Argentina

El saqueo del litio en el noroeste argentino

No muchos argentinos parecen advertir que hace ya 20 años que una gran corporación química norteamericana llamada FMC Lithium explota el Salar del Hombre Muerto, ubicado en la provincia de Catamarca, posicionándose entre las cuatro mayores productoras mundiales de litio (SQM, Albermale, Tianqui y FMC controlan el 80 por ciento de las exportaciones mundiales). Y muchos menos son los que conocen la manera en que dicha empresa logró adjudicarse en 1991 el contrato de explotación, protagonizando una de las privatizaciones más escandalosas y a la vez más ocultas de nuestra historia reciente.

Casi todo el mundo sabe hoy que el litio es un metal muy liviano, que sirve para fabricar las baterías recargables que llevan los dispositivos electrónicos portátiles y que también empiezan a ser utilizadas para impulsar los nuevos vehículos eléctricos y almacenar energía renovable. Incluso bastante gente sabe además que los salares de la puna sudamericana contienen enormes reservas de litio, una materia prima “estratégica” que en los últimos años no hizo más que aumentar su precio internacional, “atrayendo” inversiones extractivas directas de todo el globo (si bien el litio no cotiza en bolsa, se estima que entre 2014 y 2016 su valor promedio pasó de 5.000 a 7.500 dólares la tonelada, alcanzando en el último año picos cercanos a los 18.000 dólares). Sin embargo, no muchos argentinos parecen advertir que hace ya 20 años que una gran corporación química norteamericana llamada FMC Lithium explota el Salar del Hombre Muerto, ubicado en la provincia de Catamarca, posicionándose entre las cuatro mayores productoras mundiales de litio (SQM, Albermale, Tianqui y FMC controlan el 80 por ciento de las exportaciones mundiales). Y muchos menos son los que conocen la manera en que dicha empresa logró adjudicarse en 1991 el contrato de explotación, protagonizando una de las privatizaciones más escandalosas y a la vez más ocultas de nuestra historia reciente.

Incluso pareciera desconocerlo la propia gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, que, a pesar de la existencia de severos problemas ambientales y del nulo desarrollo socioeconómico local producido por la empresa tras 20 años de explotación ininterrumpida, envió al senado provincial un proyecto de ley para reducirle las ya minúsculas regalías mineras (del 3 al 2 por ciento) y liberarla de la única regulación que hasta hoy le impide poder especular con las acciones y los derechos mineros de su subsidiaria local, Minera del Altiplano SA. Un breve repaso por esa historia quizás sirva para despejar las dudas que puedan tener los legisladores catamarqueños a la hora de custodiar el interés general.

En realidad, el proyecto que hoy explota la FMC sobre el Salar del Hombre Muerto pertenecía originalmente a la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM), que entre los años 1960 y 1970 exploró los salares de la puna interesada por los usos del litio en la fusión nuclear. Sin embargo, la última dictadura militar –como corresponde– decidió incorporar al litio entre las sustancias concesibles del Código de Minería y en 1982 intentó transferir el proyecto de la estatal DGFM a la norteamericana FMC, que por entonces se llamaba Lithco y afrontaba juicios por contaminación ambiental en Bessemer City. Pero la derrota en la guerra de Malvinas interrumpió el proceso licitatorio y la empresa norteamericana debió esperar hasta la llegada de Menem. En efecto, después de varios intentos fallidos, en febrero de 1991 logró repentinamente obtener el ansiado contrato de explotación, debiendo reconocer una pequeña participación de la DGFM y de la provincia de Catamarca en la flamante Minera del Altiplano SA que se haría cargo del proyecto (2,5 por ciento para cada una), con la correspondiente designación de un miembro en el directorio. Según Vicente Méndez, por entonces jefe del Departamento de Geología y Minería de la DGFM, la “expeditiva resolución” se debió al famoso crimen de María Soledad ocurrido en septiembre de 1990, que habría llevado alas autoridades provinciales a confirmar velozmente la transferencia de los dos proyectos más relevantes de la minería argentina –Salar del Hombre Muerto y Bajo La Alumbrera–, suponiendo que ambos contratos “descargarían las tensiones y llevarían el olvido a las multitudes que diariamente pugnaban con sus marchas contra la estabilidad del gobierno de (Ramón) Saadi pidiendo justicia” (Méndez, 2004: 17). Al mes siguiente, el gobernador fue destituido y la provincia intervenida por el gobierno central.

En los años siguientes, las reformas legales e institucionales impulsadas por el Banco Mundial para el sector minero argentino (Pasma), no harían más que consagrar un régimen sectorial diseñado a la medida de las corporaciones mineras que ya se habían radicado en el país. De esa forma, a la Ley de Inversiones Mineras de 1993 (que garantiza enormes beneficios impositivos, 30 años de estabilidad fiscal y regalías limitadas al 3 por ciento),se suma la incorporación del artículo 124 a la Constitución Nacional que transfirió los recursos naturales a las provincias y –como si eso no fuera suficiente– un régimen de reintegro adicional para las exportaciones mineras de la Puna (originalmente del 5 por ciento, reducido a la mitad en enero de 2002). En el caso particular de la FMC, la Reforma del Estado de Menem liquidó la DGFM, cediendo a la provincia de Catamarca su participación en Minera del Altiplano SA, que así debía subir al 5 por ciento. Pero en 1994, el entonces gobernador Arnoldo Castillo (que había gobernado la provincia durante la dictadura militar), consideró que esa mínima regulación era excesiva y firmó un nuevo contrato con la empresa, eximiéndola de pagar el canon de agua y reduciendo la participación provincial al 3 por ciento.

Cabe recordar que, por aquel entonces, la FMC también tenía los ojos puestos sobre el Salar de Uyuni ubicado en Bolivia (la mayor reserva de litio del mundo). Pero en 1993 decidió renunciar al contrato de explotación adjudicado, debido a las condiciones de participación y fiscalización pública que las universidades y el parlamento boliviano pretendían exigirle, en medio de extensas e intensas protestas sociales en todo el país (allí mismo el actual gobierno de Bolivia impulsa hoy un proyecto de industrialización 100 por ciento estatal). Si bien el Salar del Hombre Muerto era de menor relevancia, la FMC decidió privilegiar una política minera que, en los hechos, se reducía al 3 por ciento de regalías, sin ningún límite ni control en la extracción de salmueras y en el consumo de agua dulce y una participación del estado provincial que apenas le exigía no vender las acciones del proyecto ni los derechos mineros que le habían sido transferidos por la empresa estatal.

Así fue como, a fines de 1997, Minera del Altiplano SA logró inaugurar el proyecto de litio sobre el Salar del Hombre Muerto, donde posee una planta de carbonato de litio, más una planta de cloruro de litio ubicada en General Güemes, Salta, sumando una producción anual promedio de 16.500 toneladas que exporta en su totalidad vía puerto chileno, principalmente a sus propias plantas industriales de EE.UU. y a China. Mientras tanto, el departamento de Antofagasta de las Sierras donde se encuentra el Salar del Hombre Muerto, aún permanece aislado (los operarios son trasladados en avión al proyecto que posee su propia pista de aterrizajes), su escasa población de 1500 habitantes carece de los servicios básicos y la Dirección de Gestión Ambiental Minera recibió serias denuncias por la contaminación del delta del río Trapiche (que drena al sur del salar donde se emplazan las instalaciones de la empresa).

De esta forma, a diferencia de lo que ocurre en Chile y en Bolivia (que también poseen enormes reservas de litio bajo sus salares andinos), la legislación argentina no reconoce el carácter “estratégico” del litio, permitiendo al sector privado acceder a los yacimientos públicos a través de una concesión minera ordinaria y disponer de ellos libremente para venderlos, arrendarlos, hipotecarlos o explotarlos hasta agotarlos, con el ritmo, la escala y las consecuencias ambientales que quieran. Es por ello que hoy, frente a la creciente demanda internacional, las inversiones extractivas directas se apuran por adquirir derechos sobre nuestros salares, incluidas las grandes corporaciones globales del litio, como la chilena SQM, controlada por el ex yerno de Pinochet, que no puede ampliar su explotación en el salar de Atacama por protagonizar los mayores escándalos de corrupción de la historia de Chile (pero es recibida con total pleitesía por el gobierno de Jujuy e incluso por el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri).

Para no ser menos, la gobernadora de Catamarca y presidente del PJ provincial, Lucía Benigna Corpacci, decidió ponerse a tono con la política minera de Cambiemos y, luego de celebrar el fin de las retenciones, prometió públicamente a los gerentes de la FMC modificar los contratos de explotación vigentes para reducir las regalías en un 2 por ciento sobre el valor de las venta y liberarla del impedimento de vender las acciones y los derechos mineros sobre el Salar del Hombre Muerto. En otras palabras, si en los ´90 renunciamos a la propiedad estatal de uno de los mayores proyectos de litio del mundo, ahora pretenden que renunciemos también a regular siquiera el alquiler. Sin embargo, según los propios contratos de privatización, cualquier nueva modificación deberá ser refrendada por el parlamento provincial. Aunque parezca mentira, una vez más, funcionarios y gerentes buscan convencer a los legisladores y a la sociedad civil de la urgente necesidad de eliminar cualquier vestigio de regulación soberana sobre los bienes naturales de nuestro subsuelo, repitiendo las míseras promesas del pasado: generar 200 empleos e infraestructura básica para la comunidad local. ¿Podrán justificar nuevamente semejante desproporción? Esta vez, sin embargo, ya no hay lugar para crédulos, ingenuos o distraídos.

Fuente: http://noalamina.org/argentina/catamarca/item/38434-el-saqueo-del-litio-en-el-noroeste-argentino

* Sociólogo (UBA), becario Conicet en Temas Estratégicos, integrante del Programa de Intervención Socio Ambiental (Piidisa) de la Universidad Nacional de Quilmes.

Perú

Comunidades afectadas por la minería esperan del Papa un mensaje de esperanza y defensa frente a la violencia ambiental que sufren sus territorios

La Red MUQUI Perú y la Red Iglesias y Minería, enviaron una carta al Papa Francisco, en el marco de su visita a Perú. En ella, dan a conocer al Papa, la situación de violencia y criminalización que viven las comunidades afectadas por la minería en el Perú, por defender sus derechos.

Al mismo tiempo, indican que las comunidades esperan del Papa, “un mensaje inspirador y esperanzador”, “un mensaje de denuncia de la situación ambiental, generada por un modelo económico consumista que se refleja en la depredación por parte de la actividad minera en los territorios de los pueblos indígenas”.

“La imposición de un modelo de consumo mundial” -dice el texto de la carta- “genera también la imposición de una serie de actividades económicas en países como el Perú, que es visto geopolíticamente sólo como un productor de materias primas a bajo costo y de trabajo barato, funcional a los países industrializados (…) lo que hace que nuestra economía sólo decida su futuro en base a la minería e hidrocarburos, que en ambos casos presionan más del 50% de las tierras de nuestras comunidades campesinas y nativas, que poco a poco están siendo condenadas a la desaparición por la pérdida de sus tierras”.

“¿Tenemos que morir para que nuestro país tenga plata?”, dice el dirigente campesino Flavio Huarqque de Apurímac, donde se opera el proyecto minero Las Bambas, de capitales chinos.

“Frente a su mensaje esperanzador e inspirador, Santo Padre, nuestros gobernantes en el Perú, los mismos que Su Santidad recibió en su despacho en Roma para invitarlo a Perú, toman medidas, dictan normas, y establecen políticas públicas, que desregulan en materia ambiental y social y facilitan el acceso de los intereses económicos de las empresas mineras, poniendo en riesgo la salud ambiental y humana de las personas, su entorno y la supervivencia de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas en el Perú. Hay una gran incoherencia que denunciamos ante Su Santidad, en espera que pueda hacer un llamado, durante su visita, al gobierno del Perú al respecto”., denuncian La Red MUQUI -Perú y la Red Latinoamericana Iglesias y Minería.

“Los pueblos indígenas y comunidades, no quieren que se les siga imponiendo un modo de vida. Quieren vivir respetando la naturaleza de la que son y se sienten parte, quieren vivir de sus actividades económicas ancestrales, que también son las que mantienen nuestra canasta familiar a nivel nacional, como la agricultura familiar y la ganadería”, manifiestan los autores de la carta, dirigida al Santo Padre, con la expectativa que de un mensaje en defensa de los territorios de los pueblos indígenas del Perú.

La Red MUQUI Perú, es un colectivo de 29 instituciones de 11 regiones del Perú. La Red Iglesias y Minería, reúne a organizaciones de iglesias de Latinoamérica, cuya misión es acompañar a los pueblos y comunidades en la defensa de sus derechos y de su ambiente.

Algunos aspectos claves de la Carta al Papa Francisco enviada por la Red Muqui y la Red Iglesias y Minería:

Un mensaje de respeto a las Comunidades Campesinas y sus territorios

El pueblo peruano, reconoce en la oración de San Francisco de Asís, a la Madre Tierra que, en nuestras lenguas originarias, se traduce como “Pacha Mama”. Cosmovisión ancestral de nuestros pueblos originarios, comunidades campesinas y nativas en el Perú, la que hemos ido olvidando por la presión del modelo económico de consumo que hoy nos invade y sojuzga.

“¿Tenemos que morir para que nuestro país tenga plata?”, interpelaba indignado al Ministro de Salud, el dirigente campesino Flavio Huarqque de Apurímac, donde se opera el proyecto minero Las Bambas, de capitales chinos. Usted, Santo Padre, ha reiterado en sus mensajes a los movimientos sociales, “la primera tarea es poner la economía al servicio de los Pueblos: los seres humanos y la naturaleza no deben estar al servicio del dinero”. Pero, lamentablemente esa economía, en la práctica genera mayores brechas sociales que a su vez generan situaciones de conflictividad social. Por ello, nuestros pueblos demandan respuestas concretas a problemas concretos.

La Red MUQUI Perú y la Red Iglesias y Minería, enviaron una carta al Papa Francisco, en el marco de su visita a Perú. En ella, dan a conocer al Papa, la situación de violencia y criminalización que viven las comunidades afectadas por la minería en el Perú, por defender sus derechos.

Al mismo tiempo, indican que las comunidades esperan del Papa, “un mensaje inspirador y esperanzador”, “un mensaje de denuncia de la situación ambiental, generada por un modelo económico consumista que se refleja en la depredación por parte de la actividad minera en los territorios de los pueblos indígenas”.

“La imposición de un modelo de consumo mundial” -dice el texto de la carta- “genera también la imposición de una serie de actividades económicas en países como el Perú, que es visto geopolíticamente sólo como un productor de materias primas a bajo costo y de trabajo barato, funcional a los países industrializados (…) lo que hace que nuestra economía sólo decida su futuro en base a la minería e hidrocarburos, que en ambos casos presionan más del 50% de las tierras de nuestras comunidades campesinas y nativas, que poco a poco están siendo condenadas a la desaparición por la pérdida de sus tierras”.

“¿Tenemos que morir para que nuestro país tenga plata?”, dice el dirigente campesino Flavio Huarqque de Apurímac, donde se opera el proyecto minero Las Bambas, de capitales chinos.

“Frente a su mensaje esperanzador e inspirador, Santo Padre, nuestros gobernantes en el Perú, los mismos que Su Santidad recibió en su despacho en Roma para invitarlo a Perú, toman medidas, dictan normas, y establecen políticas públicas, que desregulan en materia ambiental y social y facilitan el acceso de los intereses económicos de las empresas mineras, poniendo en riesgo la salud ambiental y humana de las personas, su entorno y la supervivencia de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas en el Perú. Hay una gran incoherencia que denunciamos ante Su Santidad, en espera que pueda hacer un llamado, durante su visita, al gobierno del Perú al respecto”., denuncian La Red MUQUI -Perú y la Red Latinoamericana Iglesias y Minería.

“Los pueblos indígenas y comunidades, no quieren que se les siga imponiendo un modo de vida. Quieren vivir respetando la naturaleza de la que son y se sienten parte, quieren vivir de sus actividades económicas ancestrales, que también son las que mantienen nuestra canasta familiar a nivel nacional, como la agricultura familiar y la ganadería”, manifiestan los autores de la carta, dirigida al Santo Padre, con la expectativa que de un mensaje en defensa de los territorios de los pueblos indígenas del Perú.

La Red MUQUI Perú, es un colectivo de 29 instituciones de 11 regiones del Perú. La Red Iglesias y Minería, reúne a organizaciones de iglesias de Latinoamérica, cuya misión es acompañar a los pueblos y comunidades en la defensa de sus derechos y de su ambiente.

 

Algunos aspectos claves de la Carta al Papa Francisco enviada por la Red Muqui y la Red Iglesias y Minería:

Un mensaje de respeto a las Comunidades Campesinas y sus territorios

El pueblo peruano, reconoce en la oración de San Francisco de Asís, a la Madre Tierra que, en nuestras lenguas originarias, se traduce como “Pacha Mama”. Cosmovisión ancestral de nuestros pueblos originarios, comunidades campesinas y nativas en el Perú, la que hemos ido olvidando por la presión del modelo económico de consumo que hoy nos invade y sojuzga.

“¿Tenemos que morir para que nuestro país tenga plata?”, interpelaba indignado al Ministro de Salud, el dirigente campesino Flavio Huarqque de Apurímac, donde se opera el proyecto minero Las Bambas, de capitales chinos. Usted, Santo Padre, ha reiterado en sus mensajes a los movimientos sociales, “la primera tarea es poner la economía al servicio de los Pueblos: los seres humanos y la naturaleza no deben estar al servicio del dinero”. Pero, lamentablemente esa economía, en la práctica genera mayores brechas sociales que a su vez generan situaciones de conflictividad social. Por ello, nuestros pueblos demandan respuestas concretas a problemas concretos.

Fuente:http://iglesiasymineria.org/2018/01/08/comunidades-afectadas-por-la-mineria-esperan-del-papa-un-mensaje-de-esperanza-y-defensa-frente-a-la-violencia-ambiental-que-sufren-sus-territorios/

Mexico

La esperanza única o la única esperanza

El mayor sitio sagrado del pueblo indígena Wixárika o huichol es Wirikuta (SLP); ha conservado su identidad espiritual y continúa practicando su tradición cultural y religiosa desde hace miles de años. Ahí se originó la Creación, y es a donde peregrinan las comunidades Wixárika, recreando el recorrido que hicieron sus antepasados. Allí se teje y se sostiene la esencia de la vida del planeta. El Cerro Quemado es el punto donde nació el sol y es el altar más importante y sagrado. Esta región posee un ecosistema único en el mundo; concentra la mayor biodiversidad y riqueza de cactáceas del planeta; es un jardín de plantas amenazadas y en peligro de extinción. Una gran proporción de su flora y fauna es endémica; el Águila Real vive ahí. La destrucción de Wirikuta implicaría la destrucción del pueblo wixárika.

En 1911 el gobierno mexicano entregó 22 concesiones mineras a canadienses a través de la empresa mexicana Real Bonanza SA de CV. El 70 % de las hectáreas concesionadas están dentro de la Reserva de Wirikuta. Se anunció un mega proyecto minero de la empresa canadiense Revolution Resources, esta pretendía explotar recursos minerales en 59,678 hectáreas dentro del Área Natural Protegida de Wirikuta, un 42.56% de su superficie total. El método de explotación sería minado de Tajo a cielo abierto y el sistema de beneficio mediante cianuración. Grandes cantidades de agua serían utilizadas por la mega minería, provocando desecamiento de cuencas hídricas ya sobreexplotadas y con muy poca capacidad de recuperación; los manantiales sagrados donde el pueblo wixarika recolecta sus aguas benditas, serían contaminados con cianuro y metales pesados.

Ante tan grave situación, ciudadanos de diferentes partes del país organizaron el Frente de defensa «Tamatsima Wahaa», con el lema «Salvemos Wirikuta, corazón sagrado de México» se integraron todas las comunidades Wixárikas, grupos universitarios y sociales, hubo extensa participación ciudadana. Se organizaron marchas hacia la residencia presidencial los Pinos para entregar un primero y un segundo pliegos petitorios firmados por todas las comunidades donde se manifestaba que se mantendrían firmes en su camino de defensa y protección de Wirikuta. Solicitaban elevar a rango federal la protección como área natural protegida; cancelar las concesiones mineras y clausurar los trabajos que destruyen ilegalmente cientos de hectáreas. Se realizó el Concierto «Wirikuta Fest», para socializar la causa y obtener recursos que apoyaran la defensa integral, al cual asistieron más de 55,000 personas.

Finalmente, en 2012 y 2013, los tribunales federales otorgaron la suspensión de 40 concesiones mineras, entre ellas la del megaproyecto. Esta acción legal detuvo todos los trabajos mineros en el territorio sagrado de Wirikuta. Además, se legisló que «Ninguna entidad gubernativa, ya sea Municipal, Estatal o Federal puede otorgar permisos (de exploración ni explotación) para que se realicen trabajos mineros en la zona. Las autoridades del Estado Mexicano deberán proteger la zona ante actos de terceros que puedan violar esta suspensión».

La UNESCO declaro a Wirikuta «patrimonio de la Humanidad». Un auténtico triunfo ciudadano, ejemplo de valor cívico y paradigma civil: el enfrentamiento de indígenas y ciudadanos con las poderosas mineras canadienses y sus miles de millones de dólares.

Ahora en Torreón vivimos un momento histórico insuperable e ideal para destruir las viejas y nocivas inercias y revertir los valores de los fundadores de esta ciudad, cuyos principios enmarcaron aquel Torreón idílico: constancia, unión, fe, alianza, esperanza y otros umbrales celestiales. Hoy en la ciudad podemos respirar un aíre más propenso a lograr cambios importantes; pero debemos mantener en alto la bandera de la ciudadanización ante todas las acciones que nos afectan, el cambio de partido sólo debe verse como oportunidad de mantener nuestra postura; pasar de esclavos de un gobierno municipal dictatorial, amenazante e insultante, a personas libres que podamos preguntarnos cómo queremos vivir y cambiar radicalmente el entorno; después, seguir luchando para que esa libertad se mantenga a toda costa.

Basta ver las paupérrimas condiciones en que quedó Torreón después de 8 años de saqueo y destrucción, para que tomemos consciencia de a dónde queremos ir; ha dejado de ser hoy y aquí el tiempo de quejarnos, debemos volver a salir con increíble energía y decidir cuál debe ser nuestro papel dentro del escenario que, como ciudadanía, debemos adoptar ante los cambios de 2018. Ya amanece con algunos síntomas positivos como la participación ciudadana en SIMAS; un buen avance, pero ahora deberemos continuar fiscalizando para evitar desvíos de conductas.

Si bien es cierto que un partido diferente asumió, por un año seguro hasta ahora, la dirección del municipio, todos los torreonenses debemos seguir insistiendo en nuestra dignidad; apoyar lo positivo y criticar con propuestas propositivas lo que falte. Pero a cambio los beneficios que están en juego, entre ellos el sentido de existencia de la sociedad misma, debemos buscar una mayor calidad de vida. El maquiavelismo de los perdedores es inmenso y no cejarán en intentar destruir lo logrado; las invasiones a terrenos industriales de días atrás, son solamente la punta del iceberg de perjuicios contra nuestra ciudad y nuestra dignidad.

La pregunta más seria hoy es: ¿Dónde termina la simpatía y comienza el compromiso? El primer compromiso es con nosotros mismos, pero el secreto es entender que no estamos solos; vivimos en comunidad, si nosotros crecemos, crece todo nuestro contexto, ese es compromiso honesto; él nos llevará a abordar los problemas y reconocerlos con absoluta verdad, sean cuales sean las consecuencias. La verdad es fundamental y no acepta componendas, ni debemos permitirlas. Nos es indispensable construir respuestas fincadas en integridad y transparencia; nada de promesas imposibles de cumplir o que signifiquen solo beneficios para quienes las ofrecen; pero sobretodo, participación ciudadana en todas las acciones; única energía que garantiza un futuro promisorio.

Fuente:https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1420586.la-esperanza-unica-o-la-unica-esperanza.html

 

 

 

Argentina

Comienzarán las exploraciones del proyecto Calcatreu a manos de Patagonia Gold

El director ejecutivo de la filial argentina de la minera británica Patagonia Gold, Christopher van Tienhoven, informó que en marzo próximo comenzarán las exploraciones del proyecto Calcatreu, recientemente adquirido a Pan American Silver Corp. por US$ 15 millones. “Con los permisos oficiales de explotación de los departamentos de minería y medio ambiente estaríamos iniciando la exploración en marzo”, explicó.

El cierre de la transacción está previsto para el 31 de enero o incluso antes, con un primer pago de US$ 5 millones, mientras el resto se programó para el 18 de mayo, indicó van Tienhoven.

El depósito Calcatreu está en el departamento de 25 de Mayo, a 60 kilómetros al sur de la localidad rionegrina de Ingeniero Jacobacci.

Patagonia Gold informó que la iniciativa consiste “es un sistema aurífero de baja sulfuración de alta ley, con el afloramiento de mineralización en la supercie”.

Sobre el proyecto

Para noviembre de 2003 el proyecto tenía once sistemas de vetas (de oro y plata) delineadas, incluida una gran veta de 2 km de largo y 20 metros de ancho. El depósito es de oro adalaria de baja sulfuración.

En marzo de 2007 un estudio de factibilidad hecho por Snowden Australia por medio su subsidiaria Calcatreu Gold Project dio como resultado una operación de minería a cielo abierto de forma convencional con un rango nominal de 750,000 toneladas al año.

El potencial total de mineral es de 3,5 millones con densidades de oro de 3,86 gramos/tonelada y de plata de 33,22 gramos/tonelada. Y un costo efectivo de $280,83 de dólares por onza de oro. Para el 22 de marzo de 2012 el oro cotizaba a 1.637 dólares la onza.

Fuente:http://noalamina.org/argentina/rio-negro/item/38463-comienzaran-las-exploraciones-del-proyecto-calcatreu-a-manos-de-patagonia-gold

Argentina

Un grupo de intendentes impulsa un proyecto minero prohibido en la provincia

Los mandatarios apoyan el Plan Navidad, que prevé una inversión de U$S 1.000 millones pero se enfrenta con la prohibición que rige para las explotaciones mineras a cielo abierto en la provincia.

En una carta dirigida hoy al gobernador chubutense , Mariano Arcioni , los intendentes reclamaron que se permita el desarrollo minero de la provincia y consideraron que ese proyecto abrirá » un abanico de posibilidades para el desarrollo local».

Seguir leyendo esta noticia : http://www.telam.com.ar/notas/201801/238245-intendentes-de-chubut-piden-impulsar-millonario-proyecto-minero-prohibido-en-la-provincia.html

Argentina

Los chubutenses ampliamente contra la minería y la ridiculez de la “solución minera”

Blas Meza Evans, diputado provincial del FPV, señalo que Chubut tiene una clara posición de no a la minería y destacó sus coincidencias con Mario Das Neves, quien en la última etapa de su gestión tuvo una firme posición contra la minería. Considera ridículas las posiciones que sostienen que Chubut va a cambiar con la explotación de algún yacimiento minero. Desde hace quince años, inicialmente en Esquel y luego en toda la provincia, la población se informó sobre la actividad y sus efectos y rechaza la minería a gran escala.

Meza Evans formuló declaraciones sobre una posible habilitación en la provincia de actividades mineras como el proyecto Navidad.

Finalmente sostuvo que el FPV no está cerrado al debate minero, pero destacó el amplio consenso de los chubutenses en contra de la minería, señalando además considera ridículas las posiciones que sostienen que Chubut va a cambiar con la explotación de algún yacimiento minero.

Fuente:http://noalamina.org/argentina/chubut/item/38478-los-chubutenses-ampliamente-contra-la-mineria-y-la-ridiculez-de-la-solucion-minera.

Internacional

Trump revierte medidas ambientales en EE.UU. que abren la puerta a proyecto minero de los Luksic

El presidente norteamericano tomó medidas que revierten leyes relacionadas con la energía y minería que beneficiarán a la empresa Twin Metals Minnesota, del multimillonario chileno Andrónico Luksic, con un proyecto que afecta a uno de los mayores refugios ambientales de EE.UU.

Washington. La administración del presidente Donald Trump, aprovechó la época de vacaciones en EE.UU. para revertir varias leyes relacionadas con la energía, la minería y el transporte. Una de esas medidas es a favor de la empresa Twin Metals Minnesota, una filial del gigante minero chileno Antofagasta PLC, controlado por la familia del multimillonario Andrónico Luksic.

Las medidas, que estratégicamente fueron poco comentadas en los medios, representan una marcha atrás a la regulación medioambiental impulsada por la administración de Barack Obama, publica triplepundit.com.

En el caso del proyecto minero, Trump revirtió la acción de su antecesor que declinaba la renovación  de los arriendos de cobre y níquel en 234.000 acres de tierras que bordean el refugio medioambiental Boundary Waters Canoe Area Wilderness, al norte de Estados Unidos y protegido desde 1926.

La acción de la administración Trump –que atenta contra una extensión de 1.200 millas de rutas de canoa, 2.000 campamentos y 12 rutas de senderismo en un millón de acres enclavadas en la frontera con Canadá- le permitirá a Twin Metals Minnesota, explorar una de las mayores reservas mundiales no explotadas de cobre y níquel del mundo.

En un comunicado, Twin Metals Minnesota se mostró satisfecha por la decisión, que calificó como “un importante paso para asegurar la certidumbre de las inversiones en proyectos mineros en EE.UU. y reafirmar los derechos de propiedad y el estado de Derecho”.

Un dato que dejó pasar la Casa Blanca, es que la familia Luksic – beneficiada con la medida-, alquila su mansión de Washington a la hija del presidente Trump, Ivanka Trump, por US$15.000 al mes. Sin embargo, un funcionario de la Administración aseguró que  “ni la señora Trump ni el señor Trump estaban al tanto de la situación, no tienen nada que ver con ella, y nunca han conocido a su casero”.

Suavizan regla de Sistemas de Seguridad de la Producción. La Oficina de Seguridad y Medio Ambiente de Aplicación (BSEE, por sus siglas en inglés), que se encarga de hacer cumplir la seguridad del trabajador y la protección del medio ambiente dentro de la industria del petróleo y el gas, comunicó que hizo mejoras a las reglas de producción orientadas a reducir los diversos riesgos ambientales y de seguridad, que le permitirá ahorrar a la nación unos US$228 millones.

“Estoy seguro de que esta revisión de la Regla de Sistemas de Seguridad de la Producción nos mueve hacia el cumplimiento de la meta de la Administración de lograr el dominio de la energía sin sacrificar la seguridad”, dijo el director de BSEE, Scott Angelle.

La acción de la administración Trump atenta contra una extensión de 1.200 millas de rutas de canoa, 2.000 campamentos y 12 rutas de senderismo en un millón de acres enclavadas en la frontera con Canadá.

El funcionario aseguró en una declaración pública, que “al reducir la carga regulatoria en la industria, estamos alentando el aumento de la producción nacional de petróleo y gas a la vez que mantenemos un alto nivel de seguridad y sostenibilidad ambiental”.

Las reglas, que fueron suavizadas, habían sido diseñadas para reducir los riesgos ambientales de eventos como la explosión de 2010, que causó la muerte de 11 trabajadores y provocó el desastre de Deepwater Horizon en el Golfo de México.

Revocó reglas anti-fracking. Durante el último día hábil antes del fin de año, la Oficina de Administración de Tierras (BLM, por sus siglas en inglés) rescindió las normas de 2015 que promulgaron limitaciones sobre fracking en tierras públicas.

Aunque los litigios en cursos habrían impedido que las regulaciones entren vigencia, la Oficina decidió cambiar las reglas de juego para “reducir la carga de las regulaciones federales que obstaculizan el crecimiento económico y el desarrollo energético”.

Dentro de sus anuncios de cierre de año, la BLM dijo que unos 1.700 pozos de fracking están programados para iniciar perforaciones en territorio federal, pero también de nativos americanos, durante el actual año fiscal.

Revierte política de protección a aves migratorias. Otras de las medidas tomadas por la administración Trump, esta vez en la víspera de Navidad, tiene que ver con la extracción de minerales. El departamento del Interior eliminó una política diseñada para la protección de las aves migratorias, que implica un retroceso de cien años, según la Sociedad Audubon.

Aunque la decisión no significa que las empresas tienen libertad para destruir con el hábitat de las aves, si implica que muchas de las compañías dejen de invertir en tecnologías o desarrollen medidas preventivas para evitar la muerte de estas especies.

De acuerdo con la Sociedad Audubon, la reversión de estas reglas revierte 100 años de progreso que datan de la aprobación de la Ley del Tratado de Aves Migratorias (MBTA) en 1918.

“Eliminar la MBTA va en contra de décadas de precedentes legales, así como principios conservadores básicos «, dijo David O’Neill de la organización, en un comunicado. “Durante generaciones, los republicanos y los demócratas han adoptado tanto la conservación como el crecimiento económico y ahora esta Administración los enfrenta unos a otros”, añadió.

Fuente:https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/trump-revierte-medidas-ambientales-que-abren-la-puerta-proyecto-minero-de-los

Ecuador

Acciones en áreas protegidas de Azuay

El Ministro del Ambiente, Tarsicio Granizo, en su visita a este medio de comunicación dialogó sobre los proyectos que se implementarán para la protección y conservación de las áreas protegidas en la provincia y el país. Informó algunas de las acciones a emprenderse luego de la consulta popular.

En su primera visita a Cuenca, ¿cuáles fueron sus actividades?
La entrega formal de los planes de manejo del Parque Nacional Cajas y de Quimsacocha, para los próximos 10 años. La firma del convenio de comodato mediante el cual se entregó 2.400 metros cuadrados de terreno en el sector Illincocha, dentro del Parque Nacional Cajas, para el establecimiento de una estación bomberil y la adjudicación de 8.506,7 hectáreas de tierras, con fines de conservación y desarrollo sostenible a más de 150 beneficiarios invitados de la comuna Marco Pérez de Castilla.

¿A qué corresponden estos planes de manejo?
No es un plan de manejo hecho en Quito, ni es hecho por biólogos, es un plan de manejo en el que han participado los actores fundamentales que tienen que ver con esta área, porque en nuestra administración les he dicho a los compañeros, ya no más eventos con ambientalistas porque no se trata de convencer a los convencidos sino de sumar a los diferentes actores.

Con la pregunta 6 de la consulta popular, de ganar el Sí, ¿Quimsacocha quedaría libre de minería?
Lo que dice la pregunta es que no se puede hacer minería metálica bajo ninguna modalidad o fases, en áreas protegidas como en centros urbanos y áreas intangibles; en el área de recreación de Quimsacocha, no se podrá hacer minería.
Hay temas que quitan el sueño, uno es la minería y otro es los desechos sólidos, en el segundo hay todavía la mitad de municipios del país que no tienen un manejo adecuado y que causan la contaminación de más de 100 ríos.

Otra de las preguntas es la número 7, que se refiere al área protegida del Yasuní…
Es un área emblemática, la más grande del país, la más biodiversa del mundo que requiere cuidado especial, lamentablemente tiene petróleo, por lo que estamos haciendo es minimizar el impacto ambiental y al mismo tiempo compensar esa explotación petrolera, ampliando la zona intangible de al menos 50 hectáreas, que es la zona que protege a los pueblos en aislamiento.

¿Qué proyectos se cumplirán luego de la consulta popular?
Después de la consulta popular, en la que el Gobierno espera gane el Sí, se lanzará el programa ‘Reverdecer Ecuador’, que consta de siete pilares que tienen que ver con conservación con sistemas de áreas protegidas; regeneración y reforestación porque las tasas de esta última en lugar de bajar han subido en el país; una educación ambienta; bioeconomía; cuidado de los animales; ciudades sostenibles y regularizar el tema minero.

Esta cartera de Estado está en un proceso de diálogo con el Ministerio de Minería, ARCOM y otros entes afines, para definir estrategias de regulación de esta actividad, pues, en la actualidad, el 86 por ciento de concesiones mineras no tienen licencias ambientales, en los que no están las grandes mineras sino los mediados y pequeños, los artesanales.

En Azuay, hacemos monitoreos continuos a los proyectos Loma Larga y Río Blanco, el problema no son tanto las grandes mineras, son los pequeños que no tiene registros ni permisos ambientales y que contaminan las aguas. (I)

Fuente:http://www.eltiempo.com.ec/noticias/cuenca/2/427572/acciones-en-areas-protegidas-de-azuay

Colombia

Santurbán, el “ring” entre un alcalde y el presidente

El páramo de Santurbán, de 129 mil hectáreas, fue uno de los últimos dolores de cabeza del 2017 para el Gobierno, pues no solo el acto que lo delimitaba se cayó por considerarse que no incluyó a todos los involucrados, como la comunidad de Santurbán, sino que además se conoció el interés renovado de una empresa árabe para conseguir la licencia de explotación.

De modo que en este último semestre, se deberá iniciar la nueva delimitación con el agravante de que Bucaramanga puede conseguir asiento en la decisión de explotar la zona, un hecho que podría cambiar la forma como se decide popularmente si se admiten estos proyectos, ya que no se limitaría a los poblados geográficamente cercanos.

En cabeza de esta oposición a la intervención del páramo está el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, quien no ha tenido reparo en entrar de frente a debatir con el propio presidente, Juan Manuel Santos, quien lo tildó de populista.

EL COLOMBIANO dialogó con este mandatario local:

¿Por qué meterse al ring con el presidente?

No estoy cazando peleas ni con presidentes ni ministros, solo tenemos una posición firme para no permitir la explotación minera en Santurbán, con las consecuencias que genera sobre la fabricación de agua del páramo y la poca potencialidad con la que quedaría. Si el presidente cree que tener una posición firme, de cara a la ciudadanía, para no dejar sacar el oro a cambio del agua es ser populista, pues soy populista.

Sigue siendo inusual, sabiendo que los alcaldes usualmente prefieren tener al Gobierno de su lado…

Yo le envié cinco preguntas al presidente sobre el tema, sabiendo que iba a llamar a personas que supieran sobre el tema para responder. Sin embargo, yo solo he recibido una llamada del ministro de Minas (Germán Arce) quien solicitó que le dejáramos el tema a unos científicos que delimitaran el páramo, pero es que el problema no es de delimitación, sino de conservación de los recursos. Donde he visto explotación, por las licencias que da el Estado, no ha sido bueno para la comunidad y sí ha generado microclimas de economía donde solo los beneficiarios de cada empresa minera son los que ganan y el resto de la población quedan en abandono. La minería se puede hacer, sí, pero donde no haya la más mínima posibilidad en que no quedemos sin agua en 30 años. Ya será el próximo gobierno y tocará esperar cómo nos va con el próximo presidente.

Si usted consigue un puesto en el Anla, cambiaría la forma como se consulta a la gente frente a estos temas. ¿Lo tenía contemplado?

Yo digo que revisen el tema y nos den los argumentos. Si insisten en que la nación necesita tener esos ingresos, pues fácil: detengan la corrupción. Dicen que se roban 50 billones de pesos del erario, pues que detengan eso y rompan el matrimonio entre ejecutivo y legislativo. Con esa plata tienen lo de la minería.

Por qué cree que usted debe tener voz en este tema

Porque nosotros somos beneficiarios de esa fábrica de agua y todas las fuentes hídricas dependen que nos surten de Santurbán. Si lo dañamos ¿Cómo vamos a surtirnos? ¿Con monedas? Eso lo entienden cerca 130 mil personas de la ciudad que pidieron organizadamente pidieron tener su asiento. Yo estoy de su parte. .

 Fuente:http://www.elcolombiano.com/medio-ambiente/disputa-entre-el-presidente-y-el-alcalde-de-bucaramanga-por-paramo-de-santurban-JH7977128
Chile

Collahuasi enfrenta cargos por infracciones ambientales

Una de las denuncias fue interpuesta por una de las comunidades vecinas a las faenas de extracción de cobre, quienes acusaron que no se hicieron los procedimientos necesarios para hacerse cargo de un eventual derramamiento de material tóxico.

La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) formuló cargos este martes en contra de la Minera Doña Inés de Collahuasi, faena de extracción de cobre ubicada en el Desierto de Atacama. Según el texto de la entidad gubernamental, la empresa habría cometido infracciones a lo establecido en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), lo que podría acarrear una multa que superaría los 60 millones de dólares.

El alcalde de Pozo Almonte –comuna cercana a las labores mineras–, Richard Godoy, comentó a Radio y Diario Universidad de Chile que, al igual que el superintendente Cristián Franz, prefiere no opinar previo a la investigación de este supuesto incumplimiento.

“Estamos recabando antecedentes para ver qué es lo que realmente sucedió respecto del incumplimiento y la sanción que está emitiendo la Superintendencia”, expresó.

Consultado respecto de los convenios que tiene la minera con el municipio, Richard Godoy indicó que este antecedente, que abarca la colaboración en materia educativa, no se presta para establecer una condicionante a la hora de sancionar públicamente el comportamiento de la empresa.

“Si acá una minera no cumple con su RCA vamos a ser tajantes nosotros y nos vamos a poner del lado que corresponde, que es cuidar el medio ambiente y también todo lo que viene a futuro para nuestra gente”, añadió.

Una de las denuncias realizadas ante la SMA fue presentada por la Comunidad Indígena Quechua de Huatacondo. Sus miembros se quejaron que el 27 de julio de 2016, Collahuasi “habría tenido un incidente menor de rotura en su mineroducto, a la altura del Camino a Quebrada Blanca y que el día 4 de agosto habría tenido un incidente mayor, cerca del poblado de Ujina y de un área de pastoreo ancestral, en la cual, según estimación del Servicio Nacional de Geología y Minería, se habría derramado un volumen de 4.500 metros cúbicos de material tóxico. Preocupa que no se haya aplicado el procedimiento debido”.

Alonso Barros, abogado de la Fundación Desierto de Atacama –representante de la comunidad–, explicó a este medio qué es lo que debería hacer la empresa ahora que se aceptó la reclamación.

“La idea es que la empresa ofrezca un plan de cumplimiento que se haga cargo de los daños o que mitigue los daños producidos a la flora y fauna, a la biodiversidad, lo que el derrame pueda haber provocado aunque sea dentro de sus instalaciones. Anduvo corriendo esta agua contaminada a pampa abierta y no sabemos hasta qué punto”, dijo.

La mitigación incluye estudiar y hacerse cargo de los problemas producidos. Acorde a las palabras de Alonso Barros, Collahuasi debería lograr con la comunidad un convenio de co-monitoreo respecto de los recursos hídricos compartidos en la cuenca de Huatacondo.

Por el momento, como afirmó el abogado, la empresa deberá presentar el programa de cumplimiento, y si eso no está a la altura de las expectativas de la entidad fiscalizadora, se podría dar paso a cursar multas y otro tipo de sanciones.

Fuente:adio.uchile.cl/2017/12/27/collahuasi-enfrenta-cargos-por-infracciones-ambientales/