Nicaragua

Impiden labores de Condor en mina La India

Representante de la empresa minera afirma que si les impiden realizar el proyecto de exportación, al menos 60 personas de la zona perderán sus empleos.

La compañía Condor Gold intenta dialogar con un grupo de pobladores de Mina la India, municipio de Santa Rosa del Peñón, que desde el viernes mantienen un tranque para evitar el acceso del personal de esta empresa minera a la zona donde realizará exploraciones legalmente autorizadas.

“Seguimos insistiendo en el diálogo. Hemos creado lazos con sectores de la comunidad a través de los beneficios sociales que impulsamos. Hemos dialogado con otros sectores, si me pregunta directamente si hemos dialogado con este grupo (el que actualmente encabeza el plantón), no hemos tenido un acercamiento, pero estamos buscando cómo acercarnos para dialogar”, declaró a El Nuevo Diario Víctor Martínez, representante de la empresa.

Condor Gold realiza trabajos de exploración minera desde 2012 y, según explica Martínez, “el proyecto no perjudica a los mineros artesanales; hemos logrado 24 acuerdos desde 2010 a agosto de 2017; 24 acuerdos con la cooperativa de mineros artesanales de la localidad para realizar estudios”.

La Cámara Minera de Nicaragua (Caminic) emitió un comunicado expresando su preocupación por “la situación que ocurre en Mina La India, donde algunos miembros de esa comunidad impiden el derecho al trabajo de los habitantes que son colaboradores de Condor Gold, empresa que genera empleo y realiza trabajos de exploración en ese lugar”.

“Caminic reconoce el derecho de los nicaragüenses a la estabilidad laboral, la libre circulación de las personas, la seguridad de los habitantes y sus bienes materiales, así como el derecho a manifestar sus puntos de vista en un contexto de diálogo, respeto y armonía”, expresa esta organización empresarial.

Olman Salazar, coordinador del Movimiento Comunal Santa Cruz de la India, expresó que los pobladores que protestan están de acuerdo en dialogar, pero su demanda es “que esta empresa suspenda la perforación que quiere hacer, porque afectaría el casco urbano y la ley lo prohíbe”.

“Hay 35 huecos perforados en el casco urbano y la ley lo prohíbe. La empresa debe irse a un lugar que ellos tienen y que está a seis kilómetros de mina la India”, asegura Salazar.

Al respecto, Martínez dice que en el cumplimiento de la ley se han realizado los respectivos estudios y tienen “acuerdos con los dueños de las fincas privadas donde se realizan los estudios, se explican los trabajos que se van hacer, se tasan las compensaciones por la renta del espacio para los estudios y se cumple con las leyes ambientales”.

En oposición a quienes trancaron las vías, decenas de personas de Mina La India salieron a las calles a dar su apoyo a la empresa Condor Gold, portando mantas en que exigían se les respete el derecho a tener un empleo y a circular con libertad.

Generan empleo

La compañía Condor Gold está en Nicaragua desde el año 2006 y tiene oficinas en Santa Cruz de la India desde el 2010.

“Realizamos procesos informativos, empleamos a la mayor cantidad posible de personas de la localidad. Con campañas de información, se evacúan las dudas de los pobladores y se aclara cada uno de los trabajos”, señala Martínez.

Agrega que “no estamos desplazando a nadie, por el contrario, generamos empleo, tenemos rentadas seis casas en la comunidad, trabajamos con  nueve proveedores locales, hay 135 trabajadores, la  mayoría son la de zona; tenemos proyectos sociales”.

El presentante de Condor Gold advierte que si no pueden realizar los estudios geológicos, “los trabajadores son los que se verían afectados porque tendríamos que prescindir de 60 trabajadores locales; esto afectaría a 300 personas de la comunidad”.

Esta es la primera protesta contra esta compañía minera, y el bloqueo de la vía “también afecta a los güiriseros y a los transportistas de las brozas”, comenta Martínez.

“Comprendemos que puede crearse algún tipo de recelo (por los proyectos), pero estamos trabajando desde 2010. Podamos dialogar y llegar a puntos de entendimiento”, enfatiza Martínez.

La máquina perforadora logró entrar la madrugada de este martes resguardada por policías hasta el punto de perforación, pero el grupo que protesta continuaba impidiendo la circulación de vehículos de la empresa de güiriseros de la zona.

Carolina Hernández, vocal del movimiento de protesta, dijo que se oponen al proyecto porque “desplazará a los mineros artesanales, que somos más de 3,000”.

Caminic también hizo un llamado “al diálogo y al consenso”, indicando que estos deben ser “los únicos mecanismos para discutir diversas opiniones sin coartar los derechos de los otros”.

Asimismo enfatiza en que las empresas socias de Caminic contribuyen “al crecimiento económico de Nicaragua mediante la generación de empleo y desarrollo social, basados en relaciones cordiales con cada actor según nuestro enfoque de minería para todos”.

Fuente:

El presentante de Condor Gold advierte que si no pueden realizar los estudios geológicos, “los trabajadores son los que se verían afectados porque tendríamos que prescindir de 60 trabajadores locales; esto afectaría a 300 personas de la comunidad”.

Esta es la primera protesta contra esta compañía minera, y el bloqueo de la vía “también afecta a los güiriseros y a los transportistas de las brozas”, comenta Martínez.

“Comprendemos que puede crearse algún tipo de recelo (por los proyectos), pero estamos trabajando desde 2010. Podamos dialogar y llegar a puntos de entendimiento”, enfatiza Martínez.

La máquina perforadora logró entrar la madrugada de este martes resguardada por policías hasta el punto de perforación, pero el grupo que protesta continuaba impidiendo la circulación de vehículos de la empresa de güiriseros de la zona.

Carolina Hernández, vocal del movimiento de protesta, dijo que se oponen al proyecto porque “desplazará a los mineros artesanales, que somos más de 3,000”.

Caminic también hizo un llamado “al diálogo y al consenso”, indicando que estos deben ser “los únicos mecanismos para discutir diversas opiniones sin coartar los derechos de los otros”.

Asimismo enfatiza en que las empresas socias de Caminic contribuyen “al crecimiento económico de Nicaragua mediante la generación de empleo y desarrollo social, basados en relaciones cordiales con cada actor según nuestro enfoque de minería para todos”.

Internacional

Resistencia a la mina de uranio de Salamanca…Un pueblo a cambio de veinte puestos de trabajo en al mina de uranio

España.- La empresa australiana Berkeley ha iniciado los procesos para construir la planta de procesamiento de residuos radiactivos sin las licencias pertinentes y con la ayuda de un equipo de gobierno encausado por prevaricación. Jesús Cruz, es una de las personas que planta cara a la mina de uranio de Salamanca.

“Soy Jesús Cruz, natural de Retortillo”. Con esta sencilla frase se presenta Jesús, el primer hombre en alzar la voz contra la futura mina de uranio que la empresa australiana Berkeley quiere construir en el Campo Charro. De llevarse a cabo el proyecto, España se convertiría en el único país de la Europa occidental con una instalación de tales características. Cada vez son más las organizaciones que se suman a esta causa: Stop Uranio, Salamanca Antinuclear, Ecologistas en Acción, GREFA, Equo, WWF España… Pero sin él nada de esto habría sido posible, demostrando que los comportamientos individuales son esenciales para construir un fuerte tejido en red.

Su historia de lucha comenzó en 2011, cuando la minera Berkeley empezó a negociar de una manera sospechosa contratos con el Ayuntamiento de Retortillo, del cual nuestro protagonista había formado parte durante 20 años, cinco como concejal de cultura y el resto como portavoz del mismo. “Vi que el Ayuntamiento que había entrado ese mismo año se puso a negociar rápidamente acuerdos a cambio de dinero con la minera, por lo que me puse a estudiar todo lo que podría haber detrás. Descubrí las ventas que el alcalde hacía, descubrí como contrataron a los concejales para trabajar con la mina… A partir de ese momento el Ayuntamiento permitía todo lo que Berkeley hacía y además informaba favorablemente de ella ante las otras administraciones”.

Un proyecto bajo la sombra de la sospecha

Jesús se refiere a la venta de terrenos que efectuó el exalcalde del PP en Retortillo, Javier Santamartina, a Berkeley. Salva decir que actualmente éste se encuentra encausado por prevaricación, algo que contrasta con los rumores que defienden que vendió esos terrenos por el doble de su valor, mientras vecinos, como Fernándo Rodríguez, denuncian que pretenden expropiarles sus terrenos por 6,60 euros el metro cuadrado durante quince años, cuando la tasación es mucho más alta. A la par, tres concejales del mismo partido comenzaron a trabajar para la minera (en la actualidad dos de ellos continúan ligados a la empresa). A raíz de esto fue cuando el consistorio del pueblo concedió a Berkeley todos los permisos municipales necesarios.

Si el proyecto sigue adelante, la economía local de la zona quedará destruida a cambio de 20 puestos de trabajo

Jesús calcula que el terrero se verá afectado en unas 2.500 hectáreas, las cuales serán ocupadas no solo por una mina de uranio, sino por una planta de procesamiento de residuos radiactivos; que incluirá una balsa y una carretera para facilitar el accesos a las instalaciones, y un almacén nuclear de primera categoría, según la clasificación del Consejo de Seguridad Nuclear. Para mostrar los efectos ya causados, Jesús señala la carretera que se ha empezado a construir: “Para hacer esta carretera pidieron permiso, pero ¿qué hizo Berkeley a parte? Comenzar a hacer la balsa. Yo llamé inmediatamente al Seprona, puesto que no tenían licencia para hacer la balsa, ni venía en ningún proyecto. ¿Cómo respondió Berkeley? Dando una reclamación responsable. Finalmente, tuvo que venir el Seprona para confirmar que lo que estaban haciendo no era una extracción de arios, sino una balsa, para lo que se necesita una licencia urbanística, al igual que para la construcción de la carretera. El Ayuntamiento simplemente abrió un expediente sancionador, y Berkeley paró las obras por precaución. Esta carretera tiene un presupuesto de un millón de euros. Imaginaos si eso se puede hacer con una declaración responsable.”

El pueblo a cambio de veinte puestos de trabajo

Así es como dio lugar un problema con múltiples vertientes. El primer efecto más significativo ha sido la desunión de un pueblo que antes convivía en armonía; puesto que la población se ha polarizado en pro y en contra de la minera. Unos consideran que la minera traerá trabajo y prosperidad a la localidad, y otros piensan que ceder ante Berkeley será hipotecar la economía de la zona por un periodo más que breve de tiempo, alrededor de 10 años, ya que la explotación de uranio en la zona no durará más tiempo. En Retortillo se encuentran los restos de una explotación minera de la empresa pública Enusa Industrias Avanzadas, S.A , (ENUSA), que suspendió su labor en la zona por su “contenido pobre” y su baja rentabilidad económica en el tiempo. De hecho cuando Berkeley solicitó su colaboración conjunta en este nuevo proyecto, ENUSA volvió a concluir que la explotación del lugar “no es viable ni sostenible en el tiempo”.

Jesús continúa: “No entra en ninguna cabeza decente aceptar a una minera que nos dará trabajo durante 9 años, 190 puestos de trabajo según ellos, de los cuales solo el 10% serán para gente de la zona, ya que serán los no cualificados. Osea que por 20 puestos de trabajo vamos a permitir que nos destruyan en 20 kilómetros a la redonda. No habrá agricultura, no habrá ganadería, no habrá turismo, ni casas rurales, ni balneario.” Un balneario de la época romana, que se suma a la belleza natural de la zona, y que supone el principal reclamo turístico del pueblo. “Aquí vivimos del balneario”, asegura Eugenia Silva, vecina del lugar, “¿quién va a querer venir a bañarse en unas aguas que están a escasos metros de una explotación de uranio?” Se lamentan los vecinos.

La tala de encinas, un daño irreparable

Si bien la problemática de los puestos de trabajo todavía son elucubraciones, uno de los efectos que ya se ha dejado notar es la tala de más de 2.500 encinas, la mayoría de ellas centenarias. “La tala de encinas se basa en la declaración de impacto ambiental que la Junta de Castilla y León concedió en 2012, pero no sabemos porqué sin tener la licencia para la planta por parte del Consejo y el Ministerio de Industria y sin tener los permisos para comenzar la extracción, se les permite arrancar 2.500 encinas, un acto irreparable para esta zona”, declara Jesús.

La mina se ubicará en una zona Red Natura 2000, protegida por su alto valor ambiental y ecológico, lo que pone en peligro el desarrollo de los ecosistemas y la vida de especies endémicas.

Las encinas han sido las primeras víctimas de este proyecto. Fernando Blanca, de Grefa, explica que para comenzar con el proceso de extracción se tiene que eliminar primero la masa forestal. No obstante, para paliar este daño Berkeley prometió que trasplantaría unas 20.000 en una dehesa a 40 kilómetros de Retortillo, en la localidad de Vitigudino, algo que la mayoría de los implicados cuestiona, como Hipólito Velasco, de Stop Uranio y natural de Retortillo: “Se prometió a un alcalde de la zona que las encinas las iban a replantar y eso es imposible. Las trocean y las sacan con nocturnidad. Sino, ¿por qué no están aquí apiladas para que la ciudadanía vea al cuerpo del delito?” En esta misma línea se expresa Enrique Moro, de la misma organización: “Hay muchas irregularidades, trabajan de noche con la leña y creemos que se la están llevando con camiones a Portugal”, algo que secunda Salvador García, de Salamanca Antinuclear: “Hemos calculado que con la madera pueden sacar unos 20.000 euros. Eso es una barbaridad”. El propio Jesús explica la polémica: “Berkeley va a replantar unas encinas en una zona a 40 kilómetros de aquí, donde probablemente no nazcan, porque no es terreno de encinas. Además, sabemos por la oposición de Vitigudino que van a recurrir ese acuerdo, porque la dehesa del lugar está entregada a sus ganaderos, que necesitan el terreno para el ganado. A parte de que no quieren porque los treinta o cuarenta Ayuntamientos de la zona de Vitigudino, de las Arribes y del Yeltes se han posicionado en contra. No se puede apoyar a una empresa que quiere arruinar a una comarca por 9 años de trabajo.”

Incumplimiento de normativas europeas

Puede ser que para personas ajenas a la localidad, la oposición a la tala de encinas sea un mero capricho ligado al sentimentalismo, pero hay que recordar que estas juegan un papel vital para el equilibrio natural de la zona. Enrique Moro, de Stop Uranio, denuncia como se está arramplando con encinas donde especies protegidas tenían depositados sus nidos: “Ahora es época de cría de especies, y hemos observado como han arrancado encinas con nidos”. Y es que esta instalación se ubicará en una zona de gran valor ambiental, oficialmente protegida por las calificaciones de Reserva de la Biosfera, Meseta Ibérica (9 de Junio de 2015), Parque Natural de las Arribes del Duero (11 de abril de 2002), zonas ZEPA y LIC y Riveras de los Ríos Huebra y Yeltes, de la red Natura 2000 (Directiva 92/43/CEE). Por todo este valor ecológico, la Junta de Castilla y León solicitó ante la Unión Europea ayuda monetaria, que le fue concedida a través de los fondos LIFE. Es decir, la Junta ha justificado la necesidad de recibir un dinero para la conservación de sus especies, mientras que por otro lado da el sí a un proyecto que altera la existencia de las mismas. Esto pone en tela de juicio el papel de la Junta en el proceso. De hecho, el alcalde de Villavieja de Yeltes, Jorge Rodríguez, apunta a que la propia Junta ha modificado la directiva de suelo agrícola para que prevalezca el sector minero sobre el agropecuario. “¿Si antes pensaban que ese suelo no se iba a recuperar, porqué ahora sí?”.

Así mismo, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha emitido un informe detallando la inviabilidad del proyecto por los siguientes efectos adversos: afecciones a la salud humana y animal, inutilización de las aguas de la cuenca del río Yeltes y afluentes, contaminación del suelo acuífero local, contaminación de los cultivos regados con agua subterránea, contaminación de los suelos de la zona, afecciones a la redes tróficas de ecosistemas acuáticos y reducción de la biodiversidad de todos los ecosistemas del entorno minero. El informe del CSIC, firmado por Miguel Álvarez Cobelas, Doctor en biología, concluye: “este investigador es contrario a que se autorice la apertura de dicha mina”.

¿Qué se esconde detrás de este proyecto?

El porqué ahora y el papel de la Junta son dos de los múltiples factores que bañan este proyecto en contradicciones. Las razones que existen para explicar el motivo que empuja a una empresa minera a instalarse en una explotación que como mucho tiene 10 años de actividad es algo que perturba a la población. Una de las explicaciones apunta a una supuesta especulación con el proyecto. “Berkeley comenzó a vender a los accionistas en Londres y en Sidney que habían comenzado con la actividad minera con la construcción de la carretera”, señala Jesús, algo que ratifican compañeros de otras organizaciones, como Carolina Martín, de Ecologistas en Acción: “Berkeley es una empresa especuladora de derechos mineros. Con ayuda del lobby consigue derechos mineros y luego los vende”.

Por otro lado, el motivo que justificaría la posición favorable de la Junta sería la indemnización que tendría que pagar a Berkeley por la cancelación del proyecto: “La junta de Castilla y león nos llegó a decir que fueran los jueces quienes parasen el proyecto, porque si eran ellos Berkeley iban a demandarles y reclamarles los 50 o 70 millones que habían invertido ya”, explica nuestro entrevistado, hipótesis que comparten el alcalde de Villavieja y Marta Santos, coportavoz de Equo en Salamanca.

Sea como fuere, si Berkeley gana la batalla todo quedará hipotecado para los futuros usos que se le quieran dar al territorio, como por ejemplo la construcción de un cementerio nuclear, algo que temen los miembros de Salamanca Antinuclear. De hecho, en el informe de solicitud que presentó Berkeley para la autorización del proyecto se especifica que se incluye el “almacenamiento definitivo de residuos radiactivos”.

En estos momentos la guerra sigue abierta. Terminando la entrevista y la visita, Jesús tiene una actitud cabizbaja, teme que Berkeley gane la lucha, una lucha de unos cuantos contra una gran multinacional, pero si él, un solo hombre, ha conseguido tenerles en jaque, ¿qué no se puede conseguir ya? Desde que comenzó a denunciar la historia en su web (’El blog de Jesús’ ) hasta ahora, decenas de medios han hablado ya de la mina de uranio de Retortillo, desde los más pequeños hasta los más grandes. Jesús sospecha que se aproxima una derrota, pero esto es ya una victoria, en tanto en cuanto Retortillo ya no es invisible para los medios de comunicación. Como es lógico, muchos de ellos consideran que la mina traerá trabajo, pero no entienden que les están robando su tierra y su pasado. Jesús recuerda como de pequeño se bañaba en el río cuyas aguas corren el riesgo de quedar inhabilitadas, e Hipólito las veces que ha paseado por los mismos caminos que ahora están siendo devastados. Que la gente tenga dependencia de un móvil parece algo normal, pero que la gente se aferre a la tierra, algo que nos ha dado todo a cambio de nada, parece que aún es algo complicado de entender. En una conversación por el lugar, Hipólito me hablaba del superhombre de Nietzche y de cómo algún profesor suyo en la Universidad se atrevió a compararse con él. Desde luego, él no se atrevió a contrariar al que por aquel entonces era su catedrático, pero en sus adentros pensaba que para él, el verdadero superhombre estaba en las gentes del campo, cultos, que no expertos; como se hacen llamar algunos para hacer galantería de su ’superioridad intelectual’. Cuanta razón lleva Hipólito, cuántos años de conocimientos nos llevan estas gentes que luchan por esa encina milenaria, que les dio cobijo, amparo y vida.

Fuente:http://www.elsalmoncontracorriente.es/?Un-pueblo-a-cambio-de-veinte

Guatemala

Accionan contra reglamento de consultas presentado por el Ejecutivo

Integrantes del Consejo del Pueblo Maya interpusieron hoy una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el reglamento de consultas, basado en el Convenio 169, presentado semanas atrás por el Organismo Ejecutivo, argumentando que no se dialogó con los pueblos indígenas para la realización del mismo. Los inconformes indicaron que no se necesita de tal reglamento para la realización de las consultas.

Francisco Morales, integrante del Consejo, dijo que la guía operativa que se presentó semanas atrás generó una preocupación generalizada en los pueblos indígenas y consideran que dicha acción es una provocación y un retroceso en el Estado de derecho.

“Nosotros creemos que la Corte Suprema de Justicia debería de tomar esto que es la voz del pueblo”, indicó Morales.

Viviana Ramírez señaló que en ningún momento fueron convocadas las autoridades indígenas representativas para dialogar y aseguró que solamente fueron convocados representantes de organizaciones indígenas, que son instancias diferentes.

Los integrantes del Consejo reiteraron que es obligación del Estado consultar a los pueblos originarios antes de la instauración de un proyecto extractivo, en el que deben conseguir el consentimiento de los pobladores.

Consideran que cada pueblo debe tener la potestad de poder decir sí o no a las empresas que busquen explorar los recursos naturales en alguna determinada región del país y que los resultados de las consultas realizadas por las comunidades deben ser vinculantes.

Por su parte Nim Sanik dijo que la guía operativa para las consultas comunitarias presentada por el gobierno es una “manipulación total al espíritu real del Convenio 169 y también una manipulación total de las formas propias de toma de decisiones de los pueblos”.

 

MINTRAB: respetuosos del proceso

El pasado 18 de julio, el Ejecutivo presentó una guía operativa para la realización de las consultas comunitarias, esto 20 años después de que Guatemala ratificara el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

La titular del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), Aura Leticia Teleguario, dijo en ese momento que la falta de normativa para la realización de consultas comunitarias ha generado conflictividad en el país.

Respecto a la acción realizada hoy por el Consejo del Pueblo Maya, representantes del Ministerio de Trabajo indicaron que son respetuosos del amparo siempre y cuando esté en el marco de la ley.

Fuente:http://movimientom4.org/2017/08/accionan-contra-reglamento-de-consultas-presentado-por-el-ejecutivo/

Argentina

Pelambres El Ministerio de Minería y la UNSJ establecerán el plan de sustentabilidad de la escombrera

Según informó el fiscal de Estado, Jorge Eduardo Alvo Varela, el plan de sustentabilidad estará a cargo de la Universidad Nacional de San Juan y del Ministerio de Minería.

Este miércoles, el juez Federal, Leopoldo Rago Gallo dispuso remover la escombrera de Pelambres de manera inmediata. A su vez estableció los mecanismos para hacer un saneamiento de la zona afectada y que se desarrolle un plan de sustentabilidad para que todo vuelva a la normalidad.

Según informó el fiscal de Estado, Jorge Eduardo Alvo Varela, el plan de sustentabilidad estará a cargo de la Universidad Nacional de San Juan y del Ministerio de Minería que deberán articular todas las medidas para que, de manera efectiva, se pueda dejar la zona en estado puro, como estaba antes de que Pelambres depositara cientos de neumáticos en el cordón cordillerano de Calingasta.

«Los peritos del juzgado elaborarán el plan de retiro mientras tanto la Justicia facultó al Ministerio de Minería y a la UNSJ para establecer el plan de sustantitbilidad de la escombrera a los efectos de que no produzca daño en el ambiente», explicó el funcionario a Diario La Provincia.

El Fiscal de Estado aclaró que en lo único que no resuelve la medida judicial dictada este miércoles por Rago Gallo, pero queda pendiente, es la consitución del Fondo de Garantia que hizo Fiscalía de Estado. «No hay antecedentes en el país porque el Fondo de Garantía es cuando se puede cuantificar el daño y acá como no se puede saber con precisión el daño efectivo de la escombrera, eso quedó pendiente. Eso se sabrá más adelante cuano se tengan las pericias de si hubo daño ambiental o efectivo», detalló el fiscal.

Según aclaró, los tiempos del plan de sustantibildiad dice que el retiro debe hacerse en forma de inmediata. El mismo está en manos de los peritos del juzgado y se debe ver con anticipación el plan a llevar a cabo. «La idea es minimizar el impacto lo que más se pueda con el retiro», aclaró.

Ahora correrán los tiempos para Pelambres que podrá apelar todas las resoluciones o acatar, sacando los escombros. Por otro lado, también serán citadas las autoridades de Pachon que también podrán apelar la resolución y el llamado a indagación de sus funcionarios.

Fuente:http://www.diariolaprovinciasj.com/politica/2017/8/10/ministerio-mineria-unsj-estableceran-plan-sustentabilidad-escombrera-73576.html

Bolivia

9 DE AGOSTO: DÍA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS MUCHA RESISTENCIA POR CONSTRUIR, POCO POR CELEBRAR

Desde hace siglos los pueblos indígenas de Bolivia y el mundo vienen construyendo una historia de resistencia y defensa de sus derechos. Como parte de los resultados de esta lucha se ha conseguido que hace diez años, las Naciones Unidas emitan una Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. En esta declaración se rescata una serie de derechos fundamentales por los que lucharon y murieron miles de indígenas; sin embargo hasta la actualidad estos derechos no son respetados, ni por los gobiernos, ni por los intereses de empresas privadas.

En Bolivia el modelo extractivista que se puede extrapolar al mundo entero, está pisando los derechos de los Pueblos Indigenas a la libredeterminación, a la consulta previa libre e informada, de buena fe, a la protección de sus lugares sagrados a vivir en un ambiente sano, a la salud universal a la educación, etc.

Las mujeres indígenas sufren a la vez impactos diferenciados de este modelo extractivo que vulnera sus derechos y, así mismo, como parte de sus pueblos ellas resisten y defienden de forma colectiva la sobrevivencia de la cultural, de sus territorios poniendose al frente de la resistencia con sus propios cuerpos.

En ese sentido y acorde al momento que vivimos, desde el Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales – Colectivo CASA y desde la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra – RENAMAT; creemos que es más urgente que nunca pronunciarnos en esta fecha importante:

  • En defensa de la Madre Tierra, por el derecho de los pueblos indígenas a vivir en un territorio libre de contaminación y de violencia.
  • En defensa de los territorios colectivos que son un derecho milenario conquistado por los pueblos indígenas del mundo y de Bolivia.
  • Exigiendo el respeto a la intangibilidad del Territorio Indígena y Parque Nacional IsiboroSécure (TIPNIS) como derecho legítimo de los pueblos en la protección de su territorio y de sus lugares sagrados.
  • Denunciando la violencia medioambiental que se ejerce contra las mujeres indígenas en escenarios de extractivismo de toda índole que afecta la integridad y reproducción de la vida y de la cultura de centenares de comunidades.
  • Por el derecho de los pueblos no contactados de mantenerse en aislamiento sin temor a ser afectados por actividades de exploración y/o explotación de recursos naturales.

Bajo este alarmante escenario de atropellos de los derechos de los Pueblos Indígenas, como ocurre en el TIPNIS  y en los territorios indígenas donde  se asientan actividades extractivas, nos sumamos al llamado de  la unidad y a la acción coordinada de pueblos indígenas y la sociedad civil, para lograr frenar este tipo de atropellos.

RENAMAT

COLECTIVO CASA

Colectivo CASA
Oficina Oruro
Junin Nº 719 entre La Plata y Presidente Montes
Telefono fax: 591 (2) 5251406

Oficina La Paz
Potosi, esq. Genaro Sanjines, Pasaje peatonal de la cultura. Edificio Libertad Piso 9 oficina 904,
Telefono 591 (2) 71975803
Bolivia

 

Internacional

Sierra Leona se queda sin tierra cultivable

Sierra Leona atrae flujos significativos de Inversión Extranjera Directa (IED); esto es, capitales foráneos para la creación de empresas agrícolas, industriales y de servicios, principalmente. Este fenómeno comenzó hace años, pero en 2014 se detuvo cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la epidemia de ébola. Ahora, tras superarse esa crisis, de nuevo se ha acentuado. En el pequeño país de África Occidental estás operaciones están orientadas, mayoritariamente, a la minería y a la agroindustria para la exportación y suelen involucrar acuerdos de tierras a gran escala facilitados y negociados por funcionarios gubernamentales, políticos locales y jefes tradicionales.

Las personas y comunidades afectadas por la expropiación forzosa de tierras que acompañan a estos proyectos suponían que iban a recibir compensaciones justas que les permitirían mejorar sus vidas y, además, esperaban encontrar oportunidades de empleo remunerado con las empresas multinacionales beneficiarias de estos acuerdos. Pero la realidad dista mucho de esas expectativas y promesas. Esto ha creado una frustración que se traduce en un aumento de la tensión social en el país.

Entre 2009 y 2012, al menos 1.154.770 hectáreas, cerca del 21.4% del total de la tierra cultivable de Sierra Leona fueron cedidas para proyectos de agroalimentación, estimaba el informe Who is benefiting? elaborado por la coalición de ONG Action for Large-Scale Land Acquisition Transparency (ALLAT) en 2013. Estas cifras no contabilizan las concesiones realizadas en el sector minero.

Desde que se publicó aquel estudio no se cuenta con nuevos datos fiables sobre el total de tierra usurpada por compañías extranjeras en Sierra Leona. Sin embargo, activistas medioambientales y de derechos humanos apuntan a que el porcentaje ha seguido en aumento una vez que la epidemia de ébola se declaró oficialmente terminada en marzo de 2016.

Uno de los sectores que más inversiones ha recibido en Sierra Leona es el de la bioenergía. Addax Bioenergy, una filial de Addax and Oryx Group, con sede en Suiza, es el mayor inversor en este campo. Su caso sirve para analizar este tipo de proyectos. La apuesta de la compañía en el norte de Sierra Leona fue aprobada como un Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) en conformidad con el artículo 12 del Protocolo de Kioto. Esta norma permite a los gobiernos de los países industrializados y a las empresas suscribir acuerdos para cumplir con las metas de reducción de gases de efecto invernadero (GEI). No cabe duda de que fue una buena noticia al tratarse del primer proyecto de generación de energía a base de caña de azúcar para la producción de etanol que adquiría el sello de MDL en África, como anunció en su día el periódico Awoko.

Desde un principio, la empresa, además de dejar claro que su objetivo principal es la exportación, declaró que iba a generar 120 GWh al año destinados a la red eléctrica sierraleonesa. Esto le generó grandes elogios por parte del presidente Ernest Bai Koroma durante un discurso en el Parlamento nacional. El problema de la electricidad es uno de los muchos que acucian al Gobierno del país que no termina de cumplir su promesa de conducir la energía a las principales ciudades. Además, en aquellas partes donde llega los cortes son frecuentes.

A pesar de todo esto, Addax Bioenergy ha sido criticada por ONG locales e internacionales (basta ver el informe de ALLAT como ejemplo de ello). Estas organizaciones alegan que esta inversión ha tenido importantes impactos negativos en las comunidades locales afectadas: compensaciones insuficientes a los dueños de la tierra, desplazamiento de poblaciones, bajos salarios e incumplimiento de las expectativas de generación de empleo. Además, los privilegios y exenciones de impuestos otorgadas a esta, y otras compañías, pueden suponer pérdidas de millones de euros para el Estado sierraleonés, denuncia ALLAT.

Este caso sirve para entender las incertidumbres y ambigüedades que acompañan a la entrada de IED en la minería y la agroindustria de Sierra Leona, y de muchos otros países africanos. Los donantes internacionales, los inversores, el Gobierno y también muchos sierraleoneses de clase alta y media (profesionales, empresarios, elites…) resaltan las perspectivas de desarrollo asociadas a las IED. Sin embargo, la mayoría de los sierraleoneses todavía luchan por poder sobrevivir en una nación donde, a pesar de estas inversiones millonarias, más de la mitad de la población vive por debajo de la línea de la pobreza y el país ocupa el puesto 179 (de 188) en el último Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas.

Podríamos también haber elegido como ejemplo a una de las empresas que han conseguido concesiones en el sector minero. Este es el caso de African Minerals Limited, recogido por Human Right Watch (HRW) en el informe Whose Development? Human Rights Abuses in Sierra Leone’s Mining Boom, y que en noviembre de 2015 fue denunciada ante un tribunal londinense por los residentes de las aldeas cercanas a la explotación a la que acusan de desalojarlos de sus comunidades y tierras con métodos violentos.

En el sector de la minería es donde se han producido los mayores abusos y violaciones de los derechos de los trabajadores. Aquellos que han conseguido un empleo se quejan de la prohibición de afiliarse a los sindicatos, de los bajos salarios, de la falta de seguridad en el trabajo y del tratamiento racista que reciben por parte de los expatriados. Esto ha originado algunas huelgas que han sido reprimidas violentamente por las fuerzas de seguridad sierraleonesas, como bien recoge el informe de HRW.

Independientemente de los elogios que estas compañías puedan recibir, la realidad es que la usurpación de tierras está teniendo un efecto negativo en la lucha contra la pobreza. Ni siquiera los que consiguen ser empleados por las nuevas compañías pueden sentirse privilegiados en su nueva situación.

Desde hace tiempo, algunos periodistas sierraleoneses denuncian que, a pesar de los argumentos utilizados por el Gobierno para seguir apoyándolas, estas inversiones extranjeras a gran escala no están reduciendo la alta tasa de desempleo que tiene el país. Afirman que muchas de las empresas detrás de estas operaciones, como es el caso de Addax o Socofim, han realizado muchas promesas que son difíciles de verificar ya que los acuerdos firmados no son transparentes. Además, dudan de que las tierras estén siendo tasadas de acuerdo con el verdadero precio de mercado. También en este punto existe mucha opacidad. Y advierten de que de mantenerse el actual ritmo de concesiones, el país se quedará sin tierra cultivable en un futuro no muy lejano.

“En realidad, los agricultores se han visto obligados a vender sus tierras por una miseria. La mayoría de las esperanzas de mejores medios de vida, más empleos y mejores escuelas para los hijos no se han hecho realidad. Los acuerdos de tierras a gran escala han hecho que miles de pequeños agricultores sean hoy mucho más pobres”, afirma Elijah Grega en un artículo publicado en Development and Cooperation.

Fruto de todos estos abusos, la tensión social está creciendo en el país. La gente está enojada porque los inversores, que se llenan la boca de palabras como Responsabilidad Social Corporativa (RSC), no están respetando las promesas hechas. Sin embargo, el Gobierno sí les ofrece importantes recortes de impuestos y utiliza las fuerzas de seguridad para reprimir las protestas y resistencia de los agricultores que se ven expulsados de sus tierras o de los mineros que reclaman mejoras laborales. Al mismo tiempo, los activistas por los derechos de la tierra están siendo criminalizados y algunos han sido condenados a prisión por los tribunales, afirma Grega.

Lo único positivo de esta situación es que los agricultores han comenzado a organizarse y a alinearse con los defensores de derechos humanos. Tras varios años sin poder ejercer ninguna presión debido a los toques de queda impuestos por el Gobierno para prevenir la expansión del ébola, finalmente retomaron sus acciones. Esto ha empujado al Ejecutivo a aprobar una nueva ley de Propiedad de la tierra, que fue firmada por el presidente el pasado 23 de marzo.

Algunos activistas que consultados afirman que no es un mal documento y que puede significar el principio de algunos cambios. Pero dudan de la voluntad del Gobierno para desarrollarlo e implementar sus propias disposiciones. De todas formas, han decidido darle un voto de confianza hasta ver qué sucede realmente. A cambio piden, como gesto de buena voluntad, que no se otorguen nuevas concesiones de tierra, o al menos se disminuya su ritmo, hasta que se pongan en marcha las nuevas reformas. Por ahora, todo indica a que no se está teniendo en cuenta esta petición, por lo que es posible que la tensión social siga en aumento en Sierra Leona y desemboque en actos violentos en los próximos meses, indican las mismas fuentes.

Fuente:https://elpais.com/elpais/2017/06/29/africa_no_es_un_pais/1498745194_340675.html

Perú

Cusco: firman acta final de mesa de desarrollo de Chumbivilcas

Acuerdo ratifica plan de inversión por un monto superior a S/2 mil millones. Se busca poner fin a conflicto minero en la zona.

El ejecutivo firmó hoy junto a autoridades y representantes de la provincia de Chumbivilcas, ubicada en la región Cusco, el acta final de la mesa de desarrollo de dicha provincia, donde se ratifica un plan de inversión de más de S/2 mil 700 millones para la ejecución de diversas obras.

Este plan de desarrollo atenderá la ejecución de proyectos a corto, mediano y largo plazo. Se priorizará una inversión de más de S/800 millones en 145 proyectos de agricultura, educación, salud y transporte, así como de agua potable y saneamiento. Además se adquirirán ambulancias y equipos médicos para el hospital de Santo Tomás y otros centros de salud de la provincia.

Una de las principales obras será la construcción del corredor minero, una vía asfaltada entre Apurímac y Cusco, por donde camiones de diferentes empresas mineras transitarán sin contaminar con polvareda los campos de cultivo de los comuneros de ambas regiones.

En esa misma línea también se acordó la constraucción  de una carretera de 175 kilómetros de longitud que unirá las localidades de Quiñota, Llusco, Santo Tomás, Velille, Maranniyoc y Espinar.

“Tras cuatro meses de diálogo, hemos logrado en tiempo récord concretar y poner en marcha un plan de inversiones que beneficiará a los pobladores de Chumbivilcas. En seis meses regresaremos a Cusco para evaluar el avance de los proyectos”, afirmó el ministro de Energía y Minas (MEM), Gonzalo Tamayo, quien representa al gobierno en esta mesa de desarrollo.

«La provincia está confiando en el proyecto. Esperemos que lo propuesto se cumpla en los plazos establecidos. Estamos poniendo las manos al fuego por nuestras autoridades. Podría haber un problema social muy grande si no se hace», aseguró David Vera, alcalde de Chumbivilcas.

Como se recuerda a finales del año pasado la población de Chumbivilcas realizó una serie de protestas contra las mineras Hudbay y MMG Las Bambas por la contaminación que causa la polvareda de sus camiones. Al gobierno se le reclamaba más inversión en salud y educación.

Las conversaciones se vieron paralizadas en diciembre, cuando el ejecutivo decretó el estado de emergencia en la provincia por 30 días debido a los actos de violencia registrados, como la destrucción de las oficinas de la empresa prestadora del servicio de agua potable en el distrito de Santo Tomás. Tras el levantamiento de la medida de fuerza se retomó el diálogo a fines de enero.

Cabe mencionar que el gobierno tiene en Chumbivilcas otras mesas de diálogo en los distrito de Velille y Chamaca. Estas mesas aún continúan en desarrollo en busca de acuerdos.

Situación en Las Bambas

El pasado 4 de abril comuneros de la comunida campesina de nueva Fuerabamba, ubicada en el distrito de Challhuahuacho, en Cotabambas, llegaron a un acuero con representantes de la mina MMG Las Bambas, donde se estableció que los miembros de su comunidad será contratatos por la empresa con un sueldo no menor a los S/2 mil mensuales. Esta diálogo también fue mediado por representantes del MEM. En días previos algunos comuneros realizaron bloqueos en el sector de Yavi Yavi, afectando la circulación de camiones con producción minera.

Tamayo, del MEM, señaló recientemente que existe un programa de inversiones de 2,000 millones de soles para desarrollar 299 proyectos en la zona de influencia de la mina Las Bambas.

Como se recuerda, el Ejecutivo y autoridades de la provincia de Cotabambas, acordaron en febrero dar inicio a la ejecución de los proyectos en el Plan de Desarrollo de Cotabambas, una propuesta trabajada por ambas partes y que incluye 291 proyectos de inversión.

Fuente:http://elcomercio.pe/peru/cusco/cusco-firman-acta-final-mesa-desarrollo-chumbivilcas-413218.

Chile

RIO TINTO y su insistente búsqueda de yacimientos a explotar en región de Arica y Parinacota

En nuestro país aún no existe una Ley de PAM (Pasivos Ambientales Mineros) ni norma de suelos. No obstante, Chile sigue mostrándose abierto a proyectos mineros de gran escala. Como éste! Río Tinto, uno de los principales grupos mineros del mundo, persiste en su deseo de operar una mina en Chile. Para ello, la compañía anglo-australiana solicitó permisos para iniciar una campaña de exploración con miras, si los estudios tienen “éxito”, a desarrollar una faena a gran escala.

Rio Tinto, uno de los principales grupos mineros del mundo, persiste en su deseo de operar una mina en Chile. Para ello, la compañía anglo-australiana solicitó permisos para iniciar una campaña de exploración con miras, si los estudios tienen éxito, a desarrollar una faena a gran escala.

La firma busca a nivel mundial yacimientos de tamaño relevante para poder explotarlos, y aunque en el pasado desarrolló programas de exploración sin mucho éxito, Rio Tinto continúa en su apuesta por nuestro país y espera recibir luz verde para un nuevo programa en Chile. Según una consulta al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la compañía espera realizar sondajes a 58 kilómetros de Arica, en un terreno ubicado a 2.100 metros de altura, en un proyecto denominado Palmani.

El proyecto, señala el documento presentado por Rio Tinto, “tiene por objetivo el descubrimiento y caracterización del potencial de una concentración de sustancias minerales, que eventualmente pudieren dar origen a un proyecto de desarrollo minero en el futuro”. Para eso, instalarán 10 plataformas de sondajes en los terrenos ubicados en Arica y, así, determinar el potencial de la zona.

Actualmente, Rio Tinto posee el 30% de la propiedad de Escondida, la mina de cobre más grande del mundo, pero no opera ningún yacimiento en Chile. Anteriormente, la firma ha desarrollado exploraciones en asociación con Codelco, pero hasta el momento no se han comunicado grandes avances.

Chile está dentro de las prioridades de la compañía en su búsqueda de proyectos desde cero, denominados como greenfield . “En los últimos años, Rio Tinto ha trasladado el énfasis de los gastos de exploración a proyectos en la OCDE y Perú en línea con el creciente enfoque en la exploración del cobre”, indica su último reporte anual.

También es una de las prioridades del grupo el desarrollo del cobre, por lo que las características geológicas de Chile calzarían con este objetivo. Según un reporte, la consultora SNL Metals & Mining, Rio Tinto fue la gran minera que más invirtió en exploración del metal rojo a nivel mundial, gastando US$ 151,6 millones.

Caída en exploración

Pese al repunte que han tenido las materias primas en los últimos meses, las grandes compañías siguen impulsando ahorros de costos, siendo la exploración uno de los ítems más afectados.

Es así como el año pasado en Chile el presupuesto en exploración minera bajó a US$443,4 millones, es decir, alrededor de US$172 millones menos que en 2015. A su vez, 2016 fue el cuarto año de caída consecutiva en los presupuestos.

Fuente: http://www.relaves.org/2017/07/12/rio-tinto-y-su-insistente-busqueda-de-yacimientos-a-explotar-en-region-de-arica-y-parinacota/

Mexico

Protestan contra mineras en Acacoyagua

COMUNICADO DEL FRENTE POPULAR EN DEFENSA DEL SOCONUSCO 20 DE JUNIO

Alertamos sobre las dos agresiones que sufrimos esta semana

Acacoyagua, Chiapas, México   A 4 de agosto del 2017.A los medios de comunicación de Chiapas y México, A la sociedad civil mexicana en general, A los defensores y las defensoras del territorio en México y el mundo,

Desde el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS), les alertamos sobre la creciente tensión social a la que nos estamos enfrentando en Acacoyagua, donde llevamos más de dos años luchando pacíficamente por la cancelación de las 21 concesiones mineras que existen en nuestro municipio y el de Escuintla.

Esta semana, tan solo entre el lunes 31 de julio y hoy viernes 4 de agosto, hemos sufrido dos agresiones por parte de un grupo de personas encabezadas por Julio Alfaro, ligado a la minera El

Puntal S.A. de C.V., propietaria de la mina de titanio “Casas Viejas”, a la cual nos oponemos firmamente.

Protestas

El 31 de julio, un grupo de 50 personas, encabezadas por Julio Alfaro, llegaron a nuestro campamento en el puente del río Jalapa, en el municipio de Acacoyagua, para intimidarnos y pedirnos que dejáramos pasar los camiones de la minera El Puntal hacia la mina “Casas Viejas”. Nosotros integrantes del FPDS somos defensores pacíficos, por lo que no caímos en la provocación y esperamos que se retiraran.

Recordamos que los habitantes de Acacoyagua (a la vez municipio y ejido), tenemos un acuerdo ejidal en el que prohibimos el paso de máquinas pesadas en los caminos ejidales y otro en el que prohibimos la actividad minera en nuestro territorio. Nadie puede oponerse a estas dos decisiones nuestras y estamos en nuestro derecho cuando tapamos el paso a los camiones de la minera El Puntal en la salida de la comunidad Jalapa, por donde buscan entrar a la mina.

Hoy, 4 de agosto, nos presentamos en frente del palacio municipal alrededor de 200 hombres y mujeres integrantes del FPDS para entregar un oficio al presidente municipal en el que le informábamos sobre esta primera agresión. A las 12:00 horas, una comisión del FPDS de 12 personas, acompañadas por un integrante del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C., pudo entrar y entregar dicho oficio, no al presidente municipal que se encontraba ausente, sino a su asesor jurídico. En el documento, le exigimos se haga responsable del respeto a nuestra integridad física y psicológica, puesta en riesgo por la agresividad de los mineros y la pasividad de la autoridades.

No a la mina, gritan en Acacouyagua

Mientras nuestra comisión estaba a dentro de la presidencia entregando el oficio, llegó un grupo de alrededor de 100 personas, encabezadas por Julio Alfaro, quienes vinieron a entregar documentos que supuestamente comprueban que la minera El Puntal está operando la mina “Casas Viejas” legalmente, con 28 permisos.

Pero no llegaron solo a hacer ese tramite. Al ver que estábamos presentes, empezaron a provocarnos y desligitimar verbalmente nuestra labor en defensa de la vida, así como la de las organizaciones que nos acompañan en nuestra lucha, el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C. y Otros Mundos A.C./Amigos de a Tierra México y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). Buscaron hacernos caer en la confrontación, lo que nos negamos a hacer. Fue necesaria la intervención de la policía municipal para que cese la agresión. Julio Alfaro pudo entregar su documentación a condición de que él y su grupo se retiraran inmediatamente.

Zapata antiminero

Urge que el presidente municipal de Acacoyagua nos escuche, se haga responsable del respeto a nuestra integridad física y psicológica, y que nos informe sobre si esos supuestos 28 permisos fueron otorgados o no a la minera El Puntal para operar la mina “Casas Viejas”. Esperamos lo haga en la reunión que el ayuntamiento se comprometió a realizar la próxima semana con nosotros y con el cabildo.

Estamos preocupados por la pasividad de las autoridades ante la violencia que hacen reinar en Acacoyagua las personas a favor de la industria minera. Nuestra lucha es justa y digna, y no debemos aceptar que nosotros, como muchos defensores en Chiapas, Mexico y el mundo, seamos agredidos por defender la vida.

FIRMAMOS:
FRENTE POPULAR EN DEFENSA DEL SOCONUSCO 20 DE JUNIO (FPDS)

OTROS MUNDOS A.C./AMIGOS DE LA TIERRA MÉXICO

CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DIGNA OCHOA.
Fuente:http://www.remamx.org/2017/08/protestan-contra-mineras-en-acacoyagua/
Mexico

Gobierno y Grupo México olvidan a damnificados por derrame minero en Sonora

Al cumplirse ayer tres años del mayor desastre ambiental en el país, provocado por la industria minera, pobladores de los siete municipios del río Sonora, miembros de los comités de cuenca y activistas de la organización no gubernamental Poder marcharon y bloquearon los principales cruceros de la ciudad de Hermosillo para exigir a las autoridades federales y al consorcio minero Grupo México la remediación total de los estragos causados hace tres años por un derrame de residuos tóxicos en dicho cauce.

Acusaron de incumplimiento de compromisos al gobierno federal –por conducto de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)– y al consorcio minero Grupo México, cuya filial, Buenavista del Cobre, en el municipio de Cananea, vertió en el río Sonora y su afluente, el Bacanuchi, 40 mil metros cúbicos de sustancias tóxicas, en perjuicio de 22 mil lugareños.

Los inconformes se quejaron de que el fideicomiso de 2 mil millones de pesos quedó suspendido el pasado 7 de febrero por órdenes de Grupo México, propiedad de Germán Larrea Mota Velasco. Con esos recursos supuestamente se resarcirían los daños causados por la contaminación del río, se brindaría atención médica a los afectados y se daría apoyo a las actividades económicas perjudicadas.

Después de que las comisiones Nacional del Agua y Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios tomaron muestras de agua y determinaron que las concentraciones de metales pesados no rebasan los límites permitidos por la norma oficial mexicana, Grupo México ordenó concluir las labores de remediación en el río. Por ello, ya no se ejercieron 700 millones de pesos.

Los manifestantes, convocados por los comités de cuenca del río Sonora, señalaron que el encargado de manejar el fondo privado, Rodolfo Lacy Tamayo –también subsecretario de la Semarnat–, usó en forma arbitraria los recursos y reportó en el sitio destinado para transparentar el gasto que se han utilizado mil 300 millones de pesos en el cumplimiento de acuerdos.

Buscan omitir remediación

Benjamin Cokelet, director y fundador de la organización civil Poder, que asesora legalmente a los afectados por el derrame, señaló que Grupo México violó acuerdos legales, por no aplicar las medidas ni respetar los plazos. Aseguró que el daño causado por el derrame es más grande de lo que se creía.

Apuntó que el consorcio de Larrea Mota Velasco actúa en forma ilegal y arbitraria no sólo en México, sino también en Estados Unidos y Perú, entre otros países.
Los más de 300 inconformes rechazaron la propuesta que el diputado priísta Fermín Trujillo presentó en el Congreso local, para que la ribera del río Sonora sea declarada zona económica especial.

Dicha iniciativa ha sido expuesta tanto en la Legislatura como en sesiones de cabildo en Arizpe, Banámichi, Huepác, San Felipe, Ures, Aconchi y Baviácora, de manera discreta y con votaciones unánimes, sin reglamentación de por medio y sin precisar su función.

Durante la movilización, Óscar Encinas y Ramón Miranda, residentes de Ures y Aconchi, respectivamente, afirmaron que, debido a la opacidad de la ley, la aplicación de esta medida beneficiaría sólo a la industria minera y no a la población.

Resarcir falsamente la falta de remediación. Para eso quieren la zona económica especial. No queremos que tapen un problema mayor con una curita. No hubo información previa y oportuna, reprochó Óscar Encinas Gámez.

Mientras los ciudadanos protestaban en Hermosillo, la mina Buena Vista del Cobre seguía operando. Guardias privados y elementos de la Policía Federal resguardaron los accesos al yacimiento, ante la posibilidad de una manifestación.

Los trabajos se realizan en los yacimientos La Mariquita, El Jaralito y 16 de Septiembre, en una franja de 37 kilómetros de largo y 22 de ancho. La mina vierte desechos tóxicos en más de tres presas de lixiviados cercanas al río Sonora.

El derrame de 40 mil metros cúbicos ocurrido el 6 de agosto de 2014 afectó 17.6 kilómetros del arroyo Tinajas, 64 kilómetros del Bacanuchi y 190 kilómetros del río Sonora, hasta la presa El Molinillo, que abastece a la mitad de la población de Hermosillo.

Grupo México reportó a la Bolsa Mexicana de Valores que sus utilidades aumentaron más de 60 por ciento en el segundo trimestre de 2017 en comparación con el periodo enero-marzo, y ascendieron a 557 millones de dólares.

Sin embargo, tres años después del derrame tóxico, la empresa no ha cumplido su compromiso de remediar los daños ambientales, instalar plantas potabilizadoras y financiar atención médica a los habitantes afectados.
Fuente:http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/08/07/gobierno-y-grupo-mexico-olvidan-a-damnificados-por-derrame-en-sonora