Se han tramitado 70 procesos en el país, de los cuales 9 ya fueron votados en las urnas.
Las numerosas consultas populares demoran los proyectos de desarrollo del sector minero-energético del país.
Por ejemplo, si los precios del petróleo conservaran la tendencia actual, por cuenta de la mayor renta el fisco podría recibir 3,5 billones de pesos más de lo previsto en impuestos durante el 2019. Sin embargo, con la oposición a la extracción en varios departamentos se pierde una gran oportunidad de elevar los recursos, pues los inversionistas y las compañías se abstienen de ejecutar planes ante la incertidumbre de dichas decisiones.
Una recopilación del Ministerio de Minas y Energía conocida por EL TIEMPO indica que a diciembre 15 se habían tramitado 70 consultas populares, de las cuales 9 fueron votadas por los ciudadanos y 7, suspendidas, por lo cual finalmente no se llevaron a cabo.
Sin embargo, hay 54 propuestas que aún no se han decidido en las urnas, lo que equivale al 77 por ciento.
La financiación ha sido uno de los escollos, pues en octubre, la Registraduría Nacional del Estado Civil le respondió al municipio de Granada, Meta, que no serán apoyadas más con recursos del Gobierno y, para llevarse a cabo, tendrán que hacerse con dinero del municipio o el departamento que decida ejecutarlas.
El caso más sonado de estas consultas lo ganaron el pasado 26 de marzo, entre otros, los ambientalistas y políticos de Cajamarca, Tolima, en el que se impuso el no a la explotación de oro, con 6.165 votos ciudadanos frente a 76.
Por ello, casi un mes después, la multinacional Anglogold Ashanti suspendió un proyecto en el municipio y unos 400 trabajadores perdieron su empleo.
Dos victorias del no en Arbeláez, Cundinamarca, y Pijao, Quindío, también les cerraron las puertas a los proyectos mineros y las regalías en sus municipios.
Algunos promotores
Pero ¿quiénes son las personas que lideran las consultas en proceso? En Arauca, el comité que se opone a proyectos petroleros está encabezado por el exdiputado y excandidato a la Gobernación Édgar Fernando Guzmán Robles.
Entre tanto, en las 5 consultas en Caquetá contra proyectos de hidrocarburos se oponen el ‘Comité El Doncello libre de actividades petroleras’ y el ‘Comité promotor por la dignidad amazónica, El Paujil lucha por el territorio, el agua y la vida’.
La del municipio de Morelia, en Caquetá, la encabeza el concejal José Omar Vallejo.
En Cesar, el comité promotor ‘Por amor a San Martín, libre de fracking y minería por fin’ se opone a proyectos de hidrocarburos y minería en dicha región.
Asoquimbo, que dirige Miller Dussán Calderón, quien lanzó su campaña política a la Cámara de Representantes, lidera la oposición a proyectos en el departamento de Huila.
En Cundinamarca, hay oposición, entre otros, a proyectos petroleros en los municipios de Pasca, Medina, Sibaté y Venecia, que también tienen como objetivo la realización de la consulta.
En Huila, los alcaldes lideran oposiciones a programas de extracción en las poblaciones de Íquira, Oporapa, Santa María y Timaná, no solo para extracción petrolera, sino también en cuanto a generación de energía.
De las 54 consultas pendientes, solo 9 son de iniciativa popular; 5 son de los alcaldes; 3, de concejales y 4, de un solo ciudadano.
Las restantes 33 las promueven colectivos encabezados, entre otros, por políticos, ambientalistas y abogados, que se organizan en movimientos.
En Tauramena y Cumaral se han votado consultas populares en contra de la industria petrolera, pero la primera está demandada por Ecopetrol ante las instancias administrativas seccionales y de no prosperar recurriría al Consejo de Estado.
Igualmente, en Yopal, Aguazul y Monterrey, también en el departamento de Casanare, se están cocinando consultas populares para plantarse frente a la explotación en las jurisdicciones, según indicaron fuentes del sector a EL TIEMPO.
Entre tanto, según añade el documento de Minminas, en 18 municipios, entre los que se cuentan La Concordia (Antioquia), Paipa (Boyacá), Vista Hermosa (Meta), San Vicente de Chucurí (Santander) y Líbano (Tolima), ya tienen la pregunta, pero aún no han fijado la fecha de la consulta. En total, según agrega el documento de Minminas, 20 concejos se han opuesto a proyectos de minería, energía e hidrocarburos en sus municipios. No obstante, 11 de ellos están pendientes de la solicitud de objeción, que debe estudiar el gobernador, y 9 fueron anulados después de ser aprobados. Mientras que los acuerdos anulados se hallan en Caicedo, Cañasgordas, Jardín, Jericó y Urrao, en el departamento de Antioquia. Igual pasó en Ibagué (1) y en Íquira, Oporapa y El Pital, en Huila.
Queja gremial
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) dice en un documento reciente que la Corte Constitucional ha dado piso jurídico a las consultas populares en varios municipios, con el propósito de prohibir actividades mineras en su jurisdicción. “Hoy, por ende, no existe claridad sobre cuál es la autoridad que tiene la última palabra en cuanto a la explotación de los recursos naturales no renovables”, dice el gremio. Cabe recordar que de acuerdo con el artículo 105 de la Constitución, gobernadores y alcaldes pueden realizar consultas populares para decidir sobre asuntos que competen al departamento o municipio. Sin embargo, en materia minera y de hidrocarburos hay competencias asignadas a autoridades nacionales. “En estricto rigor jurídico, las decisiones en firme de las autoridades nacionales no pierden fuerza ejecutoria por las normas de las autoridades territoriales; pero, en virtud de la consulta popular, quedan en el limbo. De ahí la importancia de que una ley defina la materia”, pide la Andi.
Fuente:http://www.eltiempo.com/economia/sectores/consultas-mineras-pendientes-contra-minas-y-energia-172302
También se resolvió aplicar una sanción de 12.360 UTA, equivalente a $7.000 millones aproximadamente, debido a múltiples incumplimientos relativos a descargas de aguas ácidas, destrucción de flora, monitoreos incompletos tanto sobre variables ambientales como sociales y daño ambiental provocado en zonas de vegas altoandinas, entre otros. Estas sanciones son el resultado de dos procedimientos sancionatorios (2013 y 2015), que fueron acumulados en un único expediente.
Como se ha hecho público en los medios, CORFO ha anunciado el fin del conflicto que desde 2014 mantiene con la minera no metálica SQM (Soquimich). Esto, a través de un convenio en el que, a cambio de la salida del accionista controlador Julio Ponce Lerou (ex-yerno de Pinochet, y quien dirigiera Soquimich cuando ésta pertenecía al Estado para luego adquirirla a un precio irrisorio en plena dictadura militar) se extendería el arrendamiento del Salar de Atacama en favor de la minera hasta 2030, lo que se traduciría a su vez en un aumento en la cuota de extracción del mineral equivalente a 180.000 toneladas anuales.
El Ministerio de Hacienda no giró los recursos para que la Registraduría Nacional del Estado Civil realizará la consulta ciudadana sobre la gran minería, en el municipio de San Lorenzo, norte del departamento de Nariño, proceso que estaba aprobado por el Ministerio de Minas y ahora existe tendencia del gobierno para acabar con esos mecanismos de participación comunitaria en la explotación de minerales.
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