Chile

Pascua Lama y el afán de borrar los límites

Cada cierto tiempo aparecen informaciones en la prensa sobre nuevos fallos, resoluciones y controversias alrededor del proyecto Pascua Lama, armando un entramado de datos que suele ser difícil de seguir.

En días recientes la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) notificó la resolución que da por cerrada  la investigación que lleva hace más de cuatro años, lo que supone que la sanción al proyecto es inminente. De inmediato el diario La Tercera auguró la multa más alta de la historia para Nevada SpA, filial de Barrick Gold en Chile, obviando la demanda territorial más sentida, dada la gravedad de las infracciones, de  la anulación del permiso ambiental.

El expediente del caso es grueso y da cuenta de  más de 30 infracciones a las Resoluciones  de Calificación Ambiental (RCA) de un proyecto que por las mismas irregularidades, quedó a medio construir desde comienzos de 2013, y está paralizado por medidas cautelares de la autoridad fiscalizadora que fueron confirmadas por los tribunales, sin poder terminar la construcción para entrar en operación. La empresa ha buscado mañosamente minimizar las faltas, que en la mayoría de los casos fueron relevadas por la comunidad, no por el Estado, pues en Chile opera el auto-control de las empresas, por lo tanto la fiscalización es indirecta y estatalmente deficitaria.

 

Sin embargo,  las presiones de una minera sobre gobiernos extractivistas, rinden fruto: por ejemplo, logró que se acumularan  los dos procesos de sanción en curso (A 002-2013 y D 011 – 2015), por eso cuestiones que ocurrieron hace más de cuatro  años están siendo vistas con otras que ocurrieron en fechas posteriores a 2013, esto impide que un proceso constituya precedente del otro, evitando que la reincidencia agrave las faltas que se han seguido produciendo, sobre todo en lo referido a la contaminación de las aguas y el daño irremediable a los glaciares.  Sobre este mismo punto, a mediados de 2016, Barrick logró que se modificara la RCA del proyecto cambiando el sistema de monitoreo de las Aguas,  fijando una nueva línea base de éstas, con parámetros de concentración de metales pesados  más altos que lo que tenía el río antes de la llegada de la minera al Valle del Huasco, por lo tanto eximiendo de responsabilidad a la empresa de la contaminación que ha traído consigo y estableciendo que ésta es un fenómeno natural.

Es decir, estamos ante un proyecto inviable, mal evaluado, que ha violado sus escuálidos compromisos ambientales lo que ha tenido que ser denunciado y fiscalizado por las propias organizaciones territoriales porque no hay personal suficiente ni voluntad política para dar seguimiento a estas materias. Ante esto, lo normal sería que se encendieran las alertas en el gobierno y se revisara qué está mal, partiendo por el Tratado sobre Integración y Complementación Minera entre Chile y Argentina, que constituye la ley marco que posibilita despropósitos como estos. Y de hecho, las alertas se encendieron, pero no para frenar tanta locura y aprender de los errores, sino que para perpetuarlos y profundizarlos.

Actualmente, los gobiernos están relanzando este instrumento bi-nacional a través de un proceso rápido de renegociación, otra vez a espaldas de la ciudadanía y sin que se conozca evaluación alguna de sus impactos, pero sosteniendo en los medios de prensa que ha sido positivo, tanto que aunque en 20 años las comunidades hayan impedido la operación del primer proyecto que se pretendió realizar porque se emplaza en la zona de frontera, es decir en las nacientes de las aguas y de ecosistemas glaciares de los valles transversales de Chile, el gobierno aseguró que 32 nuevos proyectos similares a  “Pascua Lama” estarían en carpeta.

En este sentido, lo que resuelva la Superintendencia de Medio Ambiente SMA en los próximos días, será clave para determinar la autonomía de la principal autoridad de fiscalización ambiental de Chile,  en un país entregado en bandeja a las transnacionales mineras, en este caso. Sin duda en esta devastación ecosistémica y territorial a la que están sometiendo a los territorios, son los gestos honestos, valientes y comprometidos, los que hacen la diferencia. Como hiciera la ex SEREMI de salud de la Región de Atacama, Pilar Merino en el Caso de Termoeléctrica Castilla, cuando se negó a decir que las emisiones de la termoeléctrica más grande de América Latina eran solo molestas y no contaminantes, lo que supo ser aprovechado por la comunidad de Totoral. Esperamos que el Superintendente de Medio Ambiente, Cristián Franz, esté a la altura y revoque la autorización ambiental de un proyecto inviable, que de mantenerse con vida sentaría un precedente nefasto para la cordillera, que en nuestro país, alberga un 91%  de los glaciares existentes en  Sudamérica.

Fuente:http://radio.uchile.cl/2018/01/11/pascua-lama-y-el-afan-de-borrar-los-limites/

Mexico

Explotación minera en Actopan y Alto Lucero es un riesgo ambiental: Inecol

El proyecto Caballo Blanco pone en riesgo al corredor de aves rapaces, la biodiversidad de la zona e incluso se expone ante los meteoros.

Entrevistado en la XXX Reunión Nacional de Jardines Botánicos, aseguró que para el Inecol no es un proyecto recomendable y que no se necesita ser doctor en ecología para advertir el riesgo que representa la explotación de minerales en esta zona.

Por ese motivo, dijo que la semana pasada envió una carta al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, que no se ha querido pronunciar sobre la solicitud de la empresa ante Semarnat para la explotación de la zona– a fin de darle a conocer su preocupación por este proyecto que incluye 300 hectáreas en el Cerro de La Paila.

«El Instituto de Ecología está preocupado porque se trate de revivir el proyecto. En 2012 se propuso pro primera vez y el Inecol junto con otros 50 investigadores recomendamos que no se autorizará y ahora es exactamente el mismo sitio. Ahora han entregado un Documento Técnico Unificado y a reserva de que estudiemos con mucho cuidado esas mil 400 páginas y tengamos una opinión mucho más informada, lo que nos preocupa es que hay cosas que no pudieron haber cambiado».

Explicó que en este lugar hay biodiversidad que se pondría en riesgo, ya que es la única parte de la Sierra Madre que llega prácticamente hasta el mar, lo que lo convierte un sitio único. Además, recordó que es el corredor de aves migratorias más grande del mundo.

«Es el famoso corredor de rapaces y no tiene que ser un doctor en ecología para darse cuenta que si tienes una laguna llena de metales pesados donde llegan millones de aves migratorias, no es muy buena idea».

Rubio Godoy agregó que en este lugar hay cícadas milenarias; es decir, plantas que sobrevivieron desde la extinción de los dinosaurios, y que es una de las pocas poblaciones en el mundo con silos tropicales.

Abundó que a esto se añade el hecho de que el proyecto está muy cerca de la planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde y de zonas de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

«No me parece conveniente que esté cerca de los ductos, no soy experto en esto. Es una minera a cielo abierto y la otra objeción que le hacía al Gobernador la semana pasada es que nos preocupa que es un lugar expuesto a meteoros, hace dos semanas pasó uno que pasó más arriba y la probabilidad de que haya una tormenta muy grande es súper alta y es un riesgo que aumenta con el cambio climático porque es mucho más probable que haya meteoros más frecuentes y más fuertes».

Advirtió que esta actividad podría generar que ante un huracán las aguas y minerales que se usan para la extracción vayan a dar a zonas pobladas y, más aún, a los mantos freáticos, con lo cual se contaminarían las aguas que surten a las poblaciones vecinas.

«Si tienen a cielo abierto las cosas y les cae una cantidad descomunal de agua, todo eso se va a salir y los minerales pesados se van a diseminar por el suelo, se van a los mantos freáticos y la afectación puede ser gigantesca y permanente».

Fuente:http://www.e-veracruz.mx/nota/2017-09-04/ecologia/explotacion-minera-en-actopan-y-alto-lucero-es-un-riesgo-ambiental-inecol

Ecuador

Mujeres indígenas piden que se detengan las concesiones mineras y petroleras

La segunda mandataria, María Alejandra Vicuña, mantuvo este jueves un diálogo con las mujeres de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) y la Ecuarunari, en la Vicepresidencia de la República.
Las dirigentes, que apoyan la consulta popular, buscan principalmente que se terminen y se detengan las concesiones y que se revierta la política minera y petrolera en el país. Blanca Chancoso, vicepresidenta de la Ecuarunari, entregó la propuesta a Vicuña en la reunión.
Dentro del documento también consta la propuesta para impulsar el turismo comunitario y promover la agricultura. Vicuña resaltó que el Gobierno tiene una nueva línea en el campo minero.
Dijo que la economía del país depende todavía del extractivismo. Y agregó que se está trabajando para que ya no sea de esa manera. Aclaró que al momento el Gobierno revisa las licencias ambientales e instó a las mujeres dirigentes que le entreguen información sobre posibles incumplimiento de la ley. Indicó que el diálogo con las dirigentes se enmarca en la construcción del Estado Plurinacional e Intercultural que impulsa el Gobierno, y que se manifiesta en la consulta popular, que «busca corregir los errores que haya que corregir de la mano de todas las organizaciones y la ciudadanía.
Entre los temas está la minería». Maria Vicenta Andrade, subsecretaria de la Política, aclaró que en el proceso de diálogo con la Conaie, al momento, se realizan mesas de trabajo, para avanzar en temas de minería, educación y transporte. Por ejemplo, las representantes indígenas de Zamora Chinchipe le indicaron la preocupación por el tema minero, ya que según ella, tres cantones están siendo afectados por las actividades extractivistas, ya que existen 32 concesiones mineras por parte de la empresa Fruta de Norte.
En Loja, en cambio, la preocupación radica ya que en esa provincia hay más de 700 concesiones. Mientras en Cuenca, en la comunidad Río Blanco, una dirigente denunció que allí se hace una mala práctica minera por parte de una empresa china. Incluso, la actividad ha provocado que existan pugnas entre familias. «No vamos a permitir que nos sigan afectando», dijo, al tiempo que aseguró que la intención es que el Gobierno las apoye en el turismo comunitario.
En cambio, Maria Muñoz, de la parroquia de Tumbaco, en Quito, pidió que se analice la posibilidad de mejorar la calidad de vida en la zona, ya que luego de la construcción del Aeropuerto de Tababela, según dijo, «aumentó la delincuencia». Las representantes de la Amazonía también buscan que parem las actividades mineras que están afectando al agua y al aire. Al respecto harán una solicitud para pedir al Gobierno que no haya más contaminación. (I)

Fuente:https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/mujeres-indigenas-piden-que-se-detengan-las-concesiones-mineras-y-petroleras
Colombia

Cierran 33 bocaminas en el suroeste antioqueño

La minería en el suroeste antioqueño es un problema al que no han podido echar por tierra. El año pasado, cerca de una docena de municipios aprobaron acuerdos municipales diciéndole no a la minería metálica, y, para este 2018, las secretarías de Gobierno y de Minas de Antioquia, articuladas con el Ejército Nacional, informaron el cierre de minas en sectores donde se desarrollan actividades ilegales.

Es decir, aquellas que no están amparadas por un título minero, que son consideradas zonas de amenaza o presentan alto riesgo para quienes laboran allí.

“Entre las zonas impactadas se encuentran la cuenca del Sinifaná, en los municipios de Angelópolis y Amagá, donde se cerraron 33 bocaminas por ser esta región la de mayor número de accidentes presentados en la minería ilegal”, explicó Dora Balvin, secretaria de Minas de Antioquia.

Dichos cierres se llevaron a cabo con la debida priorización por el nivel de riesgo de cada unidad minera, con su respectivo acto administrativo expedido por la administración municipal competente. En cada caso se ordenó la suspensión y cierre de actividades de extracción.

En todo el suroeste, según explicó la secretaría, hay 156 de los 1.325 títulos mineros de Antioquia. Es decir que equivalen al 12 por ciento del territorio.

De igual forma, durante este año se continuará con los operativos de cierre de minas ilegales, para lo que tendrán en cuenta las solicitudes allegadas por las alcaldías municipales, “en las que se plasman necesidades en capacidad técnica y operativa para erradicar extracción ilícita de minerales en su territorio”.

Además, la funcionaria aclaró que la actividad no se trata solo de cierre. Para que los mineros impactados con la decisión puedan seguir ejerciendo su profesión bajo la legalidad, la secretaría puso a disposición diferentes programas de asesoría y capacitación en torno a los procesos de regularización.

Con estas iniciativas, la secretaría informó que ha regularizado 52 unidades productivas mineras (UPM), lo que representa un total de 800 empleos directos generados.

Fuente:http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/anuncian-cierre-de-33-bocaminas-en-el-suroeste-antioqueno-170258

 

Perú

Declaran Estado de Emergencia en todo el corredor minero

Todo el corredor. El estado de emergencia decretado hoy 11 de enero por el Gobierno abarca todo el corredor minero Apurímac-Cusco-Arequipa, con una longitud de casi 500 kms. Se trata de la vía que une las operaciones de Constancia y Antapaccay (Cusco) y Las Bambas (Apurímac) con el ferrocarril que lleva al puerto de Matarani (Arequipa). El decreto supremo 006-2018-PCM fue publicado esta mañana en el diario oficial El Peruano y tiene una vigencia de 30 días, aunque en otras oportunidades se ha prorrogado repetidas veces este tipo de medida.

El estado de emergencia implica que “quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio”.

En sus considerandos, el decreto en cuestión se basa en informes policiales “sobre los conflictos sociales advertidos en dichas zonas”.

Como se recuerda, algunos de los distritos comprendidos en este nuevo estado de emergencia ya se encuentran en esta situación supuestamente excepcional desde el 16 de agosto, medida que fue prorrogada hasta en tres oportunidades. Se trata de los distritos de Challhuahuacho, Haquira y Mara, los mismos que ya cumplieron un total de 120 días en emergencia.

“Lo que debería ser un estado de excepción (los Estados de Emergencia), en estas provincias se ha convertido en una costumbre que recorta derechos fundamentales de la población”, señaló José De Echave, vocero del Observatorio de Conflictos Mineros del Perú.

Dado que no se han registrado protestas desde hace meses, esta medida que suspende los derechos ciudadanos es inexplicable, y atiza una sensación de descontento que se viene incubando en la zona, en la medida en que la población viene experimentando los impactos crecientes de la actividad minera y del constante tránsito pesado en la vía.

Cabe indicar que el decreto autoriza a la Policía Nacional “con el apoyo de las Fuerzas Armadas” a mantener el orden interno según lo establecido en los decretos legislativos 1186 y 1095.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/01/11/declaran-estado-de-emergencia-en-todo-el-corredor-minero/

Colombia

Demandan a MinHacienda por impedir consulta popular en Córdoba, Quindío

Pese a que el Tribunal Administrativo del Quindío había dado la orden al Ministerio de Hacienda para tramitar los recursos necesarios para desarrollar la consulta popular en el municipio de Córdoba, Quindío, esa cartera ha hecho caso omiso a dicha decisión. Por ello el comité promotor de la consulta popular en Córdoba anunció que interpondrá una denuncia penal en contra del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, por desacato.

“El fallo es muy claro al ordenar a la Registraduría y a Minhacienda que adelanten las actividades necesarias para garantizar la realización de la consulta. La Registraduría lo hizo y el ministerio nunca se comunicó con la alcaldía y no respondió los requerimientos que se le hicieron para que participará en los dos comités de seguimiento electoral en diciembre”,  señala  Camilo Gómez, vocero del Comité a Crónica del Quindío.

El líder agrega que si bien la Registraduría ya ha acatado la orden y estipuló la fecha para el próximo 21 de enero, el Ministro se ha burlado de la orden del Tribunal y se ha pasado por la ‘faja’ la decisión de los magistrados».

La denuncia está basada en el artículo 454 del Código Penal Colombiano, donde  se establece el delito de fraude a resolución judicial. De ser así, este funcionario público podría pagar hasta 6 meses de prisión, además de una multa entre 5 y 50 salarios mínimos legales vigentes.

Habitantes se alistan para la consulta 

Mientras tanto ya se adelantan los preparativos del evento electoral y el Comité se ha reunido con las autoridades pertinentes como el registrador local, el alcalde, los secretarios de Gobierno y Planeación y el vocero del comité promotor.  Además se adelantan actividades pedagógicas, aunque aseguran que la población es consiente de la importancia de participar de la consulta.

“Hay que dejar en claro que el municipio, desde un principio, dijo que tenía el dinero para hacer la consulta, pero fue el mismo ministerio el que dijo que no se podía. Ellos cambiaron de manera abrupta las reglas y eso no lo pueden hacer. Esto es una burla al sistema de participación democrática de los ciudadanos, no solo de Córdoba, sino de otros 10 municipios que están en la misma situación”, dice Camilo Gómez.

Cabe recordar que en Quindío también el consejo municipal de Salento, le dio el visto bueno a la posibilidad de que a través de una consulta popular puedan decidir si quieren o no el desarrollo de actividades mineras en su territorio, de manera que se protejan riquezas naturales del país como el Valle del Cocora.

 Fuente:https://www.contagioradio.com/demanda_minhacienda_fallo_consulta_popular_cordoba_quindio-articulo-50441/

Chile

Uso de agua de mar en la minería chilena se triplicaría al 2028

Una serie de nuevos proyectos de desalinizadoras para la minería impulsarán con fuerza el consumo de agua de mar en los próximos años, según datos entregados por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). De acuerdo al informe “Proyección de Consumo de Agua en la Minería hacia 2028”, el uso de este recurso crecería 187% al 2028 en relación al cierre de 2017, llegando a los 11,2 m3 por segundo.

Al contrario, el uso de agua continental bajaría 4,9% al 2028, alcanzando los 11,5 m3 por segundo. De este modo, el consumo total de agua subiría 41,87% entre fines del año pasado y 2028, totalizando para esa fecha 22,7 m3 por segundo, según estimaciones de Cochilco. “Lo que esperamos es que de una relación actual, de un 85% de agua territorial y 15% de agua del mar, al 2028 prácticamente tengamos una relación de uno es a uno”, dijo la ministra de Minería, Aurora Williams, durante la presentación del informe.

El aumento del consumo de agua de mar se explicaría por la inauguración de una serie de nuevas plantas desaladoras que se planea construir. Dentro de ellas destacan las plantas de BHP, Escondida Water Supply y Spence Growth Project para el 2017 y 2019 respectivamente; la de Codelco Norte, Distrito Norte, para el 2021; y la de Teck, Quebrada Blanca fase 2 para el 2021.

“Si bien el uso de agua de mar soluciona en parte la escasez de agua en el Norte Grande de Chile, no resuelve el problema de la calidad del agua por los residuos mineros, por lo que es necesaria una buena gestión y eficiencia en el uso de agua, independiente de su origen”, comentó el director de estudios y politcas públicas de Cochilco, Jorge Cantallopts.

En relación al consumo eléctrico esperado, desde Cochilco comentaron que la demanda crecería desde 21,1 TWh hasta 29,2 TWh al año 2028, principalmente por una mayor cantidad de material tratado, mayor producción de concentrados de cobre, y mayor demanda de energía de las plantas desaladoras.

Fuente:http://www.pulso.cl/empresas-mercados/uso-agua-mar-la-mineria-chilena-se-triplicaria-al-2028/

Chile

Codelco hará modificaciones en mina Andina por amenaza a glaciares

La inversión tendrá un costo de 250 millones de dólares, y tiene como objetivo alejar las operaciones mineras de las zonas con presencia de glaciares.

Este martes, la División Andina de Codelco presentó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) «Adecuación de Obras Mineras DAND para Continuidad Operacional Actual», proyecto que asegura su funcionamiento, manteniendo los niveles autorizados de producción, de uso de agua y vida útil, pero alejando las operaciones mineras de las zonas con presencia de glaciares.

El proyecto sometido a estudio trata sólo de adecuaciones a la mina rajo ubicada a solo 80 kilómetros de la capital, y a su depósito de lastre, manteniendo sin variación el resto de las operaciones y procesos productivos de División Andina. En efecto, no implica aumentos de producción ni de consumo de agua, ni tampoco modifica la vida útil actual de la división.

El EIA contempla dos elementos centrales. Por una parte, modifica la forma del actual rajo de Andina, manteniendo su tamaño aprobado, pero redireccionando la explotación minera hacia zonas sin presencia de glaciares. Por otro lado, habilita la capacidad aprobada del depósito de lastre (Lastre Norte), adecuando su forma para no afectar glaciares de roca y reforzando sus sistemas de captación, conducción y acondicionamiento de las aguas que entran en contacto con zonas mineralizadas.

Según la cuprífera, la inversión de estas obras será de 250 millones de dólares y durante los 36 meses que tomará su construcción, se crearán 450 puestos de trabajo en promedio.

La empresa destacó que la aprobación de este EIA «permitirá mantener el actual aporte de División Andina al Valle de Aconcagua y al Estado de Chile, teniendo como eje central de su gestión la sustentabilidad de sus procesos, de forma de compatibilizar la actividad minera con el cuidado del medio ambiente».

Fuente:http://www.24horas.cl/economia/codelco-modificara-mina-andina-por-amenaza-a-glaciares-2609469#

Argentina

Gobierno nacional impulsa una ley minera para que se explote en provincias que la prohíben

Busca unificar la regulación con una ley federal que estimule la extracción en distritos donde está prohibida o severamente restringida: Chubut, Mendoza, Tucumán, Córdoba, La Pampa, San Luis y Tierra del Fuego. También podrían facilitar la compra de tierras para extranjeros. El Gobierno nacional quiere unificar las regulaciones mineras bajo una ley federal que permitiría a las compañías operar en todo el país, y para ello planea enviar un proyecto al Congreso a principios de 2018, después de llegar a un consenso con las administraciones provinciales. 

El paquete de reformas que el Gobierno tiene en carpeta trasciende lo dado a conocer hasta el momento. La administración macrista tiene al menos dos proyectos que necesitan aval legislativo en carpeta, poco comentados en los últimos meses: una reforma de la regulación minera, con un nuevo acuerdo federal con las provincias, y cambios en la ley de tierras.

Un informe de diciembre de la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) sobre los dos años de la gestión de Cambiemos, elaborado en inglés y destinado a inversores extranjeros, recoge el guante en ambos aspectos, y advierte que “el Gobierno quiere unificar las regulaciones mineras bajo una ley federal que permitiría a las compañías operar en todo el país”, y para ello “planea enviar un proyecto (al Congreso) a principios de 2018, después de llegar a un consenso con las administraciones provinciales”.

El informe no abunda en detalles, pero alude al nuevo Acuerdo Federal Minero que el presidente Mauricio Macri presentó en junio para reemplazar el pacto labrado en 1993, para generar un marco más amigable a las inversiones en un sector con tanta potencialidad como riesgo de generar pasivos ambientales, y que ha llevado a varias legislaturas provinciales a restringir o prohibir la extracción.

El acuerdo suscripto en junio por 14 provincias, pero sin el acompañamiento de San Luis, Chubut, La Rioja o La Pampa, todos distritos con alta capacidad, pretende eliminar el 1% que las empresas deben hasta hoy pagar para desarrollar las comunidades locales donde están sus emprendimientos, y fija un techo del 3% en regalías, que se calculará “sobre el importe total de ingresos brutos devengados”, y ya no sobre el valor “boca mina” del mineral extraído. Dichas provincias también podrán recaudar el 1,5% de la facturación a través de Fondos Provinciales de Infraestructura.

Desde la cartera de Energía y Minería, que conduce Juan José Aranguren, comentaron en aquella ocasión que el Acuerdo Federal Minero busca “homogeneizar y racionalizar los instrumentos de política minera”, creando “una nueva plataforma de despegue para la actividad”, que ofrezca “garantías de confianza y previsibilidad tanto a inversores como a las comunidades”.

El proyecto que se prevé debatir en el Congreso fija claramente que cada provincia firmante “promoverá la actividad minera y la producción de minerales según la modalidad que considere adecuada”, y que la Nación “mantendrá un compendio de la normativa aplicable en el ámbito nacional y de cada provincia en materia minera”, lo que obligará a las jurisdicciones a proveer al ámbito federal “la totalidad de la normativa relevante” y las modificaciones que pudieran surgir.

Entre las provincias signatarias del acuerdo se hallan Mendoza y Córdoba, que años atrás, bajo otras administraciones, prohibieron la actividad minera metalífera, pero ahora aprovecharían el impulso nacional para justificar futuros cambios en legislaciones.

Semanas atrás, desde Nación agitaron la posibilidad de retocar la Ley de Glaciares, que en términos generales veda la actividad minera en zonas glaciares y periglaciares. Pero la diputada Elisa Carrió, titular de la Coalición Cívica y socia de Cambiemos, le aplicó el veto con una carta abierta al secretario de energía, Daniel Meilán, que enterró de momento toda posibilidad de avance.

Fuente:http://noalamina.org/argentina/item/38510-gobierno-nacional-impulsa-una-ley-minera-para-que-se-explote-en-provincias-que-la-prohiben

Chile

Comisión ambiental de Magallanes rechaza uso de tronaduras por parte de Mina Invierno en Isla Riesco

La Comisión de Evaluación Medioambiental de la Región de Magallanes rechazó el uso de tronaduras por parte de la Mina Invierno con el fin de utilizarlas como método de extracción en la Isla Riesco. Esto, pese a que existía un Informe de Consolidación que era favorable para las pretensiones de la mina ligada a las familias Angelini y Von Appen.

La votación había arrojado un empate entre los seremis que aprobaban el uso de explosivos y quienes la rechazaban. Finalmente, fue el intendente Jorge Flies quien tuvo la decisión final y rechazó el proyecto.

Esta decisión fue celebrada por la senadora por la zona y ex candidata presidencial, Carolina Goic, quien señaló que el “rechazo a tronaduras en Mina Invierno para la extracción de carbón por parte de la comisión de evaluación ambiental de Magallanes, es una buena noticia porque resguarda un ecosistema y porque apunta en la dirección correcta. Apostemos por energías limpias!”.

Fuente:http://www.pulso.cl/empresas-mercados/comision-ambiental-magallanes-rechaza-uso-tronaduras-parte-mina-invierno/