Internacional

Cierran una planta industrial en India tras 20 años de lucha y 12 manifestantes muertos

Autor: Víctor M. Olazábal para El Salto diario.

El pasado 22 de mayo, después de cien días protestando contra una planta de fundición de cobre de la compañía Sterlite Copper en el distrito indio de Tuticorin, una manifestación de 20.000 personas fue atacada por la policía con el resultado de 12 muertos. Después de la matanza y tras 20 años de lucha, la planta ha sido cerrada.

Un vídeo muestra una zona llena de policías que miran a los manifestantes que tienen enfrente. Uno de los agentes, rifle en mano y apostado sobre un vehículo policial, dispara contra la multitud. De fondo se oye una voz que dice en tamil: “Al menos uno debe morir”.

Murieron doce.

El martes 22 de mayo los habitantes del distrito de Tuticorin, en el Estado indio de Tamil Nadu, salieron en masa a protestar contra la planta de fundición de cobre de la compañía Sterlite Copper. Las calles se llenaron con 20.000 personas que exigían su cierre porque denuncian que está contaminando la zona. En realidad llevaban protestando 99 días. El día 100, aquel martes, la policía abrió fuego.

“Dispararon a matar y mataron. Indudablemente es un asesinato, ya que algunas personas atacadas parecen haber sido elegidas de forma deliberada”, afirma a este diario Nityanand Jayaraman, un activista que durante años ha investigado en profundidad el caso de esta planta industrial. “Todos saben que el Gobierno del Estado y la administración del distrito son leales a Sterlite. Creo que el Estado quería dar una lección a la gente y eliminar a algunos activistas clave en el proceso”, opina el miembro de la organización Chennai Solidarity Group.

Los enfrentamientos comenzaron cuando la marcha llegó a las oficinas de la administración. Antes de apretar el gatillo, los uniformados habían recurrido al gas lacrimógeno y los lathis, las tradicionales porras que usan para dispersar multitudes. Aquella jornada se saldó con doce muertos y un centenar de heridos. En las protestas del día siguiente falleció otro manifestante. Los vídeos corrieron por las redes sociales, como también corrió la sensación de que los disparos no fueron una respuesta espontánea ante una agitación incontrolable. En palabras del político Rahul Gandhi, India vio “un ejemplo brutal de terrorismo de Estado”.

“El asesinato de manifestantes pacíficos fue planeado previamente, algo premeditado. Es completamente antiético y en contra de la gente”, dice el reconocido ambientalista G. Sundarrajan, que lidera el movimiento ecologista Poovulagin Nanbargal en Tamil Nadu. “Nos sorprende que gente que protesta pacíficamente contra la planta Sterlite, contra la contaminación del medio ambiente y para defender sus sustentos, haya recibido disparos sin ningún signo de vergüenza o sentimiento de culpa por parte de quienes lo ordenaron”.

El Gobierno tamil, que anunció la creación de una comisión para investigar las muertes, sostiene que fue la multitud la que empezó los disturbios prendiendo fuego a vehículos y arrojando piedras. “La policía tuvo que actuar para controlar la violencia bajo circunstancias inevitables”, señaló en un comunicado.

Pero esa justificación no le ha servido para frenar una creciente indignación que se ha convertido en asunto nacional y que le ha obligado a ordenar el cierre permanente de la planta en defensa del interés público. Días antes, un tribunal había paralizado la expansión del complejo industrial, un plan con el que Sterlite pretendía doblar su producción anual de 400.000 toneladas. Hoy los habitantes de Tuticorin celebran una victoria popular que ha tardado dos décadas en llegar.

veinte años de lucha

Porque este caso viene de lejos. Los últimos 100 días han sido la enésima explosión de rabia de una población que lleva veinte años luchando contra la compañía Vedanta Resources, un conglomerado con sede en Londres que es propietario de su filial india, Sterlite Copper.

Las enormes instalaciones de su planta de cobre, que opera desde 1997, cuentan con una fundición, una refinería, una planta de ácido fosfórico y otra de ácido sulfúrico. “Las plantas de fundición de cobre son contaminantes por naturaleza. Contaminan el ambiente, el agua subterránea y la tierra. El arsénico, el sulfuro y muchos otros componentes químicos que se usan en la planta son altamente tóxicos y peligrosos para la salud de la gente que vive alrededor”, explica el activista Sundarrajan. “Además esta planta está ubicada muy cerca del golfo de Mannar, una reserva marina que también está en peligro porque sus residuos van al mar”.

En todo este tiempo a los vecinos les ha perseguido el fantasma de Bhopal: la fuga de gas de la compañía Union Carbide que en 1984 provocó 25.000 muertos y 500.000 afectados, muchos de los cuales siguen pagando las secuelas de uno de los peores desastres industriales de la historia. De hecho, la población de Tamil Nadu tiene un destacado historial en sus luchas medioambientales, enfrentándose a centrales nucleares, a las minas ilegales de arena o a las plantas de embotellamiento de Coca-Cola y Pepsi.

Los daños ambientales que ha ocasionado Sterlite han sido confirmados en infinidad de ocasiones. En 2005 el Instituto Nacional de Investigación de Ingeniería Ambiental encontró altas concentraciones de cobre, plomo, cadmio, arsénico, cloruros y fluoruros en muestras de agua subterránea tomadas cerca de las instalaciones. Otros estudios posteriores concluyeron que el agua de los pozos próximos no servía ni para el cultivo ni para el uso doméstico porque “pone en peligro la salud humana y el medio ambiente”.

Los trabajos del investigador Nityanand Jayaraman se han centrado en documentar los impactos humanos y los excesos medioambientales de la polémica fundición, experta en violar las restricciones de emisiones. Jayaraman no ha dudado en señalar las facilidades que la compañía ha recibido por parte de las autoridades estatales y nacionales para obtener licencias ilegales. En 2013 el Tribunal Supremo llegó a admitir que la planta había contaminado al emitir gases nocivos y residuos peligrosos, pero en esa sentencia aprobaba que siguiese adelante con su producción porque el país necesitaba grandes cantidades de cobre. La multa por contaminación se fijó en casi 13 millones de euros.

El ambientalista Sundarrajan sostiene que las compañías multinacionales acuden a la India porque saben que tienen las manos libres. “Vedanta prefirió importar el cobre y la maquinaria desde Australia e instalar aquí su planta porque sabía que allí hay normas de contaminación, hay vigilancia. Aquí tienes permitido hacer todo; puedes contaminar el agua y la tierra, matar gente y crear problemas de salud en las comunidades cercanas, pero sobrevivirás porque eres Vedanta”, explica el ecologista.

Vedanta Resources fue fundada por Anil Agarwal, un multimillonario indio que preside su compañía minera y metalúrgica desde la capital británica. Sólo en India la firma obtuvo 1.800 millones en beneficios en el último año fiscal. Esta no es la primera vez que la empresa encuentra oposición autóctona; ya le ocurrió en los Estados indios de Maharashtra, Goa y Odisha, o en países como Zambia, donde tampoco coló la promesa de la creación de empleos.

En una reciente entrevista, el empresario afirmó que las protestas eran obra de “asociaciones antidesarrollistas” que desean “desestabilizar la industria india”. “Desde el primer día he dicho que esto sólo sucede en la India. Siempre hay personas que se aprovechan de nuestra democracia”, decía el millonario, que cree que es imprescindible “mantener los negocios alejados de la política”. Curiosamente, son conocidas las cuantiosas donaciones que realiza Vedanta a los principales partidos indios: más de millón de euros al histórico Partido del Congreso y al hoy gobernante BJP entre 2004 y 2010, y 2,8 millones al BJP en 2014, año de elecciones generales.
Ese tipo de conexiones dinamitan la esperanza de muchos ciudadanos a la hora de exigir una rendición de cuentas a la multinacional, más allá de su ya logrado cierre definitivo en Tuticorin. “Las grandes compañías disfrutan de una gran libertad en lo que se refiere a la acción reguladora. Los delincuentes ilustres nunca son castigados de la misma manera que los delincuentes más pequeños”, concluye el investigador Jayaraman.

Fuente:https://www.elsaltodiario.com/asia/protestas-contra-planta-industrial-acaban-matanza-india

Perú

El Congo y el Perú

Autor: José de Echave. Cooperacción.org
Conflicto Relacionado: Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero

Invitado por la institución belga 11.11.11, acabo de visitar la República Democrática del Congo (RDC), entre el 8 y el 16 de mayo. La RDC (es importante utilizar las siglas o el nombre completo, para diferenciarlo de uno de los países vecinos, que lleva la denominación de República del Congo) se ubica en la zona central occidental del África Sub-sahariana. El país es atravesado por el ecuador, lo que significa que un tercio del territorio se ubica en el Hemisferio Norte y dos tercios en el Hemisferio Sur.

La RDC es el segundo país más extenso del continente africano, con más de 2 millones 344 mil kilómetros cuadrados. La historia del Congo está marcada por diferentes eventos que influyeron en la evolución reciente del país: obtenida la independencia de Bélgica el año 1960, este país africano vivió años de gran inestabilidad política y enfrentamientos. Los conflictos armados y las dictaduras dominaron durante un buen tiempo, siendo el gobierno más largo el de Joseph Desiré Mobutu, un ex militar que gobernó ese país -con el respaldo de los Estados Unidos y como parte de un estrategia que buscaba alejar el África de la influencia de la ex URSS- con mano de hierro entre 1965 y 1997, en medio de escándalos de corrupción y de flagrantes violaciones de derechos humanos. Entre 1971 y 1997, precisamente por decisión de Mobutu, la actual RDC se llamó República del Zaire.

Los viejos aficionados al boxeo recordarán que la mítica pelea de box entre Mohamed Alí y George Foreman, el año 1975, se realizó en la capital de este país, Kinshasa, precisamente en los tiempos del presidente Mobutu, en los que el dinero de la corrupción servía para satisfacer los caprichos del dictador africano.

El Perú y el Congo: entre las similitudes y las diferencias

Como el Perú, la RDC es un país megadiverso: su territorio se divide en dieciséis eco-regiones y posee una gran variedad de biomas: desde la sabana en las regiones del sur, la selva montana de las regiones montañosas del este, los lagos africanos al este y la selva del Congo que es, después de la selva amazónica, la segunda más extensa del mundo.

Otra coincidencia con el Perú es que la economía de este país depende en gran medida de la explotación de recursos naturales, sobre todo los mineros. El Congo es el mayor productor de cobalto en el mundo y es también uno de los mayores productores de cobre y diamantes, entre otros minerales. Las mayores unidades de producción se ubican en la zona sur este del país, en lo que era la antigua provincia de Katanga, hoy dividida en las provincias de Lualaba y Alto Katanga.

La visita que realizamos incluyó varias reuniones con organismos no gubernamentales internacionales que trabajan en este país e instituciones de la propia sociedad civil congoleña. Participamos en conferencias, talleres y sobre todo visitas de campo, precisamente a las dos provincias mencionadas, Lualaba y Alto Katanga, zonas de producción minera.

En los últimos 25 años las zonas de explotación minera han crecido considerablemente. Luego de la puesta en marcha del código minero del año 2002 y en la vorágine desatada por el súper ciclo de precios de los minerales (2003-2012), grandes inversionistas llegaron a este país y han desarrollado importantes emprendimientos. Como en el Perú, la llegada de las inversiones mineras y el desarrollo de nuevos emprendimientos, se presentó como el inicio de una etapa de prosperidad para el país y sobre todo para las provincias y poblaciones que acogían esas inversiones. Sin embargo, nada de ello ha ocurrido y la prosperidad sólo ha alcanzado para los grupos que están enquistados en el poder del país y que han manejado la renta extractiva para su beneficio personal.

A diferencia del Perú, en la RDC se optó por mantener algunas empresas mineras públicas, como es el caso de la Gecamines, una suerte de Centromin Perú, que pese a los graves problemas de corrupción en los que ha estado envuelta, sigue desarrollando actividades de exploración y producción, en muchos casos en alianza con empresas extranjeras. Entre los principales inversionistas mineros figuran empresas chinas, de Europa y de América del Norte. A nivel de empresas, destaca el protagonismo de Minmetals (MMG) y de la suiza Glencore, que también operan en el Perú.

En este país también se ha instalado desde hace un tiempo una vasta actividad minera informal, la que ha estado envuelta en grandes conflictos. Por ejemplo, se calcula que un tercio de la producción de diamantes se desarrolla de manera informal y salen del país vía contrabando. Además, un caso más extremo es la explotación ilegal y venta clandestina generalizada de los llamados “minerales de conflicto o de sangre”, como el tantalio y el estaño, cuyo control y explotación ha provocado guerras y conflictos entre la RDC y países fronterizos, con un saldo de millones de muertos en las últimas décadas, sobre todo en la zona oriental del país. Grupos armados, empresas y sobre todo países fronterizos como Ruanda o Uganda, han estado envueltos en varias guerras que se han desarrollado en el territorio de la RDC.

Los retos de la gobernanza

El tema de la minería plantea varios retos a este país africano. En primer lugar, el tema de la transparencia financiera: en la RDC, como en buena parte de países africanos, la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI por sus siglas en inglés) ha intentado darle un poco de transparencia a las cuentas y a los ingresos que genera una actividad como la minería. Los problemas de falta de transparencia encubren graves problemas de corrupción y el uso indebido de los ingresos que generan las actividades extractivas. A diferencia de lo que ha ocurrido en el Perú, en el caso de la RDC los reportes de la EITI han permitido acceder a una mayor información sobre las cuentas que genera la actividad minera y por lo tanto, a una mayor supervisión de la sociedad civil y exigencia de transparencia.

Sin embargo, los mayores problemas que se mantienen tienen que ver con los temas ambientales y la afectación de los derechos de las comunidades en las zonas de influencia de las operaciones mineras. Solo un dato que muestra la ausencia de gobernanza ambiental: de 180 países evaluados por el Índice de Desempeño Ambiental (que trabaja la Universidad de Yale), el Congo aparece en el puesto 178.

La debilidad de las políticas y de la institucionalidad ambiental es notoria y queda en total evidencia cuando uno visita las zonas donde se desarrollan actividades como la minería. El acceso a las fuentes de agua aparece como un tema central en la agenda ambiental: como ocurre en el Perú, hemos podido notar cómo las empresas se apropian de las fuentes de agua y el acceso para las comunidades depende básicamente de la capacidad de negociación y la buena voluntad de las empresas.

Por otro lado, el incremento de las operaciones mineras en varias de las provincias de este país ha planteado un número elevado de procesos de desplazamientos forzados de poblaciones enteras. En la medida que la propiedad de la tierra le corresponde al Estado y no a las comunidades, los mecanismos de protección de sus derechos son muy débiles. Además, como ocurre en el Perú, pese a que el derecho a la consulta previa, libre e informada está formalmente reconocido, no se aplican verdaderas consultas ciudadanas y los niveles de organización de las comunidades no permiten, por el momento, respuestas contundentes orientadas a la defensa de sus derechos.

Es preocupante el precario nivel organizativo de las comunidades afectadas y la manera cómo enfrentan los conflictos con las empresas mineras, por lo general de manera aislada, en condiciones de total asimetría y sin mayor respaldo, salvo el apoyo de algunos organismos no gubernamentales. La escasa visibilidad de los conflictos imposibilita que las demandas escalen, logren niveles altos de movilización y una agenda de derechos estructurada.

Pese a ello, en los últimos tiempos se ha venido trabajando un nuevo código de minas en la RDC. Este trabajo ha sido participativo, incluyendo a representantes de la sociedad civil y lo logrado representa un notorio avance en materia de gobernanza ambiental, participación ciudadana, descentralización y transparencia financiera. El nuevo código ha sido aprobado el 2018 y ahora queda el reto de su reglamentación e implementación.

Actores que están aquí y allá y las estrategias en curso

Como hemos mencionado, en el Congo operan empresas conocidas en nuestro país, como  Minmetals, entre varias otras empresas chinas, Glencore, Freeport, etc. La visita a las zonas de influencia de varias de estas empresas, nos ha permitido comprobar las difíciles condiciones de vida y los graves problemas de contaminación que enfrentan las comunidades vecinas a las operaciones.

Además, la relación entre la minería del Congo y la del Perú recientemente se hizo notoria, luego de la adquisición de la mina Las Bambas, por Minmetals al grupo Glencore. Según la información recogida por los grupos de organismos no gubernamentales del Congo, la adquisición de la mina de Las Bambas por Minmetals, fue financiada en gran medida por las operaciones en este país africano. De esa manera, Glencore pudo culminar el proceso de fusión/adquisición del grupo Xstrata, lo que ha permitido tener un rol preponderante en la producción mundial de cobre.

Pero aparte de las empresas que operan, está claro que el enorme desafío para ambos países,  es cómo construir una real gobernanza para los sectores extractivos. Pese a las diferencias entre el Congo y el Perú, también hay puntos en común, retos y desafíos similares: la presión de la economía y de las inversiones, la defensa del territorio y de los derechos de las comunidades y de la naturaleza, el desempeño ambiental, la transparencia y los ingresos fiscales, los efectos del cambio climático, etc.

Por ello ha sido importante este intercambio; el comenzar a compartir experiencias y algunas de las estrategias que se implementan en cada uno de los países. Se necesita un proceso de reflexión más global del lado de las poblaciones y de las diversas organizaciones de la sociedad civil que vienen trabajando por la defensa de los derechos de las poblaciones afectadas por este tipo de actividades e impulsan procesos en diferentes continentes para construir una verdadera gobernanza para los sectores extractivos.

Un reto clave para salir del esquema de extracción exacerbada en ambos países es que los actores múltiples construyan espacios de participación ciudadana directa en los territorios y jueguen un rol central en el proceso de construcción de gobernabilidad democrática y de gobernanza. Esta reflexión parte de lo local y se debe proyectar a nivel global.

 

Internacional

Sin estudio de impacto ambiental transfronterizo para la mina de uranio de Salamanca

Autor: Ecologistas en Acción.

Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) han conocido que fue la Junta de Castilla y León quien eludió estudiar el impacto que tendría la mina de Retortillo (Salamanca) sobre tierras portuguesas, sin realizar estudio radiológico alguno.

Según ha podido saber Ecologistas en Acción, el Gobierno ha reconocido en una respuesta parlamentaria que ha sido la Junta de Castilla y León (JCL) quien omitió realizar estudios de impacto ambiental transfronterizos, y ello sin contar con la asesoría del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y, por tanto, sin realizar estudio radiológico alguno.

Este hecho es grave por varios motivos. En primer lugar, porque la Declaración de Impacto Ambiental realizada por JCL es escandalosa al minusvalorar los impactos que la mina y la fábrica de concentrados de uranio tendrían sobre el medio ambiente y la salud. En particular, permite la instalación de una enorme cinta transportadora de mineral sobre el río Yeltes, que aporta sus aguas al río Duero, no realiza una buena clasificación de los residuos radiactivos y no contempla el peligro que supone la dispersión de polvo radiactivo y del gas radón en el medio ambiente.

En segundo lugar, la decisión de que no hacía falta contactar con Portugal debería haberse tomado al más alto nivel del Estado español y no por un gobierno autonómico que no tiene competencia alguna en relaciones internacionales.

Y en tercer lugar, esta decisión debería haberse tomado tras la realización de un estudio radiológico que excluyera toda posibilidad de que la contaminación radiactiva alcanzara las tierras portuguesas. Este estudio debería haber corrido a cargo del CSN, que es la máxima autoridad en seguridad nuclear y protección radiológica en nuestro país. Sin embargo, el Gobierno de Castilla y León no consultó al CSN para excluir el impacto transfronterizo, aceptando de forma inexplicable que dicho impacto no existía.

Para Ecologistas en Acción y el MIA resulta obvio que ese impacto existe puesto que el polvo producido en las actividades de minería y los vertidos que se produzcan por el lavado de mineral van a alcanzar el río Yeltes llegando finalmente al río Duero, que baña tierras portuguesas y que pasa por zonas de gran riqueza vinícola, como los vinos Dao o los vinos do Porto. Asimismo, la contaminación de la mina podrá alcanzar también Portugal, dependiendo de la fuerza y dirección del viento.

Por todo ello, para Ecologistas en Acción resulta inaceptable que el Gobierno portugués no haya sido consultado antes de poner en marcha el proceso de licenciamiento de la mina, así como que el Gobierno español mantenga este proyecto. Lo ocurrido en Retortillo se asemeja a lo que pasó con el cementerio nuclear (Almacén Temporal Individual, ATI) de la central nuclear de Almaraz, que se puso en marcha también sin consultar al Gobierno portugués. Esta consulta se produjo a posteriori, evitando que se hicieran sugerencias y alegaciones en el estudio de impacto ambiental.

Fuente:https://www.ecologistasenaccion.org/?p=94488

Perú

Geógrafo alemán, Cristobal Bittner: “la gran limitación es la minería, por la contaminación que genera para el desarrollo de las actividades agrícolas en Junín”.

Autor: REd.Muqui.org
Conflicto Relacionado: Conga

En el auditorio de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional del Centro se realizó hoy jueves 31 de mayo la presentación del Estudio “Alternativas de desarrollo en regiones mineras del Perú”, realizado por el SLE de la Universidad Humboldt de Berlín, Alemania, con el apoyo de la Red Muqui, pastoral social de dignidad humana (Passdih) y la agencia Misereor.

La presentación del estudio estuvo a cargo del geógrafo Cristobal Bittner, miembro del equipo de seis post graduados que a fines del año 2016 realizó dicho estudio en las regiones de Cajamarca en la zona de Celendín vinculada con el proyecto Conga, y en Junín, en la zona del Valle del Mantaro, cuya cuenca está seriamente impactada por la actividad minera.

Bittner destacó que se evidencian “graves afectaciones ambientales generados por la actividad minera, que impactan en las actividades económicas locales como la agricultura y la ganadería”. El investigador remarcó que “el Estado no genera información sobre contaminación e impactos ambientales. Hay una falta de transparencia que exige la necesidad de procesar información periódica y continua que permita evidenciar las causas de los impactos”.

De otro lado, Bittner mencionó en las conclusiones, que “hay un gran potencial en la agricultura, que brinda empleo y aporta a la soberanía y seguridad alimentaria”. Destacó que “el Valle del Mantaro es el granero de Lima, es el principal aportante para su alimentación. Los productores tienen importantes técnicas ancestrales que aplican en sus actividades y deben ser consideradas”.

Aseveró que sin embargo, “hay limitaciones para el acceso a la tierra y no hay niveles de organización de los productores, como las cooperativas, por ejemplo, que se deben impulsar” y remarcó que “la gran limitación es la minería, por la contaminación que genera para el desarrollo de las actividades agrícolas en Junín”.

Entre las recomendaciones destacan que ante la falta de información de parte del Estado sobre los impactos ambientales, “que es necesario organizar a los productores para que realicen mediciones ambientales participativas, que son importantes para ejercer una adecuada vigilancia”. Asimismo, indicó que “se deben considerar las áreas de influencia directas e indirectas de los proyectos al establecer las zonas remediación”. El geógrafo considera que las medidas que se tomen desde el Estado, deben “buscar lograr la seguridad alimentaria, y seguridad de los mercados para los ingresos de los productores, además del Estado debe apoyar como prioridad la agricultura familiar”.

Finalmente afirmó que el Ordenamiento Territorial debe priorizarse, estableciendo zonas de protección en especial en las zonas de recarga hídrica donde ni la minería ni la industria deberían ingresar”.

Por su parte la Ing. Jessica Solis del GORE Junín, informó que está trabajando “una ordenanza regional para proteger las cabeceras de cuenca (donde operan las empresas mineras)”. Para ello, cuentan con el respaldo de la Constitución, la Ley de Recursos Hídricos, y otros para establecer áreas intangibles en las cabeceras de cuenca.

Finalmente el Ing. Wilmar Luján de la Universidad Nacional del Centro, indicó que es imprescindible este tipo de estudios para la Universidad, pues faltan estudios sobre la contaminación en el Perú, y en especial en el Valle del Mantaro.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/749-geografo-aleman-cristobal-bittner-la-gran-limitacion-es-la-mineria-por-la-contaminacion-que-genera-para-el-desarrollo-de-las-actividades-agricolas-en-junin

Bolivia

Contaminación minera hace migrar a campesinos e indígenas en Potosí

Autor: No a la Mina .org

Aumenta la migración de campesinos e indígenas en el Norte de Potosí a consecuencia de la contaminación ambiental de sus tierras y las aguas de uso agrícola, debido a la explotación minera que sufre el territorio. De acuerdo a declaración de Gregorio Zamudio Karka, Segunda Mayor del Ayllu Puraka (autoridad originaria) del municipio de Uncia; las tierras productivas han disminuido por la contaminación minera. No solamente la tierra ha disminuido, sino también, el agua ha sido afectada por el daño ambiental que provoca la explotación minera manifestó en tono preocupado.

“La contaminación en el Norte de Potosí de las empresas mineras es evidente. Antes, la producción agrícola era bien, ahora es poco debido a la contaminación minera. Ahora necesitamos proyectos grandes para sanear nuestros terrenos”, lamento la autoridad indígena.

Dada  la contaminación, las mayores consecuencias se observan en el éxodo (migración) de las personas de las comunidades. La migración es uno de los principales efectos de la contaminación minera en los ayllus y comunidades del Norte del departamento de Potosí. Según la autoridad indígena, en las comunidades de los ayllus han quedado solo las personas adultas mayores, los jóvenes salen a buscar trabajo en otros departamentos e inclusive fuera del país manifestó.

“La contaminación minera existe. Por eso la gente migra a Chile, van a buscar donde vivir mejor. Entre tres a cuatro personas quedan en las comunidades, sobre todo de la tercera edad. Los jóvenes se van a otras ciudades como Oruro, Cochabamba hasta a poblaciones más grandes que sus comunidades como Llallagua o Uncía”, manifestó la autoridad indígena Zamudio.

Si bien los efectos del cambio climático en los últimos años han provocado migración de campesinos e indígenas en busca de mejores días; la actividad minería provoca éxodo de las poblaciones originarias; dejando desoladas algunas comunidades indígenas y campesinas del territorio potosino.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/bolivia/item/40928-contaminacion-minera-hace-migrar-a-campesinos-e-indigenas-en-potosi

Argentina

Facultad de Humanidades de UNPat rechaza la zonificación minera

Autor: No a la Mina .org

El Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, el 29 de mayo pasado en la ciudad de Comodoro Rivadavia, aprobó por unanimidad adherir públicamente al documento “Rechazo a la zonificación que habilitaría la mega minería en Chubut”, elaborado por docentes e investigadores. El documento señala que el proyecto de ley que pretende zonificar el territorio para las mineras transnacionales “pretende pasar por encima de la voluntad de miles de chubutenses que desde el año 2014 estamos esperando por el tratamiento y aprobación de la Ley de Iniciativa Popular que busca prohibir la actividad en Chubut y que fuera impulsada por vecinos y vecinas del territorio de la provincia”.  Compartimos el texto:

Fuente: Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales – Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco

RECHAZO A LA ZONIFICACIÓN QUE HABILITARÍA LA MEGAMINERÍA EN CHUBUT

Desde la Universidad Nacional de la Patagonia, sede Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, cuna del maldesarrollo y ejemplo en carne viva del progreso que nunca llegó a pesar del crecimiento económico del extractivismo petrolero, hacemos un llamado urgente a todxs nuestros/as colegas de distintas Universidades Públicas.

A fines de marzo de 2018, ocho intendentes de localidades de la meseta chubutense acercaron hasta la Legislatura provincial en la ciudad de Rawson, un proyecto que pretende zonificar el territorio para finalmente entregar una parte del territorio a las mineras transnacionales para tareas de explotación, actividad hoy prohibida por la Ley XVII N° 68 (ex 5001). Este proyecto, carente de proyección para la región, vacío de contenido, engañoso, poco actualizado, somero y que no considera la contundente ausencia de licencia social respecto de la actividad, pretende pasar por encima de la voluntad de miles de chubutenses que desde el año 2014 estamos esperando por el tratamiento y aprobación de la Ley de Iniciativa Popular que busca prohibir la actividad en Chubut y que fuera impulsada por vecinos y vecinas del territorio de la provincia.

El actual gobierno pretende usar la crisis económica de la provincia como la perfecta excusa para presentar a la mega minería como la potencial salvadora que traerá progreso. Pareciera que desconocen la situación de crisis que se vive en la provincia hermana de Santa Cruz, cuyo modelo minero se tradujo únicamente en el enriquecimiento para unos pocos. La promoción de la actividad en nuestra provincia por algunos sectores, además de subestimar la inteligencia de lxs habitantes del territorio, supone que desde los ámbitos académicos desconocemos los efectos socio ecológicos que genera.

El gobierno oficialista, cuyo ascenso al poder se debió en gran parte a su promesa de campaña de estar en contra de la mega minería, parece tambalear cada vez que el lobby empresarial realiza una avanzada. El accionar corrupto, como la comunicación a través de mensajes de texto que el diputado Muñiz intercambiaba desde dentro de la Legislatura con el gerente de una empresa minera en 2014, los casos de espionaje realizados por el gobierno nacional en 2015 a lxs vecinxs de Esquel, las denuncias públicas de vecinos de la meseta en donde señalan el ofrecimiento de dinero por parte de las empresas mineras para militar a favor de ellas, el fracaso político del supuesto debate realizado este año en Telsen, el caso de las compras con sobreprecios durante el mega temporal de Comodoro en 2017, la permanente estigmatización de las comunidades originarias y la escalada de violencia institucional ejercida por las fuerzas de seguridad, son solo algunos ejemplos de la vulnerabilidad que caracterizan a la coyuntura social y política de una provincia que atraviesa una crisis financiera que no será resuelta por el ingreso del extractivismo extremo.

Ante estas maniobras políticas y los impactos sociales que ya se pueden ver, hacemos un llamado de alerta desde la Universidad Nacional de la Patagonia como académicos, docentes e investigadores, posicionándonos en franco rechazo al ingreso de la actividad extractiva vinculada a la mega minería en nuestra provincia. De una vez y por todas, es hora de entender el componente social del ambiente y de remarcar que el extractivismo, en los términos en que se desarrolla hoy en el territorio argentino, solo genera dependencia, enriquecimiento de unos pocos, el uso de reservas de agua con fines industriales, fomenta la corrupción, promueve una pérdida de soberanía en el territorio, se vincula a la persecución de los pueblos originarios, censura la prensa independiente y genera un retroceso del sistema democrático que resulta preocupante.

Por estos motivos y acompañando además la defensa del mayor bien natural que nuestro suelo alberga, EL AGUA, Los abajo firmantes fijamos nuestro rechazo absoluto al proyecto de zonificación que habilitaría la mega minería en Chubut.

Texto completo de la Resolución N°331-2018

Fuente:https://noalamina.org/argentina/chubut/item/40911-facultad-de-humanidades-de-unpat-rechaza-la-zonificacion-minera

Mexico

Personal de la ONU acude a La Colorada; investiga caso de despojo de territorio y desplazamiento forzado

Autor: ALMA RÍOS, La Jornada , Zacatecas.
Conflicto Relacionado: Chalchihuites-Zacatecas-First Majestic Silver Corp.

Reciben denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de mineras en el estado

Afectados responsabilizan a Minera Tayahua SA de CV, First Majestic Unidad El Toro, Grupo México, y Pan American Silver Corp

El caso de despojo de territorio y desplazamiento forzado de los habitantes de la comunidad La Colorada (ubicada en el municipio de Chalchihuites) por parte de la empresa minera canadiense Pan American Silver Corp motivó la primera visita en la historia de Zacatecas de personal de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

Este 29 de mayo, Byron Cárdenas Vázquez y Laura Papasergio, oficiales del ACNUDH llegaron a la cabecera municipal de Chalchihuites para reunirse con los afectados, y buscaron al día siguiente entrevistarse con el gobernador del estado Alejandro Tello Cristerna.

El personal de la ONU también recibió documentos de denuncia de violaciones de derechos humanos por parte de mineras en Zacatecas y autoridades locales tanto de orden federal, estatal y municipal, referidos a los casos de Salaverna, Mazapil; Chalchihuites y el Ejido San José de Buenavista “San José de Abajo”, los dos últimos, ubicados en la misma demarcación.

Los asuntos implican respectivamente en las denuncias a las empresas Minera Tayahua SA de CV (filial de Frisco), First Majestic Unidad El Toro, Grupo México, y en el caso de La Colorada, a la ya citada Pan American Silver Corp.

El desplazamiento forzado y despojo de territorio de los pobladores de esta comunidad ubicada a unos 35 kilómetros de la cabecera municipal de Chalchihuites y a unas tres horas de camino en auto desde la capital del estado de Zacatecas, fue denunciado ya ante el representante en México de la ACNUH, Jan Jarab, y asimismo a la Relatora Especial sobre los Derechos Humanos de Pueblos Indígenas del organismo, Victoria Tauli Corpuz, en su reciente visita al país, gracias a la intervención de la Red Internacional de Defensores de Derechos Humanos de Pueblos Originarios.

David Cayetano, integrante de la Red y quien interviene en estas denuncias haciendo trabajo de acompañamiento a favor de los habitantes de La Colorada, arribó alrededor de las 11 de la mañana con la comitiva del organismo internacional.

La reunión con la gente de la comunidad se realizó bajo criterios de confidencialidad según los protocolos de la ONU, y habiendo sido pactada para atender el caso concreto de La Colorada solo tuvo la asistencia de sus pobladores, el propio David Cayetano y los oficiales de la ACNUH.

El defensor de derechos humanos informó en entrevista para La Jornada Zacatecas, a la salida de esta reunión, que le ha dado seguimiento al asunto de La Colorada desde hace un año. Dijo que la intervención de la Red Internacional de Defensores de Derechos Humanos de Pueblos Originarios busca visibilizarlo y llevarlo a todas las instancias hasta agotarlas.

Refirió que en este empeño actúan en sinergia con otras organizaciones, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), la Comisión para la Cooperación Ambiental (CEMDA) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Cabe recordar que ésta última registró el caso de La Colorada en su informe 2017 “Episodios de Desplazamiento Interno Forzado Masivo en México”, como el único en el país en este periodo que tuvo como agente a una empresa minera, la Pan American Silver Corp.

El documento registra como afectadas a 47 familias que implican unas 230 personas, entre hombres, mujeres, adultos mayores y niños. Y caracteriza el caso según los tipos de violencia en “el uso de armas de fuego o presencia de personas armadas”; haber sido las víctimas objeto de “amenazas e intimidación”; el que “sus casas o cultivos fueron quemados, destruidos o baleados”; y el reporte de “saqueo de viviendas, el robo de animales, cultivos y otras pertenencias”, así como el propio desplazamiento forzado.

David Cayetano dijo que las violaciones a los derechos humanos que han sufrido las familias de La Colorada son crímenes de lesa humanidad.
“Las secretarías de estado –federales- y el Gobierno del estado de Zacatecas han firmado las concesiones –mineras-, ¿con qué intención lo están haciendo? Muy claramente es el despojo, el arrebatar lo que es propio de las comunidades”.

A la gente de La Colorada, dijo, “le han quitado todo lo que tenían”, desde sus casa hogar, sus áreas de cultivo, sus ganados, “no puede ser que en estos momentos esté pasando esto aquí”.

De la apertura de estos expedientes en la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos luego que se revise la información enterada por los habitantes de La Colorada y la que tenga origen en las autoridades, pueden derivar recomendaciones para el Estado mexicano, “un llamado de atención a las instancias que están violentando los derechos de las personas, socioeconómicos, culturales, de salud”, dijo.

Agregó respecto de la observación de que el gobierno de Enrique Peña Nieto se ha caracterizado por desatender las recomendaciones del organismo internacional en materia de derechos humanos de manera reiterada, que “es como una pérdida de esperanza porque el mismo gobierno no acata las recomendaciones, inclusive son las mismas instituciones las que firman las concesiones, en este caso la Secretaría de Economía”.

Observó sobre las intervenciones de las autoridades, que “es como negociar entre ellos –empresas y autoridades- sin la consulta previa de las comunidades” y sin ofrecer tampoco ninguna asesoría jurídica, “sí, es como no te pido permiso, lo hicieron sin esta consulta”.

Dijo que en estos casos opera siempre la corrupción gubernamental sin que importe “lo que viven las personas de las comunidades, no nada más en este caso aquí en Chalchihuites; en Salaverna, de los compañeros… Don Roberto –de la Rosa, líder comunitario de la localidad de Mazapil- que también han sufrido este tipo de desplazamiento y despojo de territorio, una infinidad de violaciones a sus derechos humanos”.

“Nosotros como defensores de derechos humanos con un actuar independiente de la ACNUH, sí denunciamos que el gobierno es cómplice del despojo y de violentar los derechos humanos”.

David Cayetano aludió también a la problemática de la división que generan las empresas mineras en las comunidades ya presente en La Colorada.

Expuso que es ocasionada “por la desinformación de nuestra gente, de nuestros hermanos de las comunidades” y ante los ofrecimientos y promesas de las empresas “de un bienestar, de una vida más estable económicamente y que al final de cuentas queda en puras mentiras; son manipulaciones” ya tienen previstas mediante procesos muy sofisticados de convencimiento.

“¿Hacia dónde van? Es el despojo, es el desplazamiento. En pocas palabras te chingan, en pocas palabras así vulgarmente, te jodo. Las mineras son así, el gobierno es así, y quienes salen beneficiados son los accionistas de las empresas trasnacionales”.

Las formas y los protocolos del actuar de las empresas extractivas y los gobiernos son similares en el mundo dijo, “se ha generado el mismo tipo de barbarie, es consternante lo que está pasando y no sabes en qué momento se puede suscitar; se han hecho constantes las denuncias” en países como México, Colombia, Perú, etc.

Agregó respecto de los documentos de denuncia que fueron entregados a los oficiales de la ACNHU que las organizaciones “estarán de pie muy cerquita exigiendo que realmente se les dé seguimiento adecuado”, porque en el caso de La Colorada las que se han hecho ante instancias locales “se han agotado”. Por ello la gente “ya siente desconfianza, generada por el mismo Gobierno del estado”.

En ese sentido celebró el esfuerzo de las familias por acudir a la entrevista con los oficiales del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quienes acompañados de gente de la comunidad e integrantes de la UNTA y la Red hicieron una visita a La Colorada.

Personal de la guardia privada de empresa minera no permitió el acceso de los funcionarios del organismo internacional a la casa de uno de los pobladores que ha quedado dentro del área industrial y es la única que se mantiene en pie del poblado original gracias a que subsiste un litigio entre las partes en conflicto.

Fuente:http://ljz.mx/2018/05/31/personal-de-la-onu-acude-a-la-colorada-investiga-caso-de-despojo-de-territorio-y-desplazamiento-forzado/

Latinoamerica

Empresas chinas violan derechos humanos en cinco países de la región

Autor: Servindi.org
Conflicto Relacionado: Cordillera del Condor - Mirador-Panantza

En noviembre próximo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) evaluará la situación de los derechos humanos de la República Popular China, tanto dentro como fuera de su territorio, donde se llevan a cabo inversiones de sus empresas públicas.

Frente a ello, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) presenta un informe en la que se detallan las violaciones de derechos humanos en cinco países latinoamericanos como consecuencia de grandes proyectos de infraestructura de capitales chinos.

El Informe sobre vulneración de derechos humanos de pueblos indígenas en la cuenaca amazónica contó con el apoyo técnico de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), la Asociación Ambiente y Sociedad (AAS), el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) y CONECTAS Direitos Humanos.

Así, entre los países afectados se encuentran Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Brasil.

Arco Minero del Orinoco

Venezuela y China consolidaron sus relaciones diplomáticas a través de la Asociación Estratégica por el Desarrollo Conjunto, que buscó la firma de acuerdos con énfasis en los sectores de energía y minas, infraestructura, entre otros que impulsen el desarrollo económico y social de Venezuela.

Para ello, se creó el Fondo de Financiamiento Conjunto Chino-Venezolano para brindar el financiamiento de los proyectos mediante el Banco de Desarrollo de China (BDC). En el marco de dicho Fondo, se creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco”.

Con una extensión de 111 mil 843,70 kilómetros cuadrados, el Arco Minero fue creado para la exploración y explotación minera a gran escala y abarca los estados de Bolívar y Amazonas. Sin embargo, sus áreas se superponen a territorios indígenas.

Entre los pueblos afectados se encuentran los Inga, Mapoyo, Eñepá, Kariña, Arawak, Akawako, Baniva, Piaroa, Yekuana y Jivi. Asimismo, afecta al territorio ancestral de los Eñepá y Jodi o Joti, dos pueblos en contacto inicial que serían desplazados.

El proyecto se divide en cuatro áreas. De ellas, el área 1, donde predomina el coltán, será explorado y explotado por la empresa china Camc Engeenering Co. Ltd. (CAMCE). Por su parte la empresa Yankuang Group Co. Ltd. (Yankuang) explorará y explotará el área 4 donde predomina oro, bauxita, cobre, caolín y dolomita y abarca la Reserva Forestal Sierra de Imataca.

“El proyecto ha generado oposición de diversas organizaciones indígenas por alterar su modo de vida tradicional e incumplir con la participación, consulta y consentimiento de las comunidades indígenas que se verán afectadas, así como por inexistencia del Estudio de Impacto Ambiental”, sostiene el informe.

El incumplimiento de dichas obligaciones generó la movilización de defensores indígenas de derechos humanos. En este contexto, Freedy Menare, líder indígena y fundador de la Organización Indígena Pueblo Uwotujja del Sipapo del estado de Amazonas, fue asesinado de un disparo en la espalda.

Bloque Petrolero el Nogal

Así como sucedió con Venezuela en su momento, Colombia y China fundaron la Asociación Empresarial Colombo China. Para ello nombraron a Emerald Energy PLC Colombia, empresa contratista para la exploración y explotación del Bloque Petrolero el Nogal (BPN), como socia.

De acuerdo con el informe de COICA, dicha empresa es actualmente filial de Sinochem que tiene su sede en Beijing, China. Además, denuncia que el proyecto BPN “adolece de irregularidades que implican violaciones de derechos humanos”.

Según el contrato firmado en el 2012, la empresa contratista se comprometió a explorar un área de 239 mil 415 hectáreas en los municipios de Albania, Belén de los Andaquíes, el Paujil, Florencia, Milán, Montañita, Morelia y Valparaíso en el departamento de Caquetá.

Sin embargo, a pesar de que se identificó la presencia de comunidades indígenas Juan Tama y cabildo la Pradera y los resguardos indígenas Witack Kiwe, Gorgonia y Getuchá, la empresa redujo el área presentado inicialmente y declaró que no existía ninguna comunidad étnica.

“Ello, demuestra la mala fe de la empresa estatal china en el proceso de contratación y obtención de certificaciones para evadir responsabilidad de aplicación de derechos de los pueblos inicialmente identificados”, denuncia COICA.

Proyecto Cóndor Mirador

El informe también da detalles sobre el primer contrato de explotación minera a gran escala que firmó Ecuador con la empresa Ecuacorriente S. A. en la Cordillera del Cóndor, declarada como “área de bosque y vegetación protectores” y además se superpone al territorio ancestral de la nacionalidad indígena Shuar.

Ecuacorrientes es subsidiaria del consorcio chino CRCC-Tongguan. Este, a su vez, está conformado por las estatales chinas Tongling Non-Ferrous Metals y China Railways Construction Corporation.

En el 2014, el proyecto realizó los primeros desalojos forzosos. De acuerdo con el informe, la empresa ECSA con la participación del Estado y las fuerzas públicas, “destruyeron de forma ilegítima la iglesia y la escuela de la comunidad de San Marcos, parroquia Tundayme, cantón El Pangui en la provincia Morona Santiago.

El segundo desalojo violento de 16 familias ocurrió en el 2015. El hecho se repite en el 2016 con 10 familias que vivían en la vía del Cóndor y luego con la familia wari. El resultado fue el “desalojo de más de 30 familias del pueblo indígena Shuar sin su consentimiento previo, libre e informado”.

Lote 58

En el caso peruano, el informe enfatiza en el Lote 58, un lote petrolero ubicado en la selva sur del Cusco con un gran potencial gasifico de la Cuenca Ucayali y Madre de Dios. Dicho lote, cuenta con PETROBRÁS ARGENTINA S. A. como la contratista para la exploración y explotación.

Además, en PETROBRÁS, la empresa China National Petroleum Corporation PERU S. A. (CNPC) cuenta con el 100 por ciento de participación.  Actualmente, CNPC es el mayor productor y proveedor de petróleo y gas de China.

Sin embargo, pese a que la empresa no existe un proceso de consulta previa de las comunidades en el área del lote, la empresa “ya reprocesó líneas sísmicas 2D y perforó cuatro pozos exploratorios en Urubamba, Picha, Taini y Paratori, con lo cual está a puertas de iniciar la fase de explotación”.

Las áreas a consultar son Tangoshiari, Carpintero, Kochid, Camisea, Puerto Huallana, Mayapo, Ticumpina, Camana, Timpia, Chirumbia, Cashiarí, Segakiato, Shivankoreni y Poyenterami, además se superpone a la Reserva Comunal Machiguenga.

“En este caso, nuevamente se ha vulnerado el derecho de consulta previa, lo cual era de conocimiento de CNPC previa a la compra de Petrobrás”, denuncia el informe.

Represas en Brasil

Las hidroeléctricas Teles Pires y Sao Manoel, son dos de las cuatro represas en operación que se encuentran sobre el río Teles Pires, en Brasil. La primera fue adjudicada a la empresa china State Grid y la segunda, a la empresa estatal China Three Gorges Corporation (CTGC).

De acuerdo con el informe, dichas empresas, que no realizaron ningún proceso de consulta ni consentimiento, afectan las condiciones de vida de los pueblos indígenas Kayabi, Apiaká y Munduruku de la Tierra Indigena Kayabi, ubicada aguas abajo.

Además, denuncia que la represa Teles Pires inundó el lugar sagrado “Siete caídas” de extrema importancia cultural y religiosa para el pueblo Mundukuru, ya que ahí vive la Madre de los Piscis, un músico llamado Karupi.

“Todo ello ha significado la violación al derecho a la identidad de este pueblo y con ello la afectación del derecho a participar en la vida cultural que comprende el derecho a elegir su identidad y ejercer sus propias prácticas culturales”, sostiene el informe.

Acceda al informe completo aquí

 Fuente:https://www.servindi.org/actualidad-noticias/30/05/2018/informe-evalua-la-violacion-de-derechos-humanos-por-empresas-chinas
Perú

Minero sentenciado por contaminar ambiente quiere gobernar Puno

Autor: Servindi.org

Se trata de Alexander Flores Pari, quien fue sentenciado junto con su socio César Chambi Masco a cuatro años de prisión efectiva por daños al medio ambiente. El 19 de junio se confirmará de manera oficial su candidatura.

Alexander Flores Pari pretende postular por segunda vez al Gobierno Regional de Puno. Este precandidato fue sentenciado por daños al medio ambiente en el distrito Ananea, ubicada en la provincia puneña de San Antonio de Putina.

De acuerdo con el reportaje del portal de investigación Ojo Público, en 2012, el Ministerio Público inició una investigación contra el aspirante al gobierno regional y su socio César Chambi Masco por “realizar vertimientos en las aguas terrestres del río Inambari-Ananea, causando daños a la calidad ambiental”.

Ambos fueron condenados a cuatro años de prisión efectiva y al pago de una reparación civil de un millón de soles. Sin embargo, el proceso fue archivado.

Ananea es el principal foco de contaminación del río Ramis. Según el portal, 30 mil cabezas de ganado murieron por el consumo de agua contaminada.

A esta denuncia se suma los nexos que tiene con la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de Puno. Pues, su ahijado Rubén Palacios Mamani se desempeña como director de Medio Ambiente de la DREM.

Actualmente, Flores es titular de la concesión Roma 1 2015, ubicada en Lampa. El 19 de junio se confirmará de manera formal su candidatura al Gobierno Regional de Puno.

Usted puede leer el reportaje completo de Ojo Público aquí.

Fuente:https://www.servindi.org/actualidad-noticias/30/05/2018/minero-contaminador-pretende-postular-por-segunda-vez-al-gobierno

Costa Rica

Organizaciones y personas de pueblos originarios cuestionan mecanismo de consulta indígena

Autor: movimientom4.org

El Gobierno firmó un decreto en marzo pasado, que echó a andar un mecanismo de consulta a pueblos indígenas, para que se consulte a las personas que habitan en alguno de los 24 territorios indígenas, antes de realizar proyectos que afecten sus derechos colectivos.

Sin embargo, organizaciones y habitantes de tres territorios se abstuvieron de participar porque cuestionan cómo está formulado y aseguran que violenta sus derechos como territorios de pueblos originarios, y que violenta convenios internacionales y legislación nacional.

También manifestaron su recelo por la participación de personas no indígenas en la construcción del mecanismo (la llamada pre-consulta), por quiénes integrarán las instancias territoriales y por que pasaría si en las consultas participan personas no indígenas que viven en los territorios, como parte de la problemática de usurpación de tierras.

El Gobierno respondió a Voces Nuestras varias de estas consultas, a través de la oficina de prensa de Casa Presidencial.

 

Gobierno firma decreto después de un largo y cuestionado proceso

El 6 de marzo de este año el Gobierno firmó el decreto 40.932, que dejó en firme el Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas. Esto se hizo por presión y recomendaciones de la Relatoría Especial sobre Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Después de dos años de reuniones y talleres (pre-consulta), el Gobierno logró que personas de territorios indígenas suscribieran una guía con ocho pasos para realizar una consulta. Estos son:

  • solicitud de la consulta;
  • admisibilidad de la solicitud de la consulta;
  • acuerdos preparatorios;
  • intercambio de información;
  • evaluación interna del pueblo indígena;
  • diálogo, negociación y acuerdos; finalización del proceso;
  • y cumplimiento y monitoreo de acuerdos.

Reynaldo Morales Mayorga, indígena bribri del territorio indígena Iriria Bribri Sä Kä (conocido como Cabagra), piensa que la consulta empezó mal porque cuestionan la representatividad de quienes terminaron aprobando el mecanismo en la pre-consulta.

“La información a los pueblos originarios debe enfocarse en las organizaciones que existen dentro del territorio. Por ejemplo, nosotros como organización analizamos un punto del convenio 169, artículo 6 , que habla de la consulta, y se refiere a la consulta con sus instituciones, con ‘sus’, no con ‘su’”, explicó Morales, quien pertenece al Consejo de Mayores Originarios Iriria Bribri Sä Kä.

Agregó que “es un impacto negativo hacia la comunidad indígena en el sentido de que en los territorios indígenas, en el caso el de nosotros, hay muchos usurpadores que son no indígenas”.

Y afirmó que es un proceso negativo “porque para hablar de una consulta, se tiene que tener previo la información, el consentimiento de la comunidad y la libre determinación de la comunidad, que no se ponga obstáculos, que no se hagan obras de las que se están haciendo con la Asociación de Desarrollo. Eso viene a minimizar a la comunidad originaria. Tiene que haber una información en el idioma, tiene que haber una información en español, tiene que haber varias sesiones de trabajo”.

Mariana Delgado Morales, indígena bribri de Río Azul, comunidad en el territorio indígena de Salitre, opinó:

“En cuanto a la consulta, de mi parte yo tengo muchas dudas y yo siento que es una manipulación más del Gobierno porque nosotros, el pueblo bribri de Salitre, le hemos pedido al Gobierno que primeramente haya un saneamiento territorial, que se hagan los desalojos que ya están por ser ejecutados. No hemos recibido respuesta y entonces más bien creemos que la consulta nos va a perjudicar; no es nada favorable para nosotros”, informó,

“Vea, yo me enteré que vinieron y estuvieron reunidos con un pequeño grupo; pero creo que eso no es una pre-consulta. Yo entiendo por consulta que es todo el territorio indígena. Si lo quieren hacer así, es un juego más, una burla más para los bribris porque diay, no sirve así que ellos se reúnan nada más con un sector, con un grupo. Si lo van a hacer que sea con toda la población indígena bribri de Salitre”, sentenció.

Don Felipe Figueroa Morales, indígena bribri, de Salitre, manifestó: “El proceso de consulta indígena es negativo porque el Estado costarricense está bajo las medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que solicitó al Estado costarricense que hiciera el saneamiento territorial del territorio bribri de Salitre, para que pudiera hacer la consulta. Esto no se cumplió”.

Figueroa Morales señaló que “en la consulta participaron personas no indígenas, un grupo muy reducido dentro del territorio y en la comisión están representando personas no bribris dentro del territorio”.

“Como al Gobierno le interesan algunos proyectos como el Diquís y otros proyectos que él tiene en camino, quiere quitarnos a nosotros, eludir responsabilidades o quitar derechos a nuestros pueblos. En este caso al Gobierno le importó sólo que la consulta vaya, ¿verdad? Pero en realidad no ha sido beneficioso. Ha creado incertidumbres. Ha creado problemas para nuestros territorios. Lo que hizo es una exclusión, definitivamente, de derechos”, dijo Figueroa Morales, integrante del Consejo Ditsö Iriria Ajkonuk Wakpa (Consejo Cuidadores de la Tierra).

 

La conformación de las Instancias Territoriales

El mecanismo crea la Unidad Técnica de Consulta Indígena, que estará en el Ministerio de Justicia y Paz, responsable de liderar todas las consultas desde el Gobierno. En cada territorio habrá una Instancia Territorial, designada por la comunidad y encargada de la logística de las consultas.

Pero surgen preguntas sobre quiénes y cuántas personas la forman, cómo se escogen estas personas y si tendrán más peso las Asociaciones de Desarrollo Integral Indígenas (ADIIs), en lugares donde se cuestiona su representatividad y se discrimina a las organizaciones ancestrales.

Según don Felipe Figueroa, “ahorita el Gobierno tiene miradas maliciosasporque siento que sólo va a consultar a las Asociaciones de Desarrollo o ADIIs, que es un grupo muy reducido”. “Si fuera el caso, nosotros en el territorio no aceptaríamos ninguna consulta porque el Gobierno no hizo ninguna pre-consulta en nuestros territorios”.

De acuerdo con la respuesta enviada por Casa Presidencial, las instancias de territoriales de consulta “se elegirán respetando la autonomía de cada territorio”.

“El decreto sólo establece que cada territorio podrá escogerla según sus costumbres, criterios internos y particularidades culturales. No se establece un número de personas, precisamente para respetar la particularidad cultural, estructural, geográfica y demográfica de cada territorio. Los mismos miembros de la comunidad o sus instituciones podrán promover este proceso. Las ADIIs son una más de las instituciones de representación. Según el Decreto, deberán ser tomadas en cuenta; pero no tendrán, necesariamente un rol protagónico, a menos que el mismo territorio lo decida así”.

La participación de personas no indígenas que viven dentro de territorios

Otra duda es cómo se confirmará que las personas que voten en una consulta son indígenas y de esta forma, que quienes votan sobre un proyecto o no, son verdaderos integrantes de ese pueblo originario.

“Es que esa es la gran razon”, declaró don Felipe Figueroa, de Salitre. “Por eso nosotros nunca hemos estado en favor de la consulta, porque habíamos dicho que una vez retirados los no indígenas dentro del territorio, ya el pueblo podía sentarse con el Gobierno a hacer la consulta; pero más antes no, porque va a haber esa situación. Por lo tanto, nuestra lucha va a seguir constantemente contra este proceso”, aseveró.

De acuerdo con el Gobierno, las consultas indígenas son procesos participativos de diálogo cuyo fin es lograr el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos o alcanzar acuerdos con respecto a una medida propuesta. “Las consultas no son procesos electorales, sino procesos en donde la comunidad busca un acuerdo con el Estado, sobre la base de información clara y adecuada a las particularidades de cada pueblo. Las decisiones que se tomen en cada pueblo tomarán en cuenta sus tradicionales formas de toma de decisión. Cada pueblo determinará sus propias formas para determinar quiénes son indígenas y por lo tanto quienes participan en los procesos de consulta”.

Asimismo, se le consultó al Gobierno qué pasará con los territorios de Alto Chirripó, Salitre y Cabagra, que decidieron no participar en el mecanismo y qué pasa si hay que consultar proyectos que les afectarían.

Según la respuesta de Casa Presidencial, solamente Alto Chirripó no participó en el proceso. “El proceso se implementó en Salitre y Cabagra y se tienen registros de su participación. Posiblemente haya sectores de esos territorios que decidieron no participar, lo cual es totalmente respetable”.

Qué pasó en Alto Chirripó? Las y los habitantes de este territorio indígena, ubicado en Turrialba interpusieron un recurso de amparo contra el proceso. El 8 de setiembre los magistrados ordenaron al Gobierno repetir tres reuniones en esa comunidad, para informar y pedir opinión a sus habitantes.

Sin embargo, en la comunicación de Casa Presidencial se informó que esperan una solicitud de aclaración a la Sala Cuarta, para determinar los alcances de ese fallo. “El Gobierno mantiene los canales abiertos para acatar el fallo y continuar con las vías del diálogo para que todos los territorios participen en el disfrute de este derecho”, se lee.

De acuerdo con el Gobierno, ahora trabaja en terminar de conformar la Unidad Técnica de Consulta Indígena en el Ministerio de Justicia y Paz; apoyar la conformación de la Instancias Territoriales; apoyar la formulación de los reglamentos internos de consulta indígenas en los territorios que lo requieran; procesos de capacitación a las instituciones públicas; y capacitación a las organizaciones de los territorios indígenas.

Pero la percepción de Reynaldo Mayorga, de Cabagra, es otra. “El Consejo de Mayores Originarios Iriria Jtecho Wakpa (de Cabagra) mandó una nota a la Oficina del proceso de consulta, diciendo que se abstiene de participar en el proceso de consulta, porque está mal formulado, porque está violentando los derechos como territorio, se están violentando los convenios, se está violentando la legislación nacional sobre pueblos indígenas, se está violentando la Declaración Universal de las Naciones Unidas para los Pueblos Originarios. Por eso es que la organización, junto con parte de la población, tomó la decisión de no ser parte de ese proceso de consulta”.

“Pero no sabemos nada porque nunca respondieron. La técnica de los representantes del estado, gobierno, instituciones estatales, es no responder, guardar el silencio. Eso es todo, como quien dice, nosotros hacemos y ustedes aceptan o aceptan”, denunció Morales Mayorga.

Fuente:http://movimientom4.org/2018/05/organizaciones-y-personas-de-pueblos-originarios-cuestionan-mecanismo-de-consulta-indigena/