El PRI y PVEM en la Cámara de Diputados intentan que avance la aprobación de la Ley General de Biodiversidad, aunque ello signifique violar los procesos legislativos.

Mientras que los partidos acusados han guardado silencio, la Red Mocaf y legisladores de oposición coinciden en que el interés de los aliados en dar salida a la ley que abre la puerta a actividades extractivas como la minería y el fracking en zonas protegidas responde a un agenda empresarial.

Diputadas de oposición y activistas denunciaron que los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales intentaron nuevamente avanzar hacia la aprobación de la iniciativa de la Ley General de Biodiversidad (LGB) promovida por la Senadora “verde” Ninfa Salinas.

En entrevista para SinEmbargo, la Diputada María García Pérez, del Partido Acción Nacional (PAN), señaló que el pasado jueves, sin quórum, los legisladores del PRI y PVEM que pertenecen a la comisión discutieron el dictamen que ha sido criticado por organizaciones de la sociedad civil, académicos y fracciones parlamentarias de oposición, al considerar que violenta derechos humanos y abre la puerta a actividades extractivas como la minería y el fracking aún en zonas protegidas.

El PVEM no ha emitido una postura al respecto.

Este diario digital solicitó a una entrevista con Eduardo Arturo Quijano Laviada, secretario técnico de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, quien aseguró que haría una declaración pública al respecto, que hasta el momento no se ha concretado.

En Artículo 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados se lee: “Para que exista Reunión de comisión, se requerirá la integración del quórum”, es decir rebasar el aforo de la mitad más uno del total de los 30 integrantes. Además señala una tolerancia de 30 minutos para arrancar con la sesión, no obstante, a pesar de que el pasado jueves únicamente se registraron 15 diputados dos horas después de la cita, la reunión se llevó a cabo.

“Pasaron cerca de dos horas cuando iniciaron apenas la reunión y aunque no tuvieron quórum ellos la aprobaron […] Los del PRI y los del Verde se juntaron y fueron los que aprobaron esta iniciativa que está fuera de toda legalidad por no contar con quórum y por violentar el reglamento de la Cámara”, criticó la Diputada.

En ese sentido, Gustavo Sánchez​ Valle, presidente del consejo directivo de la Red Mocaf, señaló una vez más que la modificación constitucional sólo obedece a intereses económicos y resultará dañina para el medio ambiente y para los derechos de pueblos indígenas.

En ese punto coincidió la legisladora García Pérez, quien afirmó que “detrás [de la Ley de Biodiversidad] hay intereses económicos de algunos grupos, sobre todo de quien fue la autora de esta iniciativa que es la Senadora Ninfa Salinas”.

Ninfa Clara Salinas Sada, la impulsora de la Ley General de Biodiversidad. Foto: Iván Stephens, Cuartoscuro

Mientras tanto, Sánchez Valle recriminó el actuar de los diputados del Verde y del PRI que integran la comisión: “Es lamentable la actuación de los Diputados del Verde y del PRI, quienes no han logrado reunir el quórum y aún así pretenden pasarlo al Pleno. Nos queda ya muy claro que el modelo de democracia representativa está agotado […] Es vergonzoso que se encierren en una sala y paren el reloj legislativo para poder juntar el quórum y aún sin lograrlo quieran pasar un dictamen. Van en contra de todo principio de participación y de inclusión”.

“Es preocupante este virtual secuestro de espacios públicos, como es la Cámara de Diputados, para fines particulares. Desde mi punto de vista es la parte más preocupante de la actuación de los legisladores del PRI y el Verde que componen las comisiones de Medio Ambiente”, agregó.

En febrero pasado, el líder de los diputados del PVEM, Jesús Sesma Juárez, aseguró que los legisladores de su partido estaban confiados en que “tenemos que sensibilizar, y por supuesto que lleve todo el proceso legislativo”, por lo que no se aprobaría “al vapor”.

Y acusó que las críticas al proyecto de la Senadora verde eran “por una cuestión político electoral” y advirtió que no iban a “frenar”el proceso de la modificación constitucional.

La aprobación en el Senado de la Ley General de Biodiversidad se dio en medio del escándalo por el aval a la Ley de Seguridad Interior. En esta ocasión se dio al inicio del puente vacacional de Semana Santa.

TRATARÁN DE EVITAR QUE LA LEY PASE

La Diputada García Pérez adelantó que la próxima semana desde el PAN trabajarán para lograr que se agende una nueva reunión y reponer la discusión para discutir la minuta “como debe de ser” y en apego al Reglamento de la Cámara. Por lo que de momento no se sabe cuándo el procedimiento llegará al Pleno.

Por ello, hizo un llamado a los legisladores del PRI y Verde a “que se apeguen a lo que marca el reglamento, que se apeguen a las voces de los demás. Que escuchen a la gente que realmente está inmiscuida, que sabe, que vive y que está dentro de estos temas importantes”.

Por su parte, el defensor Sánchez Valle pidió a la sociedad mexicana permanecer informada sobre lo que ocurra para evitar que la Ley General de Biodiversidad se convierta en una realidad. Asimismo, manifestó que la actuación de los partidos mencionados podría acarrear un costo político en las próximas elecciones.

“Con este tipo de actuaciones están contribuyendo más al descrédito de una administración que está terminando con los niveles más bajos de aceptación por parte de la sociedad y que representan un lastre para el candidato de esa alianza PRI, Verde y Nueva Alianza [José Antonio Meade Kuribreña]”, advirtió.

La diputada perredista Cecilia Soto señaló en días pasados que su partido no considerará “válida esa aprobación a un dictamen que fue hecho ilegalmente”.

UNA LEY QUE FAVORECE LA EXTRACCIÓN

El mes pasado, la Coalición Ciudadana ante la Ley General de Biodiversidad, compuesta por cerca de cien organizaciones ambientalistas, campesinas, indígenas, civiles, de derechos humanos y académicas compartió una serie de deficiencias que la minuta presenta, entre las que destacan las siguientes:

–Omite derechos de los pueblos indígenas previstos en el artículo 2 y otros de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

–Se fundamenta en el Artículo 73 XXIX-G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que da facultades al Congreso para Legislar en materia de protección al ambiente y preservación ecológica, pero no en materia indígena.

–Pretende privatizar los recursos genéticos del país y también el conocimiento de los pueblos indígenas, esto último, sin su consulta y consentimiento.

–Debilita las Áreas Naturales Protegidas y los programas de protección de especies en riesgo al desestimar la causa de utilidad pública para la conservación y privilegiando los intereses de la minería y la industria energética.

–Adolece de mecanismos certeros y adecuados para garantizar los derechos a la información y a la participación ciudadana. Propone la instauración de un Consejo Nacional a modo donde no se distingue entre campesinos, indígenas, mujeres o jóvenes ni entre personas y organizaciones.

–Contraviene acuerdos internacionales como el Convenio de Diversidad Biológica, la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

–Lejos de implementar el Protocolo de Nagoya lo aplica de manera laxa y creando conflictos entre las comunidades.

–Dificulta la implementación del Acuerdo de París, derivado de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, el cual es de carácter transversal y requiere de una coherencia legislativa a nivel nacional.

–Limita las posibilidades de que el Gobierno mexicano cumpla con los Objetivos del Desarrollo Sostenible y con ello menoscaba la puesta en acción de la Agenda 2030.

NOCHIXTLÁN, OAXACA, VUEVE A TOMAR IMPORTANCIA YA QUE DESPUÉS DE QUE EL PREIDENTE MUNICIPAL QUISIERA RETIRAR LOS VEHÍCULSO QUEMADOS POR LOS ENFRENTAMIENTOS DE HACE UN AÑO, MUCHOS MAESTROS Y GENTE DE LA POBLACIÓN CIVIL, ALEGANDO QUE ERAN PRUEBAS DE LAS CULPABILIDAD DEL GOBIERNO EN ESOS ENFRENTAMIENTOS, SE ENFRENTARON CON LOS POLICÍAS Y CERRARON NUEVAMENTE

LA SUPER CARRETAREA CON DESTINO A Oaxaca y la capital del país, en plena temporada vacacional…la verdad es que muchos pensamos mal y creemos que con lo que cobran los maestros y otros grupos en el paso libre de la carretera pues obtienen fondos para sus vacaciones o esperan a que los miembros del gobierno, acostumbrados a esos mitotes, lleguen con la maleta llena y la repartan, quedándose, por supuesto, con una parte… para sus vacaciones…

         Es muy curioso, la revolución mexicana tuvo como pretexto directo el luchar por la tierra y su reparto, luchando en contra de los caciques y de los latifundios, pero ahora resulta que con las reformas y deformas que hacen en el sector minero, se acumulan, en proyectos de explotación minera, 112.82 millones de hectáreas que equivalen a más del 57% del territorio nacional, y como el saqueo es la nota del gobierno, informa por medio de la Secretaría de Economía que existen 3 mil 832 empresas trasnacionales, que se llevan los minerales y pagan bajos salarios, destruyen los mantos y reservas de agua, contaminan la región y roban a los propietarios y campesinos sus tierras, porque las nuevas reglas son esas, que tienen prioridad las empresas y la explotación minera, y que en el caso de la tierras, son expropiadas en favor de las empresas, y los datos nos dicen que esa explotación no aporta nada para la lucha contra la pobreza, ya que en el 76% de los municipios donde se explota el oro y se saquea fuera del país ,y donde se explota y saquea plata como en colonia, los niveles de pobreza son mayores a los del promedio en el país… pero eso sí, siguen los saqueos y los latifundios mineros siguen en jauja, porque los mexicanos nos dejamos explotar y saquear, sin chistar, y cuando lo hacemos, pues nos llegan a reprimir para proteger los intereses de los políticos, funcionarios y empresarios extranjeros.

Y para que veamos que no nos aportan nada las explotaciones y saqueos de las mineras, de acuerdo a una nota de La Jornada de Angélica Enciso L, del día 26 de marzo, nos comenta: “Las aportaciones fiscales de la minería son raquíticas, un ejemplo es que en 2016 fueron apenas 2 mil 509 millones de pesos, lo que equivale a 0.32 por ciento del total de los ingresos fiscales mientras el valor de la producción minera metálica que se generó sólo en 2014 llegó a 14 mil 765 millones de dólares. A cambio de esos raquíticos ingresos, la minería a cielo abierto cambia de manera definitiva la estructura del suelo y de las cuencas hidrológicas, se afectan los cuerpos de agua, los suelos, la flora y la fauna, se pierde la cobertura forestal, a lao cual se suma el desplazamiento y destrucción de cientos de comunidades”

El saqueo de  recursos naturales, la contaminación., el desplazamiento de miles de campesinos de la región a los que se les roban sus tierras, hace que esas regiones se vayan convirtiendo, gracias a los sicarios que usan las empresas para controlar las protestas sociales y establecer las condiciones para continuar con esas explotaciones que van contra el país y los mexicanos, se permite  combinar la minería con las actividades del crimen organizado que, a cambio de algunos fondos,  eliminan a los protestatarios, y las autoridades se hacen de la vista gorda, cuando el mismo crimen establece la producción de marihuana y amapola y el establecimiento de los laboratorios para la elaboración de drogas, y así, el mejor ejemplo ha sido Durango, Zacatecas, Chihuahua, Hidalgo, Oaxaca,, y otras entidades, donde el tráfico, producción y venta de drogas y violencia ocasionada por los sicarios mineros van en aumento de tal suerte que  el tráfico de oro en Iguala, Guerrero, nos muestra la forma en que se comportaron los sicarios ligados a los políticos en la entidad, que llegaron a desaparecer a los 43 jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa, y así vemos que Tayoltitla, se convierte, en el estado de Durango, durante muchos años, en la sede de protección del saqueo de oro y del tráfico del mismo, sin que autoridades tengan algo que controlar en la región, y por ello, para distraer a las autoridades y a los pueblos se alienta el desarrollo del narcotráfico, y  podíamos hacer un análisis de cada estado,  por eso, nadie quiere hablar sobre el tema, porque los grandes inversionistas extranjeros no rinden cuentas ni de las cantidades saqueadas, y por ello, tarde se dieron cuenta de que los grupos de la delincuencia organizada en Michoacán, exportaban a China, miles y miles de toneladas de minerales que salían por la aduana de Lázaro Cárdenas, supuestamente, controlada por el gobierno, es decir, vivimos en un estado de Guerra y de impunidad, en favor de saqueadores, criminales y políticos.

Fuente:http://www.elpuntocritico.com/opinion/columnistas/274-%C2%A1que-conste,-los-olvidados/157924-el-saqueo-minero-en-m%C3%A9xico.html

La organización Poder denunció que la minera canadiense Almaden Minerals, responsable del proyecto Ixtaca, en el municipio de Ixtacamaxtitlán para la extracción de metales preciosos, oculta información como el consumo anual de agua, los efectos nocivos de la extracción para las comunidades indígenas, así como el repudio que ha causado en la comunidad.

A través de un comunicado de prensa redactado en inglés, Poder estima que el consumo anual de agua ronda los 1.19 millones de metros cúbicos.

Poder aclara que es una organización regional sin fines de lucro, dedicada a mejorar la transparencia corporativa y la rendición de cuentas en América Latina desde una perspectiva de derechos humanos.

Oculta el consumo de agua

En su portal de Internet, Poder revela que la firma con sede en Vancouver omitió información importante sobre el proyecto Ixtaca en un comunicado oficial de la firma.

Los activistas de Poder consideran que según la opinión de organizaciones de la sociedad civil y pobladores el agua de lluvia que recolecta la empresa para las operaciones de la mina serán insuficientes.

“Anualmente se recolectan entre 500-600 mm anuales, según la Estación Meteorológica de Ixtacamaxtitlán. Sin embargo la minería requiere un volumen gigantesco de agua. Un ejemplo es la mina Caballo Blanco en Veracruz, que produjo 30,000 toneladas de material (una tasa igual a la proyectada para el Proyecto Ixtaca) y anualmente consumió 3,000 metros cúbicos de agua”.

La estimación de consumo de agua en el proyecto Ixtaca supera el millón 195 mil 500 metros cúbicos anuales tan solo para la zona de actividad minera.

Minera niega la existencia de población indígena

La organización Poder argumenta que la minera niega la existencia de población indígena en el área en su boletín al señalar que «no identificó comunidades indígenas o personas que hablan lenguas nativas dentro del área de influencia del proyecto».

Sin embargo, según la información oficial se menciona que 11.82 por ciento de la población de los habitantes del municipio habla una lengua indígena, principalmente náhuatl.

Omite minera que la población repudia el proyecto

Poder agrega que la empresa omite en su comunicado oficial que la población se opone a la extracción de metales preciosos por considerarlo un “proyecto de muerte”.

“Desde 2014 la población ha denunciado violaciones a las reglamentaciones ambientales y violaciones a los derechos humanos cometidas por Almaden durante la etapa de exploración”.

Subraya que la población ha tomado medidas legales y reglamentarias para que las autoridades locales y federales no otorguen los permisos necesarios para la fase de extracción de la mina, incluida la evaluación de impacto ambiental.

Fuente:http://www.e-consulta.com/nota/2018-03-27/medio-ambiente/minera-canadiense-oculta-datos-de-consumo-de-agua-en-puebla