooperaccion.org.pe

Mexico

Cuatro años de impunidad por derrame de jales tóxicos en valles centrales de Oaxaca

07/10/2022.
Fue una madrugada de hace 4 años una lluvia muy fuerte de esas lluvias de fin de
temporada en los valles centrales.

Comenzó solo unos minutos después de la media noche y duró casi al amanecer, los
primeros campesinos de Magdalena Ocotlán, pueblo vecino de San José del Progreso
y aguas abajo de la mina propiedad de la canadiense Fortuna Silver Mines conocida en
el valle como minera Cuzcatlán, se encontraron con que el Río Coyote, que atraviesa el
pueblo de oriente a poniente, estaba lleno de un lodo color blanquizco que cubría toda
la maleza a las orillas. El olor era penetrante e impregnante, unos campesinos decían
que el olor parecía azufre, en los pueblos del valle ese olor azufrado es relacionado con
demonios que hacen mal en las comunidades, no se equivocaron.

La empresa minera inmediatamente lanzó una campaña en medios locales y en varios
medios estatales, negando cualquier derrame o hecho similar.
Una semana tardó en reconocer a través de un escueto comunicado desde Vancouver,
sede de la minera, dónde reconocía el derrame justo antes que la PROFEPA tomará la
primera acción administrativa.

El comité del agua potable fue el primero y la única autoridad en Magdalena Ocotlán en
tomar acciones, suspender el servicio de agua entubada hasta que alguna autoridad
hiciera presencia en la comunidad y diera una respuesta y explicación a lo ocurrido, pero
en la comunidad de hasta el momento ninguna instancia a dado información de manera
oficial de lo acontecido ese 8 de octubre, se ha ocultado la información.

Tanto la PROFEPA cómo la CONAGUA sólo tuvieron interlocución con la minera y con
las autoridades de San José del Progreso, autoridad totalmente al servicio de la
transnacional, a pesar de que el tramo que recorrieron los lodos tóxicos en San José del
Progreso fue poco menos de un kilómetro, en Magdalena Ocotlán los lodos
contaminantes recorrieron más de 5 kilómetros hasta llegar a una ciénega donde se
encuentra el pozo de agua que abastece la comunidad, ahí se estancaron.
Fueron meses de denuncias y exigencias, principalmente del comité del agua potable
de Magdalena Ocotlán, incluyendo visitas de organizaciones que prometieron apoyo
jurídico y hasta estudios de calidad del agua.

Empero, nada de eso se hizo de manera de correcta, no hubo respuestas a esas
denuncias y todo terminó en un proceso de administración de conflicto donde
dependencias de gobierno federal y estatal terminaron en negociaciones en lo oscurito
con autoridades municipales, ahí sí puntuales las de Magdalena Ocotlán, y
organizaciones que jamás dieron información de lo ocurrido.

Tras largos meses de investigación se obtuvo información oficial, con apoyo de
personas solidarias, donde se demuestra la contaminación, pero además el proceso de
corrupción de las instancias federales, PROFEPA y CONAGUA que se ha ido
constatando a largo de todo este tiempo.

En el expediente EXP. ADMVO. No. PFPA/26.2/2C.27.1/0031-18 INSP. INDUSTRIAL
de PROFEPA se puede encontrar lo siguiente:

Un proceso de corrupción de parte de funcionarios de PROFEPA que no hicieron
investigación y que avalaron todos los dichos de la minera terminando por exonerar a la
minera Cuzcatlán de toda responsabilidad incluyendo la no remediación, o sea, dejando
en el Río Coyote 1 millón 516 mil litros de lodos contaminantes en el cauce del Río
Coyote y que va contaminando y afectando al medio ambiente y a la salud de todos los
ciudadanos y ciudadanas por donde pasa.

PROFEPA avaló estudios manipulados de suelo que la minera canadiense pagó al
laboratorio ABC Intertek Testing Services S.A. de C.V. donde éste, incluso, se llegó a
retractar de sus propios resultados, resultados que demostraban presencia de un metal
altamente peligroso como el talio en niveles cuatrocientos y cuatrocientos cincuenta por
ciento arriba de la norma oficial mexicana NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004 presente
en la ciénega donde está el pozo de agua de la comunidad.

Con respecto a la CONAGUA el problema es aún peor, está instancia incluso despreció
sus propios estudios de calidad del agua. Estos estudios arrojan resultados terribles,
cinco metales en todo el cauce del Río Coyote que sobrepasan de manera tremenda las
normas oficiales mexicanas para consumo de agua, NOM-001-ECOL-1996 y Criterios
Ecológicos de Calidad del Agua CE-CCA-001/89.

Los elementos son: níquel, aluminio, manganeso, hierro y plomo.
Níquel: El porcentaje en el punto más alto arriba de la norma CE-CCA-001/89 /
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE es de 6,030% y en el punto más bajo
que es en las orillas del pozo de agua potable es de 200%
Aluminio: El porcentaje en el punto más alto arriba de la norma CE-CCA-001/89
/ ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE es de 1 ́993,490% casi 2 millones por
ciento y en el punto más bajo que es en las orillas del pozo de agua potable es
de 131,690%
Hierro: El porcentaje en el punto más alto arriba de la norma CE-CCA-001/89 /

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE es de 344,999% y en el punto más
bajo que es en las orillas del pozo de agua potable es de 12,719%
Manganeso: El porcentaje en el punto más alto arriba de la norma CE-CCA-
001/89 / ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE es de 221,900% y en el punto
más bajo que es en las orillas del pozo de agua potable es de 2,018%
Plomo: El porcentaje en el punto más alto arriba de la norma CE-CCA-001/89 /

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE es de 9,394% y en el punto más bajo
que es en las orillas del pozo de agua potable es de 168%
Las denuncias llegaron directamente a las manos del presidente López Obrador un año
después en una de las tantas visitas de AMLO a Oaxaca.

Ahí, ciudadanos y ciudadanas junto con el comité del agua potable de Magdalena
Ocotlán y vecinos y vecinas de pueblo aledaños interrumpieron el recorrido del
presidente y le exigieron su intervención, las promesas del presidente se quedaron en
eso, promesas incumplidas, el presidente sigue ignorando el problema que afecta a la
región y con ello se sigue violentando el derecho a la salud y el derecho a vivir en un
ambiente sano.

Un año después la contaminación continuó avanzando y una mortandad de aves de
corral, peces, gatos y perros se presentó en el municipio de San Pedro Apóstol, la
segunda comunidad en el cauce del Río Coyote. La contaminación avanza en
complicidad con la impunidad.

Por las denuncias de la comunidad de San Pedro Apóstol y el respaldo de la REMA el
asunto fue tratado directamente por la Secretaría del Medio Ambiente, María Luisa
Albores, otra vez, la promesa de atención resultó una burla, reuniones sin sentido por
funcionarios insensibles que después de que SEMARNAT entregó el permiso ambiental
para la ampliación por 10 años más a la minera Cuzcatlán cortó la comunicación con la
comunidad de San Pedro Apóstol, y las demás comunidades afectadas. Esto solo
demuestra la claudicación de esta dependencia a la minera canadiense y su complicidad
ante los pueblos del valle.

Han pasado 4 años y en el último han desfilado funcionarios federales de gobernación,
funcionarios estatales de secretaria de gobierno, diputados federales y por supuesto,
los empresarios mineros, no en pocas ocasiones todos juntos hostigando a las
autoridades de San Pedro Apóstol, la principal autoridad que sigue denunciando este
hecho.

El gobierno federal y estatal no les importa la contaminación documentada por una
decena de estudios de calidad del agua, estudios independientes y de instancias
oficiales, todos coinciden con la contaminación por metales pesados relacionados con
la actividad minera.

Los daños ambientales, los daños a la salud, el daño social y cultural en algunas
comunidades parece irreversible. A pesar de este escenario catastrófico, no sé ha
dejado de alzar la voz y seguir buscando justicia.

Por todo lo anterior denunciamos y exigimos a las instancias del gobierno federal y al
gobierno estatal lo siguiente.
Qué hacemos responsables directos a la PROFEPA y la CONAGUA de los daños al
medio ambiente, la contaminación del agua y el suelo por su inacción y colusión con la
empresa minera Cuzcatlán.

Denunciamos a funcionarios y funcionarias de la SEMARNAT por su indolencia y por su
omisión principalmente a la secretaria María Luisa Albores y a su ex titular de la Unidad
Coordinadora de Participación Social y Transparencia, Daniel Quezada.
Denunciamos el clima de hostigamiento y de amenazas contra las autoridades de San
Pedro Apóstol, a las redes de activistas, defensores y defensoras de la tierra y el
territorio de los pueblos afectados, por parte de funcionarios federales y estatales de
gobernación y secretaría de gobierno de Oaxaca respectivamente.
También denunciamos el hostigamiento de empresarios canadienses de Fortuna Silver
Mines contra las autoridades de San Pedro Apóstol.

Sobre todo, no dejaremos de señalar que, aunque las instancias federales de protección
al ambiente son totalmente inoperantes y corruptas eso no exime a la minera Cuzcatlán-
Fortuna Silver Mines de su responsabilidad y por consecuencia de ser responsable de
cada uno de los daños ambientales y a la salud, así como a los asesinatos y agresiones
a las y los defensores de la tierra y el territorio del valle de Ocotlán.
Por todo lo anterior exigimos a la SEMARNAT que atienda de manera inmediata esta
catástrofe ambiental y cumpla con los acuerdos a los que se comprometió durante el
proceso de diálogo con las comunidades de San Pedro Apóstol y la Articulación por la
vida contra la minería del valle de Ocotlán.

Que se investigue a fondo a los funcionarios de PROFEPA y CONAGUA que han
ocultado y manipulado información para beneficiar a la canadiense, Fortuna Silver
Mines.

Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA)
Comunidades afectadas
Municipio y núcleo agrario de San Pedro Apóstol, Ocotlán.
Comunidad de Tejas de Morelos, Ocotlán.
Comunidad de San Felipe Apóstol, Ocotlán.
Red de afectados y afectadas por la minería de Magdalena, Ocotlán.
Articulación por la Vida Contra la Minería del Valle de Ocotlán.
Comunidades solidarias
Ejido de Santa Catarina Quiane
Comunidad de Santa Cruz Papalutla
Organizaciones y defensore,as de la tierra
Eugenia Pizarro, defensora indígena de la tierra, el territorio y la lengua Ayuuk.
Profr. Heriberto Magariño López ex-preso político de la sección 22.
Profra. Blanca Canseco Méndez ex-presa política de la sección 22
Profra. Irene Ortiz Pacheco
Porfr. Román López Reyes
Profra. Lorena Zayas Cruz
Mtra. Daniela M. García G. activista y defensora feminista
Mtra. Noemí Domínguez Gaspar, activista y defensora feminista
Mtra. Edna T. Guzmán García, activista y defensora feminista
Pbro. Martín Octavio García Ortiz, Parroquia de la Sagrada Familia.
Cooperativa CACAO.
Colectivo RECIOS-Oax. Mex.
La Marx México.
Centro de Estudios de la Región Cuicateca
Binigulazáa AIPIN
Otros Mundos Chiapas
GEOCOMUNES

Chile

Socavón en Tierra Amarilla: Minera Ojos del Salado arriesga multa de hasta US$13 millones

Javiera Pizzoleo , 6 de octubre de 2022
Las infracciones leves pueden ser objeto de multas hasta 1.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA). En tanto, las infracciones graves, pueden ser objeto de multas hasta 5.000 UTA, clausura o revocación de la RCA.

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ha formulado cuatro cargos contra Minera Ojos del Salado, titular del proyecto “Continuidad Operacional Mina Alcaparrosa”, ubicada a 900 metros al noroeste de la zona urbana de Tierra Amarilla, lugar en el que apareció el socavón de más de 60 metros de profundidad, el 30 de julio de 2022.

De las cuatro infracciones levantadas, una fue clasificada como grave, específicamente la inherente a la extracción de mineral en Mina Alcaparrosa, lo cual se constata en el incumplimiento de la tasa de producción durante 2019.

La segunda infracción fue clasificada como gravísima, y guarda relación con la modificación de la infraestructura minera ambientalmente evaluada, generando afectación en el acuífero del Río Copiapó, lo que se constata en: a) La modificación del sistema de drenaje subterráneo, con la incorporación de piscinas subterráneas en los niveles 335, 270 y 205 (para manejar aguas afloradas); y ejecutar infraestructura minera hasta el nivel 350 en el sector Gaby, cercanas al nivel freático del acuífero del Río Copiapó. Este último cargo habría generado un daño ambiental irreparable en el acuífero.

“La investigación de la oficina regional permitió vincular el socavón con la sobre extracción de mineral. Además, cuando ocurrió el evento comenzó a filtrarse dentro de la mina grandes cantidades de agua desde lugares donde la empresa intervino más allá de lo considerado en la evaluación ambiental”, añade Ibarra.

Además, se formularon dos cargos leves que se sustentan en el incumplimiento de las condiciones establecidas para el transporte de mineral, lo que se constató en la operación de camiones con tonelaje superior al establecido en RCA N°158/2017; y no haber obtenido la autorización de vialidad para tránsito con sobrepeso por caminos públicos. El último cargo se refiere a la modificación del destino de recepción del mineral, pues en el permiso ambiental se planificó que se llevaría en su totalidad a la faena Mina Candelaria, lo cual no ha sido así.

Las infracciones leves pueden ser objeto de multas hasta 1.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA). En tanto, las infracciones graves, pueden ser objeto de multas hasta 5.000 UTA, clausura o revocación de la RCA. Y respecto a las infracciones gravísimas, el titular arriesga la revocación de la RCA, clausura o multa de hasta 10 mil UTA. Por esta razón, en total, la empresa arriesgaría una multa de hasta 17.000 UTA, sobre $12.300 millones de pesos.

“Con esta formulación se abre un procedimiento donde deberá ponderarse la visión de la comunidad; la de la Municipalidad que es parte interesada en el caso; y las defensas que presente la empresa, para luego de ello tomar la decisión y determinar las sanciones que corresponden aplicar”, mencionó el Superintendente del Medio Ambiente.

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https://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2022/10/socavon-tierra-amarilla-minera-ojos-salado-arriesga-multa-u13-millones

Argentina, Bolivia, Litio

Litio estratégico: los detalles del acuerdo que cerraron la Argentina y Bolivia

Los gobiernos de Alberto Fernández y Luis Arce sellaron un convenio de cooperación sobre el mineral tras la reunión de la Mesa del Litio en el país vecino la semana pasada. Los alcances del programa conjunto
MARTÍN DINATALE 04/10/2022
En medio de los debates a nivel mundial sobre la necesidad de declarar al litio como «mineral estratégico» y ofrecer una salida a las nuevas corrientes de energía alternativa, la Argentina y Bolivia avanzaron en los últimos días en una mesa de trabajo conjunto cuyo objetivo central es definir acciones de cooperación en el desarrollo unificado de «métodos de extracción directa y el desarrollo de celdas y batería de litio».

Según pudo saber El Cronista la semana pasada en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, empezó a funcionar la primera reunión de la Mesa de Litio entre Argentina y Bolivia.

Esta mesa de trabajo está sustentada en los convenios de Cooperación Tecnológica firmados por YPF Tecnología (YTEC) y Yacimiento de Litio Boliviano (YLB) y por la CONEA y ABEN bajo el ala del Ministerio de Ciencia y Tecnología que lidera Daniel Filmus, en el caso de la Argentina.

DETALLES DEL PLAN
Entre los detalles de los resultados de la Mesa de Litio que acordaron los equipos técnico de Yacimientos de Litio Boliviano, liberado por su Presidente Ramos Mamani; YTEC, liderado por su presidente, Roberto Salvarezza y de la nueva empresa YPF Litio, a cargo del economista Hernán Letcher, surgieron los siguientes puntos:

 

1-Se definieron acciones de cooperación en el desarrollo conjunto de métodos de extracción directa y el desarrollo de celdas y batería de litio.

2-Se creó una nueva Mesa de Trabajo en Hidrocarburos entre YPFB e YPF en la que se identificaron acciones de cooperación técnica en diversos campos, orientadas al desarrollo de hidrocarburos no convencionales.

3- Se acordó la producción de materiales catódicos (LiFePO4 y LiNixMnyCozO2) a partir de sales de litio producidos localmente.

4-Planes para el desarrollo de una planta de producción de celdas y baterías de ion litio de al menos 10 MWh/año de capacidad. Y el desarrollo del conocimiento necesario para la producción de celdas y baterías de ion litio para diferentes aplicaciones, incluyendo electromovilidad y sistemas estacionarios autónomos.

Hay una decisión de Argentina y Bolivia de trabajar conjuntamente la producción de litio

5-Innovación de celdas y baterías y diseño de prototipos para sistemas fotovoltaicos, packs para vehículos eléctricos u otros. Desarrollo de baterías de ion litio de performance avanzada en base a los prototipos de laboratorio que se desarrollen en Argentina y Bolivia.

6-Promoción de empresas de base tecnológica que participen en el proyecto de producción de celdas y baterías de litio como proveedoras de servicios técnicos de alta especialización, insumos y equipos. Y la capacitación de técnicos, ingenieros y científicos en temas relacionados con la producción de materiales catódicos, celdas y baterías de litio, incluyendo: análisis y caracterización de materiales, técnicas electroquímicas y control de calidad y seguridad de baterías de ion litio.

Además, se organizó una próxima visita de YPFB a Vaca Muerta para conocer los desarrollos tecnológicos argentinos en la materia y alcanzar mayor nivel de detalle en la definición de acciones de cooperación.

VALOR AGREGADO
«Desde Argentina, lo que tenemos que hacer es agregarle valor al litio. La diferencia entre el valor del carbonato de litio -como se exporta hoy- y la batería, es más o menos del uno al cien. Es imprescindible que el país tenga la capacidad de desarrollo de esta tecnología, así como hemos desarrollado internamente la nanotecnología nuclear o la satelital», dijo a El Cronista el ministro Filmus.

De esta manera, el encargado de coordinar la mesa de trabajo conjunto entre Bolivia y Argentina destacó que «de la mano de Bolivia estamos trabajando para poder desarrollar desde América Latina nuestra fuente de tecnología y tener una economía de escala integrada entre los países, que nos permita competir a nivel internacional».
En el marco del memorando de entendimiento en investigación científico-tecnológica en el área de recursos evaporíticos y litio, firmado por los ministros de Ciencia de Argentina y Bolivia en abril se definió la ejecución de actividades de cooperación científico-tecnológica para la producción de celdas y baterías de ion litio con tecnología autónoma entre YPF Tecnología (Y-TEC) y la Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB).

Según se pudo saber, este acuerdo que se comenzó a trabajar en Bolivia la semana pasada en la Mesa del Litio permitirá sumar sinergia para la investigación, el intercambio de conocimiento, la capacitación de profesionales, la explotación y la producción con agregado de valor.

Todo esto se da en el marco de las acciones que Argentina y Bolivia vienen realizando. También el trabajo conjunto coincide con las definiciones que Alberto Fernández hizo recientemente en Nueva York donde instó a los gobernadores a declarar el litio como «mineral estratégico».

Esta misma línea de trabajo es la que desarrolla Bolivia donde el litio es un recurso mineral estratégico con fuerte injerencia del Estado nacional en la producción y explotación. En la Argentina se necesitaría de una reforma constitucional y un amplio acuerdo con los gobernadores para declarar el litio como «mineral estratégico» ya que ese recurso es de potestad exclusiva de las provincias. Además, ello genera resistencia de los empresarios.

De todas maneras, en el Gobierno aclararon que ese debate corre por cuerdas separadas y destacan que la cooperación regional con Bolivia permitirá generar avances tecnológicos locales, y generar conocimiento conjunto necesario para empezar a desarrollar toda la cadena de valor del litio, incluida la producción de celdas y baterías.

Desde Bolivia, Ramos Mamani sostuvo que el convenio «nos permite abrir un camino más de cooperación entre Argentina y Bolivia. Tenemos que generar un desarrollo regional estratégico conjunto para la industria del litio que es muy importante para ambos países».

El embajador Argentino en Bolivia, Ariel Basteiro y el Embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en Argentina, Jorge Ramiro Tapia Sainz, son también actores centrales en este acuerdo conjunto.
https://www.cronista.com/economia-politica/litio-estrategico-los-detalles-del-acuerdo-que-cerraron-la-argentina-y-bolivia/

Argentina, Litio

«El litio utiliza mucha cantidad de agua y produce un gran daño ambiental»By Resumen Latinoamericano

Resumen Latinoamericano, 05/10/2022.
Acusaron al Gobierno impulsar la minería «casi desde la clandestinidad porque saben que no hay licencia social».
La posibilidad de iniciar en la provincia un proceso de desarrollo productivo a través de la exploración y explotación de litio ya puso en alerta a los sectores que se oponen a la actividad megaminera y que sostienen que extraer este mineral provoca un gran daño ambiental.

En el Gobierno provincial -y en consonancia también con el país- se apuesta a la explotación del litio como nuevo eje de desarrollo. Y el tema se reavivó luego de que días atrás el gobernador Ricardo Quintela, desde los Estados Unidos, expusiera las potencialidades de la provincia entre las que destacó al litio. «La Rioja ofrece políticas mineras. Recientemente se descubrieron varios yacimientos de litio de una altísima calidad y en Laguna Brava es donde se concentra la gran cantidad de litio”, afirmó el Gobernador.

Desde los sectores ambientalistas no tardaron en reaccionar y dejaron en claro que se va a resistir cualquier intento de explotación minera en la Laguna Brava. «Esto no es nuevo, desde 2018 ya se venían dando permisos para exploración de litio en la zona de Laguna Brava. Las mismas empresas extranjeras publicaban en sus páginas web los permisos que tenían en la zona de la reserva. Con la explotación del litio, sí hay un uso intensivo del agua, es mentira que no se usa agua», le dijo a La Rioja/12 Marisa Romero, una de las referentes de las Asambleas Ciudadanas de Capital.

Romero sostuvo que la explotación del litio requiere de perforaciones de agua que luego, según indicó, se coloca en piletones hasta dejarla evaporar para luego extraer el litio. «Para sacar litio hay que hacer perforaciones. Y en la tierra se superponen napas de aguas saladas y de aguas dulces, eso contribuye a mantener un equilibrio y a mantener los glaciares. El litio se extrae perforando pero al hacerlo se mezclan el agua dulce y la salada y ahí se contamina el agua porque ya no se puede usar ni para consumo humano ni para riego. El agua que sacan la llevan a unos piletones y ahí la dejan secar, evaporar para así extraer el litio», afirmó.

Uno de los argumentos que se sostienen desde el Gobierno provincial para intentar avanzar con la explotación del litio, es que no se utilizan grandes cantidades de agua. Pero desde el ambientalismo aseguran que la del litio «es una minería de agua» y que “no tiene un impacto ambiental diferente a la minería del oro”. «Cuando se perfora no queda más laguna porque la secan. Es una minería de agua. Es verdad que no se usan explosivos, pero si se produce un daño ambiental muy grande porque se utiliza muchísima cantidad de agua. Además, el mismo litio cuando se mueve es contaminante», alertó Romero.

La representante de las Asambleas Ciudadanas de Capital destacó que en las provincias vecinas hay proyectos mineros vinculados al litio en las zonas de los salares y que en La Rioja hay proyectos no solo en Laguna Brava sino también en un sector limítrofe con la provincia de Córdoba.

«Sabemos que en el Gobierno hay una decisión tomada y también una decisión de encubrir porque se sabe que no hay licencia social. Por eso la actividad minera en La Rioja es clandestina prácticamente, el Gobierno lo niega pero los permisos se dan y cada vez hay más. El Gobierno ha hecho todo lo posible por trabajar el tema minero desde la clandestinidad», aseguró.

Romero advirtió que desde el ambientalismo se va a resistir cualquier intento de avanzar con el litio. «Hoy el tema está fuera de agenda pero la gente de nuevo nos empieza a llamar para preguntar cómo nos organizamos y cómo haremos para hacer sentir las voces de la resistencia. La gente sigue firme con esta idea de que la minería no es la salida como quiere convencer el Gobierno. A pesar de todos los problemas económicos que tiene la gente, se tiene en claro que esta no es la forma», concluyó

Argentina. “El litio utiliza mucha cantidad de agua y produce un gran daño ambiental”

Bolivia

Gobierno llega a un acuerdo con mineros de Colquiri y se levantan las protestas

Mineros de Colquiri en el centro de La Paz. | APG
Los Tiempos 05/10/2022
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas anunció anoche que llegó a un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) y con los mineros de Colquiri con relación a los reclamos por el Decreto Supremo 4783, que obliga a las empresas públicas a transferir parte de sus utilidades al Tesoro General de la Nación.

«Se logró el acuerdo y se definió un nuevo cuarto intermedio para que los sindicatos mineros socialicen el mismo con sus bases obreras. La reunión se reinstalará mañana a las 17:00 para la firma del acuerdo que establece la conformación de comisiones y mesas de trabajo para redactar una nueva normativa que atienda los requerimientos de los trabajadores mineros», se lee en una nota de prensa enviada por la mencionada cartera de Estado.

Por la tarde, los dirigentes del Sindicato de Trabajadores Mineros de Colquiri anunciaron que insistirían en la abrogación de la norma y que no aceptarían que sólo se cambien algunos artículos. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, se supo que se discutía con las bases el mencionado acuerdo.

Por otro lado, para hoy se tiene previsto un bloqueo de «mil esquinas» por parte del Magisterio Urbano, que también está en contra del DS 4783, así como que la gestora pública sea administrada por el Ejecutivo.

El máximo ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, informó que «se llegó a un acuerdo, se construirá una nueva norma en beneficio de las conquistas sociales y proyectos de inversión».
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221005/gobierno-llega-acuerdo-mineros-colquiri-se-levantan-protestas

Perú

RECHAZAMOS IRREGULAR SEGUIMIENTO DE INTELIGENCIA A INSTITUCIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

06/10/2022
El día de hoy, el medio de comunicación “La Encerrona” reveló que hubo un hackeo masivo a las fuerzas armadas de varios países latinoamericanos, incluyendo al Perú. La información periodística muestra que el Ejército Peruano tiene como práctica irregular realizar seguimiento a organizaciones civiles, políticos de izquierda, autoridades civiles e incluso organizaciones no gubernamentales internacionales. En este sentido, en un informe de inteligencia del Comando Operacional del Sur del Ejército Peruano se identifica a CooperAcción como un agente que «infiltra» a las organizaciones sociales con una agenda «antiextractiva», junto con otras instituciones como IDL, Derechos Humanos sin Fronteras y Amnistía Internacional.

Frente a esta situación queremos expresar nuestra sorpresa y rechazo a que las instancias de inteligencia del Ejército peruano nos incluyan como un agente desestabilizador en el territorio denominado “corredor minero”. Nos parece muy grave que se pretenda tergiversar el trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil a favor de la vigencia y respeto de los derechos humanos.

Rechazamos que el Ejército nos incluya como un agente desestabilizador en el denominado corredor minero. Es grave que se busque tergiversar el trabajo de la sociedad civil en favor del respeto de los DD.HH.

Es evidente que los supuestos aparatos de inteligencia no están cumpliendo bien con su labor, porque su análisis sobre la situación en el llamado corredor minero es completamente errado, y no están entendiendo las razones de la conflictividad social en la zona, y como siempre buscan chivos expiatorios a los que se le pueda echar la culpa.

CooperAcción es una organización que tiene 25 años promoviendo y defendiendo los derechos humanos y de pueblos indígenas, así como el buen vivir en territorios donde se realizan actividades extractivas. A partir de ello, impulsa cambios en las políticas públicas a fin de contribuir a la construcción de un país más democrático, sostenible y justo.

En ese sentido, en el sur andino hemos sido y somos asesores del Frente de Defensa Provincial de Cotabambas para su participación en la Mesa de Diálogo provincial. En ese espacio, hemos contribuido a que las organizaciones que conforman el Frente precisen su problemática, alcancen una agenda para el diálogo y elaboren sus propias propuestas. Lamentablemente, el Estado y la empresa no le han dado relevancia a este espacio que ya tiene 6 años de existencia y que tiene muy poca vida institucional.

En Apurímac, nosotros no asesoramos a ninguna comunidad de la zona de influencia directa del proyecto minero Las Bambas. Ellas tienen sus abogados de ejercicio libre, que pertenecen al sector privado. Tenemos entendido que muchos abogados se han acercado a las comunidades a ofrecer sus servicios y aparentemente habrían sido contratados con compromisos de pagos futuros por parte de algunas comunidades. Esto no lo dice el documento del Comando Operacional del Sur del Ejército Peruano y debiera saberlo, porque es algo por todos conocido.

En Espinar (Cusco), brindamos asesoría a dos comunidades que están negociando sus tierras en el contexto del proyecto «ampliación Coroccohuayco». Nuestro propósito es que se garantice sus condiciones de existencia ya que corren el riesgo de desaparecer. Este trabajo de asesoría debería ser realizado por el Estado pero, lamentablemente, no lo hace.
Nosotros también producimos, sistematizamos y analizamos información sobre los territorios. A veces el Estado no tiene un mapa de actores claro, o no conoce las situaciones o los hechos que ocurren en detalle, y menos realiza el análisis de ellos. Nosotros hacemos este ejercicio para que el Estado tenga una intervención más eficaz. También promovemos que las comunidades campesinas participen de la gobernanza de sus territorios. Esto quiere decir, que puedan cuidarlo, recuperarlo, usarlo para su bienestar, con responsabilidad. Con ellas realizamos ordenamiento territorial comunal. También, es un desafío en estos territorios la seguridad y soberanía alimentaria y una producción sostenible. Para ello, asesoramos a las comunidades en la formulación e implementación proyectos productivos (tales como técnicas de riego, fitotoldos o crianza de cuyes) y su participación en ferias de productores, así como en concursos estatales para acceder a fondos públicos para financiar sus proyectos productivos.

Queremos enfatizar que CooperaAcción apuesta por una cultura de paz y de diálogo, por vías institucionales, pácificas y de diálogo para la resolución de conflictos. Nuestro trabajo en los territorios es de conocimiento público y transparente y estamos permanentemente abiertos al diálogo con la prensa, la sociedad civil, las empresas presentes en los territorios y las autoridades del Estado en todos sus niveles

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 cooperaccion@cooperaccion.org.pe

Latinoamerica

Década mortal: 1.733 defensores ambientales fueron asesinados entre 2012 y 2021

Por: Horacio Gutiérrez 05/10/2022
Década mortal: 1.733 defensores ambientales fueron asesinados entre 2012 y 2021Berta Cáceres /
La cifra es brutal. El 68 % de esos ataques se han registrado en países de América Latina. Las comunidades indígenas concentran el 39 % de los ataques registrados, pese a que representan menos del 5 % de la población mundial.
En medio de la reciente promulgación del Acuerdo de Escazú en nuestro país, a nivel mundial se dio a conocer el informe de Global Witness titulado “Una década de resistencia: diez años informando sobre el activismo y medioambiente alrededor del mundo”. El objetivo de estos informes es revelar datos importantes sobre la situación de los defensores ambientales a nivel global e instar a las autoridades a tomar medidas concretas para asegurar su debida protección.

“Global Witness comenzó a informar sobre los asesinatos de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en 2012. Desde entonces, 1733 personas defensoras han sido asesinadas tratando de proteger sus tierras y recursos: esto significa un promedio de una persona defensora asesinada aproximadamente cada dos días durante diez años», señala el informe.

Llevando esta situación a un plano regional, Latinoamérica concentra más de tres cuartas partes de los ataques a defensores ambientales en el mundo, por lo que sigue en primer lugar de las zonas más peligrosas para ejercer el activismo ambiental. Asimismo, México es el país con mayor cantidad de ataques contra defensores a nivel global, sufriendo 54 asesinatos en 2021.

Esta entrega de Global Witness vuelve a poner en discusión la posibilidad de la firma del Acuerdo de Escazú en los distintos países de Latinoamérica, pues este tratado tiene como fin máximo la protección de derechos humanos en asuntos ambientales y de los propios defensores, entre otros elementos. En nuestro país, Escazú entró en vigencia hace solo algunos días, por lo que recién ahora es una realidad para la justicia y legislación chilena.

Para el Coordinador de Campañas de Escazú Ahora Chile, Joaquín Salinas, este documento es revelador tanto a nivel internacional como local, ya que en nuestro país se debe empezar a cumplir ciertos estándares legislativos, destacando que “las cifras del informe volvieron a poner a Latinoamérica como la región más peligrosa para ser defensor/a ambiental. 156 fueron los defensores asesinados en este territorio y dentro de ellos, un chileno.

Tras esta información debe existir un compromiso claro: nuestro país debe avanzar en una Ley de Defensores Ambientales y el proceso de ésta debe ser participativo, informado, transparente e integrando principalmente a aquellas personas que ejerzan la labor de defensoras. Desde Escazú Ahora Chile dedicaremos nuestro trabajo en demandar el cumplimiento de las bases del Acuerdo y velar por defender a quienes nos defienden día a día”, cerró el coordinador.

Los avances que tiene actualmente nuestro país en materia medioambiental han sido traducidos en la Ley Marco de Cambio Climático, así también el compromiso gubernamental con la transición ecológica justa, entre otras iniciativas que quedan cortas en relación al fin principal del Acuerdo de Escazú: la protección de los Derechos Humanos en asuntos ambientales y, a su vez, de las y los defensores.

Una de las características que más fue destacada por parte del presidente Gabriel Boric y que ha sido constantemente reiterada, es que Chile se encuentra frente a un gobierno ecológico, siendo la firma del Acuerdo de Escazú la primera promesa de campaña cumplida al asumir la presidencia.

Ante esto, el llamado de Salinas al mandatario es claro: “Cuando el gobierno decidió denominarse como ecologista, asumió un compromiso con la sociedad civil y las organizaciones sociales y ambientales. Hemos visto la responsabilidad desde el Ejecutivo en promover medidas ambientales, pero estas deben ser consecuentes y ceñirse también a los estándares de Escazú.

Es importante que el gobierno se acerque a los territorios y se trabaje en conjunto la protección efectiva a defensores/as ambientales. Estamos llegando tarde con las soluciones y aún no hay indicios tangibles de un cambio sustancial, necesitamos la implementación del Acuerdo de Escazú”, concluyó Salinas.

Por parte de la campaña oficial Escazú Ahora Chile, el compromiso y propósito luego de haber sido firmado, ratificado y promulgado este Acuerdo, es a seguir con la metodología de trabajo en conjunto a distintas organizaciones de la sociedad civil con el fin principal de presionar para que el acuerdo se cumpla de manera plena y efectiva, teniendo como primera tarea articularse en la demanda de estándares mínimos para la creación de una Ley de Defensores Ambientales.
https://www.eldesconcierto.cl/bienes-comunes/2022/10/05/decada-mortal-1-733-defensores-ambientales-fueron-asesinados-entre-2012-y-2021.html