8 may. CI.- Los cuatro pueblos ancestrales que habitan dentro de Línea Negra (área de protección de la Sierra Nevada) han venido siendo afectados cultural y ambientalmente por la minería. Ellos denuncian la falta de garantías de consultas previas y la vulneración y afectación de los derechos de autonomía y Gobierno sobre el territorio.
Arhuacos, Koguis, Wiwas y Kankuamos luchan por la reivindicación de lo que se les ha conferido en las resoluciones de 1973 y 1995 a través de la Sentencia T849-14 de la Corte Constitucional, en la que declaran el territorio de la Línea Negra como “Una zona de especial protección, debido al valor espiritual y cultural que tiene para los cuatro pueblos indígenas, por esa razón, esas comunidades deben ser consultadas cuando un proyecto pueda afectar el ejercicio de sus derechos, no hacerlo constituiría un incumplimiento del Estado colombiano de sus obligaciones y una vulneración de los derechos de la comunidad”.
Sin embargo, esta Sentencia no ha impedido la proliferación de megaproyectos extractivistas y de infraestructura sobre territorios pertenecientes a la Línea Negra. Durante un proceso de verificación con la Agencia Nacional de Minería realizado en el 2017, se evidenció la existencia de 132 títulos mineros activos y 395 solicitudes de la misma naturaleza que podrían afectar hasta 300 fuentes hídricas.
“Hemos visto que la minería no respeta zonas de especial protección, espacios sagrados, asentamientos humanos, glaciares, nacientes de agua, cabeceras de cuencas ni ecosistemas frágiles. La actividad minera es de alto efecto negativo, quien diga no tiene impactos ambientales está mintiendo”, escribió El Concejo Territorial de Cabildos de la Sierra a la Procuraduría General de la Nación en septiembre del año pasado.
Las luchas y resistencias de quienes habitan este territorio ancestral aún son por el reconocimiento de los indígenas como autoridades ambientales que regulan sus propias maneras de proceder, incluyendo la toma de decisiones de lo que acontezca en el territorio. La conservación de la biodiversidad y la protección de 1.600.000 hectáreas contra cualquier tipo de intervención extractivista es su misión. Además, luchan por salvaguardar los grupos étnicos que son víctimas de desplazamiento forzado y la ampliación de resguardos indígenas.
Todo ello se ha visto materializado en pleitos jurídicos desatados durante la última década que entre procesos de tutelas y fallos buscan proteger y resistir a favor de los derechos fundamentales de esos cuatro pueblos indígenas. Ejemplo de ello es el proceso que desató el pueblo Arhuaco durante siete años para impedir la exploración petrolífera que proyectaba realizar la empresa canadiense Energy Co en la Sierra Nevada de Santa Marta y que finalizó en marzo de este año a favor de los indígenas.
En el 2017, el Tribunal Superior del Distrito de Santa Marta falló tutela a favor de los cuatro pueblos. La Sociedad Farallones S.A.S pretendía construir una edificación sobre un sitio sagrado identificado por las comunidades como Jate Matuina que desemboca del Río Gaira y hace parte de la Línea Negra.
Sin embargo, y a pesar de la férrea oposición a los usurpadores de la Sierra Nevada de Santa Marta, el Gobierno Nacional sigue siendo negligente a la hora de garantizar la protección de fuente hídricas. Se conoce del funcionamiento de cinco minas ilegales de oro en los ríos Naranjales, San Salvador y Río Negro, con daños al agua, aire y suelo por vertimiento de mercurio, cianuro y otros químicos concentrados.
Para los indígenas, contaminar el Río San Salvador es acabar con la “madre vieja”, lo que significa acabar con la madre de los alimentos. Este está ubicado dentro del cerro sagrado de la fertilidad y la procreación Ukumeizhi y sus aguas desembocan en otros sitios sagrados. Ello es un ejemplo del panorama general que se presenta con los megaproyectos mineros que buscan usurpar territorios ancestrales.
¿Cómo sigue esta lucha?
En noviembre del año pasado se convocó a una minga de protesta en Valledupar (Cesar) donde participaron 2.000 personas de esos cuatro pueblos indígenas.
“Nunca nos habíamos expresado públicamente. Este es un acto pacífico en el que solo tuvimos la palabra como herramienta. Llegamos aquí porque nos preocupan los megaproyectos, las hidroeléctricas, represas, minería e infraestructura que tienen programados para nuestro territorio y que podrían generar en un desequilibrio sin control a futuro”, comentó la economista del pueblo Arhuaco Saday Rosado.
Días después el Gobierno Nacional tomó la decisión de congelar temporalmente 585.000 hectáreas, que se suman a las 383.000 hectáreas que ya están protegidas como Parque Nacional Natural en la Sierra Nevada de Santa Marta. Sin embargo, el propósito y el punto álgido es que en total se protejan las cerca de 1.600.000 hectáreas reconocidas por la Corte Constitucional. Este total es lo que conforma la Línea Negra, abarcando 17 municipios y un distrito en los Departamentos Magdalena, Cesar y La Guajira.
El gabinete nacional expresó que estas hectáreas son un primer paso para que este territorio esté libre de minería. Actualmente la Procuraduría estudia la asignación de la Sierra Nevada como sujeto de derechos, condición similar a la otorgada al Río Atrato.
Mientras tanto se siguen organizando líderes de distintas organizaciones sociales, campesinos y miembros de los pueblos indígenas para oponerse a la minería.
Este 3 de mayo se reunieron en Valledupar preocupados por la explotación minero-energética de los recursos naturales del subsuelo de la Sierra Nevada de Santa Marta, mediante el uso de técnicas no convencionales como el fracking. Decidieron concertar pedagogías y asesorías jurídicas para reunir propuestas hacia un Cabildo Abierto.
“Decimos no al fracking porque defendemos la vida. Tenemos completamente la certeza de que arrancar de la tierra sus recursos de esta forma destruye el planeta y lo envenena. Decimos no a esta técnica porque es la única manera de garantizarle un futuro a nuestros hijos en el planeta. Y le pedimos a las autoridades locales y regionales que eviten que el fracking llegue a la Sierra Nevada de Santa Marta”, dijo Lenín Fernández, líder social que hizo parte de la reunión fracking.
Fuente:www.colombiainforma.info/pueblos-indigenas-de-la-sierra-nevada-resisten-a-la-mineria/
La Paz, BCS- Marco Antonio Almendáriz Puppo, candidato a la alcaldía de La Paz del Frente por Baja California Sur, mostró el acta notarial en la cual se pronuncio en contra de la minería toxica.
La tradicional marcha de los 4 de cada mes en defensa de la voluntad popular de no avanzar en la explotación minera ayer tuvo la particularidad de la oposición al proyecto de zonificación minera ingresado en la Legislatura que pretende establecer zonas donde la actividad sea viable. «No queremos zonas de sacrificio», expresaron los vecinos.
Los integrantes de la Federación Regional de Rondas y Comunidades Campesinas se sumarán mañana lunes 7 de mayo a la gran movilización regional con la finalidad de rechazar la actividad minera formal e informal en los territorios comunales y cabeceras de cuencas hidrográficas.
¿La minería trae progreso? En el 2017, la pobreza monetaria afectó al 21,7% del país. Según INEI, Cajamarca, Huancavelica y Apurimac son las 
Poder Judicial se pronunció a favor. Comunidades de Atuncolla, en Puno exigieron que se cumpla el fallo del 2016 donde el Poder Judicial ordenaba a IGEMMET y al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) que se realice Consulta Previa antes de emitirse concesiones en territorios de comunidades.
Autoridades municipales y agrarias, así como pobladores de San Juan Mixtepec, rechazaron la reapertura de la mina Los Tejocotes y hoy se manifestarán en sus accesos, para impedir los trabajos de exploración y explotación que realiza una compañía aparentemente extranjera.
El presidente del bloque de Chubut Somos Todos, Jerónimo García, se mostró en contra de la 
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No es el único, pero sí el más visible. El joven ganadero Eduardo Quintás es un ejemplo de los efectos del polémico proyecto de extracción de cobre en los municipios de Touro y O Pino, muy cerca de Santiago, que ha provocado multitud de alegaciones y una fuerte oposición política, científica y vecinal. Quintás, asentado en la zona cero de la futura mina, perderá la pequeña explotación que heredó de su familia, de unas 40 vacas, que asumió con tenacidad de emprendedor. “Esto es la ruina total”, se lamenta. Una campaña de recogida de firmas trata de sensibilizar a la población de su caso, considerado un paradigma del cambio que supondrá el proyecto impulsado por la empresa San Rafael S.L., que eliminará 341 hectáreas de masa forestaly 150 de cultivos y vegetación.